16 de febrer 2017

EL DÍA SIGUIENTE

Por si había alguna duda, en la clausura del Congreso del PP celebrado días atrás, Mariano Rajoy fue meridianamente claro al hablar de Cataluña: “nunca permitiré la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España”, dijo. No obstante, a renglón seguido, Sergi Sebrià, Portavoz de ERC, en una entrevista en un prestigioso medio de comunicación, manifestaba: “la decisión que salga de las urnas se ejecutará enseguida. Si gana el sí proclamaremos la independencia al día siguiente.
Pues bien, imaginemos que por alguna razón que desconocemos el Gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan un referéndum legal y vinculante sobre la independencia de Cataluña. Sigamos imaginando y supongamos que se celebra esa consulta y gana el sí. ¿Qué sucederá el día siguiente? Pues para muchos será un día de gran júbilo, para otros uno de los días más negros de su existencia y para el resto ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, más allá de la esfera privada de los sentimientos de cada cual que es personal e intransferible, la realidad es que las autoridades catalanas deberán gestionar una economía debilitada, por las más que segura fuga de empresas, regular la banca, sostener el ya maltrecho Estado del bienestar, pagar los más de 75.000 millones de euros de deuda que arrastramos y asumir la deuda que nos corresponda como parte del Estado que se abandona. Al mismo tiempo, habrá que solicitar a la ONU que nos reconozca como Nación y abrir unas complicadas negociaciones con la UE para que nos acojan lo más pronto posible. Además, de forma simultánea, alguien tendrá que gestionar la red eléctrica o solicitar un prefijo para las llamadas internacionales. Por si todo eso fuera poco, las autoridades del nuevo Estado se deberán esmerar en poner rápidamente en funcionamiento un servicio de inteligencia para proteger a los ciudadanos de posibles atentados terroristas. Todo eso, entre otros asuntos no menores que irían desde cómo pagar las pensiones o que modelo de Seguridad Social se pondría en marcha, así como un largo etcétera de temas que dan sentido y razón de ser a un Estado.
En cambio, si en esa hipotética consulta ganase el no o, simplemente, no se llegara a realizar (que es lo más probable,) la mayoría de las cuestiones mencionadas estarían solventadas, en vías de solución o en el peor de los casos serían responsabilidad de otra administración. Así la administración autonómica podría dedicarse en cuerpo y alma a aquellos asuntos que le son propios y que básicamente y en esencia son: el bienestar de la ciudadanía y todo lo relacionado con una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Algo que, por cierto, ha quedado olvidado desde que se decidió iniciar el viaje a Ítaca; pues como se ha demostrado reiteradamente, entre la cuestión nacional y la cuestión social siempre prevalece el hecho identitario.
Por otra parte, es evidente que, por mucho que nacionalistas de uno y otro lado se empeñen en plantear la estatalidad como un fin, en realidad no deja de ser un medio, y en un mundo cada vez más globalizado y de soberanías compartidas querer desgajar una parte de un Estado, no deja de ser un grave anacronismo. Los independentistas catalanes lo saben, igual que saben que en Cataluña ni a corto ni a medio plazo se va a celebrar un referéndum sobre la independencia, ni ésta se va a separar de España. Otra cosa es que, algo que empezó para plantar cara al Gobierno central (recordemos aquí la mayoría absoluta de Rajoy obtenida en 2011), cuando éste se negó a hablar sobre la financiación, ha acabado convirtiéndose, primero en un dogma de fe y, después, en el modus vivendi de un grupo de vividores políticos que saben que cuando esto se acabe a ellos se les acaba el cuento, la nómina y el coche oficial. Pero, mientras, que no decaiga la fiesta.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 14/02/17
 


05 de febrer 2017

CLAUSULAS SUELO, SI, PERO NO

El pasado mes de julio el abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.
De hecho, El Tribunal Supremo (TS) ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.
Ahora, por fin, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde 2013, como falló el TS.
Eso ha hecho que el Gobierno pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar los afectados.
La sentencia del TJUE pone en entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos; minusvalorando al débil, los hipotecados.
Bienvenido sea el mencionado mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía, “solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para llegar a acuerdos”.
Este Real Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas”. Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los usuarios de España.

