ENVIDIA AJENA

Solía decir Pasqual Maragall que “para la derecha que gobierne la izquierda es un accidente porque ellos han mandado siempre en España”, cuánta razón tenía el visionario político catalán.

Desde la reinstauración de la democracia, hasta la aparición en la escena política nacional de José María Aznar, la derecha estuvo como acomplejada. Daba la sensación de que se querían hacer perdonar su pasado franquista. Después, con el “váyase, señor González” y, sobre todo, con la mayoría absoluta del PP en el año 2000 se vinieron arriba. A partir de ese momento, los gobiernos de izquierda, primero el de José Luís Rodríguez Zapatero y ahora el de Pedro Sánchez han sido para ellos anomalías históricas y, por consiguiente, todo vale para derribarlos.

Por eso, cuando supe qué el líder de la oposición portuguesa y del partido conservador PSD, Rua Río, le decía al presidente del gobierno de su país, Antonio Costa, en un pleno del Parlamento de Portugal: “Señor primer ministro, cuente con nuestra colaboración. Todo lo que podamos ayudaremos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte…”, sentí envidia ajena. igual que aquí, pensé.

El pasado 27 de mayo la Comisión Europea propuso un fondo de recuperación, dotado de 750.000 millones de euros de los cuales 500.000 estarían destinados a subsidios y el resto a préstamos. La idea inicial de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, proponía una condicionalidad suave, vinculada a recomendaciones anuales sobre reformas que la UE aprueba en el marco de la vigilancia macroeconómica conocido como Semestre Europeo.

Sin embargo, Holanda, Suecia, Austria, Dinamarca, los países llamados halcones, no ven con buenos ojos la iniciativa y quieren endurecer de manera considerable la concesión de subsidios. Por eso, los negociadores consideran imprescindible que se haga alguna concesión a esos países para que acepten que dos tercios de los recursos sean sin retorno. Además, ese acuerdo es urgente porque si hay consenso y el pacto se cierra en las próximas semanas esas ayudas llegarán a los países que más las necesitan a finales de este año o a principios del que viene como muy tarde.

No obstante, siempre tiene que haber algún aguafiestas. En esta ocasión, para variar, ha sido el PP. El último episodio de deslealtad política ha sido que los eurodiputados del Partido Popular se han alineado con los países más duros de la Unión Europea para imponer unas normas muy estrictas y exigentes para acceder a ese fondo de recuperación.  La pretensión de los halcones es garantizar que el dinero que se pondrá en circulación se utiliza para inversiones de valor añadido y reformas.

Esa matización que sobre el papel puede parecer bastante razonable, es posible que, a la hora de la verdad, esa pretensión se convierta en un campo de minas que impida que las ayudas lleguen donde se necesitan. Que lo pidan Austria, Holanda o Dinamarca, nos guste o no, forma parte de la dinámica europea, pero que se añada la derecha española, es directamente una traición no a España, que no deja de ser un concepto un tanto abstracto; es una traición y un robo a la ciudadanía española, que para mí es un concepto mucho más tangible.

Además, y aunque solo sea una anécdota, en esta ocasión el PP está capitaneado, en Bruselas por la catalana Dolors Montserrat, para que quede claro que la mala gente no es exclusiva de ningún sitio, nacen en cualquier parte, también en Cataluña.

De todos modos, esta actitud despreciativa de la derecha no es nueva y no nos debería sorprender. En 1994 cuando el Gobierno socialista de Felipe González logró una importante aportación de fondos de la UE para España, el líder de la oposición José María Aznar trató al presidente del Gobierno de “pedigüeño”. Ahora, según Alberto Núñez Feijóo, con la aquiescencia de la cúpula de su partido, ha dicho que “Sin ese dinero no podemos llegar a final de mes. España no tiene autonomía financiera para poder endeudarse si no es con el respaldo de la UE.” Desde luego, con amigos así no hacen falta enemigos.

Todos hemos podido observar la actitud, cada vez más mezquina, de la oposición política de nuestro país a lo largo de estos meses de crisis y confinamiento. Nadie les pide que hagan una oposición como si fueran un osito de peluche, seguramente no sería bueno para nadie. Pero el todo vale y demonizar al Gobierno haga lo que haga ha sido el leitmotiv de estos tiempos que nos ha tocado vivir.

