08 d’abril 2017

SIN SOLUCIÓN, DE MOMENTO

Por fin, después de estar varios meses mareando la perdiz, el domingo, 26 de marzo, Susana Díaz hizo pública su candidatura para lidera el Partido Socialista Obrero Español. Según dicen las crónicas la “Sultana” reunió a unas 9.000 personas en el recinto ferial Ifema de Madrid. Allí estaban todos. Los que fueron, los que son y los que quieren ser. Además de los cuatro apóstoles (Felipe, Zapatero, Guerra y Rubalcaba), también estaban Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page o Ximo Puig entre otros muchos. Es decir, el aparato, aparato. Tampoco faltaron viejas glorias como José Bono, Matilde Fernández o Carme Chacón, ésta última, aún en edad de merecer.
De todos modos, quien se llevó el gato al agua -según mi modesto entender-, fue el alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, cuando, actuando como telonero, dijo que “el PSOE es el PSC y el PSC el PSOE”. ¡Madre mía! Este chico aún no se ha enterado de que va la película, por qué si el PSOE es igual al PSC, ¿no teníamos bastante con la Federación catalana del PSOE? ¿A qué venía entonces fundar otro partido? Quizás sólo con la Federación algún que otro disgusto nos hubiéramos ahorrado.
El problema estriba en que Balmón forma parte de la dirección de PSC, y el PSC, por boca de su primer secretario, Miguel Iceta, se comprometió a ser estrictamente neutral en el proceso de elecciones primarias para escoger el nuevo secretario general de los socialistas, y los compromisos siempre es bueno cumplirlos. Claro que lo mismo podría decirse de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, al igual que el alcalde Cornellá integrante de la dirección del partido, cuando da soporte público a Pedro Sánchez.
Por otra parte, sería deseable que los medios de comunicación fueran absolutamente imparciales. No es de recibo que un periódico como EL PAÍS, en su edición del lunes 27 de marzo, dedique dos páginas al acto de Díaz y despache con media página a Sánchez y López respectivamente. Respeto, señores. Respeto.
En cualquier caso, que nadie se equivoque. En mi opinión, ninguno de los tres candidatos tiene la solución a los problemas que el socialismo tiene planteados y le están convirtiendo, poco a poco, en una fuerza política casi residual. Basta echar un vistazo al resto de Europa para contrastar esta afirmación.
Las causas de la debacle socialdemócrata son profundas y complejas y deben buscarse en ámbitos diversos. En estas circunstancias, resulta bastante sencillo constatar que la crisis en la que anda sumido el socialismo español no es demasiado diferente a las crisis que están padeciendo los distintos partidos socialistas europeos.
Entre otras cosas, ocurre que los partidos socialdemócratas han ido rebajando sus planteamientos. Hoy día, parece que el programa máximo de la socialdemocracia consiste en relajar los plazos de los ajustes y reclamar algo de inversión pública.
Se debería explicar que no se trata de prescindir del Estado de bienestar, que tendrá que seguir existiendo, pero habrá que reformarlo para hacerlo más eficiente y sostenible. La desigualdad social es consecuencia de una desigualdad previa en la distribución del poder económico. Por eso, pueden ser necesarias intervenciones para fragmentar el poder financiero (concentrado en unos pocos bancos, sobre todo, ahora, tras la desaparición de las cajas).
Se hace necesario repensar las ideas fuerza de la izquierda reformista. Hay que volver a ilusionar a la sociedad, pero sobre todo a las clases medias y populares, sin dejar fuera a aquellos que sufren desigualdad y marginación. Sólo así se podrá conectar de nuevo con los ciudadanos, lograr que vuelvan a participar y recuperar su confianza.
Si a partir de ahí se construye un proyecto sólido y acto seguido un programa aplicable que ilusione, el líder surgirá por añadidura.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 30/03/17

