SENTIDO COMÚN, POR FAVOR

 

El tiempo suele poner las cosas en su lugar. Por eso ahora, cuando ya han pasado seis años largos del aciago otoño de 2017, podemos ver con más nitidez, si cabe, el gran disparate que fue el procés.

Algunos pensaban que, tras el fiasco, los líderes independentistas habrían aprendido la lección y, sin renunciar a su ideología, estarían reconduciendo sus planteamientos a posiciones más pragmáticas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Constatamos, no sin cierta tristeza y mucha indignación, que esa gente son de la opinión de “sostenella y no enmendalla” y su soberbia y supremacismo no tienen límites.

Veamos algunos ejemplos que ilustran esta afirmación:

Hace poco más de una semana se publicó el último informe PISA; en el mismo se retrata el fracaso escolar en Cataluña. En un primer momento, el Govern señaló como motivo la sobrerrepresentación de alumnos extranjeros en la prueba. Pero el aluvión de críticas recibido, tanto de los partidos de la oposición como de la comunidad educativa forzó a que el Ejecutivo rectificase, aunque sin asumir ninguna responsabilidad ni plantear, hasta el momento, medidas de choque.

Esa falta de autocrítica ha molestado a las familias, hasta el punto que la AFFAC, la federación de asociaciones de familias de alumnos más grande de Cataluña, emitió un comunicado en el que “lamentan la falta de autocrítica y de propuestas concretas de la consejera d’Educación, Anna Simó”. Y consideran “intolerable” la utilización de los alumnos inmigrantes para justificar los malos resultados del sistema educativo catalán. Igualmente, consideran “indignante” la carta que Anna Simó ha enviado a las familias pidiendo que se hagan corresponsables del éxito educativo en Cataluña”.

Pero, por desgracia, ahí no acaba la estulticia de este Govern: La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas  no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el lunes 11 de diciembre en Madrid. La mencionada señora consideró innecesaria su participación en la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda, toda vez que “no es un órgano de debate”.

Otro de los motivos para justificar la ausencia es que la Generalitat y el Gobierno “ya tienen abierta una negociación para una financiación singular de Cataluña” que, según las mismas fuentes, empezará en el primer trimestre de 2024. Algo que posteriormente desmintió categóricamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero es que la consejera de la Generalitat y su gabinete deberían saber los catalanes merecemos estar siempre representados allí donde se hable de cosas que nos atañen.

Sin solución de continuidad, el consejero de Acción Climática, David Mascot, sorprendía a todo el mundo al anunciar algunas de las restricciones que sufrirá Cataluña, a partir de enero, de persistir la sequía. La prohibición más llamativa era la de no permitir a la gente ducharse en instalaciones deportivas. (?) Horas después, el propio Govern daba marcha atrás y matizaba algunos aspectos de esta restricción. Sobran los comentarios.

Pero hay mucho más: El mismo día que en el Congreso empezaba la tramitación de la ley de amnistía, el president Pere Aragonés publicaba, en el diario británico Financial Times, un artículo en el que pedía a Pedro Sánchez valentía para pactar un referéndum de autodeterminación, a la vez que dejaba claro que se aseguraría de que el PSOE cumple todos sus compromisos.

Tan inoportuno fue el artículo que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, poco sospechosa de españolismo, advirtió a Aragonès, de que la convocatoria de una eventual consulta de autodeterminación es un asunto “serio” que debe ir precedida de un debate “sereno”, ya que, en su opinión, “las prisas son malas consejeras en esta cuestión”.

Y seguimos: La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, con la elegancia y fina oratoria que la caracteriza, no se anduvo con rodeos y en su intervención en el pleno del Congreso y calificó al expresidente del Supremo Carlos Lesmes, al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, a Pablo Llarena, a la magistrada Carmen Lamela, y a la expresidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del Constitucional Concepción Espejel, todos ellos jueces que tuvieron que ver con la instrucción y sentencia de la causa a los líderes del procés,  como “personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas”; en mi opinión, sobran los calificativos hacia la diputada.

Pero quién volvió a tener una intervención que quedará en los anales del parlamentarismo fue Carles Puigdemont. En una interpelación en la Eurocámara, donde coincidió con Pedro Sánchez por primera vez. El expresident, en vez de tender la mano y ofrecerse a colaborar para superar la situación que estamos viviendo en Cataluña, advirtió al presidente de las consecuencias de incumplir sus promesas, “Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”, sin ningún género de dudas, con actitudes como las aquí descritas se tejen complicidades y se alcanzan acuerdos que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos.

Estoy convencido que todo sería mucho más llevadero si estos señores le pusieran un poco de sentido común a su actitud. Sin embargo, la impresión que saco de todo esto es que la mayoría de líderes independentistas —salvo algunas excepciones que seguro las hay— es que, como políticos, son unos ineptos que supuran incompetencia y supremacismo por todos los poros de su piel. Algo que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no merecemos.

Soy consciente de que esta columna levantará ampollas en determinados ambientes políticos. Lo siento. No pido que se comparta mi opinión, pero sí que se respete, porque estoy opinando de posicionamientos políticos evidentes, no de las personas, ahí no entro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 21/12/2023

DE ASLATAR LOS CIELOS AL GRUPO MIXTO

 

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. En pocas semanas, reunió más de 100 000 afilados, convirtiéndose en el tercer partido en número de militantes y en octubre alcanzaba el segundo lugar, con más de 200 000 inscritos. Diversos estudios demoscópicos lo situaban como el primer partido del país en intención directa de voto. Sin duda, algo muy difícil de conseguir.

Tanto Podemos como Ciudadanos sacudieron el tablero político nacional e hicieron saltar por los aires el imperfecto sistema bipartidista que venía imperando desde la Transición.  Sin embargo, la supervivencia política en nuestro país es muy difícil. Por eso ahora, cuando se van a cumplir 10 años de su constitución, los podemitas están más cerca de la irrelevancia que de asaltar los cielos. Llegaron con un discurso nuevo, directo y fresco, pero han acabado defraudando a gran parte de los que fueron sus votantes, con modos y maneras calcados de los viejos partidos.

