26 de desembre 2018

DIALOGAR NUNCA ES HUMILLANTE


Nunca los problemas complejos han tenido soluciones fáciles. Por eso, pensar que la cuestión catalana, probablemente el tema más delicado que hemos tenido es nuestro país desde la Transición hasta hoy, se arregla con la aplicación del artículo 155 de la Constitución es, como mínimo, una ingenuidad, por no escribir algo más grueso
De ahí que el empeño puesto por el Gobierno central y el de la Generalitat para que los presidentes de uno y toro ejecutivo tuvieran un encuentro, más allá de algún intento de pequeña jugarreta, es digno de aplauso.
Es `posible que ambos mandatarios hayan hecho de la necesidad virtud y se han visto forzados a verse con el otro, impulsados por las circunstancias y lo delicado de sus respectivas situaciones. Es igual. La verdad es que se encontraron, hablaron y fruto de ese encuentro se hizo pública una declaración que puede sentar las bases para una nueva relación entre Cataluña y el resto de España.
Como ha escrito algún articulista ilustrado en el mencionado texto se utiliza el término “seguridad jurídica” como eufemismo para expresar la exigencia de respeto a la ley sin hacer referencia explícita a la Constitución que el soberanismo rechaza.  También se apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana. Todo muy ambiguo, poco concreto y bastante difuso. Cierto, pero de alguna manera había que empezar.
Por eso, las declaraciones de Pablo Casado y Albert Rivera, en nombre del PP y Ciudadanos, respectivamente, cuando dicen que la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra es una traición a España, el uno y que ese diálogo es una humillación el otro, son de una mezquindad impropia de alguien que aspira a ser presidente de un gobierno. Así no se llega ni a presidente de comunidad de vecinos. Además, muestra la política de vuelo gallináceo que practican y su escasa capacidad intelectual porque son de los que creen que los problemas difíciles se resuelven con soluciones simples. O peor aún, son carroñeros de la política que piensan que con este tipo de declaraciones ganarán uno cuantos votos más.
Por suerte el independentismo más sensato -que haberlo hay lo- ha empezado a entender que no es lo mismo un Gobierno de Pedro Sánchez que uno de Mariano Rajoy. Con el primero se puede dialogar, después llegarán acuerdos o no. Con el segundo es la política del palo y tente tieso. Con los socialistas la cuestión catalana se ha empezado a encauzar en la senda de la política. Con el PP gobernando ya se sabía que todo acabaría en los tribunales.
En este contexto, fue muy ilustrativo el operativo conjunto de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar la realización del consejo de ministros. ¿Alguien se imagina algo similar con el PP en la Moncloa?
También hay que hacer una valoración muy positiva de la actitud de los Mossos ante los radicales independentistas. Eso, supone un punto de inflexión respecto a otras actuaciones recientes de la policía autonómica que están en la mente de todos.
Es verdad que el calendario que se avecina será diabólico y no ayudará, pero con eso habrá que lidiar. De forma casi simultánea entrarán los presupuestos en el Congreso y empezará la vista oral del Procés. A las pocas semanas comenzarán las campañas electorales de municipales, europeas y en algunas comunidades de autonómicas. Después elecciones y sentencias. En esas circunstancias, es muy probables que las conversaciones sobre Cataluña se vean afectadas por la inmediatez del día a día y embarranquen.
Es pronto para hacer evaluaciones, pero es muy posible que ese encuentro entre los presidentes marque un antes y un después entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Ahora bien, que nadie piense que a desde este momento todo va a ser de color de rosa. En absoluto. Vendrán días difíciles. Tendremos sobresaltos. Situaciones en las que parecerá que no se avanza, que todo es inútil y que no hay solución. Será entonces cuando los políticos deberán comportarse como estadistas y pensar, por el bien del país, más en la próxima generación y no tanto en ganar las próximas elecciones.
Esperemos que cuando eso ocurra estén a la altura.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 24/12/18

17 de desembre 2018

LA PRUEBA DEL ALGODÓN


Cuando meses atrás el gobierno de Pedro Sánchez anunció que realizaría un Consejo de Ministros en Barcelona, nadie -más allá de los anti todo- hizo ninguna objeción. Al contrario, el govern de la Generalitat propuso que el gobierno Central y el de Cataluña, aprovechando la estancia del primero en nuestra ciudad, tuvieran un encuentro al más alto nivel.
Después los acontecimientos, en forma de manifestaciones, algaradas, cortes de carreteras, declaraciones y contra declaraciones, han acabado dinamitando los todavía frágiles puentes de diálogo que el Gobierno Sánchez había empezado a construir.
En esa situación, primero la portavoz del govern, Elsa Artadi, y otros miembros del ejecutivo catalán, más tarde, han calificado el encuentro como una provocación.
Desde luego, cada cual es muy libre de utilizar el lenguaje como más le plazca. Ahora bien, en mi opinión, provocación es hacer escrache a un político cuando va a un acto de precampaña electoral o le revientan otro en un teatro como, por ejemplo, el Liceo. Provocación fue lo que nos hicieron a un montón de gente, un grupo de niñatos de esos que van pidiendo libertad por las esquinas, cuando salíamos de una conferencia sobre los cuarenta años de la Constitución en el Colegio de Abogados de Barcelona y nos dijeron, entre otros muchos improperios “fascistas fuera de Cataluña.”
Ante el cónclave del próximo día 21 en la Llotja de mar las organizaciones independentistas, o sea, CDR, Omnium la ANC y un largo etcétera han hecho público un conjunto de acciones y movilizaciones con las que pretenden parar Cataluña para protestar por la celebración del evento.
En estas circunstancias, he de decir que me he esforzado mucho en leer y escuchar las argumentaciones de los convocantes. Pues bien, no he conseguido visualizar ni un solo motivo razonable que recomiende llevar a cabo esas manifestaciones.
Quede claro que no estoy cuestionando el derecho de la ciudadanía a manifestarse. Faltaría más. Todo lo contrario, es un derecho recogido en la Constitución. Por cierto, en esa Constitución que los independentistas desprecian.
Quizás es que añoran los tiempos en que gobernaba Mariano Rajoy. Aquello era una máquina de fabricar secesionistas Ahora con los socialistas en el gobierno Central que ofrecen diálogo, que buscan soluciones, que han recuperado la seguridad social universal, que hacen unos presupuestos donde se suben las pensiones, el salario mínimo y se recupera el nivel de becas de antes de la crisis; a los del cuanto peor mejor la cosa se les ha puesto cruda y eso de hacer república sin más, ya no más de sí.
En política, como en cualquier otro ámbito, todo el mundo es muy libre de utilizar las estrategias que crea más convenientes. No obstante, todo tiene sus límites. Como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “lo que ocurra el 21 de diciembre puede ser la prueba del algodón para el ejecutivo de Quim Torra porque la obligación de la Generalitat es mantener el orden público en Cataluña. De no ser así, el presidente Sánchez podría tomar medidas, aunque no es necesario aplicar el artículo 155. Se pueden movilizar fuerzas estatales para suplir la incapacidad o falta de voluntad”.
Más claro agua y al buen entendedor con pocas palabras basta.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 17/12/18

