20 de febrer 2018

LA INMERSIÓN NO ES EL PROBLEMA


El catalán, al igual que otras muchas cosas, fue duramente reprimido por la dictadura franquista en sus casi cuarenta años de existencia. Además de eso, se da la circunstancia de que al ser una lengua minoritaria debe ser tratada con especial delicadeza para que no quede en algo puramente anecdótico.
Así lo entendieron las fuerzas de izquierda (PSC y PSUC) en los comienzos de nuestra democracia, de tal manera que esa inquietud quedó plasmada en la ley de normalización lingüística que se aprobó en el Paralament de Cataluña en 1983. CiU que, en principio era partidaria de una doble red escolar (educar en catalán y castellano, por separado), acabó sumándose al acuerdo, logrando de ese modo un amplio consenso sobre el particular.
Ahora, con el artículo 155 en vigor, el Gobierno que preside Mariano Rajoy quiere acabar con la inmersión lingüística en Cataluña. Craso error. De hacerlo, la máquina de fabricar independentistas se pondría de nuevo en marcha a pleno rendimiento. La aplicación de ese artículo tiene sentido si es para recomponer el autogobierno, dentro de la legalidad, y que el día a día se desarrolle sin sobresaltos ni lagunas de poder. Nada más.
En esas circunstancias, declaraciones de personajes como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que sostiene que el español está siendo legalmente maltratado en Cataluña, son sencillamente inadmisibles. Haría bien Lambán en preocuparse de resolver los problemas de sus conciudadanos, que bastantes tienen, y dejar que sus vecinos arreglen los suyos. Los problemas de Cataluña se resuelven en Cataluña.
Otra cosa es que, en una sociedad con dos lenguas oficiales, como es la catalana, los ciudadanos que así lo decidan tengan todo el derecho a recibir, o que sus hijos reciban, la educación en una de las dos lenguas o, en su defecto, que la enseñanza en una de ellas sea reforzada para que la utilización de ambas a lo largo de la formación pueda equiparlas. Pero, para que eso sea posible, habrá que echar mano, una vez más, de la voluntad política para hacer las cosas con sentido común. Sentido que, por cierto, últimamente se echa mucho a faltar.
La inmersión no es el problema. El problema es el adoctrinamiento que se hace de forma más o menos ocasional en determinados lugares, ya sean docentes o recreativos. No hace falta ir demasiado lejos ni en el tiempo ni en el espacio para encontrar ejemplos que subrayan mis afirmaciones.
Días atrás, en un centro educativo de Vilabareix (Girona) los niños celebraban el carnaval disfrazados con pañuelos amarillos y papeletas del 1-O, mientras el discurso carnavalesco leído por un niño decía: “El Estado no sirve para presidir. Ni tampoco para investir. A la Soraya la nombran presidenta y Puigdemont no lo acepta. Rajoy convoca elecciones y García Albiol saca cuatro escaños. El independentismo gana (…) Dicen que adoctrinamos y que castellano no hablamos, pero esto no es verdad, porque aprendemos todas las lenguas". Y continuaba: "El Rey de España saluda el día de Navidad, en un discurso que siempre acaba y comienza igual…"
En algunos lugares, se explica que en 1714 hubo una guerra de secesión y no de sucesión, como realmente fue. Incluso se ha llegado a decir que la primavera versión de El Quijote fue en catalán o que Cristóbal Colón era nacido en Cataluña.
Todo esto que, de si fueran hechos esporádicos, no dejarían de ser anécdotas malas, pero anécdotas, empieza a ser terreno abonado para que la brecha que parecía superada, no sólo se haya reabierto, sino que se agrande de manera peligrosa estableciendo castas de buenos y malos catalanes.
Estamos a tiempo de evitar que todo este disparate vaya a más, pero para eso la condición sine qua non es que tengamos un gobierno que efectivo que gobierne y tome decisiones. Después, llegará el momento de los debates, de los acuerdos y de los pactos, si procede. Para solventar nuestros problemas nos bastamos y sobramos los de aquí.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 19/02/18


