27 de gener 2018

ROGER TORRENT Y SUS DECISIONES

La XII legislatura del Parlament de Cataluña inició la semana pasada su andadura de una forma razonablemente aceptable. Bien es verdad que los independentistas impusieron su Mesa de la Cámara   en la que ellos tienen cuatro representantes por tres el resto de formaciones. Pero eso, está dentro de la lógica que permite la aritmética parlamentaria.
La sesión inaugural se abrió con el discurso del presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, de 75 años, diputado por ERC que, con su intervención muy alejada de la neutralidad institucional, puso de manifiesto como no se deben hacer las cosas cuando se preside, aunque sea de forma circunstancial, una institución que es de todos. Absolutamente de todos los ciudadanos, tengan el credo político que tengan.
Con sus palabras Maragall puso de manifiesto que existen políticos que viven en mundos paralelos. Según él, el Estado “solo sabe humillar y castigar” y, en su opinión, Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo. Antes estas afirmaciones, está de más cualquier comentario sobre el que fuera el consejero de la Generalitat con más huelgas y manifestaciones en contra, de la historia reciente.
Muy distinto fue el discurso del nuevo presidente, Roger Torrent. Hombre, también, de ERC, pero que mostró otros modos y otras maneras. Torrent dijo que los diputados representan una Cataluña plural de “identidades cruzadas” y habló de “coser la sociedad catalana”. Curioso porque la fractura ha sido generada por un procés que lideraron las gentes de Esquerra y los postconvergentes con el soporte imprescindible de los antisistema de la CUP.
Más vale tarde que nunca dice el refrán popular. De todas formas, cuesta creer que un destacado independentista quiera restituir aquello que se pulverizó en los dos últimos años. Esto es, la normalidad de la vida institucional y que en el Hemiciclo del Parc de la Ciutadella se recupere el dialogo y el respeto a las minorías sin pasarles el rodillo como se ha hecho de manera reiterada en los últimos tiempos y de forma muy especial los días 6 y 7 de septiembre pasado.
Con su elección, a Roger Torrent le han situado en un cruce de caminos. Puede optar por poner fin a la excepcionalidad política que estamos viviendo en Cataluña e impulsar la vuelta a la normalidad y a la legalidad democrática. O bien, puede optar por seguir por las trochas de la vía unilateral de la anterior legislatura, bordeando los barrancos de la ilegalidad, la desobediencia y asomarse a los abismos del enfrentamiento.
Sea cual sea su planteamiento, pronto saldremos de dudas. Tras la preceptiva ronda de consultas con los diferentes grupos parlamentarios y a tenor de los resultados del 21 D, muy pronto deberá proponer la investidura de un candidato que cuente con el consenso suficiente para encabezar el Govern de la Generalitat.
Ciertamente, tarea nada fácil por el empecinamiento de JxCat de que sea Carles Puigdemont el próximo president. Dada la situación, si Roger Torrent optara por proponer al huido Puigdemont utilizando cualquier añagaza, ya sea reformado el reglamento de la Cámara o permitiera la investidura telemática, volveríamos a los días aciagos de septiembre y octubre pasados. Ni los partidos de la oposición aceptarían, ni el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados. De inmediato sería presentado un recurso de inconstitucionalidad y el 155 se aplicaría, si cabe, con más contundencia. Con toda probabilidad se disolvería el Parlament, el nuevo ejecutivo ni se llegaría a nombrar y unas nuevas elecciones quedarían aparcadas sine die
En cualquier caso, a estas alturas, quien más, quien menos es consciente de que el procés como lo hemos padecido hasta ahora está finiquitado. Sin embargo, sería ilusorio pensar que esto se ha acabado. En absoluto. Lo más probable es que los secesionistas se retiren, de momento, a sus cuarteles de invierno, pero continuarán con una labor de zapa, con buenas formas y gestos más amables para seguir ganando adeptos y ensanchar su base social hasta estar en disposición de plantear una nueva batalla y ganarla.
Así las cosas, dependerá de la inteligencia política que tengan el Gobierno central y los partidos constitucionalistas para llevar a cabo las reformas necesarias que hagan ver al conjunto de la ciudadanía que estar juntos merece la pena. No se trata de hacer concesiones y ceder a las coacciones. Se trata de poner al día lo que con el paso del tiempo haya podido quedar obsoleto. Es una cuestión de justicia, equidad y coherencia política, no de debilidad ante los chantajes.
De todos modos, hemos de ser conscientes de que, se haga lo que se haga, siempre habrá gente dispuesta a echar el carro por el pedregal. Pero si se les quitan argumentos irán disminuyendo y cuantos menos sean mejor.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 22(01/18