Más acelerada, todavía, fue la descomposición de Ciudadanos que en estos momentos ya está fuera de todas las instituciones, a excepción de un reducido grupo de diputados en el Parlament de Cataluña y un par de eurodiputados que, casi con toda seguridad, no revalidarán sus respectivos escaños en las nuevas legislaturas de esas cámaras.

Ambas organizaciones, ideologías al margen, tuvieron la oportunidad de pactar para entrar en el Gobierno (Podemos en el 2015, Ciudadanos en el 2019), y llevar a la práctica las ideas que defendían para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, tanto a los unos como a los otros, les pudo la ambición desmedida, equivocaron la estrategia y cometieron graves errores de cálculo, obsesionados, como estaban, en dar el sorpasso. Pero las cosas se torcieron y Podemos acabó entrando en el Ejecutivo, en buena medida para salvar los muebles, cuando el partido ya era una sombra de lo que fue. 

Pero la vida sigue y los restos del naufragio de Ciudadanos los han recogido Vox y el PP, mientras que Sumar parece que, de momento, está siendo el reemplazo, más o menos natural de la formación morada. Tendremos ocasión de comprobar la solidez de ese proyecto en las elecciones autonómicas (Galicia y Euskadi) y europeas que se celebrarán en 2024.

Desde hacía tiempo era un secreto a voces que la cúpula de Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hacían caminos cada vez más divergentes.  No obstante, unos y otros supieron hacer de la necesidad virtud y, más por pragmatismo que por coincidencias políticas, concurrieron juntos a las elecciones de julio de este año. Sin embargo, dejar a Podemos sin ninguna cartera ministerial y a sus 5 diputados sin cargos relevantes en el grupo parlamentario ha precipitado los acontecimientos y ha hecho estallar la crisis que, más pronto que tarde, se hubiese producido por cualquier otro desencuentro. 

Ante esa situación, los de Ione Belarra decidieron la semana pasada abandonar la coalición y pasar al grupo mixto. Los podemitas sostienen que así la formación morada ganará visibilidad, algo que habían perdido, dentro de Sumar. Ahora bien, al Gobierno no le quedará otra que abrir un nuevo frente negociador, ahí Podemos tendrá la capacidad de tensar la cuerda en determinados temas, aunque, bien es verdad, que ya han anunciado que ellos no romperán la estabilidad parlamentaria.

De todas formas, de poco le servirá a Podemos ganar visibilidad si, a la vez, se convierte en un aliado fiel del Ejecutivo. Por consiguiente, es razonable pensar que, en más de una ocasión, tensen la cuerda, la pregunta es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Seguramente, la primera prueba de fuego la tendremos en la tramitación de la ley de amnistía, que habrá empezado su andadura parlamentaria este pasado martes. Es una ley orgánica y, por lo tanto, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, se precisa indefectiblemente del concurso de Podemos. Si bien es verdad que, en principio, en este asunto no deberían existir inconvenientes por parte de los de Belarra, dada su conocida posición y su afinidad con los independentistas.

Otra historia pueden ser las negociaciones que se han de llevar a cabo para aprobar los Presupuestos de 2024. Ahí la batalla puede ser agria. Es muy posible que cuando llegue esa oportunidad Podemos quiera marcar perfil propio y convertirse en le defensor incuestionable de los más desfavorecidos y eso pasará por marcar cuantas más diferencias mejor con Sumar. Su objetivo ha de ser que se visualice que son ellos quienes arrancan más concesiones al Gobierno.

Así pues, me permito sugerir que nos carguemos de paciencia y estoicismo porque los rifirrafes van a menudear, por los menos, hasta las elecciones europeas de junio, luego, en función de los resultados las posiciones se pueden modificar o, por el contrario, la batalla puede ser aún más cruenta. Asaltar los cielos ya no es una opción, pero luchar por la supervivencia, aunque sea en el grupo mixto, es una necesidad.

La política, como la vida, tiene estas cosas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 14/12/2023

LA DESFACHATEZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

 

De manera habitual recibimos mucha información, a veces demasiada, Ahora mismo, cuestiones como la guerra en Ucrania, que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano, la compleja negociación para investir a Pedro Sánchez, las opiniones a favor o en contra de la futura Ley de amnistía o la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza, entre otros muchos temas, centran el interés de los medios y acaparan nuestra atención. Eso hace que, en ocasiones, otros asuntos de gran importancia nos pasen desapercibidos.

Es el caso del Informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia española. 18 meses después de que el Congreso se lo encargase, el Defensor del Pueblo presentó, el pasado mes de octubre, un Informe elaborado a partir de una encuesta hecha a más de 8.000 personas y de la cual se deduce que unos 440.000 niños y/o jóvenes fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia de nuestro país.

Resulta que hemos pasado de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia, reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso.

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un giro copernicano tras décadas de hermetismo sobre los abusos, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002; mientras que aquí fueron años de negación y encubrimiento por parte de la Iglesia española. Hasta hace dos años se afirmaba que se conocían “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello. Pero la investigación, sin condicionantes de algunos medios de comunicación, ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Todo eso, ha generado el caldo de cultivo adecuado para que el Defensor del Pueblo pudiese realizar su informe.

En principio, también deberíamos considerar como positivo que la propia Iglesia, por primera vez haya accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis), unas cifras nuevas que son las más altas conocidas hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

Para tratar el affaire con rigor y no faltar a la verdad es justo decir que el discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha ido variando con el tiempo:  la jerarquía eclesiástica ha pasado del negacionismo sin matices a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, dijo en cierta ocasión el actual presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella. En otra ocasión, tras una entrevista en Roma con el Papa, Omella admitió que las publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia. De ahí que, hace unos meses, encargasen a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. Declaraciones que contradicen las pronunciadas, en abril de 2019, por el entonces secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.

En opinión de un alto cargo eclesiástico, a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades [despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Aunque bien es verdad que pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una gran falta de transparencia.