Los populares han de entender que no pueden continuar con la bronca permanente, la ciudadanía sabe que con esa estrategia no se va a ninguna parte. El ejemplo está en la patronal que ha comprendido cual es la situación y se ha sentado, junto con le resto de agentes sociales, a negociar con el Gobierno para establecer medidas que den aire a las empresas y mantengan los puestos de trabajo.

Esa actitud, de puro sentido común, ha descolocado al PP y les ha sentado como una patada en salva sea la parte, que cada vez está más aislado, aunque sea con la inestimable compañía de Vox; y es que el giro de Ciudadanos tiene mucho que ver en toda esta martingala política.

En estas circunstancias, los populares tendrán oportunidad de rectificar en la tramitación presupuestaria que se va a iniciar en breve. De no hacerlo, habrán cometido un error, con toda probabilidad, histórico.  

Reconducir la situación está en su mano.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 23/06/20

ESPAÑA NI NOS ROBA NI NOS MATA

Durante años el mantra “España nos roba” ha proporcionado a nacionalistas e independentistas catalanes pingües beneficios electorales. Cuando las cosas iban mal y las fuerzas flaqueaban en la enfervorizada tropa, bastaba con apelar al déficit fiscal y a los supuestos agravios comparativos en materia económica y la moral de la parroquia subía como la espuma.

Pues bien, una versión postmoderna de ese eslogan la lanzó, en plena pandemia de la Covid-19, la incompetente consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, con el “España nos mata”. No han faltado individuos de pelaje diverso, pero con el denominador común de llevar el supremacismo en su ADN y de odiar todo lo que está más allá del Ebro, los que han hecho bandera de esa soflama. Entre ellos, el impresentable Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Bien es cierto que semanas después, la consejera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés, militante de ERC y nada sospechosa de ser españolista decía que “nada hacía pensar que en una Cataluña independiente hubiera habido menos muertos”, lamentablemente, la rectificación de la consellera llegaba tarde porque el daño ya estaba hecho.

De todas formas, quien ha batido el récord de ineptitud y de incapacidad, una vez más, ha sido el president Quim Torra. Desde el minuto uno de la pandemia Torra no ha dudado en buscar el enfrentamiento con el Gobierno central. Sus reproches al presidente Sánchez y a sus iniciativas han sido una constante a lo largo de estas dramáticas semanas de crisis y confinamiento. El president no ha dudado en poner sobre la mesa el supuesto déficit fiscal que en esta ocasión ha calculado en unos 18.000 millones de euros.  Pero es que además de otras quejas y reivindicaciones exige que el Estado dé a Cataluña 15.000 millones de euros para compensar las pérdidas sufridas por la pandemia y reforzar la economía.

Está claro que cada cual es muy libre de pedir lo que considere oportuno. Y es lógico que los presidentes autonómicos luchen por lograr para sus comunidades los recursos que consideren necesarios y cuantos más mejor, pero todo tiene un límite y Torra parece no conocer esos límites. Sin embargo, la realidad es tozuda y termina imponiéndose.

Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Mientras Torra acusaba al Gobierno de Sánchez de “asfixiar a Cataluña” por falta de recursos, se conocía el Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria editado por la consejería de Economía que dirige el republicano Pere Aragonés según el cual el Estado ha adelantado a la Generalitat 1.117 millones de euros en concepto de liquidación del sistema de financiación, mientras que el gasto extra de la Generalitat por la crisis del coronavirus en el mes de marzo fue de 584 millones.

Ante la avalancha de gasto imprevisto que ha ocasionado la pandemia, el Gobierno central ha creado un fondo denominado Fondo Covid por un importe de 16.000 millones de euros, destinado a paliar el gasto de las comunidades autónomas en esta crisis. Será a fondo perdido y se repartirá según los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda. La previsión es que Cataluña perciba 3.200 millones por detrás de Madrid donde es otorgarán 3.400 millones. Entre ambas comunidades se repartirán el 42% del total.

