05 de novembre 2018

PRIMERO JUSTICIA, DESPUÉS CLEMENCIA


Como era fácil de imaginar, la presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña, ahora hace un año, ha generado un auténtico sunami político.
La partida no ha hecho más que empezar y, sin embargo, los partidos de la oposición han entendido que era una buena ocasión para erosionar al Gobierno. Quizás por eso, Pablo Casado considera “indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía, ha manifestado en su cuenta de Twitter.
Tampoco se han andado por las ramas la gente de Ciudadanos que se han expresado de manera similar a los del PP.
Por su parte, con la petición de condenas para sus dirigentes, los independentistas han visto la oportunidad de revitalizar el movimiento de Procés de nunca acabar que cada vez está más exhausto y agotado.
Según el vicepresident del Govern Pere Aragonés, “el Estado español es una vergüenza”. Y el president Quin Torra ha anunciado que “el pueblo de Cataluña retira su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez”.
Es verdad que la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha modificado su criterio respecto al mantenido cuando se presentó por un posible delito de malversación. No hay porque negar que es muy posible que ese cambio haya sido inducido por el Gobierno como un gesto hacia los partidos independentistas pensando en la tramitación de los presupuestos. De ahí las duras críticas del PP y ciudadanos y el desdén -según ellos por insuficiente- con que han recibido el guiño los secesionistas.
Sea como sea, el caso es que una vez más se ha hecho evidente la incapacidad manifiesta de oposición y secesionistas para moverse en situaciones complejas como la que nos ocupa.
Este proceso está siendo una larga partida de ajedrez. Ahora, con la presentación de los escritos de acusación se abre la vista oral. Sin entrar en vericuetos legalísticos, es importante remarcar que donde la Fiscalía ve rebelión, la Abogacía del Estado ve sedición, una diferencia no menor. En estas circunstancias, habrá que ver, en el juicio oral las pruebas que se aportan las declaraciones de los testigos (la fiscalía prevé llamar a unas 250 personas a declarar) etcétera, y, en consecuencia, como evoluciona la situación hasta llegar a las conclusiones finales.
Además, los tipos de defensa serán determinantes. No será lo mismo una defensa estrictamente jurídica que una con claro contenido político que intente justificar la convocatoria de un referéndum y la declaración de una DUI, intentando hacer valer el derecho de autodeterminación, lo que tiene un tirón mediático a nivel internacional incuestionable.
En cualquier caso, es un error y demuestra una inmadurez política enorme ligar el apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE) con las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los independentistas deberán explicar a la ciudadanía porque no votan a favor de que el salario mínimo interprofesional (SMI) se establezca en 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España. Porque rechazan que las pensiones suban como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas. O que se revitalice el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
Y claro, tampoco votarán para recuperar la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.
Y con el voto en contra de los independentistas el Gobierno no podrá introducir medidas para modular la subida de los precios del alquiler. Ni Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Si eso ocurre, es muy posible que tengamos que ir a elecciones generales y entonces, a lo mejor, PP y Ciudadanos logran una mayoría que les permite formar gobierno. Y si eso ocurre que nadie dude que se aplicará el 155 sin ningún pudor. Tal vez, eso es lo que en realidad anda buscando la gente del Procés, por aquello del cuando peor, mejor.
En los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña se produjeron unos hechos muy graves violentando la ley e intentando burlar el Estado de derecho. Es prematuro emitir juicios de valor y sería muy positivo que se dejará trabajar al Tribunal Supremo sin presión porque es quien al final ha de dictar la sentencia que determinará la culpabilidad o no de los hoy acusados. Después el Gobierno tiene la potestad de indultar si lo considera oportuno. Negar esa posibilidad, si sirve para normalizar la situación en Cataluña, es de una ceguera política alarmante. Ahora bien, cada cosa en su momento.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 05/11/18