17 de gener 2018

EL AGUJERO DE LAS PENSIONES

Aunque algunos se resistan a creerlo, hay vida y suceden cosas más allá de la burbuja secesionista catalana. Cosas que nos afectan de manera directa.  Por ejemplo, la situación de emergencia que está padeciendo nuestro sistema público de pensiones.
En efecto, el pasado mes de diciembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a echar mano de la “hucha” de las pensiones para hacer efectiva la paga extra. Eso ha hecho que el fondo de reserva haya quedado tiritando. De los más de 66.000 millones que quedaron en caja cuando los socialistas abandonaron el poder, nos hemos quedado, a día de hoy, con menos de 8.000. Pero es que las previsiones son nefastas. El gasto previsto para éste 2018 es de unos 125.000 millones que se pueden cubrir con las aportaciones que hacen trabajadores y empresas, lo que no se cubre son las pagas extras y eso asciende a unos 15.000 millones de euros.
Es evidente que la situación es muy grave y hay que poner manos a la obra para solucionar el problema. De no hacerlo, uno de los pilares del Estado del bienestar se nos va a ir a Norris y las consecuencias puede ser trágicas. En España hay más de nueve millones de pensionistas, y son cientos de miles las familias que subsisten y pueden ir tirando adelante gracias a la pensión que cobran sus mayores.
En estas circunstancias hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas ya. Para empezar, hay que reconstruir el Pacto de Toledo que el PP hizo añicos en 2013. Acto seguido se deben articular los mecanismos necesarios para garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo.
Resulta insólito que el déficit de nuestro sistema de Seguridad Social se haya disparado en los últimos cinco años. No obstante, los   motivos son evidentes: por un lado, las altas cifras de paro generadas por la crisis de 2007 y, por otro, la reforma laboral aprobada por el PP con la inestimable colaboración de la ya desaparecida CiU. Esa situación ha puesto en bandeja un apetitoso negocio de más 85.000 millones de euros anuales para las entidades financieras que ofrecen pensiones privadas a su clientela. Algo, por cierto, bastante inverosímil, porque una pensión mediana de esa tipología requiere un ahorro de unos 7.700 euros anuales. Aquí la pregunta es obvia, ¿con los míseros salarios que se están pagando, quien se puede permitir un lujo semejante?
Es una vergüenza intolerable que los recortes y los ajustes de las políticas equivocadas los tengan que pagar aquellos que cotizaron religiosamente a lo largo de su vida laboral. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar y gestionar de forma adecuada nuestro sistema de pensiones para que no se deteriore y sea sostenible. Del mismo modo que es inconstitucional celebrar un referéndum para segregar un territorio y es un posible delito que debe ser perseguido; también es un atropello que debe ser castigado privar a las personas de aquello que ganaron con su trabajo y ahora se les quiere negar.
Desde luego el tema es muy duro y espinoso. Requiere de mucha imaginación y voluntad política para solventarlo. Por eso, para empezar, sería bueno tener unas cuantas cosas claras.
·         Nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás de nosotros en la medida en que las prestaciones destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada a mantener un fondo de cobertura, sea igual a los ingresos.
·         En cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito-  ni pueden estar sometidos a la lucha política ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar.
·         Las reformas que se lleven a cabo en el sistema deben estar orientadas por los principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados participación social en la gestión y sostenibilidad financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
·         Finalmente, no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que, o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones de trabajar. 
Creo, con sinceridad, que a partir de aquí se puede empezar un buen trabajo. Siempre y cuando haya voluntad para ello, claro está.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 16/01/18