Eran muchos los que habían puesto sus esperanzas en la convocatoria hecha por El Papa, el pasado mes de noviembre, a la CEE al completo. Así pues, unos 80 obispos se desplazaron hasta el Vaticano, convocados oficialmente para tratar el estado de los seminarios en España. Sin embargo, visto el carácter completamente excepcional de la convocatoria y la coincidencia en el tiempo con la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia española, existía la ilusión contenida de que Francisco quisiera sacar el tema a colación. Pero, lamentablemente, esas expectativas fueron solo un espejismo. En ningún momento el Papa puso el problema sobre la mesa. Tampoco se interesó por el informe que la CEE ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Ha sido un diálogo cordial y no un tirón de orejas” (…) “No ha habido ninguna mención a los abusos” (…) “Ni siquiera se ha tocado el asunto de forma colateral…”, resumió el cardenal Juan José Omella, en un encuentro con la prensa llevado a cabo tras concluir el encuentro.

De nuevo, la cúpula eclesiástica se ha puesto de perfil. La desfachatez de la CEE resulta pasmosa y muy preocupante porque más que aportar luz al escabroso problema y buscar soluciones, intentan escurrir el bulto y tirar pelotas fuera. Por eso sería muy interesante que monseñor Omella se lo explicase personalmente a los afectados. A ver ellos que opinan.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/12/2023

LA INFLACIÓN Y EL PODER ADQUISITIVO

Cuando el miércoles, 22 de noviembre, los miembros del Gobierno llegaron al palacio de la Moncloa encontraron sobre la mesa del Consejo de Ministros una carta personalizada del presidente del Ejecutivo. En la misma, Pedro Sánchez les instaba a actuar “con unidad, solvencia y determinación en el afán compartido de contribuir al avance social, la convivencia, la estabilidad institucional y el diálogo entre diferentes”. Y es que nadie ignora que esta legislatura recién inaugurada va ser difícil como pocas. En ese contexto, tan destructivos pueden ser los ataques de los adversarios como el teórico fuego “amigo”.

Con esa realidad como telón de fondo, Sánchez ha querido mandar un mensaje de sensatez y solvencia política y, para eso, nada mejor que poner a trabajar a todo el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales para 2024.

Y es precisamente, en esa iniciativa, donde el presidente del Ejecutivo puede encontrar el impulso necesario para pasar página, dejar atrás el complicado proceso de investidura y encarar aquellas cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a la ciudadanía. Porque resulta que, entre otros impuestos, el IBI subirá sobre un 18% en la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña y la factura del agua un 11,5% en Barcelona y otros municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, ni los salarios ni las pensiones alcanzarán, ni de lejos, esos porcentajes de aumento. Por lo tanto, es evidente que las clases medias y populares van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

Por si eso fuera poco, un informe del Banco Central Europeo alerta de que las medidas de protección, en nuestro país, a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania han resultado insuficientes para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Han sido precisamente esas personas las que más han sufrido el impacto de la inflación. La pérdida de capacidad de compra de ese segmento de la población se sitúa por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la pérdida experimentada por las familias más adineradas, que, incluso, se han beneficiado de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja del IVA o los subsidios a los combustibles.

Dicho de otro modo, las políticas de protección para las más débiles puestas en funcionamiento en nuestro país no tuvieron el efecto reparador deseado. Por consiguiente, es lógico pensar que  la inflación haya incidido en incrementar la desigualdad de la renta en España, uno de los países europeos que, pese a los avances de los últimos años, sigue manteniendo importantes niveles de desigualdad de renta y personas en riesgo de pobreza.

Las políticas de contingencia puestas en práctica por el Gobierno, en línea con política monetaria del Banco Central Europeo, eran necesarias pero han sido insuficientes.  No podemos pasar página y olvidar los negativos efectos distributivos de esta crisis y la necesidad de seguir insistiendo en los apoyos para las personas más vulnerables. Diversos estudios señalan como en nuestra economía, cuando llegan las vacas flacas la desigualdad crece rápidamente, pero, sin embargo, cuando vuelve la bonanza, la recuperación se produce con mucha más lentitud. En estas dos últimas crisis superpuestas (pandemia y guerra de Ucrania), la inflación ha castigado particularmente a los que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido suficientes para mitigar ese efecto.

Con esta situación, como paisaje de fondo, el nuevo Gobierno debería considerar la conveniencia de reexaminar la decisión de retirar todas las medidas de apoyo. Quizá sería conveniente mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la inflación, donde efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis de 2008. Es evidente que nuestra situación fiscal no está para muchas alegrías. No obstante, tenemos, en el marco de esta nueva legislatura, el tiempo suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar al sector público de los recursos necesarios para desarrollar  políticas que beneficien a todos los ciudadanos, pero, en especial, a los más desfavorecidos.

Ese sería el mejor argumento para poder digerir algunas cuestiones que, hasta el momento, han resultado, políticamente, muy indigestas.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíces 30/11/2023

 

AHORA, CATALUÑA

En las últimas semanas, hemos estado tan pendientes de las negociaciones y acuerdos de las fuerzas políticas para investir a Pedro Sánchez que, tal vez, hemos desatendido un poco el flanco informativo catalán y, sin embargo, aquí también han ocurrido cosas. Ahora, con Sánchez de presidente, a todos los efectos, y con el Gobierno renovado es el momento de volver a una cierta normalidad, mientras la situación lo permita. 

Si en el conjunto de España han sido la extrema derecha y la derecha extrema los que han salido a la calle, primero y han provocado altercados, después; aquí, algunos de los independentistas más hiperventilados, aunque no han cortado ni calles ni avenidas, de momento, se han dedicado a hacer declaraciones, intoxicar en las redes y a lanzar manifiestos en contra de los acuerdos del PSOE con las formaciones secesionistas, de forma especial contra los pactos de los socialistas con Junts. Está claro que eso de normalizar la política no va con ellos y les va la marcha.

Es lo que ha hecho Alianza Catalana (AC) que dirige la xenófoba Silvia Orriols, actual alcaldesa de Ripoll. Ese partido considera que los acuerdos para hacer a Sánchez presidente afectan directamente la soberanía y la voluntad del pueblo de Cataluña. Para esa gente, son una claudicación y una traición flagrante al mandato del 1 de octubre. Y consideran que esos pactos no dejan de ser un convenio entre autonomistas catalanes y nacionalistas españoles.