Por consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean obligados a ir a los juzgados para salvaguardar sus legítimos intereses. Sin embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 02/02/17

BUSCANDO UN LÍDER

La historia reciente del socialismo español es un cúmulo de despropósitos, decisiones desafortunadas y egocentrismos políticos.
De hecho, la cosa viene de lejos. Hace ya mucho tiempo que el PSOE pierde adeptos elección tras elección. Su nicho de votos es cada vez más reducido y la desconexión con las clases medias urbanas, profesionales liberales y los jóvenes es una realidad. El votante, tipo, socialista es de edad avanzada y residente, de forma muy mayoritaria, en el medio rural.
De todos modos, el gran descalabro se empezó a fraguar aquella fatídica noche del 10 de mayo de 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero hincó la rodilla ante las exigencias de los Mercados con la aquiescencia de Ángela Merkel.
Fue a partir de ahí cuando los socialistas empezaron la caída libre. Así, ante la renuncia de Rodríguez Zapatero a repetir como candidato a ocupar La Moncloa, el Comité Federal del PSOE, propuso a Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la presidencia del gobierno para las elecciones que se celebrarían en noviembre de 2011.
Tras la derrota en esas elecciones generales, Rubalcaba presentó su candidatura a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español en un Congreso celebrado en Sevilla. De ese modo, se convirtió en el nuevo secretario general socialista tras vencer por 22 votos a la candidatura liderada por Carme Chacón.
Tras el mencionado Conclave la organización quedó fracturada y convertida en un reino de taifas. La falta de un horizonte compartido mínimamente esperanzador, dio como resultado que cada cual se ocupara de su jardín sin preocuparse del huerto del vecino, es decir, sin tener un proyecto común.
En 2014, después de los malos resultados cosechados por el PSOE en los comicios europeos, Rubalcaba abandonó el cargo de secretario general y renunció a su acta de diputado en el Congreso 
A renglón seguido y casi contra todo pronóstico Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias y se convirtió en el nuevo secretario general de los socialistas, escogido por primera vez por todos los militantes. Eso hizo que un halo de esperanza iluminara a los alicaídos seguidores de Pablo Iglesias Posé. Sin embargo, ya se sabe que la alegría dura poco en casa del pobre y con las elecciones generales de diciembre de 2105, los socialistas volvieron a la cruda realidad. Obtuvieron los peores resultados de su historia en democracia. Resultados que aún serían peores en los comicios generales que se llevaron a cabo en junio de 2016.
En todo ese tiempo, se fueron poniendo de manifiesto tanto las carencias de Sánchez para dirigir a su organización por las procelosas aguas de la política actual, como los graves problemas internos que atenazaban al PSOE, hasta convertirlo en un partido quebrado, incapaz de hacer llegar un mensaje creíble a la ciudadanía.
La crisis estalló en septiembre de 2106, cuando 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron en bloque su dimisión para forzar, de ese modo, su disolución, y lograr así la renuncia de Pedro Sánchez. El 1 de octubre, tras rechazar el Comité Federal la propuesta de Sánchez de convocar un Congreso, éste presentó su dimisión como secretario general del PSOE dando así paso a la formación de la gestora que reclamaban sus críticos. Pocos días después, Sánchez entregaba su acta de diputado, dejando vacante su escaño horas antes de la votación de investidura de Mariano Rajoy.
Ahora, tras unos meses de evidente zozobra, parece que el partido vuelve a tener algo de pulso. En esas circunstancias, la comisión gestora ha nombrado un equipo para que redacte un programa y ha convocado un Congreso para el próximo mes de junio.
Ciertamente, eso está bien, aunque no son papeles lo que más necesitan, en estos momentos ni los militantes ni los votantes socialistas.
Lo que hoy precisa el socialismo español es un liderazgo potente que conecte con la sociedad, unas caras que sirvan de referencia y que estén dispuestas a hacerse con el poder y echar a los populares, no sé si a la papelera de la historia, pero sí a que los castiguen al rincón de pensar por lo mal que lo hicieron y el perjuicio que nos causaron cuando tenían mayoría absoluta.
Veremos si alguien capaz, primero, de convencer a los suyos y, después, componer un equipo que subyugue, en términos políticos a una mayoría social suficiente.
Desde luego, por el bien de todos, falta hace.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies. cat 30/01/17