13 de febrer 2018

APUNTES PARA UN REFORMA DE LA LEY ELECTORAL


Los independentistas catalanes, aunque intenten disimularlo, andan a la greña. Por un lado, el grupo de Puigdemont, JxCat, ha entrado   una propuesta en el registro del Parlament para modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat y, poder así, investir de forma telemática al ex president fugado. Por otro, ERC exige un acuerdo firme y fuerte para nombrar un gobierno efectivo que permita levantar el 155, dejar aparcado, con un nombramiento simbólico, a Carles Puigdemont y pasar página. Los republicanos no quieren ni más gente inhabilitada ni en la cárcel. A todas éstas la CUP parece asistir como convidado de piedra, no sabe, no contesta.
Pues bien, mientras en el Parc de la Ciutadella las reuniones, idas y venidas, declaraciones y contra declaraciones son una constante, el planeta sigue girando alrededor del sol. Increíble para algunos, pero cierto.
Tan cierto como que Podemos y Ciudadanos han aparcado, al menos de manera temporal, algunas de sus hostilidades y han formado un frente común para cambiar la ley electoral vigente, la conocida ley d’ Hondt. El motivo de esta unión contra natura hay que buscarlo en unos estudios llevados a cabo recientemente, según los cuales, con un sistema electoral más proporcional, en los comicios de 2016, el partido naranja hubiera obtenido 12 diputados más y Podemos y sus confluencias seis. Mientras que el PP hubiera perdido 15, por uno los socialistas.
En estas circunstancias, no nos puede extrañar que los dos grandes partidos sean reacios a realizar determinados cambios, de manera especial los populares. El PSOE, si bien está dispuesto a sentarse y hablar del tema, pide, con razón, que haya un amplio consenso. En este contexto, los podemitas han lanzado la propuesta de adelantar la edad de votación a los 16 años.
Después de 40 años de vigencia del sistema electoral, quizás ha llegado el momento de las reformas. De todos modos, nuestro modelo ha permitido el pluralismo, que haya estabilidad y la alternancia política. En consecuencia, sería un error hacer una reforma sólo estética para variar la asignación de un puñado de escaños.
En mi opinión, las modificaciones deberían ser en profundidad y no estaría mal, tomar como referencia el sistema electoral alemán.
En ese país la mitad de los diputados son elegidos en distritos uninominales y la otra mitad en listas regionales (aquí serían provinciales), con distribución de los escaños proporcional a los votos de cada partido.
Ahora bien, que nadie se confunda, esa reforma es necesaria pero insuficiente. Para que realmente sea efectiva, debería implementarse con otras medidas tales como una ley de funcionamiento de partidos. De hecho, las listas no dejan de ser un reflejo de la correlación de fuerzas internas.
No es por casualidad que en Alemania la ley electoral regula también la elección de los candidatos en los partidos. En el caso de los distritos uninominales mediante primarias, en las que los afiliados eligen entre los candidatos que se presenten, aunque el órgano de dirección correspondiente puede convocar una segunda votación si el ganador no le satisface y cuyo resultado entonces sí es definitivo. Las listas a los landers (lo que aquí diríamos autonómicas) se aprueban mediante asambleas de compromisarios (léase delegados en nuestro argot). Estos procedimientos se aplican a elecciones regionales y locales.
De igual manera, la ley de partidos establece congresos cada dos años, regula la actividad interna de las organizaciones (composición de los órganos, sistemas de elección, etcétera) y auditoría de cuentas. En Gran Bretaña, el Partido Laborista celebra congresos anuales y los afiliados eligen a los candidatos a diputado, concejal o líder del partido. Estos procedimientos limitan, sustancialmente el poder de las direcciones y permiten la presencia en la política de dirigentes con apoyos sociales y con puntos de vista, a menudo, alejados de los estereotipos políticos convencionales.
Asimismo, esa hipotética nueva ley electoral debería regular, para todos los partidos que los afiliados (incluso los ciudadanos que se declarasen simpatizantes de un partido apuntándose para ello en un censo oficial dependiente de la Junta Electoral) eligieran en primarias a los candidatos a presidentes del gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes, así como a los candidatos a diputado o concejal de su zona de residencia, mediante voto a personas -no a listas-. La experiencia aconseja que estas primarias se organicen de forma oficial, no por los aparatos de los partidos. Una ley de partidos, como la alemana, debería regular su funcionamiento democrático, la celebración de congresos cada dos años, al menos, y la publicación de sus estatutos en el BOE.
Desde luego no es tarea fácil, pues se requiere de la modificación y aprobación de todo un paquete legislativo. Además, con la situación de fragilidad de todos los grupos parlamentarios en el Congreso la tarea parece misión imposible. Ahora bien, algún día habrá que empezar y cuanto antes sea, mejor.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies. 12/02/18