12 de desembre 2018

EL MUNDO AL REVÉS


Me perdonarán por el exabrupto, pero esto del Procés y los procesistas es para mear y no echar gota que diría un castizo de aquellos que bailaban el chotis en una baldosa.
Lo que mandan los cánones de cualquier equipo directivo, sea del ámbito que sea, ante cualquier episodio de posibles actuaciones dudosas de sus subordinados es, en primer lugar, analizar lo que ha sucedido y respetar la presunción de inocencia de aquellos que pudieran estar involucrados en los hechos a investigar. Después, y una vez llevadas a cabo, cuantas acciones de control, informativas y de análisis se precisen para esclarecer la verdad de lo sucedido se obrará en consecuencia.
Algo de eso vimos tras la actuación de la Policía Nacional el 1 de octubre DE 2017 en Cataluña. El entonces ministro del interior, Juan Ignacio Zoido, defendió a capa y espada la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Es lo que se esperaba de él, es lo que tenía que hacer y es, justo, lo que hizo.
Sin embargo, en Cataluña las cosas son distintas. A veces da la sensación qué aquí el mundo sea al revés. Ya sucedió en el Parc de la Ciutadella el pasado mes de octubre cuando unos energúmenos quisieron entrar por la fuerza en el Parlament y los Mossos d’Esquadra ni recibieron los refuerzos necesarios ni las ordenes pertinentes para actuar en función de lo que estaba ocurriendo. Pero la cosa no se acabó ahí, al contrario. Con su, “apretad, amigos apretad” de Quim Torra a los radicales del Procés, hemos visto como en los últimos meses las escaramuzas en las calles por parte de los auto denominados CDR, grupos antifascistas o similares se han ido sucediendo con alarmante frecuencia. Ante esta situación, resulta preocupante que, hasta el momento, no se ha escuchado ni una sola palabra de apoyo y/o ánimo de aquellos que además de darles ordenes deben velar por su respeto profesional y estado anímico.
El penúltimo episodio de este desafortunado culebrón sucedió el pasado día de la Constitución, por la mañana en Girona y por la tarde en Terrassa. Algunos partidos constitucionalistas se quisieron manifestar en esa fecha. Sin embargo, a esos chicos indepes no les pareció bien y montaron la tangana que todos hemos podido ver en los medios de comunicación y, por lo tanto, no me extenderé narrando los hechos. Si quiero incidir, no obstante, en la actitud de hooligan del president Torra que en vez de dar cobertura y soporte a la policía autonómica exigió, de buenas a primeras, depurar responsabilidades.
Quizás por eso, y para tranquilizar a los CDR y compañía, el pasado fin de semana se permitió que, esa muchachada inocente, aunque un poco alocada que actúa con la cara tapada, cortara la autopista AP-7 durante 15 horas y después, el domingo, en plena operación retorno levantaran las barreras de los peajes, en diferentes lugares, mientras las Mossos tenían órdenes de hacerse los despistados.
Para rematar la faena secesionista nada mejor que un desplante del maestro Torra. Éste de visita en Eslovenia dijo que Cataluña debería seguir la vía eslovena. Desconozco si el president sabe que en Eslovenia tras diez días de enfrentamientos armados hubo una setentena de muertos y más de 150 heridos. Y aquí, a mí me surge una duda: o este hombre es un ignorante y no sabe de que habla o, bien, es un irresponsable que no piensa lo que dice.
Sea como sea, en ninguno de los dos casos, nos merecemos tener un president (que ha de ser de todos los catalanes), de esa catadura política y ese nivel intelectual.
Hay cosas que no se pueden dejar pasar y en Cataluña se están traspasando demasiadas líneas rojas. Es necesario poner freno a la sinrazón y hay que hacerlo ya. Mientras más se tarde más traumática será la solución.

Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán 11/12/18

06 de desembre 2018

BAÑO DE REALIDAD


Desde hace años en Cataluña se ha ido cociendo, a fuego lento, un malestar social y profesional creciente. La crisis económica, por un lado, y el proceso secesionista, por otro, han generado el caldo de cultivo idóneo para que la indignación y la desafección a la cosa pública arraiguen entre la ciudadanía. En esas circunstancias, que la contención se quebrara era, tan solo, una cuestión de tiempo.
Las raíces de lo que estamos viviendo estos días, hay que buscarlas en el mandato, de Artur Mas “Manostijeras”, como president de la Generalitat.
En efecto, Mas y su gobierno fue el ejecutivo de toda la UE que más recortes llevó a cabo en menos tiempo. También con él empezó esta sin razón que llamamos procés, cuando se echó en manos de las entidades soberanistas al rechazar Mariano Rajoy sus aspiraciones de que Cataluña tuviera un sistema de financiación similar al de Euskadi o Navarra.
Aquellos polvos trajeron estos lodos. Todo lo que se ha ido incubando a lo largo del tiempo ha explotado esta semana. La semana más negra de Quim Torra, al menos por ahora. La sanidad pública y la concertada han dicho basta. Dos tercios de la asistencia primaria han ido a la huelga.  Tras unos días muy duros la sanidad pública ha visto reconocidas, parte de sus demandas por parte del ICS, y han depuesto su actitud. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la concertada que de momento siguen de huelga y en pie de guerra.
Algo similar ocurre en el sector de la educación donde el profesorado exige que se aumente la inversión y se vuelva a los horarios lectivos de antes de la crisis y a las ratios por aula. Por su parte, los estudiantes universitarios piden que se les bajen sus tarifas un 30% para igualarlas con otras comunidades autónomas.
También los bomberos se sumaron a las protestas y tuvieron duros enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra.
Por su parte, la policía autonómica ya se manifestó hace un par de semanas para recuperar lo perdido con los recortes. Y el grueso del funcionariado tiene previsto salir a la calle en los próximos días para reclamar sus pagas extras de 2013 y 2014. Ellos son los únicos del Estado que aún no han cobrado esas remuneraciones.
Estos días la ciudadanía ha salido a la calle, pero no por la independencia, ni por la libertad de los presos. Lo ha hecho para reclamar sus derechos, protestar por lo que no le gusta y no le parece ni justo ni lógico. Y eso ha sorprendido a los gurús del independentismo porque esa variante no la tenían en el guion. Ha sido un baño de realidad, para los que contemplan la situación desde atalayas privilegiadas, incluido el Govern.
Quizás por eso Eduard Pujol, el siniestro portavoz parlamentario de JxCat en un nuevo exceso verbal ha dicho que: “los debates sobre políticas sociales despistan de lo importante”. Y el presidente Torra, en vez de rectificarle y/o afearle su actitud ha remachado el clavo al volver al mantra del falso déficit fiscal y decir que: “la República servirá con eficiencia y calidad a los ciudadanos”. O sea, lo fía todo al modelo de Estado no a si los gobernantes actúan de manera adecuada o no. Como si en el mundo no hubiera, también, repúblicas ineficaces y corruptas. ¿Habrá oído hablar de Venezuela o Nicaragua? Sólo por poner algún ejemplo
Con este panorama de fondo Quim Torra debería reaccionar. Aparcar su faceta de activista y dejar paso a su cargo institucional, que permanece casi inédito. Ahora, tiene la oportunidad de redimirse. No es necesario que renuncie a nada. Puede seguir idolatrando al fugado a Waterloo, y seguir yendo a LLedoners a hacer consultas o a bailar zumba, que haga lo que le dé la gana. Pero que se vuelva razonablemente pragmático y entienda, entre otras cosas, que votar los presupuestos del Estado es una gran oportunidad para rebajar tensión, pero sobre todo para mejorar la vida de los ciudadanos, también la de los catalanes
Que la pensiones suban con el IPC no es pacata minuta o que el salario mínimo se sitúe en 900 euros deberían ser cuestiones, entre otras, a tener muy en cuenta por un gobernante autonómico. Y que la Generalitat reciba unos 2.500 millones más de euros no es para despreciarlo.
Estoy convencido que para comprender todo eso no hace falta ninguna capacitación especial. Lo que sí es muy necesario en política es el seny y la inteligencia política y, mucho me temo, que esos dos factores en el Govern de Cataluña son un bien escaso, casi inexistentes.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 03/12/18