En su hilarante manifiesto, sostienen que los partidos que durante más de una década han dicho representar la voluntad independentista mayoritaria han fracasado y han incumplido todas y cada una de sus promesas, y el pueblo de Cataluña deberá tomar el camino de la más firme determinación para liberar la patria catalana del yugo español y francés. Confieso que tras la lectura de ese esperpéntico documento me tuve que frotar los ojos para asegurarme que no estaba sufriendo una alucinación. Y, en este contexto, me gustaría que alguien me explicase cuales son las diferencias políticas sustanciales entre los firmantes de ese bodrio y los individuos que noche tras noche se han concentrado en la calle Ferraz de Madrid.  

Tampoco se ha andado por las ramas la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En su opinión los pactos son una tomadura de pelo por plantar un acuerdo político al que llaman “histórico”.

Por su parte, la eurodiputada, Clara Ponsatí, según dijo en una reciente entrevista, considera que es un “error“, la estrategia de Puigdemont. "Los que habían mantenido el estándar de resistencia ante la política represiva del Estado con el independentismo, finalmente han pensado que valía la pena dar unos votos para investir a un presidente español", sentenció Ponsatí. Ante este panorama, en su opinión hay que volver a la unilateralidad a través de "nuevas herramientas" para relanzar al movimiento. O dicho en Román paladino: a esta señora en junio de 2024 se le acaba el momio del Parlamento europeo y como adivina que ningún partido la va a querer en sus listas, ya ha empezado a caldear el ambiente para crear una nueva organización independentista que ella podría encabezar en las próximas elecciones al Parlament.

Tiempo al tiempo, pero, en el mundo del independentismo más radical hay mucho desencanto, y eso está generando un caldo de cultivo adecuado para que cuaje alguna nueva formación.

Cuando los acuerdos entre PSOE y Junts empezaron a tener carta de naturaleza, en los ambientes políticos se consideró factible que los de Puigdemont volvieran a la política institucional y, tal vez, se decidieran a ocupar el espacio de centro moderado que con la desaparición de Convergencia quedó huérfano. Sin embargo, parece que a una buena parte de sus votantes les va la marcha y bordear la legalidad. Según el barómetro trimestral del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), hecho público hace muy pocos días, el PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament, ampliando la distancia con ERC, su inmediato seguidor (ahora están empatados a 33). Los socialistas lograrían entre 39 y 45 escaños, frente a los 29 y 34 de los republicanos y los entre 19 y 24 de Junts, que sufre una acentuada caída (tiene 32). La CUP, que cuenta con 9 diputados, podría pasar a entre 4 y 8. Con estos resultados, el independentismo perdería la mayoría absoluta y en el mejor de los casos se situaría, sumando los de Junts, ERC y la CUP, a dos escaños de esa mayoría (todos juntos sumarían entre 52 y 66 escaños cuando el umbral de la mayoría se sitúa en 68). El independentismo suma actualmente 74 diputados. Es decir, a juzgar por esta encuesta, no da la sensación que el mundo independentista esté satisfecho con los acuerdos que han hecho sus dirigentes para investir a Pedro Sánchez como presidente.

Es tanto el clima de crispación que se ha generado con la investidura de Sánchez en el universo independentista que para los hooligans secesionistas Carles Puigdemont ha caído de su pedestal. Hasta el punto que ya hay quien cuestiona su liderazgo y proponen sin tapujos buscarle sustituto.

La nueva situación que generó el 23 J, era impensable hace unos pocos meses. Eso hace que exista la posibilidad de desactivar uno de los asuntos que más inestabilidad provoca en la política de nuestro país, pero, para que esa, es necesario que todos pongan de su parte y es evidente que algunos no están por la labor.    

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 23/11/2023

ESPAÑA NO SE ROMPE

 

Pedro Sánchez ha conseguido la cuadratura del círculo: amarrar 179 votos para ser investido presidente del Gobierno. Cuando hace unas semanas comenzaron las negociaciones ni los más optimistas podían soñar semejante logro. Con la investidura de Sánchez se pondrá de manifiesto que, a día de hoy, el partido socialista es el único que está capacitado para lograr mayorías transversales; a la vez que se hace evidente la soledad de los populares que han decidido unir su futuro al de la extrema derecha. Quizás porque, en realidad, ellos son derecha extrema.

No obstante, los pactos entre el PSOE y los independentistas catalanes, con la amnistía como eje vertebrador, han provocado un tsunami político que ha hecho aumentar la tensión de forma exponencial y eso, está afectando a todo el país.

Sería absurdo negar que un sector considerable de la militancia socialista se siente confundida con los documentos firmados, tanto por su poca claridad como por las concesiones hechas a los independentistas que, en opinión de algunos, son tan innecesarias como, en determinados aspectos, alejados de la realidad.

Es el caso de Felipe González; no hace todavía una semana que la Fundación que lleva su nombre difundió un video a los medios de comunicación, que luego ha corrido profusamente por las redes, en el que el expresidente argumenta de forma muy razonada los motivos que le llevan a estar en contra de la amnistía en particular y de todo el trágala que supone para el socialismo los pactos con Junts y ERC. Pero no solo eso, también lanza algún que otro mensaje a los socios de Sumar.

Tampoco el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que viene siendo beligerante con la amnistía desde que esa posibilidad apareció en el horizonte, se ha mordido la lengua: "Lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a Puigdemont" (…) "Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar porque se haga una relectura de la Constitución Española", se puede decir más alto pero no más claro. .

De todos modos que nadie padezca porque, aunque es cierto que en el PSOE las costuras están tensionadas, el partido ni se va a romper ni van a haber escisiones, cuando llegue el momento y haya que cerrar filas se hará. Sucedió en el año 2000 con la mayoría absoluta del PP de José María Aznar que provocó la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general. Más recientemente, en octubre de 2016, cuando Sánchez fue defenestrado como líder del partido, en un Comité Federal de triste recuerdo. Por consiguiente, estoy convencido de que el socialismo español va a permanecer unido y todos los militantes van a remar en la misma dirección.