08 de febrer 2018

ATRAPADOS EN SU INSENSATEZ


La situación política en Cataluña cada vez se asemeja más a un espectáculo de esperpento, pero en malo.
El separatismo se ha partido en dos mitades. Por un lado, JxCat y por otro ERC, en medio la CUP arrimando la ascua a la sardina de la insurrección, la desobediencia y que salga el sol por Antequera.
En octubre fue Puigdemont quien quiso poner un poco de sentido común a la situación, por eso pensó en convocar elecciones y evitar, de ese modo, la aplicación del 155. Entonces los de Esquerra movilizaron al personal, trataron al president de traidor, éste se acoquinó, dio marcha atrás, seudo proclamó la república (como si fuera un coito interruptus) y puso pies en polvorosa, camino de la condescendiente Bélgica.
Ahora los papeles han cambiado, el hooligan es Puigdemont que se aferra a una presidencia de la que fue destituido y que, digan lo que digan y hagan lo que hagan, nunca volverá a ejercer. Mientras, ERC aspira a la elección efectiva de un president de la Generalitat que constituya un Govern y, como consecuencia de todo ello, se levante el famoso155.
A todo esto, la CUP está empeñada en crear una asamblea constituye para, entre otras cosas, elaborar una constitución catalana y desobedecer de manera descarada y provocativa al Tribunal Constitucional (TC). Eso sí que es, a mí modo de ver, inteligencia política y lo demás son tonterías.
De hecho, lo que tiene el soberanismo sobre la mesa, es encontrar un mecanismo que permita que se visualice a Carles Puigdemont como president, aunque sea de manera simbólica. Según parece la idea que en los últimos días ha ido ganando fuerza es nombrarlo a través de la Asamblea de Cargos Electos, un órgano no oficial que se constituyó antes del verano, en previsión de que las instituciones catalanas fuesen intervenidas. Esta asamblea está formada por unos 4.000 cargos electos, alcaldes, concejales y diputados. Ahora bien, este organismo está, todavía, en fase embrionaria. Aunque se presentó en diversas comarcas ni tiene estatutos, ni tiene presidente, ni ningún reconocimiento de ninguna clase, más allá del universo indepe.
En consecuencia, si ese organismo u otro similar invistiera a Puigdemont como president no tendría base jurídica alguna, por tanto, su legitimidad sería, cero. Tan solo el Parlament es la única institución que puede investir un president con plena legitimidad; en consecuencia, todo lo demás será u brindis al sol.
Una vez más el independentismo catalán está prisionero de su propia insensatez. Sus planteamientos, de nuevo, no son jurídicamente viables ni políticamente sostenibles. Viven en su mundo paralelo, aunque en algún momento deberán volver a la realidad, porque no se puede vivir eternamente colgado de una entelequia.
Quizás en ese contexto se entiendan las recientes declaraciones de la portavoz de JxCat y presumible sustituta de Carles Puigdemont que ha dicho que su grupo está pensando en modificar la ley de presidencia en lectura única para poder investir al huido a Bruselas. También, ha manifestado que la estrategia de su formación política es poner al Estado contra las cuerdas.
Pues bien, personas que estaban presentes cuando ese personaje hizo esas declaraciones, me han asegurado que ni le salieron los colores ni se le cayó la cara de vergüenza. Ya se ve que hay gente para todo. Seguramente en JxCat imaginan que las fuerzas de la oposición no van a decir nada, que el TC no va a impugnar las barbaridades jurídicas que ellos hagan y que el Estado va a permanecer ajeno a todo. Y, sin embargo, si los demás hacen dirán que los maltratan y oprimen. Esta gente es así.
Esta es la clase política que aspira a dirigir nuestro país. Seamos razonablemente optimistas y esperemos que más pronto que tarde despierten de sus sueños, comprendan su insensatez y, aunque no pidan perdón (que sería el mínimo exigible) vuelvan a poner los pies en la tierra. Tal vez entonces, podamos ver la luz al final del túnel.
Mientras, la cosa está cruda.

Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 08/02/18

05 de febrer 2018

CATALUÑA EN STANDBY

Ahora que estamos llegando al final del Procés, se pone de manifiesto que todo él ha estado trufado de mentiras, piadosas en unas ocasiones y épicas en otras, según conviniera en cada ocasión. A estas alturas, quien más y quien menos ya sabe que no habrá independencia ni a corto ni a medio plazo. Toda la parafernalia propagandística y panfletaria ha quedado en agua de borrajas y, por tanto, hay que acomodarse a la realidad.
Hemos pasado de una pretendida unilateralidad exultante a una bilateralidad como mal menor que tampoco va a existir. Nos deberemos conformar con que no nos recorten más y no se re centralicen competencias transferidas. Ha quedado demostrado que la capacidad coercitiva para impedir la vulneración de la legalidad es mucha y muy efectiva.
Lo que si se ha logrado es una sociedad más dividida que nunca, las instituciones intervenidas, un descrédito generalizado de la política catalana que se tardará años en superar y una situación económica en grave riesgo de recesión.
El Procés no va a salir gratis. De momento, hay cuatro líderes en prisión y otros huidos. En los próximos meses veremos como los responsables de esta irracionalidad, uno tras otro, pasan por el Tribunal Supremo y algunos son inhabilitados. Después en otoño llegará el juicio y entonces las lamentaciones y el crujir de dientes serán de los que hacen época.
Es verdad que más pronto o más tarde las partes enfrentadas deberán sentarse a dialogar, negociar y pactar, sí. Ahora bien, eso no debe ser excusa para que quien tenga cuentas con la justicia por saltarse la legalidad las pague. Tampoco debería quedar en el cajón del olvido que lo que subyacía en todo este aquelarre es, en realidad, un nacionalismo étnico, cargado de rencor hacia el vecino y de desprecio hacia más de la mitad de la ciudadanía.
Los secesionistas nunca han entendido que no se puede construir un país sin tener en cuenta al 52% de la población. Aunque esa mitad sea de orígenes diversos y tenga lenguas maternas distintas. Les ha fallado la estrategia, se equivocaron en la táctica y han demostrado un desconocimiento absoluto de la realidad del país.
Seamos razonablemente optimistas y pensemos que, al menos, han aprendido lo que es un Estado. Como escribía el siempre lúcido Lluís Bassets en un artículo publicado días atrás en El País: “El gobierno de Rajoy será tan inepto, corrupto y derechista como se quiera, lo es, ciertamente, y merece la mayor reprobación, pero el Estado es mucho más que Rajoy, que el PP y que el Gobierno. Viene de lejos y su fuerza deriva, entre otras cosas, de que es reconocido como tal de sus pares, iguales que el español en el monopolio legal de la coerción para su supervivencia y para el mantenimiento de la unidad territorial”.
En estas circunstancias, hay que volver a gobernar en el nivel autonómico respetando la Constitución y el Estatuto, justo lo que no se ha hecho en los últimos tiempos. O, dicho de otro modo, volver a los tiempos previos al Procés, pero sin el prestigio y el respeto que entonces se tenía por Cataluña y los catalanes, porque algunos lo han dilapidado de forma irresponsable.
Cataluña no puede seguir en un standby indefinido. Del mismo modo que la inmensa mayoría de ciudadanos nos damos un madrugón cada mañana para cumplir con nuestras obligaciones y seguir adelante, los políticos que dicen representarnos se han de dejar de milongas, aceptar la realidad y ponerse a trabajar. Como decía   Guerra (el torero): “lo que no pue ser no pue ser y además es imposible”. Pues eso, Digan lo que digan, Carles Puigdemont no será de nuevo president de la Generalitat. No es muy difícil de entender.
El país no puede seguir inmerso en este colapso institucional, político y social durante mucho más tiempo, el futuro no espera. Llegados a este punto, quizás habría que explorar la vía de un president alternativo sin mácula con la justicia y un Govern de técnicos como propuso, tiempo atrás, Andreu Mas-Colell. En estos momentos, una vía pragmática y respetuosa con las normas establecidas daría serenidad a la sociedad, calmaría los ánimos del empresariado, serenaría a la clase trabajadora y haría posible que los inversores se replantearan volver a Cataluña.
Todo eso es lo que necesitamos para empezar a salir de este mal sueño.


Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/02/18

01 de febrer 2018

TAL PARA CUAL

Mariano Rajoy y el Partido Popular nunca podrán agradecer a los independentistas catalanes, lo mucho que éstos han hecho por ellos. De igual manera, éstos nunca devolverán al Ejecutivo central los esfuerzos que se hacen desde el palacio de la Moncloa para que el procés siga vivo. Este último fin de semana acabamos de ver un nuevo capítulo de ese inacabable culebrón.
En efecto, pese a que el Consejo de Estado se opuso al recurso contra la candidatura de Puigdemont, el Gobierno central tiró por el camino de en medio y presentó recurso de inconstitucionalidad. Eso ha dado nuevos bríos y soliviantado al personal indepe, además de enrarecer un poco más el ambiente político y social en Cataluña que parecía evolucionar hacia una cierta normalidad.
De todos modos, la respuesta del Tribunal Constitucional (TC), a mi modo de ver, ha sido impecable. Ha decidido postergar la admisión del recurso del Gobierno a la vez que condiciona la investidura a la presencia de Carles Puigdemont en la Cámara, con el permiso previo del juez. Con esta resolución queda demostrado el carácter garantista del TC, se pone de manifiesto la separación de poderes y se hace evidente la sintonía entre el alto Tribunal y los letrados del Parlament que días atrás emitieron un dictamen en el se decía que era preceptiva la presencia de los diputados en el hemiciclo para desarrollar sus funciones.
Durante el tiempo que el foco mediático se ha situado sobre el proceso secesionista al PP le iban saliendo unos hilillos de   corrupción, hasta convertirse en un auténtico chapapote del envilecimiento. De manera simultánea, su líder ponía de manifiesto su infinita capacidad para no enterarse de nada. O mejor: que él de aquel asunto, del otro y del otro no sabía nada.
No obstante, los hechos acostumbran a ser tozudos y las cosas acaban sabiéndose. Eso es lo que está sucediendo ahora, las verdades van saliendo a la luz. Con el canto del cisne del independentismo el tema catalán va perdiendo interés y hay que buscar nuevos alicientes mediáticos.
Desde luego material no falta para llenar tertulias, portadas de diarios y cuantos formatos informativos podamos imaginar. En este contexto, la corrupción del PP y el desconocimiento (sin duda alguna ficticio) de su líder y jefe del gobierno es una mina.
El punto culminante, hasta el momento, de todos estos affaires se produjo días atrás, cuando el que fue secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa declaró ante el juez que su partido pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat valenciana” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. La misma persona a la que en un acto público, ante miles de seguidores y decenas de medios de comunicación Marian Rajoy dijera: “Siempre estaré detrás de ti, o al lado, me es igual. Gracias Paco”. Ciertamente, hay cariños que matan.
Quizás el origen de ese cariño haya que buscarlo en el congreso que el PP celebró en Valencia, tras haber perdido por segunda vez las elecciones generales de 2008 frente al PSOE. Entonces Rajoy estaba en la cuerda floja y la oposición interna, dirigida por Esperanza Aguirre le tenía contra las cuerdas. El apoyo de Camps y los suyos fue determinante para reflotar a un Mariano Rajoy en horas bajas.
A Rajoy, como líder del PP, le perseguirá siempre la sombra alargada de la corrupción. Pero como jefe del Ejecutivo, la percepción que se tiene de él, a nivel ciudadano, es la de una persona no capacitada para el altísimo cargo que desempeña. Nunca sabe nada de nada. Tanto da que le hablen de la trama Gürtel, de la Púnica o de Luís Bárcenas. Siempre se mueve entre la amnesia y la ignorancia. Si el tema es Cataluña, para él “la solución es la ley”. Si la cuestión es la brecha salarial entre hombres y mujeres, “lo mejor es que no nos metamos en eso” y así, podríamos seguir poniendo ejemplos casi hasta el infinito.
Después de tanta trama, tanto patinazo y tanta intransigencia el partido Popular y Rajoy están en franca decadencia, el problema es que al otro lado no se vislumbra alternativa creíble y Ciudadanos, pese al “subidón” de Cataluña, no es todavía alternativa. Los de Rivera no tienen una Inés Arrimadas en cada comunidad autónoma ni la situación en el resto de España es equiparable a lo que estamos viviendo los catalanes.
Como no puede ser de otra forma, todos los nacionalismos tienen muchos puntos en común. El español y el catalán no son ninguna excepción, y aunque puedan parecer antagónicos, en realidad, se retroalimentan. Su mayor diferencia es que unos tienen Estado y los   otros no. Si serán tan similares que mientras unos se financian con las tramas Gürtel, Púnica, Lezo y un largo etcétera, los de aquí no van a ser menos y también tienen su Palau, su 3% y todas las corruptelas que hagan falta. Y es que son tal para cual.
Así las cosas, habrá que esperar. Ojalá que sea por muy poco tiempo. La ciudadanía española no se merece ni tanta corrupción como estamos padeciendo, ni la indolencia con que se tratan los temas que nos afectan. Nos merecemos algo mejor. Mucho mejor.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 29/01/18