09 de març 2017

VIA CRUCIS SOBERANISTA

Han pasado doce años desde que Pasqual Maragall denunciara, en sede parlamentaria, el 3% de las supuestas mordidas de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), por otorgar obra pública.
Entonces, muchos, entre ellos Artur Mas, calificaron aquello de una Maragallada sin fundamento. El propio Mas instó a Maragall a que se retractara de su acusación so pena de enviar a “hacer puñetas” el proceso del nuevo Estatuto que en aquellos tiempos estaba en plena elaboración. Después, Artur Mas siempre han negado, tanto fuera como en el mismo Parlament, cualquier irregularidad en la financiación de su partido, Convergencia Democrática de Cataluña.
Sin embargo, el hecho cierto es que desde hace un tiempo los registros a las sedes de Convergencia, empresas de presuntos colaboradores, así como las detenciones de los hombres que manejaban los dineros de CDC y de empresarios sospechosos de ejercer de proveedores económicos de forma ilícita del nacionalismo, viene a ser algo así como el pan nuestro de casi cada día. En consecuencia, aquella afirmación del exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat, ha acabado siendo una realidad, aceptada por todo el mundo…, bien, por todo el mundo, menos por los nacionalistas, claro.
Según Josep Bosch, magistrado de El Vendrell que investiga la presunta trama de financiación irregular de CDC, el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, esto suponía una “parte esencial de los ingresos de Convergencia”.
En opinión del juez, el tesorero de CDC Andreu Viloca es uno de los impulsores de la trama. Este individuo ha resultado ser mucho más que un simple responsable de finanzas. Era la “clave de bóveda” de un “sistema” organizado para “facilitar la adjudicación de obras públicas a las empresas donantes”, sostiene el magistrado. Viloca era el responsable de hacer gestiones y mediaciones con organismos públicos y llevaba un férreo control de los concursos licitados en ayuntamientos, diputaciones y diversos organismos gobernados por CDC. Funciones “totalmente ajenas a sus ámbitos de actuación como tesorero”. Las donaciones de las constructoras servían para “catalizar a modo de recompensa, la concesión de determinadas obras públicas”, razona Josep Bosch en un auto de octubre de 2015.
Pues bien, por si todo esto fuera poco, ahora, tras ocho años de tortuosa instrucción de la causa, ha llegado, por fin, la vista oral del caso Palau.
Para empezar, la defensa de CDC decidió renunciar a la declaración de treinta y seis testigos, la mayoría de ellos dirigentes históricos del partido. De esa forma se h querido evitar su exposición pública. Entre los mismos había pesos muy pesados como Pere Macias o Felip Puig, ambos consejeros de Política Territorial y Obras Públicas en diferentes Gobiernos de Jordi Pujol. De ellos se esperaba que acreditasen que las adjudicaciones de los Ejecutivos nacionalistas de la Generalitat cumplieron escrupulosamente con la Ley. Sin embargo, las declaraciones de Félix Millet y los Monttull (padre e hija), han cambiado el panorama de forma radical.
En efecto, Fèlix Millet, por fin, ha tirado de la manta. Y con toda rotundidad ha declarado que “el Palau de la Música recibía dinero en metálico de Ferrovial”, que luego él se encargaba de que llegara a la dirección de CDC.
Esos pagos eran una compensación a cambio de contratas de obra pública que concedía la Generalitat o los ayuntamientos gobernados por CDC a la empresa de la familia Del Pino. La mordida era del 4% del valor de la obra: 2,5% para CDC y el 1,5% restante para el propio Millet y su segundo, Jordi Montull.
Por su parte, Gemma Montull no ha dudado en calificar de “práctica habitual” el trasiego de dineros a CDC, el Palau mediante. Asimismo, ha señalado a Millet como máximo controlador de los movimientos económicos en la oscuridad.
Con estas declaraciones se pone en evidencia que Mas mentía cuando negaba que Convergencia se financiaba de forma irregular. Y de nada sirve que alegue ignorancia porque él era líder de su partido cuando éste recibía dinero de Ferrovial a cambio de obra pública, con Félix Millet como porteador de las mordidas y, por consiguiente, debe asumir todas sus responsabilidades políticas que visto lo visto ni son pocas ni son menores.
Además, en estas circunstancias, por mucho que la portavoz de PDCAT, Marta Pascal, afirme que la dirección “sólo se ocupa de las cosas que ocupan al Partido Demócrata”, no es menos cierto que su organización es heredera política directa de la antigua Convergencia. Así, por ejemplo, conviene recordar aquí qué Artur Mas fue presidente de CDC y ahora lo es del PDCAT. De igual manera, nombres destacados del ámbito político que ayer militaban en la vieja Convergencia, hoy lo hacen en el nuevo Partido Demócrata.
En definitiva, todos tenemos nuestra historia, con sus luces y sus sombras y debemos llevar la mochila a nuestras espaldas y las organizaciones políticas no son una excepción. Por tanto, a juzgar por los acontecimientos, a los nacionalistas catalanes les ha llegado el momento de rendir cuentas no solamente a la judicatura, que sí; sino a la ciudadanía y que asuman sus responsabilidades que ya va siendo hora. Y ahora sí que toca.