27 de novembre 2018

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN


Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 40 años desde que aprobamos la Constitución. En mi opinión es un buen momento para hacer un balance, aunque sea limitado, de lo que ha sido nuestra historia reciente e intentar predecir lo que puede ser nuestro futuro más o menos inmediato.
Para empezar, no podemos olvidar que hace 40 años veníamos de una negra dictadura, que el dictador murió en la cama y, por lo tanto, sus acólitos conservaban todos los resortes del poder. Además, no eran pocos los que tenían la voluntad de perpetuar a Franco y perpetuarse.
Pues bien, con aquellos mimbres se hicieron estos cestos. Esa Carta Magna, como toda obra humana, tiene luces y sombras y sin duda es perfectible. Esa Constitución ha sido el instrumento que nos ha permitido pasar de la dictadura a la democracia y, después, ha sido el eje vertebrador que ha hecho posible la etapa más prolongada de paz y progreso en nuestro país.
No obstante, de un tiempo para acá, se ha puesto de moda en algunos círculos de opinión criticar y minusvalorar tanto esa Ley de Leyes como las consecuencias que se han derivado de su vigencia.  Por eso, cuando leo u oigo ciertos comentarios denostando nuestra norma máxima de convivencia, me pregunto dónde andarían esos agoreros aquella noche gélida de enero cuando asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha o qué hicieron la noche de los transistores (noche del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando se produjo el fallido intento de golpe de Estado). Ahora es fácil criticar, pero la realidad de entonces no era nada halagüeña.
Es verdad que la España de 1978 poco o nada tiene que ver con la de 2018. Ciertamente, eso no es atribuible a la Constitución, pero es innegable que esa transformación se ha producido dentro del marco constitucional.
De hecho, nuestra Constitución, en buena medida, es la consecuencia de un pacto entre diferentes. Un acuerdo al que llegaron los representantes de la entonces vieja política: los franquistas, y los representantes de la nueva: los demócratas.
Para analizar con justicia lo sucedido en aquella época debemos conocer el contexto en el que los actores de entonces debían desenvolverse. Es verdad que había entusiasmo por consolidar las libertades, pero también había miedo porque se pudieran reproducir enfrentamientos civiles como sucedió en le pasado. El terrorismo mataba un día tras otro. Las condiciones económicas y sociales no daban pie a la esperanza: una inflación del 19,8%, aunque con algo menos de paro que ahora, pero, también, con menos coberturas y prestaciones y una renta per cápita anual que no llegaba ni a una cuarta parte de la actual.     
Tengo la convicción de que la mayoría de los que participaron en el debate para redactar una Constitución, tenían más en la cabeza la construcción de un Estado que la construcción de una nación. Estado democrático y valores correspondientes: libertad, democracia, garantía de derechos y justicia. Esos fueron los objetivos que hubieran podido, perfectamente, figurar en el frontispicio de los numerosos espacios que acogieron debates sobre el particular.
En aquel entonces, lo nacional no tenía demasiado predicamento, solía asociarse al Movimiento; quizás a excepción de algún círculo nacionalista en Euskadi o Cataluña, la identidad nacional era algo no marginal, pero sí secundario. Por eso, los términos identidad nacional y autonomía no supusieron ningún obstáculo insalvable ni en la ponencia ni en la comisión constitucional. Más bien los recelos llegaron desde fuera, pero no pasaron a mayores y se pudieron mantener los objetivos.
Es verdad que en estos 40 años de vigencia de nuestra Carta Magna han sucedido muchas cosas, la sociedad ha evolucionado y se precisan cambios. Pero hemos de ser conscientes de que España tiene un ADN dramático y transcendental. Por eso, los cambios que en otros lugares se ven como naturales y normales, aquí no lo son.
La crisis económica, la corrupción y el inmovilismo han resultado letales para el interés general.  Estamos viviendo una etapa en la que los ciudadanos han perdido buena parte de la confianza que habían depositado en la política y las instituciones. Y eso sucede porque en conjunto no se ha administrado de la mejor forma posible el legado de los constituyentes.
De todos modos, el problema más grave que tenemos hoy en día es el territorial. Un asunto que se arrastra desde hace 150 años. Y en los 6 últimos años ese problema se ha reproducido de forma sustancial en Cataluña.
En consecuencia, la reforma de la Constitución no puede esperar mucho más. Preciamos una reforma integradora, que no un proceso constituyente, como proponen algunos con pasmosa ligereza, a la vez que descalifican lo que ellos llaman el “régimen del 78”.
Lo más razonable sería explorar una reforma federal, el refuerzo de la protección de los derechos sociales, una reforma del proceso electoral y hacer del Senado una auténtica Cámara territorial, suprimiendo de ese modo, su innecesario cometido de Cámara de segunda lectura.
Si de verdad se quiere dar una solución duradera al problema territorial, hay que buscar un cauce para los ciudadanos de Cataluña que rechazan la ruptura que proponen los independentistas, pero tampoco están de acuerdo con el statu quo.
En este contexto, sería muy positivo el reconocimiento de la singularidad nacional catalana, sin que ello signifique privilegio alguno. Así como claridad y simplificación competencial, capacidad normativa fiscal y respeto al principio de ordinalidad, son algunas de las cuestiones que de manera inexcusable debería recoger esa reforma constitucional.
De todos modos, hemos de saber que reformar la Constitución no es la panacea para todos los males. Ahora bien, es la mejor manera de desmontar los argumentos de aquellos que pretenden desmantelarlo todo. Además, es, la mejor forma de regenerar la democracia. Desde luego, no es poco, pero vale la pena intentarlo.
Bernardo Fernández
Publicado en El catalán 26/11/18