Como no puede ser de otro modo Torra no está de acuerdo ni con la cantidad del fondo ni el sistema de reparto ni con nada. La cuestión es ir caldeando el ambiente para tener al personal tensionado, que sea con verdades o mentiras es peccata minuta. Por eso, en su comparecencia parlamentaria del miércoles, 17 de junio, Torra dijo que “Cataluña genera recursos suficientes para financiar la educación la sanidad y el sistema sanitario. El problema de Cataluña es el déficit fiscal”.

Quim Torra vive en su mundo que casi nunca coincide con el mundo real. Ta vez por eso ignora que el que fuera consejero de Economía, con Artur Mas de president, Andreu Mas-Colell reconoció, a final de su mandato, que la cifra que más se acercaba a la realidad en cuestión de déficit fiscal superaba ligeramente los 3.000 millones de euros (Nota sobre las diferencias entre las balanzas fiscales y los presupuestos consolidados de las Administraciones públicas de Cataluña, 14/09/2015). Además, Mas-Colell admitía que una vez consolidadas las cuentas de todas las administraciones catalanas en 2015 se generaría un superávit a favor de Cataluña de 2.400 millones de euros, el 1,2% del PIB.

Esa es la realidad, pero que le vamos a hacer, no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver. Y nosotros tenemos un presidente sordo y ciego.

Decía Jordi Pujol que “cada sociedad tiene los políticos que se merece”. ¿Será verdad?

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 19/06/20

LA GRAN OPORTUNIDAD

La situación de emergencia socio económica que nos deja la covid-19 es de proporciones bíblicas. En estas circunstancias, la colaboración leal y solidaria entre gobiernos e instituciones se hace más necesaria que nunca. Solo sumando esfuerzos y remando todos en la misma dirección saldremos de esta de manera más o menos aceptable.

En este contexto, la frivolidad, la deslealtad institucional permanente y las cicaterías rastreras tendrán poco recorrido. Ante este estado de cosas los partidos políticos deberán revisar sus estrategias a corto y medio plazo. De no hacerlo, algunos corren el riesgo de quedar en fuera de juego. Muchas de las cosas y las maneras de hacer que hasta ahora han sido viables, hoy empiezan a ser cuestionadas y mañana, es muy probable que ya estén obsoletas.

Este nuevo paradigma lo ha entendido a la perfección Ciudadanos y está haciendo de la necesidad virtud. Pero quizás, uno de los partidos más afectados por la nueva normalidad sea ERC. Por eso los republicanos catalanes harán bien en decidir que quieren ser cuando sean mayores.

El último ciclo electoral ha puesto de manifiesto que en España hay una mayoría social de izquierdas. Sin embargo, esa mayoría se traduce en el tablero parlamentario de una forma muy fragmentada, y eso hace que la gobernabilidad del país sea, como estamos viendo en las últimas semanas, muy complicada.

Pues bien, esto ocurre cuando nos enfrentamos a la situación más difícil que como país henos tenido que afrontar desde la restauración de la democracia. Es el momento de cerrar filas e ir todos en la misma dirección. Sin embargo, estamos viendo como la oposición utiliza todos los mecanismos que tiene a su alcance, y los que no también, para acorralar al Gobierno e intenta forzar un adelanto electoral, para cuanto antes mejor.

Con este panorama de fondo, ERC puede jugar un rol muy determinante. Los republicanos pueden fortalecer el perfil progresista y plurinacional del Gobierno de coalición. Ahora bien, lo han de hacer desde la lealtad institucional, que no significa ni entreguismo ni dejación de creencias.

Decía Winston Churchill: “dime que presupuestos apruebas y te diré que políticas practicas”. En ERC sostienen que su independentismo es de izquierdas y no nacionalista. Propongo que echen un vistazo a los presupuestos de la Generalitat y saquen sus propias conclusiones. Solo un dato: Artur Mas suprimió 2.100 empleos sanitarios y unas 1.100 camas hospitalarias y esos recortes hasta el momento no se han revertido.

En la situación actual, que nos jugamos tanto, la política estatal debería ser una prioridad para ERC. Es absurdo plantearse como único objetivo la independencia y desentenderse del ámbito “español”. Cualquier persona con un mínimo de sentido común sabe que si la independencia de Cataluña siempre ha sido muy difícil y en la situación actual es más imposible que nunca.