13 de gener 2017

ECHAR EL RESTO

Los secesionistas catalanes saben que el tiempo se les acaba. Parece sorprendente, pero ellos solos se pusieron la soga al cuello al pronosticar que en 18 meses Cataluña sería independiente. En junio se cumplirá ese plazo y, a juzgar por cómo están las cosas, no es descabellado pronosticar qué de independencia, nada de nada.
Por eso, es de esperar que en estos meses que quedan hasta el verano, los independentistas echen el resto para forzar al máximo la situación. También es verdad que no ayuda a serenar los ánimos la judicialización de la política que se está haciendo desde el Estado.
Llegados a este punto, sería deseable que todas aquellas fuerzas, tanto políticas como sociales, que no están por la secesión redoblaran esfuerzos para poner de manifiesto las falacias con las que nos quieren embaucar. No debemos perder de vista que los interesados en ruptura, si alguna virtud tienen es la de la perseverancia, y, por consiguiente, utilizarán todo cuanto esté en su mano para cantar y contar las supuestas bondades de la secesión
Para la política catalana, el año 2016 ha sido convulso e intenso. Este nuevo 2017, se presenta con más dudas que certezas, si bien todo parece indicar que el conflicto irá in crescendo. En esas circunstancias, está por ver quién da su brazo a torcer.
De hecho, para muchos el margen de maniobra es de tres meses.  Después de ese tiempo, casi 400 cargos electos independentistas deberán desfilar por los juzgados acusados de diversos actos de desobediencia relacionados con el proceso independentista. Por eso, entre los secesionistas menudea la opinión de que una vez iniciado ese calvario judicial el diálogo será, definitivamente, imposible.
Desde luego, sea cual sea el final de toda esta historia, es incuestionable que el proceso secesionista ha fragmentado la situación política en Cataluña, está fracturando la cohesión social, y empiezan a aflorar riesgos tanto para la convivencia como para la economía.
Sería absurdo negar que la independencia es una opción legítima. De hecho, así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida tiempo atrás. Ahora bien, no tiene en la sociedad catalana el arraigo suficiente para hacerla realidad. Si para reformar el Estatut hacen falta 2/3 de los diputados del Parlament de Cataluña, carece de lógica que con una mayoría simple se quiera proclamar la independencia. Es evidente que nadie daría validez a ese sin sentido. Pero es que además se situaría a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.
Para los secesionistas la independencia es un bien superior, sean cuales sean sus costes. Nada que objetar. Sin embargo, no todos los catalanes somos de la misma opinión. En consecuencia, los dirigentes que propugnan esa salida como solución a todos nuestros males, tienen la obligación de explicar a la ciudadanía, con pelos y señales, los costes y beneficios que deberíamos asumir de triunfar esa opción.
Así por ejemplo, según Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso, tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.
Suponiendo –que ya es suponer- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia) (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Por otra parte, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.
Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores.  Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.
Justo es decir que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tienen una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.
El Centro de Predicción Económica, financiado, por siete comunidades autónomas, hizo público un informe en julio de 2015, según el cual Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar qué con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? O ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40.000 millones de personas qué es España?
En definitiva, se podría hacer una lista mucho más larga y exhaustiva de las falsedades utilizadas por los independentistas para llevar el agua a su molino. Pero considero que lo expuesto aquí es suficiente para calibrar la magnitud de la cuestión y tomar conciencia de lo que está en juego.
Por eso y porque en pocos meses nos jugamos mucho, es necesario que los líderes de opinión, políticos o no, que me consta contemplan con estupor el proceso, se desperecen y salgan a la palestra a decir en público, lo que dicen en privado.
Es el momento de contraponer a la demagogia y a la falsedad, el razonamiento coherente, la lógica y la verdad argumentada. Ahora,  les toca, también, echar el resto a los que no creen en entelequias. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 13/01/17