Bernardo Fernández
Publicado en e-noticies.cat 09/03/17


16 de febrer 2017

EL DÍA SIGUIENTE

Por si había alguna duda, en la clausura del Congreso del PP celebrado días atrás, Mariano Rajoy fue meridianamente claro al hablar de Cataluña: “nunca permitiré la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España”, dijo. No obstante, a renglón seguido, Sergi Sebrià, Portavoz de ERC, en una entrevista en un prestigioso medio de comunicación, manifestaba: “la decisión que salga de las urnas se ejecutará enseguida. Si gana el sí proclamaremos la independencia al día siguiente.
Pues bien, imaginemos que por alguna razón que desconocemos el Gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan un referéndum legal y vinculante sobre la independencia de Cataluña. Sigamos imaginando y supongamos que se celebra esa consulta y gana el sí. ¿Qué sucederá el día siguiente? Pues para muchos será un día de gran júbilo, para otros uno de los días más negros de su existencia y para el resto ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, más allá de la esfera privada de los sentimientos de cada cual que es personal e intransferible, la realidad es que las autoridades catalanas deberán gestionar una economía debilitada, por las más que segura fuga de empresas, regular la banca, sostener el ya maltrecho Estado del bienestar, pagar los más de 75.000 millones de euros de deuda que arrastramos y asumir la deuda que nos corresponda como parte del Estado que se abandona. Al mismo tiempo, habrá que solicitar a la ONU que nos reconozca como Nación y abrir unas complicadas negociaciones con la UE para que nos acojan lo más pronto posible. Además, de forma simultánea, alguien tendrá que gestionar la red eléctrica o solicitar un prefijo para las llamadas internacionales. Por si todo eso fuera poco, las autoridades del nuevo Estado se deberán esmerar en poner rápidamente en funcionamiento un servicio de inteligencia para proteger a los ciudadanos de posibles atentados terroristas. Todo eso, entre otros asuntos no menores que irían desde cómo pagar las pensiones o que modelo de Seguridad Social se pondría en marcha, así como un largo etcétera de temas que dan sentido y razón de ser a un Estado.
En cambio, si en esa hipotética consulta ganase el no o, simplemente, no se llegara a realizar (que es lo más probable,) la mayoría de las cuestiones mencionadas estarían solventadas, en vías de solución o en el peor de los casos serían responsabilidad de otra administración. Así la administración autonómica podría dedicarse en cuerpo y alma a aquellos asuntos que le son propios y que básicamente y en esencia son: el bienestar de la ciudadanía y todo lo relacionado con una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Algo que, por cierto, ha quedado olvidado desde que se decidió iniciar el viaje a Ítaca; pues como se ha demostrado reiteradamente, entre la cuestión nacional y la cuestión social siempre prevalece el hecho identitario.
Por otra parte, es evidente que, por mucho que nacionalistas de uno y otro lado se empeñen en plantear la estatalidad como un fin, en realidad no deja de ser un medio, y en un mundo cada vez más globalizado y de soberanías compartidas querer desgajar una parte de un Estado, no deja de ser un grave anacronismo. Los independentistas catalanes lo saben, igual que saben que en Cataluña ni a corto ni a medio plazo se va a celebrar un referéndum sobre la independencia, ni ésta se va a separar de España. Otra cosa es que, algo que empezó para plantar cara al Gobierno central (recordemos aquí la mayoría absoluta de Rajoy obtenida en 2011), cuando éste se negó a hablar sobre la financiación, ha acabado convirtiéndose, primero en un dogma de fe y, después, en el modus vivendi de un grupo de vividores políticos que saben que cuando esto se acabe a ellos se les acaba el cuento, la nómina y el coche oficial. Pero, mientras, que no decaiga la fiesta.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 14/02/17
 