19 de novembre 2018

CUMBRE INÚTIL


Si hiciéramos una relación con los errores que se han cometido en la política catalana en los últimos tiempos el listado sería largo. De todos ellos, podríamos atribuir al PSC unos cuantos.  Ahora bien. Lo que no se le puede negar a los socialistas catalanes es su capacidad para insistir, sin desfallecer, en dialogar y, a ser posible, pactar.
Fruto de esa perseverancia fue la convocatoria, por parte del president Quim Torra, de la Mesa para el Diálogo el pasado fin de semana. Esa iniciativa socialista, dicho sea de paso, es tan loable como inservible porque sentarse a la mesa con alguien que, a la primera de cambio, ya dice que su objetivo es negociar el derecho a la autodeterminación y bla, bla, bla, es como esperar que “llueva café en el campo” como cantaba Juan Luís Guerra a principios de los años 90.
El caso es que los socialistas han hecho bien, primero en insistir para que se convocara la reunión y después en asistir con los deberes hechos. Miquel Iceta puso sobre la mesa una reforma federal de la Constitución, un nuevo Estatuto y modelo de financiación, que ahora se denomina: “la hacienda federal”. Además de que Cataluña sea reconocida como nación (Igual ese reconocimiento es la solución a todos los problemas, vayan ustedes a saber).
Por su parte los comunes, tras constatar el fracaso de la unilateralidad propusieron un “pacto de claridad” que viene a ser un corta y pega de la ley hecha en Canadá para encauzar las demandas independentistas.
Y poco más dio de si la reunión. Los secesionistas empeñados en lo suyo que es lo de siempre y el PP, Ciudadanos y La Cup que no asistieron por motivos distintos, pero al final convergentes. La verdad es que se está mejor y más a gusto de fin de semana en la casita de la montaña, haciendo alguna escapada o yendo a Andalucía a echar una mano a los compañeros que allí están de campaña electoral que encerrado en un salón de la Generalitat escuchando monsergas.  Y es que algunos han olvidado que eso también forma parte de la política y va con el sueldo.
Inés Arrimadas intentó justificar su ausencia con el argumento de que con esas reuniones se hurta el debate en el parlamento. Falso. Esos encuentros no deberían ser inconveniente para que en el Parlament se hagan tantos plenos y debates como se tengan que hacer. Lo uno no quita lo otro.
De todos modos, la verdad es que el país está paralizado. Funciona por su propia inercia. Lejos quedan aquellos tiempos en que venían de todas partes a ver como se inventaba aquí y Cataluña era un referente.
Hoy la realidad es bien distinta. Las agencias de turismo sugieren a sus clientes que eviten acercarse a nosotros por la situación política. Las listas de espera en la sanidad ya son las más largas de todas las comunidades autónomas y tenemos el triste récord de tener más niños que nadie estudiando en barracones. A todo esto, hay que añadir que, hasta 30 entes u organismos públicos, como el Consejo de Garantías Estatutarias, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) o el consejo social de diferentes universidades están pendientes de renovación, en algunos casos de todos sus miembros.
Además, más de 3.000 empresas ya han trasladado su sede social de Cataluña a otros lugares con mayor seguridad jurídica y tranquilidad social. Algunas también la sede fiscal y de perseverar esta situación que nadie dude que se llevarán los centros de producción que, por cierto, es lo que sucedió en Quebec. No olvidemos que el capital no tiene patria.
La razón de ser de esta parálisis tiene sus raíces en el proceso independentista que venimos soportando desde hace seis años.
Por todo ello, y aunque la reunión de la Mesa por el diálogo fuera inútil, tan irresponsable es continuar con el mantra independentista de siempre, como no sentarse a dialogar siempre que se pueda, aunque se intuya que el esfuerzo será estéril.
En esta situación, adquiere plena vigencia aquel argumento de Antonio Machado dirigiéndose a los jóvenes en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, a principios de los años 30, cuando les dijo: “haced política, porque si no hacéis política la harán otros y lo más probable es que la hagan en contra de vosotros”. Como siempre, inmenso Don Antonio.