En cualquier caso, los republicanos deben asumir su papel con todas las consecuencias; y la primera ha de ser romper el Govern de coalición con JxCat. No es razonable que los que están comprometidos con las políticas de Estado, compartan mesa y mantel de Ejecutivo con un partido que lo único busca es la confrontación.

Lo estamos viendo cada día, en cada ocasión. No hay declaraciones, no hay intervenciones de algún miembro del Govern de los que proceden de JxCat, que no aprovechen para cargar contar el Gobierno central y despotricar contra todo lo que viene del otro lado del Ebro.

Hemos visto a lo largo de toda la gestión del coronavirus como desde el Govern se rechazaba una y otra vez la política de mano tendida del Gobierno central. Lo hemos visto, de nuevo, días atrás cuando el president Quim Torra rechazaba la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat porque “no hay el clima de confianza necesario”, dijo el máximo mandatario. Sin embargo, Pere Aragonés, de ERC, no tardó ni 24 horas en tachar de irresponsables esas afirmaciones y querer posponer la negociación. Ese es el camino que seguir.

ERC tiene ante sí la gran oportunidad de convertirse en un partido serio y con responsabilidades de gobierno colaborando en la transformación real de España en unos de los Estados del bienestar más avanzados en lo social y descentralizados en la gobernabilidad territorial.

Es verdad que el currículum de deslealtades que tienen los republicanos no ayuda a generar confianza, pero rectificar es de sabios. Nadie con dos dedos de frente les puede pedir que renuncien a su proyecto máximo que es la independencia. De la misma manera que tampoco nadie pide a los socialistas que renuncien a poner los medios de producción en las manos de la clase trabajadora. Pero, mientras eso nos sea posible, si se les debe exigir que se conduzcan con lealtad y responsabilidad.  Para ellos es una gran oportunidad, quizás la última.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/06/20

 

HACIA UN NUEVO PARADIGMA

Algunos pensadores sostienen que toda crisis conlleva oportunidades. Será verdad. No obstante, por más que me esfuerzo   en ver oportunidades tras la crisis de 2008, lo que he constatado ha sido una sanidad pública más precarizada, la enseñanza con menos recursos, más paro y trabajos más precarios, así como una brecha social más grande entre ricos y pobres. En definitiva, más marginalidad y sufrimiento que antes. Bien es verdad que en esa situación nos gobernaba la derecha más montaraz y corrupta que ha habido jamás en este país. Por lo tanto, con gobernantes de ese pelaje, esperar políticas progresistas y de redistribución social es como pedirle peras al olmo.

Quizás sea por las experiencias acumuladas, pero yo soy más de “a grandes males grandes remedios”, aunque sea un dicho popular y menos sutil. Tal vez el adagio sea algo ramplón, pero creo que se ajusta muy bien a la situación que estamos viviendo y, sobre todo, nos señala como se debería encarar lo que está llegando en forma de tragedia socioeconómica.

Para empezar, sería deseable no levantar falsas expectativas sobre los cambios que se van a producir en el futuro. Porque se puede generar frustración y ese es un caldo de cultivo para nacionalismos y populismos que hay que evitar.

Ciertamente, muchas cosas deberán cambiar. Ahora bien, que nadie se engañe, los mercados continuarán siendo el eje vertebrador de la creación de riqueza y de la innovación. Y, en ese contexto, los hijos de mala madre, la globalización sin alma y el capitalismo salvaje seguirán existiendo, porque su razón de ser es sacar tajada sin importarles lo más mínimo el daño que puedan ocasionar. Los escrúpulos no existen en su escala de valores.

Según diversos estudios demoscópicos hechos semanas atrás la ciudadanía está por amplios acuerdos entre partidos políticos y agentes sociales al estilo de los Pactos de la Moncloa. Sin embargo, el estado de crispación política y la polarización que estamos viviendo hacen poco viables diálogos francos y abiertos que desemboquen en grandes consensos. Ante esa realidad, nos tenderemos que conformar con acuerdos sectoriales más o menos modestos que nos faciliten afrontar la nueva normalidad.