05 de febrer 2017

CLAUSULAS SUELO, SI, PERO NO

El pasado mes de julio el abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.
De hecho, El Tribunal Supremo (TS) ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.
Ahora, por fin, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde 2013, como falló el TS.
Eso ha hecho que el Gobierno pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar los afectados.
La sentencia del TJUE pone en entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos; minusvalorando al débil, los hipotecados.
Bienvenido sea el mencionado mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía, “solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para llegar a acuerdos”.
Este Real Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas”. Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los usuarios de España.

Por consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean obligados a ir a los juzgados para salvaguardar sus legítimos intereses. Sin embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 02/02/17

BUSCANDO UN LÍDER

La historia reciente del socialismo español es un cúmulo de despropósitos, decisiones desafortunadas y egocentrismos políticos.
De hecho, la cosa viene de lejos. Hace ya mucho tiempo que el PSOE pierde adeptos elección tras elección. Su nicho de votos es cada vez más reducido y la desconexión con las clases medias urbanas, profesionales liberales y los jóvenes es una realidad. El votante, tipo, socialista es de edad avanzada y residente, de forma muy mayoritaria, en el medio rural.
De todos modos, el gran descalabro se empezó a fraguar aquella fatídica noche del 10 de mayo de 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero hincó la rodilla ante las exigencias de los Mercados con la aquiescencia de Ángela Merkel.
Fue a partir de ahí cuando los socialistas empezaron la caída libre. Así, ante la renuncia de Rodríguez Zapatero a repetir como candidato a ocupar La Moncloa, el Comité Federal del PSOE, propuso a Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la presidencia del gobierno para las elecciones que se celebrarían en noviembre de 2011.
Tras la derrota en esas elecciones generales, Rubalcaba presentó su candidatura a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español en un Congreso celebrado en Sevilla. De ese modo, se convirtió en el nuevo secretario general socialista tras vencer por 22 votos a la candidatura liderada por Carme Chacón.
Tras el mencionado Conclave la organización quedó fracturada y convertida en un reino de taifas. La falta de un horizonte compartido mínimamente esperanzador, dio como resultado que cada cual se ocupara de su jardín sin preocuparse del huerto del vecino, es decir, sin tener un proyecto común.
En 2014, después de los malos resultados cosechados por el PSOE en los comicios europeos, Rubalcaba abandonó el cargo de secretario general y renunció a su acta de diputado en el Congreso 
A renglón seguido y casi contra todo pronóstico Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias y se convirtió en el nuevo secretario general de los socialistas, escogido por primera vez por todos los militantes. Eso hizo que un halo de esperanza iluminara a los alicaídos seguidores de Pablo Iglesias Posé. Sin embargo, ya se sabe que la alegría dura poco en casa del pobre y con las elecciones generales de diciembre de 2105, los socialistas volvieron a la cruda realidad. Obtuvieron los peores resultados de su historia en democracia. Resultados que aún serían peores en los comicios generales que se llevaron a cabo en junio de 2016.
En todo ese tiempo, se fueron poniendo de manifiesto tanto las carencias de Sánchez para dirigir a su organización por las procelosas aguas de la política actual, como los graves problemas internos que atenazaban al PSOE, hasta convertirlo en un partido quebrado, incapaz de hacer llegar un mensaje creíble a la ciudadanía.
La crisis estalló en septiembre de 2106, cuando 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron en bloque su dimisión para forzar, de ese modo, su disolución, y lograr así la renuncia de Pedro Sánchez. El 1 de octubre, tras rechazar el Comité Federal la propuesta de Sánchez de convocar un Congreso, éste presentó su dimisión como secretario general del PSOE dando así paso a la formación de la gestora que reclamaban sus críticos. Pocos días después, Sánchez entregaba su acta de diputado, dejando vacante su escaño horas antes de la votación de investidura de Mariano Rajoy.
Ahora, tras unos meses de evidente zozobra, parece que el partido vuelve a tener algo de pulso. En esas circunstancias, la comisión gestora ha nombrado un equipo para que redacte un programa y ha convocado un Congreso para el próximo mes de junio.
Ciertamente, eso está bien, aunque no son papeles lo que más necesitan, en estos momentos ni los militantes ni los votantes socialistas.
Lo que hoy precisa el socialismo español es un liderazgo potente que conecte con la sociedad, unas caras que sirvan de referencia y que estén dispuestas a hacerse con el poder y echar a los populares, no sé si a la papelera de la historia, pero sí a que los castiguen al rincón de pensar por lo mal que lo hicieron y el perjuicio que nos causaron cuando tenían mayoría absoluta.
Veremos si alguien capaz, primero, de convencer a los suyos y, después, componer un equipo que subyugue, en términos políticos a una mayoría social suficiente.
Desde luego, por el bien de todos, falta hace.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies. cat 30/01/17


