12 de desembre 2019

FECHAS CLAVE


Dicen los que me conocen bien que soy un optimista visceral. No lo sé, pero desde luego siempre prefiero ver la botella medio llena antes que medio vacía. Tampoco soy partidario de echar agua al vino. Sin embargo, aunque quiero ser positivo con el tema de la investidura de Pedro Sánchez, mucho me temo que, por muy bien que vayan las negociaciones, éstas se pueden alargar y, hasta bien entrado el mes de enero, no tendremos presidente de Gobierno a todos los efectos.
ERC ha conseguido controlar la agenda política y eso no es una buena noticia porque sus intereses, en estos momentos, no coinciden con los de la mayoría. Además, el calendario es diabólico. Para empezar, los pseudorepublicanos necesitan tiempo para convencer a sus bases, bastante radicalizadas, de las conveniencias de un acuerdo con los socialistas. Ahí jugará un papel fundamental su Congreso Nacional que han de celebrar los próximos días 20, 21 y 22 de este mes de diciembre. No me extrañaría que los dirigentes de ERC busquen obtener en el cónclave algún mandato abierto para poder maniobrar a sus anchas sin que después la organización se lo pueda echar en cara.
De todas maneras, antes de llegar a eso, en todas las agendas políticas, que tienen que ver con Cataluña, está marcado en rojo el 19 de diciembre. Ese día el Tribunal de Justicia de la UE se ha de pronunciar sobre la inmunidad o no de Oriol Junqueras como europarlamentario. Un fallo que por extensión afectará a la situación jurídica y política de Carles Puigdemont y Toni Comín. Según lo que diga ese dictamen, el hoy expresident prófugo podría volver a presentar su candidatura para intentar dirigir de nuevo la Generalitat. Y, si eso sucediera, nadie duda que el tablero político cambiaría de manera radical y las prioridades serían otras.
Lo más plausible es que entonces, Quim Torra convoque elecciones porque en JxCat saben que su tabla de salvación es Puigdemont. Tan solo con él al frente tienen posibilidades de seguir presidiendo el Govern. Por eso, los neoconvergentes y sus satélites apuraran hasta el último suspiro y jugaran esa carta mientras tengan la más remota posibilidad de que se haga realidad.
En ese supuesto, es probable que ERC rompa la baraja de la negociación por la investidura porque, con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, su objetivo sería batir de una vez por todas a JxCat y, convertirse así, en el partido hegemónico de Cataluña, auténtico objetivo por el que siempre han trabajado los pseudorepublicanos. Lo otro: el derecho a decidir, la autodeterminación o la independencia, en realidad son etapas de una carrera por el poder que tiene su meta en la Plaça Sant Jaume o más concretamente en el Palau de la Generalitat.
Por lo tanto, de darse esa situación, estaríamos ante una lucha sin cuartel entre las dos fuerzas independentistas que llevan años enfrascados en una lucha fratricida. En esas circunstancias, que una de las dos organizaciones estuviera negociando para investir al presidente del Gobierno de España o estuviera a punto de hacerlo, casaría muy mal con los maximalismos secesionistas que se alimentan en las campañas electorales independentistas para azuzar las bajas pasiones.
Estamos, pues, ante unas fechas que serán claves para desbloquear la situación política en la que llevamos atascados muchos meses o embarrancarnos aún más. Entonces, si eso último sucede, vamos de cabeza a unas nuevas elecciones que nadie quiere, salvo la derecha que las está deseando.
Sea como sea, no depende de nosotros, así que lo mejor será que nos lo tomemos con mucha calma, bastante filosofía y si es posible algo de humor. Al fin y al cabo, de otra manera, tampoco vamos a conseguir nada.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 11/12/19