Si queremos erradicar la pobreza de nuestra sociedad, hemos de empezar por cambiar la lógica de la solidaridad por la lógica de los derechos. Por eso, y más allá del color político de cada cual hay que reconocer el acierto del Gobierno al aprobar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Se espera que, la nueva prestación, cuando esté totalmente implantada, llegue a unos 850.000 hogares vulnerables y sacará de la pobreza extrema cerca de 1,6 millones de personas. Tengamos en cuenta que la tasa de pobreza severa en nuestro país es del 12,4%, es decir que casi dobla la media de la UE, que está en el 6,9%.

España era el único país de la Unión Europea que carecía de un programa de garantía de ingresos mínimos de ámbito nacional. Hasta ahora la red de protección social estaba formada por las Rentas Mínimas de inserción autonómicas, a todas luces insuficientes. El IMV supone un rediseño de nuestro sistema de protección social. De esa forma, nos pondremos, también en el terreno de la solidaridad, a la altura de los países del norte y así, de paso, tendrán un argumento menos para negarnos su apoyo.

No padecer pobreza es un derecho de la ciudadanía. En consecuencia, el gobierno de turno ha de llevar a cabo las iniciativas pertinentes para erradicar esa lacra de la sociedad. De la misma forma que en un momento dado la sanidad se vinculó a la Seguridad Social para que llegara a todos los ciudadanos, ahora hay que hacer lo que corresponda para que todo el mundo viva con un mínimo de dignidad.

En este contexto, reforzar la cobertura que proporciona el Estado de bienestar es la mejor manera de encarar la oleada de desigualdad y pobreza que trae la Covid-19. Es una obligación moral y política aliviar la vida de los más frágiles.

Está muy bien decir que se es un Gobierno de izquierdas y progresista, pero ahora hay que demostrarlo. El IMV ha sido un gran acierto. La medida era necesaria, pero no nos podemos dar por satisfechos. Hay que perseverar en ese camino. Algunos despotricarán. Es igual. Aquí nos conocemos todos y la inmensa mayoría apoyará las iniciativas sociales que ponga en marcha el Ejecutivo. El trabajo que hay por delante es ingente: primero las personas y los servicios de sanitarios, la educación y las políticas sociales. Después hay ayudar a las empresas, a las pymes y a los autónomos para que salgan con las menos heridas posibles del confinamiento.  De manera simultánea, se debe rediseñar la política industrial, la innovación y el turismo teniendo muy presente el cambio climático, sin olvidar el problema territorial que venimos arrastrando desde el siglo XIX.

Estamos ante una nueva normalidad y eso significa también un nuevo paradigma. Hay que poner en práctica otras maneras de entender y afrontar la realidad. El desafío es ciclópeo, pero o se hace desde un gobierno de izquierdas o no se hace. Por eso, como dicen algunos pensadores estamos ante una gran oportunidad. O si prefieren, “a grandes males, grandes remedios”.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/06/20

BUENAS NOTICIAS

Es poco habitual que en columnas como esta se comenten noticias positivas. Pero lo es menos aún que se traten de dos en dos. Por eso, no me extrañaría que algunos vean este artículo como “algo exótico”. Es posible. Después de tantas semanas de confinamiento y de circular por el túnel de la incertidumbre, me parece oportuno señalar las luces que se empiezan a ver más allá de las tinieblas y que nos han envuelto desde mediados del mes de marzo.

Resulta lamentable, pero la bronca permanente en la que están instalados algunos de nuestros políticos, ha puesto sordina a un par de buenas noticias que se han generado en estos últimos días. Una es el plan de reestructuración de la UE, la otra la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El plan de recuperación aprobado por la Comisión Europea para luchar contra la pandemia generada por la covid 19 y sus consecuencias económicas. En esencia, consiste en poner sobre la mesa 750.000 millones de euros, para que los Estados no dejen caer ni a sus empresas ni a los ciudadanos que han perdido sus puestos de trabajo.   Si las cosas no se tuercen, España será el segundo país mayor receptor y podrá captar unos 140.000 millones. Por primera vez en la historia de la UE la mayor parte de ese dinero se dará en forma de subsidio y no de préstamo como fue la forma utilizada en la crisis de 2008. En esta ocasión hasta un 60% de lo percibido por un Estado podrá ser a fondo perdido.