13 de gener 2017

ECHAR EL RESTO

Los secesionistas catalanes saben que el tiempo se les acaba. Parece sorprendente, pero ellos solos se pusieron la soga al cuello al pronosticar que en 18 meses Cataluña sería independiente. En junio se cumplirá ese plazo y, a juzgar por cómo están las cosas, no es descabellado pronosticar qué de independencia, nada de nada.
Por eso, es de esperar que en estos meses que quedan hasta el verano, los independentistas echen el resto para forzar al máximo la situación. También es verdad que no ayuda a serenar los ánimos la judicialización de la política que se está haciendo desde el Estado.
Llegados a este punto, sería deseable que todas aquellas fuerzas, tanto políticas como sociales, que no están por la secesión redoblaran esfuerzos para poner de manifiesto las falacias con las que nos quieren embaucar. No debemos perder de vista que los interesados en ruptura, si alguna virtud tienen es la de la perseverancia, y, por consiguiente, utilizarán todo cuanto esté en su mano para cantar y contar las supuestas bondades de la secesión
Para la política catalana, el año 2016 ha sido convulso e intenso. Este nuevo 2017, se presenta con más dudas que certezas, si bien todo parece indicar que el conflicto irá in crescendo. En esas circunstancias, está por ver quién da su brazo a torcer.
De hecho, para muchos el margen de maniobra es de tres meses.  Después de ese tiempo, casi 400 cargos electos independentistas deberán desfilar por los juzgados acusados de diversos actos de desobediencia relacionados con el proceso independentista. Por eso, entre los secesionistas menudea la opinión de que una vez iniciado ese calvario judicial el diálogo será, definitivamente, imposible.
Desde luego, sea cual sea el final de toda esta historia, es incuestionable que el proceso secesionista ha fragmentado la situación política en Cataluña, está fracturando la cohesión social, y empiezan a aflorar riesgos tanto para la convivencia como para la economía.
Sería absurdo negar que la independencia es una opción legítima. De hecho, así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida tiempo atrás. Ahora bien, no tiene en la sociedad catalana el arraigo suficiente para hacerla realidad. Si para reformar el Estatut hacen falta 2/3 de los diputados del Parlament de Cataluña, carece de lógica que con una mayoría simple se quiera proclamar la independencia. Es evidente que nadie daría validez a ese sin sentido. Pero es que además se situaría a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.
Para los secesionistas la independencia es un bien superior, sean cuales sean sus costes. Nada que objetar. Sin embargo, no todos los catalanes somos de la misma opinión. En consecuencia, los dirigentes que propugnan esa salida como solución a todos nuestros males, tienen la obligación de explicar a la ciudadanía, con pelos y señales, los costes y beneficios que deberíamos asumir de triunfar esa opción.
Así por ejemplo, según Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso, tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.
Suponiendo –que ya es suponer- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia) (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Por otra parte, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.
Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores.  Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.
Justo es decir que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tienen una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.
El Centro de Predicción Económica, financiado, por siete comunidades autónomas, hizo público un informe en julio de 2015, según el cual Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar qué con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? O ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40.000 millones de personas qué es España?
En definitiva, se podría hacer una lista mucho más larga y exhaustiva de las falsedades utilizadas por los independentistas para llevar el agua a su molino. Pero considero que lo expuesto aquí es suficiente para calibrar la magnitud de la cuestión y tomar conciencia de lo que está en juego.
Por eso y porque en pocos meses nos jugamos mucho, es necesario que los líderes de opinión, políticos o no, que me consta contemplan con estupor el proceso, se desperecen y salgan a la palestra a decir en público, lo que dicen en privado.
Es el momento de contraponer a la demagogia y a la falsedad, el razonamiento coherente, la lógica y la verdad argumentada. Ahora,  les toca, también, echar el resto a los que no creen en entelequias. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 13/01/17