30 d’octubre 2018

GESTICULACIÓN POLÍTICA


Reconozco que estoy harto de escribir casi siempre de lo mismo: el monotema, y lo que es peor: sospecho que la mayoría de los lectores están hasta la coronilla de artículos, editoriales, tertulias y bagatelas diversas sobre le Procés de nunca acabar.
No obstante, considero que es un deber cívico denunciar y poner en evidencia a aquellos que nos están arruinando el presente y siguen poniendo todo su empeño en destrozarnos nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En mi opinión, del gobierno de una nación o de una CCAA hemos de esperar que se preocupe de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo razonable es hacerlo mediante iniciativas políticas que, a partir de la redistribución de la riqueza, reequilibren, tanto como sea posible, aquellas situaciones de injustica social que per se, se originan en sociedades complejas como la nuestra.
Guste o no, este es el patrón de acción política que, a grandes rasgos, se utiliza en todo el mundo civilizado y de manera muy específica y concienzuda en occidente.
Pues bien, en Cataluña no es exactamente así. Como todos sabemos, en estos días se cumple un año de la declaración de independencia y de proclamar la república. Una proclamación en la que nadie se atrevió ni a salir al balcón para anunciarlo a la ciudadanía ni, tampoco, nadie se atrevió a quitar la bandera de España del mástil del Palau de la Generalitat. Con este panorama de fondo, afirmar que aquello fue un fiasco y que nos desquició como sociedad es algo que sólo los muy iluminados pueden negar.
En estas circunstancias, lo lógico sería reconocer errores y aparcar el proyecto a la espera de tiempos mejores. Y mientras esos tiempos llegan conducir el país hacia cotas de del mejor bienestar posible, mediante políticas sociales, estimular la inversión etcétera. Sería lo razonable, ¿no?
Pues no, el president de la Generalitat, Quim Torra, en una declaración institucional para conmemorar el primer aniversario de la DUI en el Parlament (desde luego, hay gente para todo: hay a quien  gusta de celebrar derrotas e insensateces), ha advertido al Estado “que no se condene a los presos” y “que la única sentencia que contempla es la absolución de los políticos y activistas presos y el regreso” según él “de los exiliados” (fugados de la justicia, son en realidad).
Pero es que Torra se está convirtiendo en un especialista en política gestual. Estos días ha impulsado el Consejo de la República. Una especie de gobierno a la sombra que nadie sabe qué papel ha de desempeñar pero que está liderado por Carles Puigdemont, con la supuesta pretensión de tutelar la Generalitat…, eso sí, desde Bélgica.
También el president ha constituido el consejo asesor del Foro Cívico para el Debate Constituyente (que tampoco se sabe qué tareas ha de realizar) y ha dado la presidencia a Lluís Llach que, a su vez, ha escogido como colaboradores a personajes como Dante Fachín, Antonio Baños o Beatriz Talegón. En fin, que Dios los cría y ellos se juntan.
Más allá de toda esta gesticulación, que es lo que se refleja en los medios y mantiene los ánimos exaltados, la realidad política es otra. La realidad es que desde el mes de julio se han producido más de una treintena de reuniones entre miembros del Gobierno central y del Govern de la Generalitat, para ir desencallando cuestiones de vital importancia para la ciudadanía como las listas de espera que llevan años arrinconadas por las urgencias del Procés, y por las pocas ganas que tenía el Gobierno Rajoy de reconducir la situación en Cataluña si no era con la rendición incondicional de los secesionistas.
Ciertamente, resulta difícil saber cual es el Torra auténtico: si el de las soflamas o el que fue a la Moncloa a dialogar con Pedro Sánchez. Si el que manda a sus consellers a la Comisión bilateral Estado Generalitat y a negociar con los ministros del Gobierno de España o el que gesticula para mantener unido al cada vez más dividido movimiento independentista.
Desde luego, el que nos conviene como sociedad es el que fue a la Moncloa, el que busca el dialogo y el que intenta la negociación. Puesto que por esa vía en Cataluña se volverán a aplicar los cánones básicos de hacer política para que los ciudadanos tengan la mejor calidad de vida posible.
Pero, lamentablemente, el que sale en los medios, el que llena portadas, abre telediarios y mantiene a su gente tensionada, es el de las bravatas y la gesticulación, y así, no vamos bien.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 30/10/18