LOS CAMBALACHES DE COLAU

Como “Reina de la ambigüedad” calificó meses atrás el exministro y expresidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, por su indefinición ante el proceso secesionista catalán.
No le faltaba razón al político socialista. En la reciente sesión de constitución de la Mesa del Parlament de Cataluña, vimos como su partido, En Comú-Podemos, se abstenía en las votaciones para la elección de un presidente de Mesa. Con esa inhibición los comunes garantizaban la presidencia a los independentistas.  
La alcaldesa alardea de una neutralidad equidistante en todo este affaire secesionista que estamos padeciendo los catalanes. Sin embargo, eso es una pose muy alejada de la realidad. Su postureo se hizo evidente cuando con la excusa de la puesta en marcha del 155, rompió el acuerdo que tenía con los socialistas y los expulsó del ejecutivo municipal, quedando así en minoría.
Sucede que hay cosas que por mucho que se nieguen son obvias y acaban saltando a la vista. Por eso, y aunque tanto los comunes dirigidos por Colau como ERC y el PDeCat nieguen que hay cambio de cromos entre la abstención entre las recientes votaciones en el Parlament y la aprobación de los presupuestos municipales de 2018, queda bastante claro que hay ciertos cambalaches entre bambalinas.
Ada Colau afronta la recta final de su mandato con unas malas expectativas electorales, según indica el último barómetro municipal hecho público semanas atrás.  Con ese panorama de fondo la alcaldesa no puede permitirse el lujo de prorrogar los presupuestos para este año. Así las cosas, Colau ya ha hecho contactos tanto con Afred Bosch (ERC) y Xavier Trias (PDeCat) para llegar a acuerdos y sacar las cuentas adelante.
Por lo que parece los cambalaches en el lado mar de la plaza Sant Jaume están a la orden del día. De momento, el equipo de gobierno municipal ya ha anunciado que la conexión del tranvía por la Diagonal queda aparcada sine die, pese a que era uno de los proyectos estrella de la alcaldesa. Como también lo era la funeraria pública que, de la misma forma que el tranvía Colau se tendrá que envainar por indicación de Bosch para que ERC se abstenga en las votaciones como harán los concejales comandados por Trias.
Además, el republicano Bosc insta a que se ponga a disposición de la ciudadanía unos sepelios a precios más accesibles que los impuestos por las empresas del sector. Se habla de unos 1.800 euros, mientras que en la actualidad rondan los 6.000.
En estas circunstancias, es fácil adivinar los motivos de la total ausencia de beligerancia de Ada Colau con su antecesor en la alcaldía, Xavier Trias, cuando salió a valorar la sentencia del caso Palau. La evaluación de la alcaldesa fue sorprendente porque hizo una relación de los dirigentes del PDeCat que por acción u omisión estaban relacionados con el affaire y pidió que se retiraran del servicio público y, sin embargo, al exalcalde ni lo mencionó.
De todos modos, el no del PSC a las cuentas de Ada Colau, junto con los de Ciudadanos, PP y la CUP, hacen que la alcaldesa tenga que someterse a una nueva moción de confianza para aprobar los presupuestos. La segunda en lo que va de mandato. Visto lo visto, no parece que el gobierno municipal tenga mucha sintonía con los grupos de la oposición ni facilidad para llegar a acuerdos.
Menos mal que Coalu pertenece a esa ola de políticos emergentes que han venido a pulverizar la vieja política y a los que hicieron posible el régimen del 78. Sin embargo, a juzgar por las políticas que están llevando a cabo, sus actitudes y sus iniciativas son tan casposas y desfasadas como las que más. Tampoco ellos se diferencian sustancialmente de los de la vieja escuela.
Como tantos otros, Coalu ha tocado poder y le ha gustado. Eso en principio no tiene porqué ser malo. Otra cosa, es estar   dispuesto a llevar a cabo los cambalaches que hagan falta para seguir en la poltrona. Además, la alcaldesa parece haber olvidado que en esta vida no todo vale. Hay valores como la ética, la dignidad, el compromiso adquirido y otros que merecen estar en el frontispicio de nuestro almario para servirnos de guía.
Así las cosas, la pregunta que se plantea es sencilla, ¿nos merecemos los barceloneses una alcaldesa como Ada Coalu? Que cada cual se responda según su mejor y más leal saber y entender -si lo considera oportuno-, y actúe en consecuencia.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 29/01/18