Bernardo Fernández
Publicado en e noticies 19/11/18




05 de novembre 2018

PRIMERO JUSTICIA, DESPUÉS CLEMENCIA


Como era fácil de imaginar, la presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña, ahora hace un año, ha generado un auténtico sunami político.
La partida no ha hecho más que empezar y, sin embargo, los partidos de la oposición han entendido que era una buena ocasión para erosionar al Gobierno. Quizás por eso, Pablo Casado considera “indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía, ha manifestado en su cuenta de Twitter.
Tampoco se han andado por las ramas la gente de Ciudadanos que se han expresado de manera similar a los del PP.
Por su parte, con la petición de condenas para sus dirigentes, los independentistas han visto la oportunidad de revitalizar el movimiento de Procés de nunca acabar que cada vez está más exhausto y agotado.
Según el vicepresident del Govern Pere Aragonés, “el Estado español es una vergüenza”. Y el president Quin Torra ha anunciado que “el pueblo de Cataluña retira su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez”.
Es verdad que la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha modificado su criterio respecto al mantenido cuando se presentó por un posible delito de malversación. No hay porque negar que es muy posible que ese cambio haya sido inducido por el Gobierno como un gesto hacia los partidos independentistas pensando en la tramitación de los presupuestos. De ahí las duras críticas del PP y ciudadanos y el desdén -según ellos por insuficiente- con que han recibido el guiño los secesionistas.
Sea como sea, el caso es que una vez más se ha hecho evidente la incapacidad manifiesta de oposición y secesionistas para moverse en situaciones complejas como la que nos ocupa.
Este proceso está siendo una larga partida de ajedrez. Ahora, con la presentación de los escritos de acusación se abre la vista oral. Sin entrar en vericuetos legalísticos, es importante remarcar que donde la Fiscalía ve rebelión, la Abogacía del Estado ve sedición, una diferencia no menor. En estas circunstancias, habrá que ver, en el juicio oral las pruebas que se aportan las declaraciones de los testigos (la fiscalía prevé llamar a unas 250 personas a declarar) etcétera, y, en consecuencia, como evoluciona la situación hasta llegar a las conclusiones finales.
Además, los tipos de defensa serán determinantes. No será lo mismo una defensa estrictamente jurídica que una con claro contenido político que intente justificar la convocatoria de un referéndum y la declaración de una DUI, intentando hacer valer el derecho de autodeterminación, lo que tiene un tirón mediático a nivel internacional incuestionable.
En cualquier caso, es un error y demuestra una inmadurez política enorme ligar el apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE) con las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los independentistas deberán explicar a la ciudadanía porque no votan a favor de que el salario mínimo interprofesional (SMI) se establezca en 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España. Porque rechazan que las pensiones suban como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas. O que se revitalice el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
Y claro, tampoco votarán para recuperar la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.
Y con el voto en contra de los independentistas el Gobierno no podrá introducir medidas para modular la subida de los precios del alquiler. Ni Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Si eso ocurre, es muy posible que tengamos que ir a elecciones generales y entonces, a lo mejor, PP y Ciudadanos logran una mayoría que les permite formar gobierno. Y si eso ocurre que nadie dude que se aplicará el 155 sin ningún pudor. Tal vez, eso es lo que en realidad anda buscando la gente del Procés, por aquello del cuando peor, mejor.
En los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña se produjeron unos hechos muy graves violentando la ley e intentando burlar el Estado de derecho. Es prematuro emitir juicios de valor y sería muy positivo que se dejará trabajar al Tribunal Supremo sin presión porque es quien al final ha de dictar la sentencia que determinará la culpabilidad o no de los hoy acusados. Después el Gobierno tiene la potestad de indultar si lo considera oportuno. Negar esa posibilidad, si sirve para normalizar la situación en Cataluña, es de una ceguera política alarmante. Ahora bien, cada cosa en su momento.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 05/11/18

30 d’octubre 2018

GESTICULACIÓN POLÍTICA


Reconozco que estoy harto de escribir casi siempre de lo mismo: el monotema, y lo que es peor: sospecho que la mayoría de los lectores están hasta la coronilla de artículos, editoriales, tertulias y bagatelas diversas sobre le Procés de nunca acabar.
No obstante, considero que es un deber cívico denunciar y poner en evidencia a aquellos que nos están arruinando el presente y siguen poniendo todo su empeño en destrozarnos nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En mi opinión, del gobierno de una nación o de una CCAA hemos de esperar que se preocupe de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo razonable es hacerlo mediante iniciativas políticas que, a partir de la redistribución de la riqueza, reequilibren, tanto como sea posible, aquellas situaciones de injustica social que per se, se originan en sociedades complejas como la nuestra.
Guste o no, este es el patrón de acción política que, a grandes rasgos, se utiliza en todo el mundo civilizado y de manera muy específica y concienzuda en occidente.
Pues bien, en Cataluña no es exactamente así. Como todos sabemos, en estos días se cumple un año de la declaración de independencia y de proclamar la república. Una proclamación en la que nadie se atrevió ni a salir al balcón para anunciarlo a la ciudadanía ni, tampoco, nadie se atrevió a quitar la bandera de España del mástil del Palau de la Generalitat. Con este panorama de fondo, afirmar que aquello fue un fiasco y que nos desquició como sociedad es algo que sólo los muy iluminados pueden negar.
En estas circunstancias, lo lógico sería reconocer errores y aparcar el proyecto a la espera de tiempos mejores. Y mientras esos tiempos llegan conducir el país hacia cotas de del mejor bienestar posible, mediante políticas sociales, estimular la inversión etcétera. Sería lo razonable, ¿no?
Pues no, el president de la Generalitat, Quim Torra, en una declaración institucional para conmemorar el primer aniversario de la DUI en el Parlament (desde luego, hay gente para todo: hay a quien  gusta de celebrar derrotas e insensateces), ha advertido al Estado “que no se condene a los presos” y “que la única sentencia que contempla es la absolución de los políticos y activistas presos y el regreso” según él “de los exiliados” (fugados de la justicia, son en realidad).
Pero es que Torra se está convirtiendo en un especialista en política gestual. Estos días ha impulsado el Consejo de la República. Una especie de gobierno a la sombra que nadie sabe qué papel ha de desempeñar pero que está liderado por Carles Puigdemont, con la supuesta pretensión de tutelar la Generalitat…, eso sí, desde Bélgica.
También el president ha constituido el consejo asesor del Foro Cívico para el Debate Constituyente (que tampoco se sabe qué tareas ha de realizar) y ha dado la presidencia a Lluís Llach que, a su vez, ha escogido como colaboradores a personajes como Dante Fachín, Antonio Baños o Beatriz Talegón. En fin, que Dios los cría y ellos se juntan.
Más allá de toda esta gesticulación, que es lo que se refleja en los medios y mantiene los ánimos exaltados, la realidad política es otra. La realidad es que desde el mes de julio se han producido más de una treintena de reuniones entre miembros del Gobierno central y del Govern de la Generalitat, para ir desencallando cuestiones de vital importancia para la ciudadanía como las listas de espera que llevan años arrinconadas por las urgencias del Procés, y por las pocas ganas que tenía el Gobierno Rajoy de reconducir la situación en Cataluña si no era con la rendición incondicional de los secesionistas.
Ciertamente, resulta difícil saber cual es el Torra auténtico: si el de las soflamas o el que fue a la Moncloa a dialogar con Pedro Sánchez. Si el que manda a sus consellers a la Comisión bilateral Estado Generalitat y a negociar con los ministros del Gobierno de España o el que gesticula para mantener unido al cada vez más dividido movimiento independentista.
Desde luego, el que nos conviene como sociedad es el que fue a la Moncloa, el que busca el dialogo y el que intenta la negociación. Puesto que por esa vía en Cataluña se volverán a aplicar los cánones básicos de hacer política para que los ciudadanos tengan la mejor calidad de vida posible.
Pero, lamentablemente, el que sale en los medios, el que llena portadas, abre telediarios y mantiene a su gente tensionada, es el de las bravatas y la gesticulación, y así, no vamos bien.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 30/10/18