No me atrevo a decir lo mismo de lo que pueda suceder en Junts; ahí, la exconsejera de Educación y eurodiputada, Clara Ponsatí, ve en el pacto PSOE con Junts una "humillación" (…) "Que el primer presidente de Cataluña que nos había dicho que no quería saber nada de España pacte para hacer presidente al líder del PSOE es un menosprecio a la gente que había confiado y le había protegido", ha expresado en un artículo en Vilaweb. Ponsatí sabe que esto del parlamento europeo se acaba en junio de 2024, y, tal vez, lo que busca es marcar distancias con Puigdemont e ir preparando el terreno para una nueva formación independentista. El tiempo dirá.

Pero quién está incendiado la calle y poniendo la convivencia a los pies de los caballos es el PP. Lo dijo días atrás Núñez Feijóo con absoluta claridad: “No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar. Está claro que el juego de mayorías y minorías, que es la esencia de los sistemas democráticos, los populares no lo acaban de asimilar y no lo llevan nada bien.  Por eso, han de salir a la calle para soliviantar al personal y generar, de forma totalmente irresponsable, la máxima tensión, algo que llevan haciendo desde que se atisbó la posibilidad de que Sánchez podría seguir en la Moncloa. Así, por ejemplo, el domingo pasado miles de personas se manifestaron convocadas por el Partido Popular en las 52 capitales de provincia de España, contra la amnistía y las negociaciones del PSOE para investir a Pedro Sánchez. Y para redondear el panorama Vox les hace el trabajo sucio, rodeando noche tras noche la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, enfrentándose a la policía, exaltando a Franco, cantando el Cara al sol y tratando a Pedro Sánchez de traidor, dictador y no sé cuántas lindezas más.

El ambiente está tan caldeado, gracias a la derecha extrema y a la extrema derecha que el Consejo General del poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y fiscales e, incluso, un grupo de guardias civiles de altísima graduación han salido públicamente a criticar una ley que ni siquiera ha sido registrada en el Congreso.

Todos esos colectivos, así como aquella parte de la sociedad que niegan el pan y la sal de la democracia a Pedro Sánchez para ser investido, deberían tener muy presente que el voto de un diputado de Junts, de ERC o del PNV es tan legítimo como uno del PSOE, del PP o de VOX, han sido escogidos por escrutinio popular para que nos representen. Por consiguiente, guste o no, todos valen lo mismo.

La derecha puede estar muy tranquila, a pesar de su intransigencia: España no se rompe. La cuestión de fondo es que para ellos que gobierne la izquierda es una anomalía. De ahí que cada vez que el progresismo llega al poder la bronca, por un motivo u otro, está asegurada.      

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 16/11/2023

EL EMBROLLO DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA

Me gustaría ser optimista y ver la botella de la situación política española medio llena. Sin embargo, la veo medio vacía. Lo siento. Me considero un tipo realista y bastante racional pero, lamentablemente, me parece que esto no se aguanta.

Los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas, para la investidura de Pedro Sánchez, me generan inquietud. Y más que la investidura en sí, mis zozobras se centran en las posibilidades de desarrollar la legislatura con normalidad. Ahí la impresión que tengo es que este mandato que empezará en breve va a ser un mandato fallido. Ojalá me equivoque. Si es así, no tendré ningún inconveniente en reconocerlo y, además, alegrarme de mi error.

Voy a obviar la amnistía y las concesiones que el equipo negociador de Pedro Sánchez ha hecho al independentismo. Desde mi punto de vista, demasiadas. Pero no voy a insistir. Lo hecho, hecho está y no hay que darle vueltas. Me preocupa la actitud, en especial de Junts, pero no solo la de ellos. Mucho me temo que, cuando haya que aprobar iniciativas legislativas de calado, y los de Puigdemont y/u otros se sepan decisivos para sacar adelante o no las propuestas del Gobierno, el Ejecutivo tendrá que sudar tinta y hacer concesiones desproporcionadas para que sus proyectos no decaigan.

Cuando Félix Bolaños estaba anunciado el acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para investir a Sánchez, Pere Aragonès comparecía para insistir en el referéndum tras pactar la investidura porque en su opinión la amnistía no cierra el conflicto. Eso es, por lo menos —lo diré suave—, una falta de respeto.

Pero es que se ha filtrado que en la ejecutiva de Junts se ha trazado una estrategia de exigencia constante al PSOE, con el objetivo de no perder protagonismo. Así pues, ante cada necesidad de apoyo que precise el Gobierno, desde Junts plantearán nuevas demandas. Cuestiones como, por ejemplo, la participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales, una silla de Cataluña en la UNESCO o la retirada del estado del Consorcio de la Zona Franca. O sea, el papel de los “juntaires” a lo largo de la legislatura consistirá en obtener transferencias y/o concesiones en cada votación.

No por casualidad, el PNV ya ha filtrado que ellos también van a exigir al traspaso de” Cercanías” para estar a la altura de las circunstancias. Lógico, aquí nadie va a querer quedarse atrás en conseguir concesiones y traspasos del Gobierno central y esto no ha hecho más que empezar.

Pero donde hemos de poner toda la atención es en Cataluña, porque en el origen de todas las exigencias de los partidos independentistas lo que hay es una lucha cainita por la hegemonía en el secesionismo catalán. La verdad es que a ellos la gobernabilidad y estabilidad de España les importa una higa. Lo que buscan es rentabilizar sus negociaciones, ahora con el PSOE y luego con el Ejecutivo para posicionarse de cara a las próximas elecciones al Parlament.

La cuestión es que tanto ERC como Junts empezaron a negociar la investidura de Pedro Sánchez desde posiciones sino opuestas, si diametralmente diferentes. Veamos.