27 de gener 2018

ROGER TORRENT Y SUS DECISIONES

La XII legislatura del Parlament de Cataluña inició la semana pasada su andadura de una forma razonablemente aceptable. Bien es verdad que los independentistas impusieron su Mesa de la Cámara   en la que ellos tienen cuatro representantes por tres el resto de formaciones. Pero eso, está dentro de la lógica que permite la aritmética parlamentaria.
La sesión inaugural se abrió con el discurso del presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, de 75 años, diputado por ERC que, con su intervención muy alejada de la neutralidad institucional, puso de manifiesto como no se deben hacer las cosas cuando se preside, aunque sea de forma circunstancial, una institución que es de todos. Absolutamente de todos los ciudadanos, tengan el credo político que tengan.
Con sus palabras Maragall puso de manifiesto que existen políticos que viven en mundos paralelos. Según él, el Estado “solo sabe humillar y castigar” y, en su opinión, Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo. Antes estas afirmaciones, está de más cualquier comentario sobre el que fuera el consejero de la Generalitat con más huelgas y manifestaciones en contra, de la historia reciente.
Muy distinto fue el discurso del nuevo presidente, Roger Torrent. Hombre, también, de ERC, pero que mostró otros modos y otras maneras. Torrent dijo que los diputados representan una Cataluña plural de “identidades cruzadas” y habló de “coser la sociedad catalana”. Curioso porque la fractura ha sido generada por un procés que lideraron las gentes de Esquerra y los postconvergentes con el soporte imprescindible de los antisistema de la CUP.
Más vale tarde que nunca dice el refrán popular. De todas formas, cuesta creer que un destacado independentista quiera restituir aquello que se pulverizó en los dos últimos años. Esto es, la normalidad de la vida institucional y que en el Hemiciclo del Parc de la Ciutadella se recupere el dialogo y el respeto a las minorías sin pasarles el rodillo como se ha hecho de manera reiterada en los últimos tiempos y de forma muy especial los días 6 y 7 de septiembre pasado.
Con su elección, a Roger Torrent le han situado en un cruce de caminos. Puede optar por poner fin a la excepcionalidad política que estamos viviendo en Cataluña e impulsar la vuelta a la normalidad y a la legalidad democrática. O bien, puede optar por seguir por las trochas de la vía unilateral de la anterior legislatura, bordeando los barrancos de la ilegalidad, la desobediencia y asomarse a los abismos del enfrentamiento.
Sea cual sea su planteamiento, pronto saldremos de dudas. Tras la preceptiva ronda de consultas con los diferentes grupos parlamentarios y a tenor de los resultados del 21 D, muy pronto deberá proponer la investidura de un candidato que cuente con el consenso suficiente para encabezar el Govern de la Generalitat.
Ciertamente, tarea nada fácil por el empecinamiento de JxCat de que sea Carles Puigdemont el próximo president. Dada la situación, si Roger Torrent optara por proponer al huido Puigdemont utilizando cualquier añagaza, ya sea reformado el reglamento de la Cámara o permitiera la investidura telemática, volveríamos a los días aciagos de septiembre y octubre pasados. Ni los partidos de la oposición aceptarían, ni el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados. De inmediato sería presentado un recurso de inconstitucionalidad y el 155 se aplicaría, si cabe, con más contundencia. Con toda probabilidad se disolvería el Parlament, el nuevo ejecutivo ni se llegaría a nombrar y unas nuevas elecciones quedarían aparcadas sine die
En cualquier caso, a estas alturas, quien más, quien menos es consciente de que el procés como lo hemos padecido hasta ahora está finiquitado. Sin embargo, sería ilusorio pensar que esto se ha acabado. En absoluto. Lo más probable es que los secesionistas se retiren, de momento, a sus cuarteles de invierno, pero continuarán con una labor de zapa, con buenas formas y gestos más amables para seguir ganando adeptos y ensanchar su base social hasta estar en disposición de plantear una nueva batalla y ganarla.
Así las cosas, dependerá de la inteligencia política que tengan el Gobierno central y los partidos constitucionalistas para llevar a cabo las reformas necesarias que hagan ver al conjunto de la ciudadanía que estar juntos merece la pena. No se trata de hacer concesiones y ceder a las coacciones. Se trata de poner al día lo que con el paso del tiempo haya podido quedar obsoleto. Es una cuestión de justicia, equidad y coherencia política, no de debilidad ante los chantajes.
De todos modos, hemos de ser conscientes de que, se haga lo que se haga, siempre habrá gente dispuesta a echar el carro por el pedregal. Pero si se les quitan argumentos irán disminuyendo y cuantos menos sean mejor.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 22(01/18