22 d’octubre 2018

PRESUPUESTOS, NEGOCIACIONES Y GESTOS


Dicen que la política es el arte de lo posible. Será verdad. No obstante, a veces es -o la hacen- tan alambicada y compleja que resulta difícil de comprender para muchos ciudadanos que acaban pensando que eso de la cosa pública es una cuestión exclusiva de los políticos profesionales.
Con los presupuestos generales del Estado (PGE), presentados días atrás por Pedro Sánchez, y las reacciones de los diversos partidos ante esas cuentas, estamos viviendo una situación, cuando menos absurda. Por eso, no es de extrañar que la ciudadanía se sienta ninguneada por las reacciones de algunos de los, en teoría, líderes. Veamos.
En las cuentas hechas por el Gobierno para el año próximo se prevén unos ingresos de 5.600 millones de euros adicionales, procedentes de subir la presión fiscal a los que más ganan, así como a las grandes empresas tecnológicas.
El salario mínimo interprofesional (SMI) se establece en 14 pagas de 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España.
Las pensiones subirán tanto como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas.
Se revitaliza el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
De igual manera, se recupera la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.
También el Gobierno introduce medidas en estos PGE para modular la subida de los precios del alquiler.
Asimismo, Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Estas son algunas de las medidas que se aplicarán en 2019 en nuestro país si finalmente estas cuentas se aprueban. Pues bien, se puede ser de derechas, de izquierdas, de centro o independentista, da igual, pero lo que no se puede negar es que estas medidas van en la línea de favorecer a las clases medias y populares. Sin embargo, ni los partidos de la oposición ni algunos socios coyunturales del Gobierno de Pedro Sánchez lo han querido entender así y están poniendo intereses de partido y/o particulares por delante de los intereses de los ciudadanos.
Es el caso del PP y Ciudadanos que acusan a Sánchez de ser prisionero de los independentistas y acusan al presidente de enviar a Pablo Iglesias a negociar con Oriol Junqueras. Entienden que el dialogo es humillante e indecente, que en España manda un preso y, por todo ello, piden elecciones ya.
Es decir, ni la subida del salario mínimo, ni la de las pensiones, ni el restablecimiento de las becas, ni…, todo es no importa. El problema es el intento de establecer puentes, de dialogar. Esa es la derecha que tenemos en este país.
Por su parte ERC, por boca de su diputado Joan Tardà, ya ha dicho que no se sentarán a negociar mientras no se retiren los cargos contra los diputados presos. Los independentistas catalanes parecen ignorar que esa es una cuestión que depende única y exclusivamente de los jueces.
Luego, ellos son los primeros en criticar al Estado español porque en su opinión no hay separación de poderes, ¿en qué quedamos? Coherencia, por favor, coherencia.
De todos modos, una cosa son las alharacas y las soflamas para mantener alta la moral de la tropa y otra la realpolitik.  De manera simultánea a esa escenificación tan grandilocuente como vacía de contenido, se producía un discreto encuentro en Madrid entre Nadia Calviño, ministra de Economía y empresa y el vicepresidente del Govern y Conseller de Economía y Hacienda Pere Aragonés, “para hablar de cuestiones de economía en general” según se dijo en un escueto comunicado oficial.
En este contexto Oriol Junqueras gana peso específico como interlocutor privilegiado frente a un Puigdemont que va perdiendo visibilidad y capacidad de decisión a marchas forzadas.
La visita de Pablo Iglesias al líder republicano en la cárcel de LLadoners corrobora esa afirmación, a la vez que da pistas para pensar que Esquerra acabará dando su apoyo a los presupuestos. A no ser que quieran explicar a los ciudadanos que anteponen los intereses de su partido al interés general.
Además, no hay que perder de vista que todo esto favorece la consolidación de Junqueras como líder en Cataluña a medio plazo. Y no son pocos los que piensan en un futuro posible.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 22/10/18



16 d’octubre 2018

EL CONTROL DE LA CALLE


Es una evidencia que cada día que pasa el proceso secesionista catalán está más agotado. Lo vimos con el lamentable espectáculo que nos ofrecieron con las celebraciones del 1 de octubre. Después, lo volvimos a ver y padecer con el bochornoso vodevil en el Parlament sobre la delegación del voto de los diputados inhabilitados.
Ante una situación como esta, en un país normal no sería descabellado pensar que las elecciones pueden estar a la vuelta de la esquina. Pero Cataluña, a día de hoy, no es un país normal y, pese a las cada vez más evidentes desavenencias entre JxCAT y ERC y de éstos con la CUP, aquí no habrá elecciones autonómicas, hasta que sean dictadas las sentencias a los políticos encarcelados.
“… El Porcés solo es ya un moribundo cuya desaparición nadie quiere certificar por miedo a quedarse sin herencia…”, escribía Milagros Pérez Oliva (El País 07/10/18). Cierto, y yo añadiría: y porque muchos han hecho del camino hacia una independencia imposible su modus vivendi.
La situación es grave porque se echan a faltar líderes que sepan manejar lo que está ocurriendo. Los que, en teoría, podrían hacerlo están huidos o en prisión y sus sucesores, no tienen, ni por asomo, el cuajo y el carisma social y político necesarios para sacar a los suyos del atolladero, en el que, por cierto, ellos solos se han metido.
Seamos claros: Quim Torra es una caricatura de president. Estoy seguro de que ni en sus mejores sueños se había visto entrando a Palau, mientras una escuadra de los mossos le presentaba armas. Que un personaje de ese calado nos represente a todos, a la vez que habla de desobediencia, lanza utimátums al presidente del Gobierno central y propone implementar la república es, a mi modo de ver, un insulto a la inteligencia.
Por su parte ERC ha entendido que la vía de la confrontación sólo les llevará al fracaso y han optado por normalizar la vida institucional y política, mientras amplían su base social.  Desde luego su planteamiento es impecable, pero yo lo resumiría como la táctica del lobo agazapado tras una piel de cordero a la espera de tiempos mejores.
Uno de los problemas de fondo en esto del Procés de nunca acabar es que algunos están confundiendo el dialogo que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez con una muestra de debilidad y un cambio de cromos. O sea, concesiones a cambio de estabilidad parlamentaria en el Congreso. Craso error y esperar un cambio de actitud, en determinados elementos es como pedir peras al olmo.
La retirada, por parte del PDeCAT, de aquella resolución que instaba al PSOE y nacionalistas catalanes a hablar de todo dentro del marco de la legalidad, es una muestra de la poca consistencia de los planteamientos políticos de algunos de los protagonistas de la política en Cataluña.
No son pocos los indicadores que señalan que el Procés no da más de sí y no es probable que en un futuro cercano supere ese 47,50 % en que se halla estancado. Ahora bien, los constitucionalistas tampoco avanzan, pueden ofrecer certezas, incluso seguridad, pero, seamos sinceros, no generan ilusión.
En este estado de cosas y sin liderazgos claros en el independentismo, el control de la calle se convierte en algo primordial y, en estos momentos, nadie parece estar capacitado para ejercer un mando efectivo sobre esos extraños CDR, los que, a ciencia cierta, nadie sabe quien recluta, organiza, controla y ordena.
Resulta muy preocupante ver como esos personajes emponzoñan de amarillo lugares públicos mientras gritan “las calles serán siempre nuestras”. la verdad es que me dan miedo, entre otras cosas porque recuerdan aquel ya olvidado “la calle es mía” de Manuel Fraga Iribarne.
Como también es muy grave que la ANC proponga liberar los presos y tomar el control del territorio y nadie diga nada, ante semejante barbaridad.
Agotadas las vías institucionales e ignorados los caminos políticos que pueden desatascar el conflicto, perder el control de la calle es una temeridad que acabaremos pagando muy cara.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 15/10/18