Con esta iniciativa la presidenta de la Comisión, Úrsula van der Leyen se reivindica ante un Parlamento que la había acusado de falta de ambición. De todas formas, conviene no dar las cosas por hechas porque, aunque la iniciativa tiene la bendición de Ángela Merkel y Emmanuel Macron que ya se avanzaron días atrás anunciando su disposición a los subsidios, está por ver, sin embargo, la reacción de los llamados socios frugales que son Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca. Estos países son muy refractarios a que las ayudas se canalicen mediante subsidios y exigen que el dinero que se dé sea mediante préstamos y con condiciones.

Nada está decidido todavía, pero el proyecto de van der Leyen ha sido muy bien recibido en el Parlamento Europeo y cuenta con un soporte muy mayoritario. Por eso, cabe pensar que finalmente, aunque con algún retoque, acabará saliendo adelante.

Otra iniciativa que nos debería llenar de satisfacción es la aprobación por parte del Consejo de Ministros, del pasado 29 de mayo, del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esa forma, en nuestro país se levanta un nuevo pilar del Estado del bienestar.

El IMV era una de las medidas estrella que estaban en el programa de Gobierno y que se debía aprobar en esta legislatura. Sin embargo, la situación de emergencia que estamos viviendo ha hecho que esa decisión se adelante y ya sea una realidad.

La idea es llegar a unos 850.000 hogares vulnerables y sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas. Tengamos en cuenta que la tasa de pobreza severa en nuestro país es del 12,4%, es decir que casi dobla la media de la UE, que está en el 6,9%.

España era el único país de la Unión Europea que carecía de un programa de garantía de ingresos mínimos de ámbito nacional. Hasta ahora la red de protección social estaba formada por las Rentas Mínimas de inserción autonómicas y su objetivo era combatir la pobreza, o eso se decía, Sin embargo, y según un informe técnico de Joint Reserach Centre de la Comisión Europea esa red padecía muchas carencias.

Por una parte, resulta tremendamente desigual y con frecuencia su cobertura es insuficiente. La diversidad de criterios utilizados por las comunidades autónomas hace que, en lugares como Euskadi o Navarra toda persona que solicite la prestación la cobre. En cambio, en comunidades como Extremadura o Andalucía prácticamente nadie tiene acceso a ella. Así pues, distintas varas de medir para un mismo problema. No es razonable.

Pero es que, además, las ayudas que se dan desde las administraciones autonómicas son tan cuantitativamente escasas por lo general que las personas que las perciben siguen sumergidas en la pobreza.

La idea fuerza es que el IMV venga a suplir esas carencias. De hecho, supone un rediseño de nuestro sistema de protección social. Así, de paso, nos ponemos a la altura de nuestros socios europeos en este ámbito, y es que atender a los más desfavorecidos nunca está de más.

De todas maneras y puestos a poner alguna pega, quizás el único inconveniente es que el gasto que va a originar la prestación, unos 3.000 millones de euros anuales, va a ir a cargo de la Seguridad Social, y las cuentas de ese organismo bastante saturadas están ya. Por eso, quiero pensar que, una vez tengamos la situación normalizada y en el Congreso de los Diputados se debatan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ese gasto se incluya en esos presupuestos. Sería lo más lógico.

Y ya, puestos a pensar en cosas positivas, sería fantástico que los dirigentes políticos se dedicaran a hacer el trabajo por el que se les paga y no a montar broncas para demonizar al adversario y escandalizar a la ciudadanía.

El desastre sanitario y económico que nos está ocasionando el maldito coronavirus no nos lo quita nadie, pero si los de arriba se comportasen con un talante un poco más constructivo y conciliador la situación sería algo más llevadera.

Y, en los tiempos que corren, eso sería de agradecer.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/06/20

DE FRACASO EN FRACASO

La situación social en Cataluña se pone difícil. A la catástrofe, primero sanitaria y a continuación económica que estamos padeciendo, hemos de sumar unos cuantos contratiempos más, entre ellos el cierre de Nissan.