17 de gener 2018

EL AGUJERO DE LAS PENSIONES

Aunque algunos se resistan a creerlo, hay vida y suceden cosas más allá de la burbuja secesionista catalana. Cosas que nos afectan de manera directa.  Por ejemplo, la situación de emergencia que está padeciendo nuestro sistema público de pensiones.
En efecto, el pasado mes de diciembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a echar mano de la “hucha” de las pensiones para hacer efectiva la paga extra. Eso ha hecho que el fondo de reserva haya quedado tiritando. De los más de 66.000 millones que quedaron en caja cuando los socialistas abandonaron el poder, nos hemos quedado, a día de hoy, con menos de 8.000. Pero es que las previsiones son nefastas. El gasto previsto para éste 2018 es de unos 125.000 millones que se pueden cubrir con las aportaciones que hacen trabajadores y empresas, lo que no se cubre son las pagas extras y eso asciende a unos 15.000 millones de euros.
Es evidente que la situación es muy grave y hay que poner manos a la obra para solucionar el problema. De no hacerlo, uno de los pilares del Estado del bienestar se nos va a ir a Norris y las consecuencias puede ser trágicas. En España hay más de nueve millones de pensionistas, y son cientos de miles las familias que subsisten y pueden ir tirando adelante gracias a la pensión que cobran sus mayores.
En estas circunstancias hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas ya. Para empezar, hay que reconstruir el Pacto de Toledo que el PP hizo añicos en 2013. Acto seguido se deben articular los mecanismos necesarios para garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo.
Resulta insólito que el déficit de nuestro sistema de Seguridad Social se haya disparado en los últimos cinco años. No obstante, los   motivos son evidentes: por un lado, las altas cifras de paro generadas por la crisis de 2007 y, por otro, la reforma laboral aprobada por el PP con la inestimable colaboración de la ya desaparecida CiU. Esa situación ha puesto en bandeja un apetitoso negocio de más 85.000 millones de euros anuales para las entidades financieras que ofrecen pensiones privadas a su clientela. Algo, por cierto, bastante inverosímil, porque una pensión mediana de esa tipología requiere un ahorro de unos 7.700 euros anuales. Aquí la pregunta es obvia, ¿con los míseros salarios que se están pagando, quien se puede permitir un lujo semejante?
Es una vergüenza intolerable que los recortes y los ajustes de las políticas equivocadas los tengan que pagar aquellos que cotizaron religiosamente a lo largo de su vida laboral. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar y gestionar de forma adecuada nuestro sistema de pensiones para que no se deteriore y sea sostenible. Del mismo modo que es inconstitucional celebrar un referéndum para segregar un territorio y es un posible delito que debe ser perseguido; también es un atropello que debe ser castigado privar a las personas de aquello que ganaron con su trabajo y ahora se les quiere negar.
Desde luego el tema es muy duro y espinoso. Requiere de mucha imaginación y voluntad política para solventarlo. Por eso, para empezar, sería bueno tener unas cuantas cosas claras.
·         Nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás de nosotros en la medida en que las prestaciones destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada a mantener un fondo de cobertura, sea igual a los ingresos.
·         En cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito-  ni pueden estar sometidos a la lucha política ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar.
·         Las reformas que se lleven a cabo en el sistema deben estar orientadas por los principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados participación social en la gestión y sostenibilidad financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
·         Finalmente, no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que, o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones de trabajar. 
Creo, con sinceridad, que a partir de aquí se puede empezar un buen trabajo. Siempre y cuando haya voluntad para ello, claro está.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 16/01/18

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