06 d’octubre 2018

Apretad amigos, apretad


La política española no es un dechado de virtudes ni, quizás, un ejemplo a seguir, porque desde hace demasiado tiempo está contaminada por elementos nocivos que es necesario extirpar cuanto antes para evitar males mayores. A mi juicio, estamos en uno de los momentos más delicados de nuestra historia democrática y conviene decirlo con claridad para que nadie se llame a engaño.
Como no puede ser de otra forma, la política catalana es una pieza más de ese gran puzle que es la política del conjunto del Estado. En ese contexto, aquí no nos escapamos de padecer la toxicidad que desprenden las instituciones en su conjunto, pero es que, además, en Cataluña se transmite una imagen de la política esperpéntica y de desbarajuste total.
Para corroborar esta severa afirmación, basta con fijarse en los acontecimientos de los últimos días. Es decir, los actos conmemorativos del 1 O y sus derivados, el registro en la Diputación de Lleida, llevado a cabo por los Mossos, y las detenciones que se realizaron a posteriori y, como no, el lamentable pleno del Parlament de los días 2, 3 y 4 de este mes de octubre.
Quien siembra vientos recoge tempestades, dice le refrán. Pues justo es eso lo que ha sucedido con las conmemoraciones de marras. El pasado 1 de octubre, el president de la Generalitat, Quim Torra, desde Sant Julià de Ramis exhortaba a los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) a apretar. “Apretad amigos, apretad”, dijo el máximo representante del Estado. El mismo día al anochecer ponían cerco al Parlament e intentaron asaltarlo; sólo la acción decidida de lo Mossos impidió lo que hubiera sido una ignominia a la democracia.
De igual manera, los discursos incendiarios del president y sus acólitos, las soflamas, frases como “ni un paso atrás”, “las calles serán siempre nuestras”, “implementar la república” y otras bagatelas por el estilo, han ido calentando el ambiente y enardeciendo los ánimos de los más descerebrados hasta llegar a los tristes sucesos que se llevaron a cabo, como cortes de tráfico, cortes de las vías férreas, quema de alguna bandera española, entre otros, para celebrar el aniversario del referéndum ilegal.
Por si el ambiente no estaba bastante caldeado, los Mossos d’Esquadra entraban en la Diputación de Lleida en busca de pruebas contra la corrupción. La operación se saldó con la detención de 26 personas de los ámbitos político y empresarial. Entre ellos,  Joan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida (PDeCAT),  Marlen Minguell, jefa de Organización y Gestión de la institución --número dos del presidente--, y Enrique Regaño, jefe de servicio de vías y obras del ente. Sin duda, la sombra de Covergencia sigue siendo muy alargada.
A mi modo de ver, la cuestión de fondo de todo este embrollo que estamos viviendo y padeciendo en Cataluña, es que los líderes del procés son conscientes de que esta fiesta que ellos han montado ya no da más de sí, pero necesitan seguir con la jarana para que no se les acabe el momio. Lo sucedido en los últimos días es un claro ejemplo. La situación se les está yendo de las manos. Muchos de los que creen honestamente en la independencia (que haberlos hay los), está empezando a vislumbrar que tras las palabras no hay nada. Que van de farol, como dijo la exconsellera Clara Ponsatí. El president perdió el control en el affaire del Parlament y tuvo que echar mano de los Mossos y por eso no pocos sectores secesionistas le han cuestionado e incluso, algunos, han pedido su dimisión.
Ante este estado de cosas, lo lógico sería reconducir la situación hacia planteamientos pragmáticos y posibilistas. Sin embargo, Quim Torra se descolgó en el pleno de la Cámara catalana lanzando un ultimátum a Pedro Sánchez para que en un mes se llegue a un acuerdo para celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, pactado y con reconocimiento internacional. De lo contrario dijo: “el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso”. Según comentan los que están en el epicentro de la cuestión, esa declaración cogió por sorpresa a su propio grupo parlamentario, a los diputados del PDeCAT en Madrid y a sus socios de ERC.
Por su parte, Sergi Sebrià, portavoz del grupo de ERC, aprovechó su intervención en el pleno, para pedir “menos gesticulación y más estrategia” y a “los que tienen prisa” les advirtió que “quien promete atajos o es un ingenio o engaña” y desde luego ERC no va a “vender humo. A buen entendedor pocas palabras bastan.
De todos modos, una de las resoluciones presentada de forma conjunta por Junts per Catalunya y ERC propone acordar un referéndum con el Estado pero sin concretar fechas ni imponer calendarios. O sea, de la amenaza lanzada por Torra, ni rastro.
Pero la traca final de este pleno estalló cuando la Mesa del Parlament aprobó un texto presentado por JxCat para delegar el voto de los diputados suspendidos (los que están en prisión o huidos). Pese a la advertencia de los letrados de que era fraude de ley, lo que generó caos y confusión en la Cámara, Ante tanto desconcierto el presidente Roger Torrent optó por suspender el pleno de Debate de Política General, en principio, hasta el martes 9 de octubre. Conviene no olvidar que el hemiciclo se cerró en junio porque los partidos independentistas no se ponían de acuerdo sobre la cuestión. Han pasado casi cuatro meses y siguen igual.
Después de todo esto, estoy convencido que los lectores entienden a la perfección porque hablo de política esperpéntica y de desbarajuste total.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 05/10/18