04 de desembre 2019

ENTRE LO MALO Y LO PEOR


Tenía previsto escribir un artículo sobre la conveniencia o no de reformar la Constitución, ahora que se cumplen cuarenta y un años desde que se aprobó. De esa forma, cumplía con mi compromiso de entrega semanal a e notíices, Sin embargo, he cambiado de opinión al leer determinadas declaraciones, manifestaciones y/o artículos que me han ocasionado desasosiego y cierto malestar.
De hecho, tanto Pablo Casado como Albert Rivera, ya empezaron, después de las elecciones del pasado 28 de abril, a advertirnos de la “inmensa catástrofe” que sería un Gobierno de coalición del PSOE con los comunistas de Unidas Podemos para España; pero si además recibía los apoyos de Bildu y/o ERC (cosa imprescindible por cuestiones de pura aritmética parlamentaria, ante la negativa de la derecha a facilitar la investidura,) todas las maldiciones bíblicas caerían sobre nosotros. Pero, para bien o para mal, aquella propuesta no tiró adelante y, como consecuencia de ese pacto “interruptus”, no nos quedó otra que, en el mes de noviembre pasado, volver a ir a votar.
Ahora parece que hay posibilidades reales de que ese Gobierno de coalición cuaje. Aunque, eso sí, para que salga adelante se necesita que hasta una quincena de diputados de lo más variopinto den su apoyo y que los seudorepublicanos catalanes se abstengan para hacer posible que Pedro Sánchez sea investido. Y ese es el quid de la cuestión.
Días atrás eran los chicos de Vox, tan perspicaces ellos, los que decían que “Pedro Sánchez quiere reformar la Constitución para destruir España con sus cómplices separatistas”. Poco después, Luís Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, ─ese partido, que ya es irrelevante y va camino de la desaparición─, pronosticaba que “un Gobierno con Podemos y el apoyo de ERC era el fin de España”, alineándose así, con ese gran hombre tan amante del progreso y de los avances de la humanidad que es el integrista Antonio Cañizares, en la actualidad arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española que en una carta titulada “¡Alerta!”, ¡Alerta!”, dice que ve a España “en peligro y grave emergencia”. Hasta ahí, ninguna novedad, nada que no supiéramos ya.
Sin embargo, lo que me ha inquietado ha sido un manifiesto que han suscrito una cincuentena de parlamentarios de las Cortes constituyentes en el que piden a los partidos de ámbito estatal que lleguen a un acuerdo por la unidad de España y un Gobierno que no dependa del independentismo.
Vamos a ver: siento un gran respeto por todas aquellas personas que en un momento determinado dieron un paso al frente e hicieron posible que el tránsito de la dictadura a la democracia fuera en muchos aspectos modélico. Confieso que, por alguno de esos personajes, incluso siento admiración. No obstante, cuando leo algunas declaraciones se me pone, como diría el Holandés Volador, “la gallina de piel”. Aquellos constitucionalistas de ayer hoy son viejas glorias que se asemejan mucho a esas reliquias que todos respetan, pero nadie sabe dónde poner y, en unas circunstancias como las actuales, creo que harían bien quedándose en un discretos segundo o tercer plano y dejaran hacer a los que hoy tienen esa responsabilidad, porque a ellos ya se les pasó su ocasión.
No negaré la complejidad del momento, pero como ha dicho el ya exministro de Exteriores Josep Borrell, y uno de los cerebros mejor amueblados de la política española, la “situación es anómala”. Ciertamente la situación es anómala. Por lo tanto, puede gustar o no, pero la realidad es la que es, y si el PP se niega a facilitar la investidura, sólo quedan dos opciones: o se busca la abstención de ERC, y eso significa sentarse y negociar o vamos a unas nuevas elecciones. Como diría un castizo, no hay más cera que la que arde
Además, parece que por fin se va encendiendo alguna luz en el universo indepe. El exdiputado de Esquerra Joan Tardà decía: “Lo importante es investir a Pedro Sánchez para seguir negociando”.
Desde luego, la situación está cogida con alfileres y en cualquier momento se puede ir todo al garate, A veces en política, como en la vida, hay que tomar decisiones y se debe escoger entre lo malo y lo peor y eso es lo que le corresponde hacer a hora a Pedro Sánchez. De todos modos, deberíamos ser razonablemente optimistas y darle una oportunidad al sentido común.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 04/12/19