22 d’octubre 2018

PRESUPUESTOS, NEGOCIACIONES Y GESTOS


Dicen que la política es el arte de lo posible. Será verdad. No obstante, a veces es -o la hacen- tan alambicada y compleja que resulta difícil de comprender para muchos ciudadanos que acaban pensando que eso de la cosa pública es una cuestión exclusiva de los políticos profesionales.
Con los presupuestos generales del Estado (PGE), presentados días atrás por Pedro Sánchez, y las reacciones de los diversos partidos ante esas cuentas, estamos viviendo una situación, cuando menos absurda. Por eso, no es de extrañar que la ciudadanía se sienta ninguneada por las reacciones de algunos de los, en teoría, líderes. Veamos.
En las cuentas hechas por el Gobierno para el año próximo se prevén unos ingresos de 5.600 millones de euros adicionales, procedentes de subir la presión fiscal a los que más ganan, así como a las grandes empresas tecnológicas.
El salario mínimo interprofesional (SMI) se establece en 14 pagas de 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España.
Las pensiones subirán tanto como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas.
Se revitaliza el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
De igual manera, se recupera la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.
También el Gobierno introduce medidas en estos PGE para modular la subida de los precios del alquiler.
Asimismo, Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Estas son algunas de las medidas que se aplicarán en 2019 en nuestro país si finalmente estas cuentas se aprueban. Pues bien, se puede ser de derechas, de izquierdas, de centro o independentista, da igual, pero lo que no se puede negar es que estas medidas van en la línea de favorecer a las clases medias y populares. Sin embargo, ni los partidos de la oposición ni algunos socios coyunturales del Gobierno de Pedro Sánchez lo han querido entender así y están poniendo intereses de partido y/o particulares por delante de los intereses de los ciudadanos.
Es el caso del PP y Ciudadanos que acusan a Sánchez de ser prisionero de los independentistas y acusan al presidente de enviar a Pablo Iglesias a negociar con Oriol Junqueras. Entienden que el dialogo es humillante e indecente, que en España manda un preso y, por todo ello, piden elecciones ya.
Es decir, ni la subida del salario mínimo, ni la de las pensiones, ni el restablecimiento de las becas, ni…, todo es no importa. El problema es el intento de establecer puentes, de dialogar. Esa es la derecha que tenemos en este país.
Por su parte ERC, por boca de su diputado Joan Tardà, ya ha dicho que no se sentarán a negociar mientras no se retiren los cargos contra los diputados presos. Los independentistas catalanes parecen ignorar que esa es una cuestión que depende única y exclusivamente de los jueces.
Luego, ellos son los primeros en criticar al Estado español porque en su opinión no hay separación de poderes, ¿en qué quedamos? Coherencia, por favor, coherencia.
De todos modos, una cosa son las alharacas y las soflamas para mantener alta la moral de la tropa y otra la realpolitik.  De manera simultánea a esa escenificación tan grandilocuente como vacía de contenido, se producía un discreto encuentro en Madrid entre Nadia Calviño, ministra de Economía y empresa y el vicepresidente del Govern y Conseller de Economía y Hacienda Pere Aragonés, “para hablar de cuestiones de economía en general” según se dijo en un escueto comunicado oficial.
En este contexto Oriol Junqueras gana peso específico como interlocutor privilegiado frente a un Puigdemont que va perdiendo visibilidad y capacidad de decisión a marchas forzadas.
La visita de Pablo Iglesias al líder republicano en la cárcel de LLadoners corrobora esa afirmación, a la vez que da pistas para pensar que Esquerra acabará dando su apoyo a los presupuestos. A no ser que quieran explicar a los ciudadanos que anteponen los intereses de su partido al interés general.
Además, no hay que perder de vista que todo esto favorece la consolidación de Junqueras como líder en Cataluña a medio plazo. Y no son pocos los que piensan en un futuro posible.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 22/10/18