Los republicanos se mantienen en el Govern de la Generalitat, gracias al soporte crítico de los socialistas catalanes y, por consiguiente, les conviene que el socialismo tenga estabilidad en Madrid porque de lo contrario sería muy plausible pensar que Pere Aragonés dejaría de estar respaldado por el PSC y solo con sus 33 diputados, dándole soporte, ya podría ir pensando en convocar elecciones.

Situación casi inversa es la de Junts: fuera del Govern, de la Diputación de Barcelona y sin ningún gran ayuntamiento en su lista de plazas gobernadas, los de Puigdemont han visto en las negociaciones con el PSOE la posibilidad de reengancharse a la rueda institucional y, sobre todo, ganar presencia en los medios. Algo que en la política actual es casi tan necesario como el aire que se respira. Ahora bien, Madrid…, ni fu ni fa, y puestos a escoger más bien fa.

Por eso, el expresident ha tensado tanto la cuerda, pero poniendo mucha atención en varias cuestiones claves: una que no se rompiera, otra, irse preparando un regreso que podría ser en olor de multitudes y otra, quizás la más importante, que sus logros sean mejores y más vistosos que los de ERC. Y todo esto, se puede resumir en un solo objetivo: colocarse en el mejor sitio de la parrilla de salida para cuando llegue la carrera por el sillón de la Generalitat.

Resulta muy lamentable que dos partidos que juntos no llegan ni al 3,50% de los votos tengan la llave de la gobernabilidad de este país, y que sean esas formaciones, gracias a la aritmética parlamentaria, las que vayan a marcar el paso en la próxima legislatura, con el riesgo de que en el momento que se les antoje pueden hacer caer al Gobierno.

Muy distinto sería si en este país tuviésemos una derecha como Dios manda: civilizada, moderna y europea, pero eso es algo inexistente por aquí. Todo lo contrario. La derecha está desatada, llama a arrebato y promueve algaradas para soliviantar al personal a ver si logra en la calle, mediante acciones antidemocráticas, lo que no consiguió en las urnas: colocar a su líder en la Moncloa y acceder a la sala de máquinas del Estado para tener los resortes del poder.

Y esos son los que nos quieren gobernar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notíicies 09/11/2023

 

LA AMNISTÍA, ¿UN MAL MENOR?

 

 

Han pasado ya tres meses desde las elecciones generales del 23 J y seguimos con el Gobierno en funciones. Sin embargo, a tenor de la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado, 28 de octubre, parece que muy pronto va a haber fumata blanca de investidura. 

 

En efecto, Sánchez tomó la palabra en el cónclave socialista para anunciar la concesión de  la amnistía “por los hechos acaecidos en Cataluña en la década pasada”; según el líder del PSOE, el interés de España, la convivencia y evitar la repetición electoral, para no dar una segunda oportunidad a la derecha, son algunos de los motivos que le empujan a tomar esa decisión.

 

Días atrás, PSOE y Sumar firmaron un acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición de la anterior legislatura, No obstante, todos sabemos que se necesita el concurso de otros agentes políticos para que Pedro Sánchez sea investido presidente. En ese contexto, tanto Junts como ERC son fundamentales. El problema es que los independentistas catalanes se saben imprescindibles en las actuales circunstancias y, ante ese estado de cosas, cada día que pasa hacen subir un poco más el precio de sus apoyos.

 

Así, por ejemplo, en opinión de Pere Aragonès, "no estamos avanzando satisfactoriamente en el traspaso de Rodalies", e "independientemente de que se logre un acuerdo para la amnistía", este punto es "fundamental" para lograr el apoyo a la investidura que Pedro Sánchez necesita. Por su parte, Carles Puigdemont ha anunciado que en Junts no han renunciado nunca ni renunciarán a la DUI. Por si todo eso fuese poco, el fin de semana fue Oriol Junqueras el que se descolgó diciendo que la mejora de la financiación es algo incuestionable para dar el soporte a Sánchez.

 

El problema de fondo radica en que el secesionismo no sigue los patrones clásicos de una negociación (todos sabemos que sentarse a una mesa a negociar, a menudo, significa renunciar a una serie de planteamientos para alcanzar unos objetivos que en ese momento se consideran de interés superior). Sin embargo, da la sensación qué el independentismo lo que pretende es imponer sus criterios y que la otra parte acepte, sin más.  Y eso, no es negociar; eso es exigir e imponer.

 

La política actual tiene más de vasos comunicantes que de compartimentos estancos, pero parece que en ERC no lo entienden. Veamos: Es de suponer que los republicanos querrán aprobar los presupuestos para 2024, la pregunta es ¿con quién? Por eso sería razonable que fueran un poco más comedidos, puesto que sus exigencias se pueden desactivar con relativa facilidad.

 

Algo muy distinto es la situación de Junts. Ahora, los de Puigdemont tienen la oportunidad de bajar del monte y abandonar el callejón sin salida en el que se encuentran. Con sus votos, los “juntaires” pueden generar un cambio de paradigma. Deberían ser conscientes de que tienen mucho más a ganar que a perder facilitando la investidura de Pedro Sánchez. Los dirigentes de Junts han de tener la suficiente inteligencia política para tirar de la cuerda, pero sin que se rompa. Los correligionarios de Puigdemont saben que la cuestión de la autodeterminación es una línea roja que el PSOE no va a traspasar. Si se vota algo algún día, será la ratificación o no de un acuerdo previo sobre la evolución del modelo territorial y/o un nuevo Estatut. Así pues, que nadie sueñe entelequias.

 

Sería muy lamentable que la falta de visión de conjunto echase al traste una legislatura que debería ser la de la consolidación de las conquistas sociales. Logros históricos como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones conforme al IPC, subida del salario mínimo, la ley trans y LGTBI, ley de derechos sexuales y reproductivos para garantizar el aborto en la sanidad pública, la ley de familias, la ley de vivienda y un largo etcétera no están garantizados de por vida; existe un riesgo cierto de que sean suprimidos y/o derogados si la derecha llega al poder.