22 de desembre 2016

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Me ha sorprendido gratamente el cambio de talante con que el Gobierno del PP está afrontando algunas cuestiones en este inicio de legislatura. Cambio, sin duda alguna, motivado por la nueva correlación de fuerzas existente en el Congreso de los diputados. Cierto. Pero, cambio al fin. Con el tiempo y el devenir de los acontecimientos sabremos si ese movimiento es sincero o, simplemente, un postureo.
Parece que los populares han decidido hacer de la necesidad virtud. Por eso, me ha generado un moderado optimismo la voluntad de dialogo mostrada por la Vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, así como el nombramiento de Enric Millo, como Delegado del Gobierno en Cataluña.
Conocí a Millo siento portavoz adjunto de Unió en el parlamento catalán, y puedo dar fe de su afabilidad, capacidad de dialogo y voluntad para llegar a acuerdos.
Frente a esa predisposición, sorprende la actitud del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que pide dialogo con “la condición de que no haya condiciones” y, simultáneamente, exige “bilateralidad” porque “el pueblo catalán se lo ha ganado”. Sin comentarios.
No le falta razón al delegado del Gobierno cuando sostiene que hay cosas que deben negociarse directamente entre el Gobierno central y el catalán, mientras que otros asuntos es mejor tratarlos en comisiones multilaterales. Y eso es, justamente, lo que hizo el Vicepresidente, Junqueras, asistiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado recientemente. Sin embargo, Puigdemont se niega a asistir a la conferencia de Presidentes autonómicos convocada para el próximo 17 de enero. Sin duda, evidente disparidad de talantes.
Ciertamente, no ayudarán los desaires ni una pretendida superioridad moral a desencallar el conflicto. Pero tampoco, la judicialización de la política, sacralizar las normas establecidas y el menosprecio al otro, son factores para el entendimiento.
Pues bien, con este panorama de fondo, algunos opinan que la oferta de dialogo, hecha por el Gobierno para encauzar el “problema catalán”, llega tarde y, además, es insuficiente. Es posible, pero, en cualquier caso, siempre es preferible el dialogo, aunque sea raquítico, la negociación y el pacto a la algarada en la calle, la falta de respeto a los símbolos institucionales y al desprecio a la legalidad que es lo que sucede cuando la gobernabilidad de un país se confía a los antisistema.
Ha llegado el momento de decidir: o dialogo o desastre. No hay mucho más.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 21/12/16 

02 de desembre 2016

MARTINGALA PRESUPUESTARIA

Días atrás el Vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, presentó, a bombo y platillo los presupuestos para 2017.  Justo es decir que son unas cuentas que contemplan un gasto considerable en cuestiones sociales. En concreto se destinarán unos 1.700 millones más de euros que en 2015 a esas partidas. De hecho, un 74% del total del presupuesto tiene como objetivo materias como la sanidad, la educación u otros servicios de índole similar.
En esa presentación Junqueras anunció que su prioridad era la recuperación del gasto social. Eso está bien. No obstante, hay que observar que esas cuentas no revierten la batería de recortes que en 2010 puso en marcha Artur Mas. En conjunto el gasto previsto para 2017, si se aprueban estas cifras, será un 11,7% inferior a los últimos presupuestos del tripartito 2010, comandado entonces por los socialistas.
En aquel año las partidas sociales del Gobierno de la Generalitat sumaron 19.129 millones de euros, mientras que para el próximo ejercicio la inversión prevista es de 16.883.
De todos modos, los recortes siguen siendo el denominador común de todas las partidas. Así, por ejemplo, en sanidad se está en un 10,50% menos de inversión que en 2010, si echamos un vistazo a educación la diferencia es de 9,9% menos respecto al último presupuesto del Gobierno de José Montilla, un 11,7% en promoción social y la friolera de un 44% menos en vivienda.
En cualquier caso, la partida que ha soportado un mayor varapalo ha sido la destinada a reducir las listas de espera. Se ha recortado ni más ni menos que 51 millones de euros. Ahí es nada. Y eso, que Junts pel Sí y los antisistema de la CUP habían pactado un plan de choque según el cual el Departamento de Sanidad dispondría de 96 millones de euros, para reducir las larguísimas listas de espera existentes en Cataluña desde que Artur Mas empezó a ejercer de Manos tijeras.
Con este panorama de fondo, a los anticapitalistas les faltó tempo para anunciar que estos presupuestos, no eran sus presupuestos. Si bien los cuperos celebraron que se haya incluido una partida específica para el hipotético referéndum. A su vez lamentaron que no se haya querido ir más allá en la carga impositiva a las fortunas más elevadas. En consecuencia, esperan que en el trámite parlamentario sus aspiraciones se vean reflejadas, de un modo u otro, cuando, por allá el mes de febrero, se aprueben las cuentas.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios ya ha anunciado iniciativas diversas, que van desde las clásicas enmiendas a la totalidad, hasta impugnaciones o peticiones para que la mesa reconsidere la admisión a trámite de la ley, dado que algunas partidas incumplen la resolución del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, los letrados del Parlamento ya advirtieron que, si las cuentas vulneran lo previsto por el TC, no podrían tramitarse.
En definitiva, con este panorama de fondo, no sería de extrañar que después de esta martingala presupuestaria que venimos soportando desde los primeros meses del verano -que fue cuando la CUP se negó a dar su plácet para que las cuentas de 2016 se tramitaran en sede parlamentaria-, ahora nos encontremos que estos presupuestos son recurridos ante el Constitucional, y los ciudadanos de a pie nos quedemos otra vez sin presupuestos.
Desde luego, no sería el fin del mundo, pero la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros, dispondrían, nuevamente, de menos recursos. En consecuencia, eso equivaldría a un nuevo atentado al Estado del bienestar y de esos hemos sufrido ya unos cuantos. Y todo por la obcecación de unos irresponsables empeñados en practicar lo impracticable.
¿Hasta cuándo estos descerebrados abusaran de nuestra paciencia? Que diría un clásico.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 02/12/16