22 de desembre 2016

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Me ha sorprendido gratamente el cambio de talante con que el Gobierno del PP está afrontando algunas cuestiones en este inicio de legislatura. Cambio, sin duda alguna, motivado por la nueva correlación de fuerzas existente en el Congreso de los diputados. Cierto. Pero, cambio al fin. Con el tiempo y el devenir de los acontecimientos sabremos si ese movimiento es sincero o, simplemente, un postureo.
Parece que los populares han decidido hacer de la necesidad virtud. Por eso, me ha generado un moderado optimismo la voluntad de dialogo mostrada por la Vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, así como el nombramiento de Enric Millo, como Delegado del Gobierno en Cataluña.
Conocí a Millo siento portavoz adjunto de Unió en el parlamento catalán, y puedo dar fe de su afabilidad, capacidad de dialogo y voluntad para llegar a acuerdos.
Frente a esa predisposición, sorprende la actitud del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pide dialogo con “la condición de que no haya condiciones” y, simultáneamente, exige “bilateralidad” porque “el pueblo catalán se lo ha ganado”. Sin comentarios.
No le falta razón al delegado del Gobierno cuando sostiene que hay cosas que deben negociarse directamente entre el Gobierno central y el catalán, mientras que otros asuntos es mejor tratarlos en comisiones multilaterales. Y eso es, justamente, lo que hizo el Vicepresidente, Junqueras, asistiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado recientemente. Sin embargo, Puigdemont se niega a asistir a la conferencia de Presidentes autonómicos convocada para el próximo 17 de enero. Sin duda, evidente disparidad de talantes.
Ciertamente, no ayudarán los desaires ni una pretendida superioridad moral a desencallar el conflicto. Pero tampoco, la judicialización de la política, sacralizar las normas establecidas y el menosprecio al otro, son factores para el entendimiento.
Pues bien, con este panorama de fondo, algunos opinan que la oferta de dialogo, hecha por el Gobierno para encauzar el “problema catalán”, llega tarde y, además, es insuficiente. Es posible, pero, en cualquier caso, siempre es preferible el dialogo, aunque sea raquítico, la negociación y el pacto a la algarada en la calle, la falta de respeto a los símbolos institucionales y al desprecio a la legalidad que es lo que sucede cuando la gobernabilidad de un país se confía a los antisistema.
Ha llegado el momento de decidir: o dialogo o desastre. No hay mucho más.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 21/12/16 