 

De igual manera, en el PSOE se está viviendo una etapa crucial. Es un secreto a voces como está tensionando la amnistía las costuras del partido. No obstante, si la organización logra salir de la confrontación sin demasiados damnificados irrecuperables, el socialismo español tiene la oportunidad de esquivar el laberinto al que le está llevando el PP con su estrategia de confrontación y negación de la pluralidad nacional, porque si el partido entra en ese zafarrancho tiene mucho a perder y muy poco o nada a ganar.

 

Con ese telón de fondo, habrá que ver cuál es el alcance de la amnistía, su justificación jurídica y, también, política. Para algunos, la medida de gracia puede ser un mal menor. Lo siento, pero yo no soy partidario y no tengo empacho en decirlo. Si al fin el acuerdo cristaliza, veremos la evolución de la legislatura. Cruzaremos los dedos para que el nuevo Gobierno de coalición y progresista haga posible seguir mejorando social y económicamente y no le hagan descarrilar en el primer recodo del camino.

 

Desde luego, la situación es sumamente compleja y lo peor es que en el horizonte no se adivinan soluciones, porque, lo más probable, es que, ni con una repetición electoral, pudiéramos salir del bloqueo político en el que estamos inmersos.

 

De todas formas, la foto de Carles Puigdemont con Santos Cerdán en Bruselas es, cuando menos, una desconsideración a los miles y miles de ciudadanos que se mantuvieron impertérritos el nefasto otoño político de 2017. Luego, que nadie se extrañe si en las próximas elecciones al Parlament una parte sustancial de votantes socialistas se queda en casa o, directamente, cambia de opción.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/11/2023

COMO UNA GOTA DE AGUA EN UN OCEANO

 

Con el título “La vivienda: un problema endémico”, publicaba, hace un par de semanas, en este mismo espacio, una columna con la que pretendía denunciar el pasotismo histórico de las administraciones   en un asunto de tanta enjundia como es el lugar de residencia de la ciudadanía.

Por si aquel escrito era poco esclarecedor, me ha parecido oportuno transcribir aquí algunos datos del informe de “La vivienda en la metrópoli de Barcelona 2022”; del Observatorio de la vivienda 2022 (OHB), que se publicó hace pocos días.

Según el mencionado estudio los alquileres han subido en Cataluña, en el último año, sobre un 7,7%, mientras que los ingresos de las personas crecieron entorno al 2,6% en el mismo periodo. Sin embargo, en Barcelona, los alquileres están desbocados y la distancia entre precios de alquiler e ingresos de los arrendatarios es cada vez mayor. Así pues, si en nuestra ciudad las rentas subieron el 2.6% como en el conjunto de la comunidad, el incremento del alquiler se acerca al 12%.    

Casi resulta ocioso decir que familias con pocos ingresos y jóvenes son los más perjudicados por esta situación. En efecto, el informe concluye que la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 no puede acceder a un piso de alquiler de precio medio en más de la mitad de los municipios de Barcelona (132 de los 244 municipios de los que hay datos). “Los precios les machacan, porque el 45% de los jóvenes ocupados en la ciudad tiene ingresos inferiores a 25.000 euros”, alerta la presidenta del OHB, Carme Trilla. Recientemente, el Instituto Metrópoli señalaba un hogar formado por dos adultos y dos menores con unos ingresos por debajo de 24.800 euros, como referencia de los que están en riesgo de pobreza.

Hemos de tener presente que en Barcelona un hogar con esos ingresos debería destinar el 81% de lo que recauda a comprar obra nueva o el 49% a alquilar, cuando se considera que el porcentaje que una familia debe invertir en costear la vivienda no debe superar el 30%, de su renta, si quiere satisfacer las necesidades básicas. Asimismo, el informe apunta que un hogar con unos ingresos anuales de 25.000 euros no podría comprar ni alquilar un piso (destinando un tercio de sus ingresos) en ninguno de los tres ámbitos estudiados: ni Barcelona capital, ni su área metropolitana ni el resto de la provincia.

El informe es demoledor, y para remachar el clavo solo hay que leer la memoria de Cáritas de 2022. Ahí se señala la falta de vivienda digna como uno de los principales problemas para más de dos tercios de las personas que atienden: “Un 67% de las personas atendidas no disponen de una vivienda digna, ya sea porque viven realquilados, en casas de familiares o conocidos, con alquiler sin contrato o han de sobrevivir en un piso compartido”.

Desde luego, el panorama es desesperante. No obstante y sin ánimos de edulcorar la situación parece que en las administraciones empiezan a ser conscientes de la magnitud del problema. Quizás por eso, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) afirma que son 4.700 las viviendas que tiene asignadas a alquiler social en Cataluña, en las que viven en torno a 15.200 personas vulnerables. Se trata de inquilinos que ya residían de forma irregular en viviendas del denominado banco malo que asumió los activos tóxicos del inmobiliario de las cajas de ahorro. Son personas que tenían contratos con las inmobiliarias de las extintas entidades financieras o intermediarios o, incluso, algunos las ocupaban. Para estos, y siempre de la mano de los servicios sociales municipales, la Sareb inició este año un programa para regularizar su situación, ofreciendo alquileres que nunca supere el 30% de los ingresos, que de promedio acostumbran a situarse en los 900 euros. En contrapartida, los inquilinos deben participar en un programa de acompañamiento social y de reinserción laboral.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido traspasar a la Generalitat once solares municipales. El Govern se ha comprometido a construir en esos terrenos 637 viviendas públicas en un máximo de cinco años. La decisión es fruto del acuerdo que alcanzaron Jaume Collboni y Pere Aragonès, en la primera reunión que mantuvieron el pasado julio 

En un primer momento, el pacto incluía la cesión de 27 solares municipales, 14 de los cuales podían estar disponibles a corto plazo (en los que se podrían construir unos 800 pisos) y los 13 restantes a medio plazo (960 pisos). Sin embargo, de momento son 11 los que están a disposición de manera inmediata.