26 de novembre 2016

ÚLTIMOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Después de varios meses de reuniones, más o menos discretas, entre miembros de la consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y miembros de la CUP, los antisistema han dado su plácet para que los presupuestos de la Generaitat de Cataluña para 2017 inicien su trámite parlamentario.
Esas cuentas, pactadas con los anticapitalistas, llegan trufadas de impuestos que se incluirán en el cajón de sastre que es la Ley de Acompañamiento.
Los hay para todos los gustos. Desde uno para las grandes superficies que pretende gravar los efectos medioambientales u otro que será una tasa turística que recaerá sobre aquellos que se alojen en apartamentos turísticos. Asimismo, se crea otro más con el que la Generalitat grabará “el número de desintegraciones nucleares”. En este caso, se ha reconvertido el antiguo impuesto sobre las nucleares que tumbara el Tribunal Constitucional. Y, como no, se vuelven a querer penalizar las bebidas azucaradas, algo que ya intentó Artur Mas, pero tuvo que desistir ante las fuertes presiones de la industria.
Esta cascada de impuestos castiga de nuevo a las ya muy maltratadas clases medias, familias numerosas y monoparentales. Según los expertos en fiscalidad los nuevos tributos no son nada acertados. Argumentan que la supresión del 1,5% de deducción del IRPF para jóvenes, personas en paro o con hijos a su cargo y que pagan hipoteca es un ataque sin paliativos a las economías más débiles.
En definitiva, unos números hechos para contentar a los que nunca estarán contentos (los antisistema) que, además, podrían ser recurridos si incorporan partidas para iniciativas independentistas, y entonces quedarían sin efecto.
Los presupuestos son el arma más potente y eficaz de que dispone un gobierno para reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, todo indica que el ejecutivo de Carles Puigdemont prefiere fantasear imposibles, dejará pasar la oportunidad y no utilizará los dineros de que dispondrá el año próximo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y combatir las emergencias sociales existentes en Cataluña. Paro, precariedad laboral, pobreza o riesgo de exclusión social son, tristemente, algo cotidiano en nuestra sociedad. No obstante, en la Plaza Sant Jaume no se dan por aludidos.
De todos modos, si la situación no fuera tan dramática, tendría su gracia: para los antisistema estos deberían ser los últimos presupuestos autonómicos. El problema es que, eso mismo dijo Esquerra en 2013 y, ahí seguimos.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 23/11/16