02 de desembre 2016

MARTINGALA PRESUPUESTARIA

Días atrás el Vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, presentó, a bombo y platillo los presupuestos para 2017.  Justo es decir que son unas cuentas que contemplan un gasto considerable en cuestiones sociales. En concreto se destinarán unos 1.700 millones más de euros que en 2015 a esas partidas. De hecho, un 74% del total del presupuesto tiene como objetivo materias como la sanidad, la educación u otros servicios de índole similar.
En esa presentación Junqueras anunció que su prioridad era la recuperación del gasto social. Eso está bien. No obstante, hay que observar que esas cuentas no revierten la batería de recortes que en 2010 puso en marcha Artur Mas. En conjunto el gasto previsto para 2017, si se aprueban estas cifras, será un 11,7% inferior a los últimos presupuestos del tripartito 2010, comandado entonces por los socialistas.
En aquel año las partidas sociales del Gobierno de la Generalitat sumaron 19.129 millones de euros, mientras que para el próximo ejercicio la inversión prevista es de 16.883.
De todos modos, los recortes siguen siendo el denominador común de todas las partidas. Así, por ejemplo, en sanidad se está en un 10,50% menos de inversión que en 2010, si echamos un vistazo a educación la diferencia es de 9,9% menos respecto al último presupuesto del Gobierno de José Montilla, un 11,7% en promoción social y la friolera de un 44% menos en vivienda.
En cualquier caso, la partida que ha soportado un mayor varapalo ha sido la destinada a reducir las listas de espera. Se ha recortado ni más ni menos que 51 millones de euros. Ahí es nada. Y eso, que Junts pel Sí y los antisistema de la CUP habían pactado un plan de choque según el cual el Departamento de Sanidad dispondría de 96 millones de euros, para reducir las larguísimas listas de espera existentes en Cataluña desde que Artur Mas empezó a ejercer de Manos tijeras.
Con este panorama de fondo, a los anticapitalistas les faltó tempo para anunciar que estos presupuestos, no eran sus presupuestos. Si bien los cuperos celebraron que se haya incluido una partida específica para el hipotético referéndum. A su vez lamentaron que no se haya querido ir más allá en la carga impositiva a las fortunas más elevadas. En consecuencia, esperan que en el trámite parlamentario sus aspiraciones se vean reflejadas, de un modo u otro, cuando, por allá el mes de febrero, se aprueben las cuentas.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios ya ha anunciado iniciativas diversas, que van desde las clásicas enmiendas a la totalidad, hasta impugnaciones o peticiones para que la mesa reconsidere la admisión a trámite de la ley, dado que algunas partidas incumplen la resolución del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, los letrados del Parlamento ya advirtieron que, si las cuentas vulneran lo previsto por el TC, no podrían tramitarse.
En definitiva, con este panorama de fondo, no sería de extrañar que después de esta martingala presupuestaria que venimos soportando desde los primeros meses del verano -que fue cuando la CUP se negó a dar su plácet para que las cuentas de 2016 se tramitaran en sede parlamentaria-, ahora nos encontremos que estos presupuestos son recurridos ante el Constitucional, y los ciudadanos de a pie nos quedemos otra vez sin presupuestos.
Desde luego, no sería el fin del mundo, pero la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros, dispondrían, nuevamente, de menos recursos. En consecuencia, eso equivaldría a un nuevo atentado al Estado del bienestar y de esos hemos sufrido ya unos cuantos. Y todo por la obcecación de unos irresponsables empeñados en practicar lo impracticable.
¿Hasta cuándo estos descerebrados abusaran de nuestra paciencia? Que diría un clásico.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 02/12/16