No hay que ser un adivino para suponer que, a medida que vuelva la normalidad, empezarán a reaparecer en escena toda esa panda de descerebrados que son los CDR, Tsunami demcràtic y otros especímenes de la misma catadura moral que durante el confinamiento han estado desaparecidos. A esos individuos no se les ha visto ni repartiendo comida a los más vulnerables, ni ayudando a montar hospitales de campaña, ni desinfectando residencias, ni… durante todo el confinamiento, pero que nadie dude que serán los primeros los primeros en montar follones y altercados en las calles a la primera de cambio.

Y es que, en Cataluña, por desgracia, nos estamos acostumbrado a todo eso con demasiada facilidad. De la misma manera que, como sociedad, nos hemos acostumbrado ya a perder una oportunidad tras otra. No hace falta rebuscar mucho en las hemerotecas para comprobarlo. Todos recordamos el jarro de agua fría que, en plena efervescencia independentista, en noviembre de 2017, nos supuso la noticia de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, sus siglas en inglés) no venía a Barcelona tras su salida del Reino Unido por el brexit y se instalaba en Ámsterdam.

Fue un golpe psicológico muy duro, pero, también económico, porque se esfumaban así 340 millones de presupuesto, 900 profesionales con sus familias, una red de empresas satélites (en Londres 1.600), lo que suponía alrededor de 4.500 puestos de trabajos indirectos y que unos 40.000 expertos hubieran viajado a Barcelona cada año. Además de un indeterminado número de inversiones paralelas de alto valor añadido.

Después, en noviembre de 2019, más de lo mismo. En esa ocasión era Tesla, la empresa pionera en vehículos eléctricos, la que descartaba instalarse en Barcelona como plataforma para su desembarco en Europa.

En un principio, los estadounidenses habían escogido Barcelona por su imagen de ciudad moderna. Por su parte, la Generalitat había ofrecido unos terrenos bien comunicados en la comarca del Anoia, a menos de una hora de la gran ciudad. Sin embargo, las protestas por la sentencia del procés que llenaron las calles de Cataluña de caos y, en no pocas ocasiones, de barbarie, hicieron que los norteamericanos se decidieran por Berlín. Una vez más la inestabilidad política y la inseguridad jurídica hicieron que perdiéramos otra muy buena oportunidad.

Los dirigentes de la empresa tenían previsto que empezara a funcionar en 2021 y que en un año ensamblara unos 150.000 vehículos. Huelga explicar aquí los beneficios, tanto económicos como en puestos de trabajo, que esa implantación hubiera generado.  

De todas formas, lo peor de todo esto es que nuestros dirigentes políticos no han aprendido nada. Con Nissan ha vuelto a suceder.

En efecto, La noticia del cierre de la empresa automovilística Nissan, no por esperada ha sido menos dolorosa. El pasado jueves, 28 de mayo, el grupo japonés oficializó su decisión de cerrar las instalaciones el próximo mes de diciembre. Eso va a significar que se pierde el 1,3% del PIB catalán. O, dicho de otra forma: desaparecen más de 3.000 empleos directos y se producirá un auténtico agujero en el ya maltrecho tejido industrial catalán, porque se calcula que afectará a unos 20.000 puestos de trabajo indirectos. Es decir, otra catástrofe que hay que añadir a la catástrofe general que está ocasionando el coronavirus.

Los trabajadores han reaccionado con coraje y han mostrado su indignación con quema de neumáticos, cortes de tráfico y manifestaciones en defesa de sus puestos de trabajo, que es lo mismo que decir, en defensa de su pan. Están en su derecho y hacen bien, pero me parece que la decisión está tomada.

En cualquier caso, las raíces de este cierre hay que buscarlas en la falta de una política industrial clara y operativa en Cataluña, por un lado y, por otro, que llevamos demasiado tiempo con mandangas como el procés, el derecho a decidir, el referéndum del 1 O, o los graves altercados por l sentencias a los líderes independentistas.

Además, tenemos al Govern entretenido con sus embajadas, los ataques de cuernos entre socios de Ejecutivo, el tacticismo por la lucha de poder, el enfrentamiento por todo y por nada con el Gobierno central…, y un sinfín de bagatelas más. Pero, eso sí, el mundo nos mira. Nos mira mientras, uno tras otro, vamos acumulando fracasos y perdiendo oportunidades.

Durante mucho tiempo Cataluña fue un referente. Desde hace unos años Cataluña es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Y así nos luce el pelo.

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 01/06/20