11 de gener 2018

EL INDEPENDENTISMO EN SU LABERINTO

Si de alguna cosa pueden estar seguros los secesionistas catalanes es de que Carles Puigdemont no será investido por vía telemática. En consecuencia, no repetirá como president de la Generalitat.
Esquerra Republicana ya ha manifestado que deja el tema en manos de los letrados del Parlament. Ciertamente, una manera elegante de quitarse de en medio. Por otra parte, los partidos constitucionalistas han advertido que de prosperar esta idea lo llevarán al Tribunal Constitucional (TC). Lo mismo hará el gobierno central y, en ese caso, la suspensión de sería inmediata como medida cautelar. Y si por casualidad al presidente/a de la Cámara se le ocurriera echar por el camino de en medio y permitir semejante disparate, que nadie   dude que, en Pozuelo de Alarcón o Extremera, estarán encantados de acogerle.
Por consiguiente, al presidente cesado, si quiere intentar repetir en el cargo, sólo le queda la opción de venir a la Cámara del Parc de la Ciutadella y esperar que le detengan. Eso sí, puede revestir su decisión de toda la épica que le plazca. Desde hacerse acompañar de personajes variopintos hasta las puertas del hemiciclo, recurrir a sus palmeros para que su detención sea un show mediático o cualquier   otra ocurrencia. Aunque lo más probable es que siga huido de la justicia por tiempo indefinido.
De todos modos, lo que empieza a ser evidente es que el procés se está desinflando, y ellos lo saben. En menos de veinticuatro horas han tirado la toalla Carles Mundò, exconsejero de justicia y candidato de ERC a presidir el Parlament, Artur Mas, alma mater de todo este dislate y Neus Lloveras alcaldesa de Vilanova y a Geltrú y presidenta de la Associació Municipal Independentista (AMI), y esto no ha hecho más que empezar.
Según parece, tanto Carles Puigdemont como los diputados electos encarcelados y los huidos a Bruselas ya han recogido sus credenciales como diputados de la XIII legislatura. Eso pone en riesgo la mayoría absoluta secesionista y puede hacer fracasar tanto la votación para elegir la mesa, como la de la investidura.
En principio, son ocho los cargos electos que no pueden garantizar su asistencia a los primeros plenos. Pero es que la cifra se eleva hasta dieciocho diputados secesionistas de un total de setenta, los que están imputados. Eso significa que, si la legislatura sigue adelante, podrían ser juzgados y condenados a penas de cárcel y/o inhabilitados, por lo que deberían dejar el escaño.
Por otra parte, las relaciones entre republicanos y postconvergentes nunca fueron buenas. Lo suyo, la legislatura anterior, fue algo así como un matrimonio de conveniencia. Ahora, con este panorama de fondo, el divorcio entre ERC y el PDECAT, es un hecho. Otra cosa es que nadie quiere aparecer como el malo de la película.
A todo esto, la muchachada de la CUP sigue lamiéndose las heridas. Ha sido muy duro para ellos bajar de diez a cuatro diputados. Además, siguen empecinados en la implementación de la república. No se dan cuenta que no está el horno para esos bollos, pero ellos, erre que erre.
De todos modos, que no cunda el pánico, acabarán poniéndose de acuerdo los antisistema han aprendido que hace mucho frío fuera de las instituciones y el pesebre que tienen ahí dentro es demasiado   apetitoso para despreciarlo.
Por cierto, si alguien sabe algo del programa social de los independentistas que me lo haga saber porque yo no he sabido encontrar nada. Claro, que tan perdidos como andan en su propio laberinto, tampoco nos debería extrañar.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 11/01/18


UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...