27 de novembre 2019

NEGOCIAR TANGIBLES


Durante muchos años, la desaparecida Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), con la impagable colaboración de Unión Democrática de Cataluña (Unió), practicó el cinismo político en nuestro país.
Quién no recuerda aquello de la puta y la Ramoneta. Venía a ser algo así como pedir una cosa y querer otra, decir algo en Barcelona y lo contrario en Madrid. En definitiva, hacer mil trapacerías al más puro estilo de la picaresca española. O sea, la antítesis de la política hecha con rigor y seriedad, que es la que se supone que han de practicar nuestros representantes.
Pues bien, parecía que con la desaparición de la coalición que hizo de la cicatería bandera, CiU, y el ostracismo de su máximo líder apartado de la escena por corrupto, Jordi Pujol, aquella manera de hacer quedaría para el recuerdo. Sin embargo, miren ustedes por donde, ERC ha cogido el relevo y lleva un tiempo desempeñando el mismo papel que hicieron los pujolistas en su momento y que tanto rédito electoral les dio; aunque eso sí, dejaron el país hecho trizas para un montón de años.
Ahora estamos en las mismas. Los pseudorepublicanos catalanes se saben imprescindibles para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa. Son conscientes de la situación y se hacen de rogar, hasta aquí nada que objetar, ese dejarse querer forma parte de la política. Ahora bien, saben que determinadas cosas ni se pueden proponer ni se puede aceptar que entren en la carpeta de lo negociable, bien porque están fuera de la legalidad, bien porque exceden de las competencias de los interlocutores. No hay que olvidar que en democracia cada institución juega su papel y un Ejecutivo tiene unas atribuciones y un Parlamento tiene otras, y no es aconsejable mezclar churras con merinas.
He querido comenzar este artículo con esta breve reflexión porque ERC está subiendo, cada día que pasa, el precio de sus votos para investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno.
Está bien que pidan una mesa diálogo, pero es cuestionable que exijan que sea entre iguales, porque el Gobierno de un Estado (España) nunca puede ser igual que el de una autonomía (Cataluña). De la misma manera que también es cuestionable que propongan temas para negociar como la autodeterminación que están fuera del marco constitucional, es decir fuera de la ley. Lo mismo que pedir, en estos momentos una Ley de Amnistía que no es otra cosa que un brindis al sol.
Por lo tanto, sería razonable que fueran a la mesa de negociación “ligeros de equipaje”. O lo que es lo mismo, con la idea de mejorar las infraestructuras en Cataluña, buscando mejoras en la financiación, para reducir las listas de espera en la sanidad, bajar las tasas universitarias o aumentar las becas comedor. Cosas que buena falta nos hacen a la gente que vivimos en Cataluña para mejorar nuestra calidad de vida.
En definitiva, deberían aprovechar la coyuntura para negociar tangibles como, por ejemplo, aumentar el autogobierno, ahí sí que encontrarán a una mayoría sustancial de catalanes que les darán soporte.
De todas maneras, en mi opinión, buena parte del problema tiene sus raíces en que el universo independentista y ERC está en esa burbuja, no entiende, o no quiere entender, que los políticos presos no fueron juzgados por sus ideas, ni por falta de libertad de expresión, ni porque no se respetara su derecho de manifestación. Están en prisión porque cometieron delitos tipificados en el código penal.
Y mientras no asuman eso, el entendimiento será difícil, muy difícil. Otra cosa, es la posición de JxCat que piden para negociar, además que lo mismo que los de Oriol Junqueras, que se siente a la mesa Carles Puigdemont, el fugitivo de la justicia, y haya un relator internacional. A éstos hay que echarles de comer aparte. Pero de eso, si les parece amables lectores, hablaremos en otro capítulo de este interminable culebrón. 