16 d’octubre 2018

EL CONTROL DE LA CALLE


Es una evidencia que cada día que pasa el proceso secesionista catalán está más agotado. Lo vimos con el lamentable espectáculo que nos ofrecieron con las celebraciones del 1 de octubre. Después, lo volvimos a ver y padecer con el bochornoso vodevil en el Parlament sobre la delegación del voto de los diputados inhabilitados.
Ante una situación como esta, en un país normal no sería descabellado pensar que las elecciones pueden estar a la vuelta de la esquina. Pero Cataluña, a día de hoy, no es un país normal y, pese a las cada vez más evidentes desavenencias entre JxCAT y ERC y de éstos con la CUP, aquí no habrá elecciones autonómicas, hasta que sean dictadas las sentencias a los políticos encarcelados.
“… El Porcés solo es ya un moribundo cuya desaparición nadie quiere certificar por miedo a quedarse sin herencia…”, escribía Milagros Pérez Oliva (El País 07/10/18). Cierto, y yo añadiría: y porque muchos han hecho del camino hacia una independencia imposible su modus vivendi.
La situación es grave porque se echan a faltar líderes que sepan manejar lo que está ocurriendo. Los que, en teoría, podrían hacerlo están huidos o en prisión y sus sucesores, no tienen, ni por asomo, el cuajo y el carisma social y político necesarios para sacar a los suyos del atolladero, en el que, por cierto, ellos solos se han metido.
Seamos claros: Quim Torra es una caricatura de president. Estoy seguro de que ni en sus mejores sueños se había visto entrando a Palau, mientras una escuadra de los mossos le presentaba armas. Que un personaje de ese calado nos represente a todos, a la vez que habla de desobediencia, lanza utimátums al presidente del Gobierno central y propone implementar la república es, a mi modo de ver, un insulto a la inteligencia.
Por su parte ERC ha entendido que la vía de la confrontación sólo les llevará al fracaso y han optado por normalizar la vida institucional y política, mientras amplían su base social.  Desde luego su planteamiento es impecable, pero yo lo resumiría como la táctica del lobo agazapado tras una piel de cordero a la espera de tiempos mejores.
Uno de los problemas de fondo en esto del Procés de nunca acabar es que algunos están confundiendo el dialogo que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez con una muestra de debilidad y un cambio de cromos. O sea, concesiones a cambio de estabilidad parlamentaria en el Congreso. Craso error y esperar un cambio de actitud, en determinados elementos es como pedir peras al olmo.
La retirada, por parte del PDeCAT, de aquella resolución que instaba al PSOE y nacionalistas catalanes a hablar de todo dentro del marco de la legalidad, es una muestra de la poca consistencia de los planteamientos políticos de algunos de los protagonistas de la política en Cataluña.
No son pocos los indicadores que señalan que el Procés no da más de sí y no es probable que en un futuro cercano supere ese 47,50 % en que se halla estancado. Ahora bien, los constitucionalistas tampoco avanzan, pueden ofrecer certezas, incluso seguridad, pero, seamos sinceros, no generan ilusión.
En este estado de cosas y sin liderazgos claros en el independentismo, el control de la calle se convierte en algo primordial y, en estos momentos, nadie parece estar capacitado para ejercer un mando efectivo sobre esos extraños CDR, los que, a ciencia cierta, nadie sabe quien recluta, organiza, controla y ordena.
Resulta muy preocupante ver como esos personajes emponzoñan de amarillo lugares públicos mientras gritan “las calles serán siempre nuestras”. la verdad es que me dan miedo, entre otras cosas porque recuerdan aquel ya olvidado “la calle es mía” de Manuel Fraga Iribarne.
Como también es muy grave que la ANC proponga liberar los presos y tomar el control del territorio y nadie diga nada, ante semejante barbaridad.
Agotadas las vías institucionales e ignorados los caminos políticos que pueden desatascar el conflicto, perder el control de la calle es una temeridad que acabaremos pagando muy cara.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 15/10/18