08 de novembre 2016

LO QUE NOS ESPERA

Siendo Mariano Rajoy presidente en funciones, en un acto de humildad -que vamos a suponer sincera-, dijo que no aprovecharía la crisis del PSOE para poner condiciones y que trabajará día a día para ganarse la confianza de las otras formaciones presentes en el Congreso, y de los ciudadanos por añadidura.
Pues bien, por cortesía política no entraré a valorar esas palabras, en principio, vamos a conceder al flamante Presidente del nuevo Gobierno, el beneficio de la duda. Sin embrago, lo que no ha dicho Rajoy es que no podrá aplicar el programa electoral con el que acudió a las elecciones del 20 de diciembre, que era prácticamente el mismo de las elecciones del 26 de junio. La razón es sencilla: pocos días después de esos últimos comicios Bruselas cambió algunas normas.
Así, por ejemplo, España, a cambio de librarse de una multa por los continuos incumplimientos de los objetivos de déficit (ni un solo año el ejecutivo de Rajoy se ha ajustado a lo previsto), tendrá su economía bajo un sistema de vigilancia reforzada. Nuestra política económica será tutelada por la Comisión Europea. Es decir, volverán los antiguos hombres de negro de nuevo por Madrid.
Sí o sí, hay que llegar a un objetivo de déficit del 2,2% del PIB a finales de 2018 (lo que significa qué desde finales de este año hasta esa fecha, deberemos hacer un esfuerzo fiscal, uno más —combinación de más ingresos y menos gastos— de unos 24.000 millones de euros). Además, es una obligación imperiosa, de no lograrlo, se nos congelarán fondos europeos por valor de 1.000 millones de euros y se debería pagar una multa, esta vez sin amnistía, de 5.500 millones, lo cual agravaría, aún más, todos nuestros problemas.
Desde el gobierno dicen que de cada 100 euros de dinero público que se gasta el Estado, 63 corresponden a gasto social. Su distribución es la siguiente: 26 euros a pensiones (9,5 millones de pensionistas gastan anualmente 130.000 millones de euros), 14 euros a sanidad, nueve a educación, ocho a otros gastos sociales, y seis a la protección por desempleo. En estas circunstancias, sería bueno que nos explicaran como se van a pagar las misas sin que afecte al Estado del bienestar
Con este panorama de fondo, más pronto que tarde se va a poner de manifiesto la debilidad del PP en un parlamento que va a ser el más hostil y fraccionado a que se ha enfrentado un gobierno en la reciente historia democrática. Por eso, no deberá extrañar que muchos de los debates que allí se produzcan se lleven hasta los extremos, incluso algunos se realicen a cara de perro.
En este contexto, está por ver cómo reacciona el PSOE. El horizonte socialista se ve lleno de negros nubarrones que amenazan algo más que una tormenta política más o menos intensa. Existe el peligro serio de que el socialismo español se convierta en una suma de federaciones, reinos de taifas y baronías, en el que cada cual se preocupe tan solo de su parcela de poder y donde los hilos conductores comunes pasen a ser algo totalmente secundario. De suceder algo así, sería una muy mala noticia. No obstante, una organización con 137 años de vida, que se ha visto en situaciones harto comprometidas y ha sabido siempre salir airosa, merece un respeto y unos cuantos votos de confianza. De momento, hay que esperar y ver si son capaces de sobreponerse a sus contradicciones internas y cerrar heridas.
En circunstancias normales la actual gestora del partido de Ferraz no podrá aplazar indefinidamente el congreso que el PSOE tiene pendiente. Será el año próximo cuando el conclave socialista deba decidir un nuevo proyecto y, a su vez, escoger un nuevo líder. De cómo se haga esa elección, si en primarias por toda la militancia o directamente en el congreso, puede depender, por mucho tiempo, el futuro del partido.
Y mientras, los “podemitas” se frotan las manos y aguardan ansiosos para asaltar el espacio de la segunda fuerza política que los socialistas parecen empeñados en abandonar. De hecho, Pablo Iglesias ya ha anunciado que su formación se debe radicalizar, enfrentase al sistema y ser beligerantes. Considera que, si el PSOE se abstiene en la investidura de Rajoy, obtener el liderazgo de la oposición es cosa hecha.
Ahora bien, de hacer autocrítica y analizar porque perdieron un millón de votos en las elecciones del 26 de junio, nada de nada.
Madre del amor hermoso lo que nos espera.

Bernardo Fernández

Publicado en e-noticíes.cat 07/11/16