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 27/11/19

LOS ERE Y "LA PAZ SOCIAL"


La sentencia de los ERE de Andalucía ha sido un torpedo en la línea de flotación del PSOE. No por esperada ha resultado menos dolorosa para los socialistas.
Ese dictamen, aunque todavía no es firme, es una mancha para el partido socialista. Un partido que, a lo largo de sus más140 años de historia, siempre ha luchado por los más desfavorecidos, el interés general de las mayorías sociales y por los principios democráticos de libertad e igualdad, con total honestidad.
Este desafortunado asunto empezó a tejerse con Manuel Chaves. Chaves llegó a la política andaluza en 1990. Fue enviado allí, por Felipe González, para zurcir las heridas que había generado el enfrentamiento entre Alfonso Guerra y José Luís Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente de la Junta.
Manolo Chaves estuvo dos décadas como máximo responsable político de Andalucía. En ese tiempo puso en marcha un sistema para rescatar empresas y trabajadores en crisis. Lo denominaron de “paz social”. Esa fue la semilla de lo que al final hemos conocido como el caso de los ERE.
A principios de 2009, José Luís Rodríguez Zapatero ofreció a Manuel Chaves que asumiera una vicepresidencia y la cartera de Administración Territorial en el Gobierno de España. Éste aceptó y propuso a José Antonio Griñán como su sucesor en la presidencia de la Junta. Griñán recogió el guante, pero puso dos condiciones: repetir como candidato en 2012, para que no se le viera como un interino y manos libres para formar su propio Gobierno.
El recién llegado era bastante consciente de las chapuzas de la consejería de Empleo. Las subvenciones sociolaborales se concedían fuera de los presupuestos y eso imposibilitaba cualquier control. Ciertamente, José Antonio Griñán intentó desmarcarse de aquel entuerto, pero la tela de araña ya estaba muy tupida y, aunque convocó un Congreso, apartó a la gente de Chaves y se rodeó de gente joven sin piedras en la mochila, el daño ya estaba hecho y la rueda era imparable.
No es mi intención poner en marcha el ventilador y embadurnar a otros, cada cual es responsable de sus actos. Sin embargo, es evidente, que el caso ERE de Andalucía reabre la batalla entre partidos por la corrupción y con eso se van a llenar horas de tertulias, y montones de páginas de periódicos a cuenta de quien es más chorizo que quien.
“Es un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” Se puede leer en la sentencia del caso Gürtel.  Ante tanta claridad me ahorro comentarios.
En cambio, en el caso de los ERE, más allá de que los dirigentes condenados ya habían abandonado, hace muchos años la militancia política, no se les condena por llevarse dinero público a sus bolsillos ni por financiar a su partido.  Mientras que en el caso Gürtel, quedó probado que las empresas de Francisco Correa se lucraron gracias a la adjudicación de contratos públicos amañados y al cobro de comisiones ilegales por su intermediación en otros negocios vinculados a Administraciones gobernadas por el PP. Mordidas que de un modo u otro revertían en los populares.
Eso que referido más arriba es corrupción y ha de ser rechazada de forma enérgica por la sociedad y castigada con severidad y rigor por los tribunales. Los recursos que aportan los contribuyentes se han de tratar con el máximo esmero y pulcritud. No obstante, no es lo mismo malversar para beneficiarse de manera personal y/o favorecer al partido que dilapidar saltándose los controles pensando que así se gana en agilidad y por lo tanto en eficacia.
Todo esto ha sido muy triste y lamentable, pero conviene dejar claro que esta sentencia no afecta para nada la trayectoria política de Pedro Sánchez. Cuando ocurrieron los hechos juzgados en la Audiencia de Sevilla, Sánchez era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Por consiguiente, poca influencia podía tener él entonces en los ámbitos en que se cometieron los delitos.
Y, en cualquier caso, después de este deleznable affaire ha de quedar clara una cosa: mal les pese a algunos, y es que la separación de poderes en España es un hecho, y la Justicia en nuestro país funciona.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 26/11/19