06 d’octubre 2018

Apretad amigos, apretad


La política española no es un dechado de virtudes ni, quizás, un ejemplo a seguir, porque desde hace demasiado tiempo está contaminada por elementos nocivos que es necesario extirpar cuanto antes para evitar males mayores. A mi juicio, estamos en uno de los momentos más delicados de nuestra historia democrática y conviene decirlo con claridad para que nadie se llame a engaño.
Como no puede ser de otra forma, la política catalana es una pieza más de ese gran puzle que es la política del conjunto del Estado. En ese contexto, aquí no nos escapamos de padecer la toxicidad que desprenden las instituciones en su conjunto, pero es que, además, en Cataluña se transmite una imagen de la política esperpéntica y de desbarajuste total.
Para corroborar esta severa afirmación, basta con fijarse en los acontecimientos de los últimos días. Es decir, los actos conmemorativos del 1 O y sus derivados, el registro en la Diputación de Lleida, llevado a cabo por los Mossos, y las detenciones que se realizaron a posteriori y, como no, el lamentable pleno del Parlament de los días 2, 3 y 4 de este mes de octubre.
Quien siembra vientos recoge tempestades, dice le refrán. Pues justo es eso lo que ha sucedido con las conmemoraciones de marras. El pasado 1 de octubre, el president de la Generalitat, Quim Torra, desde Sant Julià de Ramis exhortaba a los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) a apretar. “Apretad amigos, apretad”, dijo el máximo representante del Estado. El mismo día al anochecer ponían cerco al Parlament e intentaron asaltarlo; sólo la acción decidida de lo Mossos impidió lo que hubiera sido una ignominia a la democracia.
De igual manera, los discursos incendiarios del president y sus acólitos, las soflamas, frases como “ni un paso atrás”, “las calles serán siempre nuestras”, “implementar la república” y otras bagatelas por el estilo, han ido calentando el ambiente y enardeciendo los ánimos de los más descerebrados hasta llegar a los tristes sucesos que se llevaron a cabo, como cortes de tráfico, cortes de las vías férreas, quema de alguna bandera española, entre otros, para celebrar el aniversario del referéndum ilegal.
Por si el ambiente no estaba bastante caldeado, los Mossos d’Esquadra entraban en la Diputación de Lleida en busca de pruebas contra la corrupción. La operación se saldó con la detención de 26 personas de los ámbitos político y empresarial. Entre ellos,  Joan Reñé, presidente de la Diputación de Lleida (PDeCAT),  Marlen Minguell, jefa de Organización y Gestión de la institución --número dos del presidente--, y Enrique Regaño, jefe de servicio de vías y obras del ente. Sin duda, la sombra de Covergencia sigue siendo muy alargada.
A mi modo de ver, la cuestión de fondo de todo este embrollo que estamos viviendo y padeciendo en Cataluña, es que los líderes del procés son conscientes de que esta fiesta que ellos han montado ya no da más de sí, pero necesitan seguir con la jarana para que no se les acabe el momio. Lo sucedido en los últimos días es un claro ejemplo. La situación se les está yendo de las manos. Muchos de los que creen honestamente en la independencia (que haberlos hay los), está empezando a vislumbrar que tras las palabras no hay nada. Que van de farol, como dijo la exconsellera Clara Ponsatí. El president perdió el control en el affaire del Parlament y tuvo que echar mano de los Mossos y por eso no pocos sectores secesionistas le han cuestionado e incluso, algunos, han pedido su dimisión.
Ante este estado de cosas, lo lógico sería reconducir la situación hacia planteamientos pragmáticos y posibilistas. Sin embargo, Quim Torra se descolgó en el pleno de la Cámara catalana lanzando un ultimátum a Pedro Sánchez para que en un mes se llegue a un acuerdo para celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, pactado y con reconocimiento internacional. De lo contrario dijo: “el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso”. Según comentan los que están en el epicentro de la cuestión, esa declaración cogió por sorpresa a su propio grupo parlamentario, a los diputados del PDeCAT en Madrid y a sus socios de ERC.
Por su parte, Sergi Sebrià, portavoz del grupo de ERC, aprovechó su intervención en el pleno, para pedir “menos gesticulación y más estrategia” y a “los que tienen prisa” les advirtió que “quien promete atajos o es un ingenio o engaña” y desde luego ERC no va a “vender humo. A buen entendedor pocas palabras bastan.
De todos modos, una de las resoluciones presentada de forma conjunta por Junts per Catalunya y ERC propone acordar un referéndum con el Estado pero sin concretar fechas ni imponer calendarios. O sea, de la amenaza lanzada por Torra, ni rastro.
Pero la traca final de este pleno estalló cuando la Mesa del Parlament aprobó un texto presentado por JxCat para delegar el voto de los diputados suspendidos (los que están en prisión o huidos). Pese a la advertencia de los letrados de que era fraude de ley, lo que generó caos y confusión en la Cámara, Ante tanto desconcierto el presidente Roger Torrent optó por suspender el pleno de Debate de Política General, en principio, hasta el martes 9 de octubre. Conviene no olvidar que el hemiciclo se cerró en junio porque los partidos independentistas no se ponían de acuerdo sobre la cuestión. Han pasado casi cuatro meses y siguen igual.
Después de todo esto, estoy convencido que los lectores entienden a la perfección porque hablo de política esperpéntica y de desbarajuste total.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 05/10/18