28 de setembre 2018

PONER EL CARRO DELANTE DE LOS BUEYES


Comprendo que, en ocasiones, resulta muy difícil para los políticos decir cosas que atraigan la atención de la ciudadanía, sobre todo cuando juegan en campo contrario. Eso es así, en especial, para los que militan en el campo constitucionalista.
Supongo que algo así le sucedió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, al decir en una entrevista que le hicieron días atrás en Catalunya Radio, que se mostraba partidaria de aprobar un indulto para los políticos independentistas encausados por organizar el referéndum ilegalizado. “Si lo piden, yo soy partidaria de aprobarlo. Pero lo deben pedir primero”. Manifestó la delegada.
Es lo mismo que dijo Miquel Iceta en la campaña del 21 D, aunque después tuvo que matizar y explayarse en explicaciones diversas ante el desencanto que generó entre muchos de sus potenciales votantes. Hay quien sostiene que en ese envite el PSC perdió un par de escaños.
Seamos claros: la matraca de los lazos amarillos no es tanto por la libertad de lo presos como por mantener tensionada a la tropa. Es decir, si no hubiera presos buscarían el enfrentamiento por otros motivos. La cuestión es que nadie se relaje y la moral siga alta.
Ahora bien, admitiendo que los hechos ocurridos en Cataluña hace un año son muy graves: un pronunciamiento (6 y 7 de septiembre), la convocatoria de un referéndum ilegal (1 de octubre) y la declaración en sede parlamentaria de la república catalana (27 de octubre); el juez podría haber aplicado otras medidas cautelares tan efectivas como lo es la prisión preventiva. Y en el supuesto que, como hicieron otros, todos o alguno de ellos, hubiese decidido fugarse, no olvidemos que a enemigo que huye, puente de plata. Pero como dice la ministra de política Territorial, Maritxell Batet, “es muy difícil hacer política con políticos en la prisión”. De todos modos, las decisiones judiciales se acatan y se respetan, tanto si gustan como si no.
En cualquier caso, estamos asistiendo a un debate baladí, por prematuro e hipotético. La legalidad en este sentido es clara: primero se debe producir el juicio y debe salir una sentencia. Una vez haya concluido el proceso judicial el encausado podrá solicitar el indulto al Gobierno de turno.
Seamos prudentes. Dejemos que los tribunales hagan su trabajo y los políticos el suyo. Pese a las alharacas y las soflamas de algunos las cosas se están moviendo. Los hay que necesitan al personal tensionado de manera continua. Muchos han hecho del procés su modus vivendi y, por tanto, esta feria tiene que seguir cuanto más tiempo mejo. Volver a la normalidad del autonomismo para ellos serían un fracaso histórico.
Sin embargo, los signos de cansancio, fraccionamiento y desazón se empiezan a percibir entre el personal secesionista. Ya son muchos los que piensas que la única vía de salida es una solución pactada con el Estado.
En este contexto, la comisión bilateral que se reunió antes de vacaciones es un ejemplo. Los contactos discretos entre la ministra Maritxell Batet y Elsa Artadi son otro. La moción que el diputado Carles Campuzano del PDeCAT, había pactado con el PSOE y presentó, aunque acabó retirando por órdenes de la superioridad, hablaba de emprender un diálogo “sin impedimentos” pero “dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Es otra muestra de como se están abriendo caminos que hasta ahora permanecían cerrados a cal y canto.
De todos modos, todo es posible. Ni se debe cantar victoria, ni certificar el acta de defunción del fin del diálogo. Lo más importante, en estos momentos, es tener mucha cautela, mucha inteligencia política y evitar que la euforia nos haga poner el carro delante de los bueyes.
Cada cosa a su tiempo.

Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 25/09/18

TESIS, MÁSTERS, CHATS Y OTORS EMBROLLOS


Desde hace demasiado tiempo, la política de nuestro país está siendo afectada por una serie asuntos tóxicos ajenos a la misma. Eso hace que la razón de ser de la acción pública: eliminar problemas a los ciudadanos y hacerles la vida más fácil, sea relegada para atender a cuestiones que, con frecuencia, nada o casi nada tienen que ver con la inmensa mayoría de los mortales.
En los últimos meses estamos asistiendo a un auténtico circo mediático impulsado casi siempre desde las esferas de poder, que nos hacer estar más ocupados en saber si éste o aquel político mintieron al decir que tenían un máster, habían hecho una tesis doctoral o si algunos jueces se han pasado expresando sus opiniones en un chat corporativo que en las cosas importantes de verdad.
Fue el caso de Cristina de Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, igual que Carmen Montón, ahora ya exministra. En el mismo ojo del huracán ha estado un tiempo Pablo Casado, hasta que en opinión del fiscal del Tribunal Supremo no ha cometido irregularidad alguna en la obtención de su máster y ha pedido el archivo de la causa. El caso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez es similar a los anteriores. Se le acusó de irregularidades en su tesis doctoral y la ha acabado publicando en internet para disipar dudas. Sin embargo, la oposición no se ha dado por satisfecha y ahora le buscan las cosquillas con un libro publicado por Sánchez y que, según dicen los de Albert Rivera contiene alguna irregularidad. Los del partido naranja tras quedar descolocados y fuera de foco con la moción de censura han hecho suyo aquel dicho de difama que algo queda.
Pero, según parece, con todo eso no había suficiente guirigay y, casualidades de la vida, los medios digitales el Diario.es y el Mon.cat. filtraron, justo el día antes de que se cumpliera un año de la manifestación frente a la sede de Economía de la Rambla de Cataluña, que había sido ocupada por la Guardia Civil siguiendo órdenes de un juez, el contenido de unos correos electrónicos que una veintena de jueces intercambiaron, dando sus opiniones sobre lo que sucedía en Cataluña en pleno desafío independentista, ahora hace un año.
Como era fácil suponer, al siempre moderado president de la Generalitat, Quim Torra, le faltó tiempo para salir a manifestar que: “la poca confianza que pudiera quedar en la justicia española se ha roto definitivamente”, o que: “no hay independencia judicial, ni imparcialidad, ni integridad.  En consecuencia, las personas que están encausadas por los hechos de ahora hace un año no tendrán un juicio justo limpio e imparcial”. Tras ese seudo alegato, el president acabó pidiendo la excarcelación de todos ellos. Además de exigir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ahí es nada. Todo por el mismo precio.
En este contexto, las cuatro principales asociaciones judiciales emitieron un comunicado en el que consideran desproporcionada la reacción del president Torra. Y dejaron claro que ninguno de los emisores o receptores de los e mails estaba involucrado en modo alguno en el proceso judicial abierto por lo ocurrido en Cataluña ahora hace un año.
Justo es reconocer que los autores de los mensajes podían haber dicho lo mismo, ahorrándose alguna expresión como: “régimen nazi” u otras lindezas en referencia a la situación política que se vivía -y seguimos viviendo- en Cataluña.
De todos modos, más allá de lo acertado o desacertado de los correos -eso cada cual lo valorará como mejor le convenga-, ha de quedar claro que son opiniones privadas en “correos privados que no comprometen al conjunto de la carrera judicial” como manifestaron las asociaciones judiciales en su comunicado.
En cualquier caso, conviene no olvidar que quien habla de que en España no hay justicia, que aquí no hay democracia, que somos como Turquía y otras bagatelas por el estrilo, son los que son. Y aunque la ofensa y la falta de respeto tienen difícil justificación, ya se sabe que quien siembra vientos recoge tempestades. O como le dice la sartén al cazo, quítate que me tiznas.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 24/09/18

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...