Ciertamente, todo esto puedo parecer algo así como una gota de agua en un océano y es verdad. Además, de poco servirá a aquellos que tienen la imperiosa necesidad de encontrar un cobijo si no quieren dormir al raso las frías noches que ya se adivinan. No obstante, si denunciamos cuando las administraciones son incapaces de encauzar los problemas que una sociedad tan compleja como la nuestra genera, hemos de ser también honestos y explicar cuando nuestros gobernantes dan con la tecla adecuada en este concierto permanente que es la convivencia de decenas y decenas de miles de personas con un mínimo de dignidad. Y eso nunca será posible si no se tiene un lugar decente donde recogerse.

Es evidente que el problema es enorme, pero da la sensación que se empieza a tener conciencia. Y, sin duda, ese es el primer paso para empezar a solucionarlo.

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 26/10/2023

PRIMERO JUSTICIA, LUEGO PERDÓN

Desde la misma noche del 23 J, con los resultados electorales sobre la mesa, se empezó a especular con la posibilidad de una Ley de amnistía, para que los partidos independentistas votasen favorablemente la investidura de Pedro Sánchez. Luego, tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo para ser investido, lo que empezó como una simple hipótesis ha ido tomando carta de naturaleza.

Como no podía ser de otro modo, los medios de comunicación han puesto el foco en la cuestión y no dejan de publicar artículos, columnas y editoriales a favor o en contra de esa posible medida de gracia. Asimismo, una pléyade de expertos jurídicos, en las últimas semanas, se está pronunciado sobre si esa iniciativa será o no constitucional y, claro, ahí las opiniones están divididas

Ante esta situación, entiendo que Pedro Sánchez y su equipo estén haciendo lo posible para que la legislatura no descarrile antes de comenzar y tengamos un gobierno de progreso en los próximos cuatro años.

No obstante, ya estamos viendo que la actitud de los partidos secesionistas tiene muy poco de colaborativa. Gabriel Rufián ya ha dicho que “los votos de ERC hay que sudarlos, que no están por un pacto de legislatura y ni siquiera se comprometen a dar soporte a los próximos presupuestos”. Por su parte, Miriam Noguera, portavoz de Junts, bastante más lacónica, anunció que:” estamos lejos de apoyar a Sánchez si hace lo mismo que hasta ahora” (?). Quizás es que esperan que el Gobierno central ponga un coche descapotable para que Puigdemont entre por la Diagonal repartiendo caramelos y esté todo preparado en la plaza de Sant Jaume para que entre bajo palio en el Palau de la Generalitat.

Tal vez aprobar una Ley de amnistía le dará la presidencia a Pedro Sánchez.  Ahora bien, ¿a qué precio?  ¿Y por cuánto tiempo? Vista la catadura política de algunos socios, nada garantiza que esa iniciativa dé estabilidad a la legislatura. Lo más probable es que otros partidos se apunten al carro y suban el precio de sus votos cada vez que tengan que dar soporte a una propuesta legislativa del Gobierno.   

Pero más allá de eso, que algunos pueden calificar de tacticismo, en esta ocasión, conceder una amnistía a unos personajes, sin que estos asuman sus responsabilidades, y sin que digan de forma clara y contundente que renuncian, sin paliativos, a la unilateralidad y la ilegalidad para defender sus ideas políticas sería una anomalía democrática y, muy probablemente, también, jurídica. Pero, sobre todo, supondría un grave menosprecio hacia aquellos ciudadanos que soportaron con estoicidad las tropelías cometidas en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre de 2017 con la aprobación de unas estrambóticas “leyes de desconexión” a la vez que se derogaban la Constitución y el Estatut y, por consiguiente, se conculcaban derechos.

Por no mencionar el patético espectáculo del 20 de septiembre, del mismo año, cuando una turba que había sido convocada por las redes sociales acosó, durante casi 18 horas, a una comitiva judicial que fue mandatada para registrar unas dependencias de la consejería de Economía y Finanzas, entonces en la Rambla de Cataluña.  Todo ello, al más puro estilo del Far west, con individuos subidos a los coches de la Guardia Civil como en las mejores películas de policías y ladrones.

Pero el día culminante, de toda aquella mascarada, fue el 1 de octubre, que es cuando habían convocado el referéndum ilegal e ilegítimo. ¿Con qué cara se quedaron aquellos que estaban por la legalidad? Por no hablar del día 3 que convocaron una huelga de país (?), y luego, el 27 del mismo mes, la declaración unilateral de independencia. Aunque tampoco deberíamos olvidar los tiempos álgidos del procés. Cuando los ciudadanos que estaban por la legalidad no se callaron y dijeron, por activa o por pasiva, que aquello era un atropello y esa actitud les hizo perder relaciones, amigos e incluso, en algunos casos, sufrieron hostigamiento psíquico y/o físico. Por si alguien lo ha olvidado la mayoría de los lugares públicos y estamentos oficiales estaban engalanados con esteladas, lazos amarillos y/o pancartas de “Llibertat presos polítics” o similares y, si se tenía que acudir allí, había que tragar “normalidad”.

Pues bien, todo eso tiene responsables con nombres y apellidos que, hasta el momento, han sido incapaces de admitir errores o de pedir perdón. Más bien al contrario: no se resignan; y ante esa situación ¿de verdad alguien piensa que hemos de pasar página y qué todas esas trapacerías queden impunes?

Como dice una buena amiga y veterana socialista: “estos que ahora piden ser amnistiados, son los que nos decían que o eras indepe o eras facha”. Con esta situación como paisaje de fondo, lo más lógico, en mi opinión, sería que los Tribunales hiciesen su trabajo y más tarde el Gobierno pusiera en marcha los indultos que considerase adecuados, como sucedió en 2021. O sea, primero justicia y luego perdón.

Y si los procesistas no están de acuerdo, no pasa nada, iremos a nuevas elecciones. Entonces, es posible que tengan que negociar con Feijóo y Abascal: llegado el caso, veremos en que quedarían cuestiones tan sensibles para algunos como hablar catalán en el Congreso o tener grupos parlamentarios propios sin haber alcanzado los mínimos exigidos en el reglamento de la Cámara. Además de otras cuestiones de mucho más calado.

Ciertamente, sería una lástima echar por la borda cosas que han costado tanto conseguir, pero hay situaciones que no dan para más. Y la que estamos viviendo es una de ellas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 19/10/2023