28 de setembre 2018

PONER EL CARRO DELANTE DE LOS BUEYES


Comprendo que, en ocasiones, resulta muy difícil para los políticos decir cosas que atraigan la atención de la ciudadanía, sobre todo cuando juegan en campo contrario. Eso es así, en especial, para los que militan en el campo constitucionalista.
Supongo que algo así le sucedió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, al decir en una entrevista que le hicieron días atrás en Catalunya Radio, que se mostraba partidaria de aprobar un indulto para los políticos independentistas encausados por organizar el referéndum ilegalizado. “Si lo piden, yo soy partidaria de aprobarlo. Pero lo deben pedir primero”. Manifestó la delegada.
Es lo mismo que dijo Miquel Iceta en la campaña del 21 D, aunque después tuvo que matizar y explayarse en explicaciones diversas ante el desencanto que generó entre muchos de sus potenciales votantes. Hay quien sostiene que en ese envite el PSC perdió un par de escaños.
Seamos claros: la matraca de los lazos amarillos no es tanto por la libertad de lo presos como por mantener tensionada a la tropa. Es decir, si no hubiera presos buscarían el enfrentamiento por otros motivos. La cuestión es que nadie se relaje y la moral siga alta.
Ahora bien, admitiendo que los hechos ocurridos en Cataluña hace un año son muy graves: un pronunciamiento (6 y 7 de septiembre), la convocatoria de un referéndum ilegal (1 de octubre) y la declaración en sede parlamentaria de la república catalana (27 de octubre); el juez podría haber aplicado otras medidas cautelares tan efectivas como lo es la prisión preventiva. Y en el supuesto que, como hicieron otros, todos o alguno de ellos, hubiese decidido fugarse, no olvidemos que a enemigo que huye, puente de plata. Pero como dice la ministra de política Territorial, Maritxell Batet, “es muy difícil hacer política con políticos en la prisión”. De todos modos, las decisiones judiciales se acatan y se respetan, tanto si gustan como si no.
En cualquier caso, estamos asistiendo a un debate baladí, por prematuro e hipotético. La legalidad en este sentido es clara: primero se debe producir el juicio y debe salir una sentencia. Una vez haya concluido el proceso judicial el encausado podrá solicitar el indulto al Gobierno de turno.
Seamos prudentes. Dejemos que los tribunales hagan su trabajo y los políticos el suyo. Pese a las alharacas y las soflamas de algunos las cosas se están moviendo. Los hay que necesitan al personal tensionado de manera continua. Muchos han hecho del procés su modus vivendi y, por tanto, esta feria tiene que seguir cuanto más tiempo mejo. Volver a la normalidad del autonomismo para ellos serían un fracaso histórico.
Sin embargo, los signos de cansancio, fraccionamiento y desazón se empiezan a percibir entre el personal secesionista. Ya son muchos los que piensas que la única vía de salida es una solución pactada con el Estado.
En este contexto, la comisión bilateral que se reunió antes de vacaciones es un ejemplo. Los contactos discretos entre la ministra Maritxell Batet y Elsa Artadi son otro. La moción que el diputado Carles Campuzano del PDeCAT, había pactado con el PSOE y presentó, aunque acabó retirando por órdenes de la superioridad, hablaba de emprender un diálogo “sin impedimentos” pero “dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Es otra muestra de como se están abriendo caminos que hasta ahora permanecían cerrados a cal y canto.
De todos modos, todo es posible. Ni se debe cantar victoria, ni certificar el acta de defunción del fin del diálogo. Lo más importante, en estos momentos, es tener mucha cautela, mucha inteligencia política y evitar que la euforia nos haga poner el carro delante de los bueyes.
Cada cosa a su tiempo.

Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 25/09/18

TESIS, MÁSTERS, CHATS Y OTORS EMBROLLOS


Desde hace demasiado tiempo, la política de nuestro país está siendo afectada por una serie asuntos tóxicos ajenos a la misma. Eso hace que la razón de ser de la acción pública: eliminar problemas a los ciudadanos y hacerles la vida más fácil, sea relegada para atender a cuestiones que, con frecuencia, nada o casi nada tienen que ver con la inmensa mayoría de los mortales.
En los últimos meses estamos asistiendo a un auténtico circo mediático impulsado casi siempre desde las esferas de poder, que nos hacer estar más ocupados en saber si éste o aquel político mintieron al decir que tenían un máster, habían hecho una tesis doctoral o si algunos jueces se han pasado expresando sus opiniones en un chat corporativo que en las cosas importantes de verdad.
Fue el caso de Cristina de Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, igual que Carmen Montón, ahora ya exministra. En el mismo ojo del huracán ha estado un tiempo Pablo Casado, hasta que en opinión del fiscal del Tribunal Supremo no ha cometido irregularidad alguna en la obtención de su máster y ha pedido el archivo de la causa. El caso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez es similar a los anteriores. Se le acusó de irregularidades en su tesis doctoral y la ha acabado publicando en internet para disipar dudas. Sin embargo, la oposición no se ha dado por satisfecha y ahora le buscan las cosquillas con un libro publicado por Sánchez y que, según dicen los de Albert Rivera contiene alguna irregularidad. Los del partido naranja tras quedar descolocados y fuera de foco con la moción de censura han hecho suyo aquel dicho de difama que algo queda.
Pero, según parece, con todo eso no había suficiente guirigay y, casualidades de la vida, los medios digitales el Diario.es y el Mon.cat. filtraron, justo el día antes de que se cumpliera un año de la manifestación frente a la sede de Economía de la Rambla de Cataluña, que había sido ocupada por la Guardia Civil siguiendo órdenes de un juez, el contenido de unos correos electrónicos que una veintena de jueces intercambiaron, dando sus opiniones sobre lo que sucedía en Cataluña en pleno desafío independentista, ahora hace un año.
Como era fácil suponer, al siempre moderado president de la Generalitat, Quim Torra, le faltó tiempo para salir a manifestar que: “la poca confianza que pudiera quedar en la justicia española se ha roto definitivamente”, o que: “no hay independencia judicial, ni imparcialidad, ni integridad.  En consecuencia, las personas que están encausadas por los hechos de ahora hace un año no tendrán un juicio justo limpio e imparcial”. Tras ese seudo alegato, el president acabó pidiendo la excarcelación de todos ellos. Además de exigir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ahí es nada. Todo por el mismo precio.
En este contexto, las cuatro principales asociaciones judiciales emitieron un comunicado en el que consideran desproporcionada la reacción del president Torra. Y dejaron claro que ninguno de los emisores o receptores de los e mails estaba involucrado en modo alguno en el proceso judicial abierto por lo ocurrido en Cataluña ahora hace un año.
Justo es reconocer que los autores de los mensajes podían haber dicho lo mismo, ahorrándose alguna expresión como: “régimen nazi” u otras lindezas en referencia a la situación política que se vivía -y seguimos viviendo- en Cataluña.
De todos modos, más allá de lo acertado o desacertado de los correos -eso cada cual lo valorará como mejor le convenga-, ha de quedar claro que son opiniones privadas en “correos privados que no comprometen al conjunto de la carrera judicial” como manifestaron las asociaciones judiciales en su comunicado.
En cualquier caso, conviene no olvidar que quien habla de que en España no hay justicia, que aquí no hay democracia, que somos como Turquía y otras bagatelas por el estrilo, son los que son. Y aunque la ofensa y la falta de respeto tienen difícil justificación, ya se sabe que quien siembra vientos recoge tempestades. O como le dice la sartén al cazo, quítate que me tiznas.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 24/09/18

23 de setembre 2018

DISCURSOS DIVERGENTES...Y ALGO PEOR


Desde luego, debemos admitir que si alguna virtud tienen los independentistas es la capacidad de movilización y su buena mano para el márquetin. En eso, nos ganan por goleada. Este año, para el 11 de setiembre -otra jornada histórica-, han vuelo a congregar a decenas de miles de personas y llevan ya siete convocatorias consecutivas sacando la gente a la calle.
Ahora bien, esas movilizaciones ciudadanas no impiden que el movimiento secesionista catalán cada día que pasa se fracture un poco más. Es una evidencia que sólo los muy radicales se atreven a negar.
En efecto, basta echar un vistazo a las hemerotecas para darse cuenta de que cada vez, los discursos de los principales líderes son más divergentes.
Hace pocos días, el periodista nacionalista Marc Álvaro, una de las cabezas secesionistas mejor amuebladas y estómago agradecido, hablaba de “Pinchar el globo” en un artículo publicado en La Vanguardia con ese título. Ávaro reconoce en su escrito las dificultades prácticamente insalvables para que Cataluña logre la independencia.
También el diputado de ERC Joan Tardà ha ido remodelando su discurso en los últimos tiempos y de advertir “que nos vamos” haciendo butifarra en el Congreso, ha pasado a decir algo tan sensato como que “sería absurdo pretender la independencia cuando no se tiene la mayoría social”.
Algo similar se podría decir de Oriol Junqueras que en una reciente entrevista descartaba la unilateralidad y no veía atajos para llegar a la independencia si no era mediante un referéndum acordado.
Del mismo palo va Gabriel Rufián que el último fin de semana pedía pinchar la burbuja del independentismo mágico. Ver para creer.
En el otro lado del ring (porque esto a veces parece un catch a cuatro, por lo que tiene de tongo) están Carles Puigdemont y su club de fans. El monaguillo Quim Torra llamando a la resistencia y haciendo comparaciones históricas que son auténticas aberraciones e insultos a la inteligencia y al rigor.
Tampoco la presidenta de la ANC Elisenda Paluzie, se quedó corta en los parlamentos del 11 de septiembre “exigiendo al Govern un nuevo ataque democrático y que no dejaran sola a la ciudadanía”.
De todos modos, quien se lleva la palma del sectarismo y merece la más enérgica repulsa es ese siniestro personaje llamado Eduard Pujol, portavoz del PDeCat, que exhortaba a los niños a ir a la manifestación diciéndoles: “imagínate que eres hijo de un preso político”. En mi opinión, imperdonable.
En cualquier caso, lo peor no son las diferencias en la dialéctica. Lo más grave es la diferencia estratégica entre los diversos grupos separatistas e incluso dentro de las mismas formaciones.
Eso es lo que sucedió en el Congreso cuando PSOE y PDeCat habían llegado a un acuerdo para aprobar una moción que sirviera para emprender un diálogo “sin impedimentos” pero “dentro del ordenamiento jurídico vigente”.
Cuando todo parecía listo para que el pleno diera luz verde a la iniciativa, Joan Tardà se descolgó diciendo que esa propuesta no era suficiente y pidió que se incluyera en el texto, “sin cortapisas ni límites, desde cero”. Buena parte de los diputados nacionalistas entendieron que era una maniobra de Esquerra debido a las discrepancias internas, para marcar perfil y no quedar descolgada.
Sin embargo, poco tiempo después la presidenta del grupo parlamentario del PDeCat, Miriam Noguera, dirigida desde Waterloo, por el expresidente huido, exigía al diputado Carles Campuzano que retirara la moción. Éste siguió las indicaciones de la dirección, pero no ocultó su malestar y en declaraciones hechas en el pasillo del hemiciclo dijo que “se había perdido una oportunidad”. Acto seguido puso su cargo a disposición de la dirección
En cualquier caso, no se deberían echar las campanas al vuelo y pensar que el independentismo está agotado. Ni mucho menos. Tienen cuerda para rato. Sobre todo, mientras a todas aquellas empresas e individuos que han hecho del procés su modus vivendi les sigan llegando ayudas, subvenciones y les ingresen la nómina cada fin de mes. El sistema de financiación es muy generoso con sus parroquianos.
Llegados a este punto, lo deseable sería que surgiera alguien, entre las filas secesionistas, con la suficiente carga de honestidad política que reconociera los errores cometidos y que sin renunciar a nada planteara un nuevo camino con otra estrategia basada en el pragmatismo. Quizás, en primera instancia, fuera tratado por muchos de traidor y vendido al enemigo. Pero más pronto que tarde se vería de forma palpable que quien había dado ese paso al frente era un auténtico hombre de Estado, preocupado por los suyos y no un encantador de serpientes de los que tanto abundan, en la política en general y en la catalana en particular
En estas circunstancias, y a la espera de esa más que improbable aparición, es más necesaria que nunca la inteligencia política para ir reconduciendo la situación. Sin olvidar la paciencia para sortear las embestidas del que se sabe perdedor, y todo ello sin que falte determinación, respeto a la ley, largueza de miras y generosidad.

Bernardo Fernández.
Publicado en e notícies 14/09/18



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