23 de novembre 2019

GENTE QUE NO SON DE FIAR


 “La política es el arte de lo posible”, dice un conocido proverbio popular. En efecto, y parece que, por fin, lo han entendido los líderes de la izquierda de este país. Si tras las elecciones del 28 A estuvieron casi cinco meses negociando y no fue posible ni un pacto a la portuguesa ni formar Gobierno; ahora, tras los comicios del 10 N, en 48 horas han llegado a un principio de acuerdo para desbloquear la situación. Quizás es que le han visto las orejas al lobo que, en esta ocasión, venía disfrazado de extrema derecha.
Ya, en la misma noche de las elecciones, los gurús de La Moncloa entendieron que con 120 diputados no se puede gobernar. Por eso, cuando pedro Sánchez salió al balcón de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, para saludar a los militantes y simpatizantes allí concentrados dijo: “esta vez sí o sí formaremos Gobierno”, toda una declaración de intenciones. Y, casi de inmediato, se iniciaron los contactos con Unidas Podemos.
Admito que no me gusta Pablo Iglesias como político, ni por su trayectoria al frente de Podemos, ni por la radicalidad simplista de muchos de sus planteamientos. No obstante, hay que reconocer que, tanto en la campaña del 28 A, como ahora en la del 10 N, Iglesias ha hecho propuestas sensatas y razonables; entonces, ¿por qué no darle un voto de confianza? Al fin y al cabo, no hay mucho más donde escoger en el tablero político nacional.
De todas formas, el pacto PSOE-Unidas Podemos es insuficiente para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En consecuencia, se necesitará la colaboración de hasta una quincena de grupos o grupúsculos políticos para que diputado por diputado den su voto, pero es que, aún y así, hará falta algo más. Y ese algo más, descartada la colaboración del PP por razones bastante obvias, hace que tenga que ser ERC quien con su abstención permita que Sánchez sea investido en segunda vuelta.
Ante esta situación se han levantado voces en el PSOE, especialmente entre los barones, mostrando su inquietud por un posible pacto con los de Junqueras. Razón no les falta. Los pseudorepublicanos catalanes no son de fiar. Basta echar un vistazo a su historia más reciente para certificar esa dura afirmación. Ellos votaron no, igual que el PP al Estatuto de Cataluña del 2006, dinamitaron el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall y ningunearon a José Montilla como president de la Generalitat. Después, no han tenido ningún empacho en pactar con la derecha rancia, primero de CiU y luego del PDCAT, a principios de este año negaron con su voto la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ahora, y eso que dicen ser de izquierdas, están preparando la tramitación, en el Parlament de Cataluña, de un Proyecto de Ley de contratos y servicios a personas, conocido con la “Ley Aragonés” -porque el vicepresidente del Govern que es de Esquerra e impulsor de esa medida se llama Pere Aragonés-, mediante la cual se podrán externalizar hasta 250 servicios públicos de la órbita de la sanidad o de la educación. Por lo tanto, son unos personajes políticos que cuanto más lejos mejor.
Sin embargo, como dice un adagio, también muy conocido hay que “hacer de la necesidad, virtud” y, o se pacta con ERC para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa, o vamos a unas nuevas elecciones. Y, si eso llegara a suceder, existen muchas probabilidades de que la derecha vuelva al poder y, esta vez, con la colaboración inestimable de la derecha extrema, es decir, Vox.
La ciudadanía se pronunció con rotundidad el pasado 28 A. sin embargo, todo indica que entonces los políticos no entendieron el mensaje. El 10 N los electores se volvieron a pronunciar, prácticamente con la misma claridad y contundencia. Desoírlos de nuevo sería, además de una tremenda falta de respeto, una gravísima irresponsabilidad política y si alguien lo hiciera sería indigno de representar a nadie.
Por lo tanto, si se llegase a ese extremo, lo más razonable sería que si algún político no se siente con fuerzas para dialogar acordar y pactar que dé un paso atrás para que otro ocupe su lugar y llegue a los acuerdos y pactos que su antecesor no haya sabido o podido alcanzar. El país lleva demasiado tiempo bloqueado, así no podemos seguir y, desde luego, la ciudadanía no se lo merece.

Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 21/11/19

19 de novembre 2019

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA


De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la convivencia en Cataluña, me duelen de forma especial dos cuestiones. En primer lugar, los cortes de carreteras, autopistas y vías de tren, que se han llevado a cabo de forma indiscriminada, porque afectan de manera directa, un derecho tan elemental como es la libertad de movimientos de las personas y mercancías. Con esas acciones se está coaccionando la libertad de la gente, por un lado, que no se pueden desplazar libremente y, por otro, están castigando de manera muy peligrosa la economía de toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo. Por otra parte, me molesta y duele, la actitud de cientos de jóvenes universitarios que han creído que las universidades públicas catalanas son de su exclusiva propiedad. Además, esta creencia se ha visto reforzada por el soporte que han recibido   de determinados rectorados y claustros.
Llegados a este punto, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta magnífica ventana digital que es El Catalán para reflexionar sobre la actitud de esos jóvenes estudiantes y, sobre todo, explicar cuál es, a mi modo de ver el rol que deben asumir las universidades públicas en momentos como los que estamos viviendo en Cataluña. Veamos.
Las universidades públicas se financian principalmente mediante los presupuestos generales y las matrículas de los estudiantes, en segundo lugar. Por consiguiente, son instituciones del Estado y lo lógico es que sean autónomas sin entrar nunca en el juego de las políticas partidistas, porque son de todos y para todos.
Sus dirigentes son escogidos por su programa y bagaje académico, pero nunca se han presentado con un programa político ni han sido elegidos por su sesgo ideológico. En consecuencia, son representantes institucionales de toda la comunidad universitaria, no de una parte.
Si admitimos, aunque sólo sea por una vez, que la Universidad traspase los límites de sus competencias y actúe donde no le corresponde. ¿cómo decidiremos cuando es correcto y cuando no qué la Universidad incida en unas problemáticas y en otras no? ¿Quién y cómo decidirá que cuestiones políticas son pertinentes y cuáles no lo son? Esto nos lleva de forma directa a admitir que los dirigentes universitarios no están ni legitimados ni autorizados para hablar de cuestiones políticas en nombre de otros académicos.
Por otra parte, soy de la opinión, de que las universidades públicas no deben invadir el terreno de los representantes de la soberanía popular, son estos últimos los que han obtenido la confianza de los ciudadanos para que los representen y lleven a cabo las iniciativas oportunas en los lugares adecuados para mejorar la vida de la ciudadanía. Porque al final, ese es quid de la cuestión.
Esta breve reflexión me ha parecido oportuna para centrar el tema que es el objetivo de este artículo: la actitud de centenares de jóvenes universitarios tras la sentencia a los líderes del procés.
Tras conocerse el dictamen del Tribunal Supremo (TS) sobre los líderes del procés, grupos de estudiantes, quizás no muy numerosos, pero sí muy activos, decretaron huelgas continuadas y encierros en las facultades, impidiendo, de esa forma, el acceso a otros estudiantes que no estaban de acuerdo con los huelguistas y querían ejercer sus derechos de aprender y formarse.
Aunque no comparto ni los motivos ni los métodos de la movilización puedo llegar a entenderlos y disculparlos, porque si no son los jóvenes los que se revelan y protestan ¿quién lo va a hacer y cuando se va a hacer?
Lo que no disculpo es que se quiera sacar tajada de la situación. O, dicho de otro modo: que se quieran flexibilizar las evaluaciones para hacer compatibles las clases y las protestas. Hasta ahí podríamos llegar. El que no quiera polvo que no vaya a la era.
Además, me ha parecido una frivolidad imperdonable el pronunciamiento de determinados claustros y algún que otro rectorado en contra de la sentencia y dando soporte a los alumnos partidarios de los encierros.
En este contexto, ha sido un grandísimo acierto la carta que más de 800 docentes de toda España han firmado, en contra de los manifiestos de distintos claustros y rectorados.
Los redactores de la misiva discrepan de la supuesta libertad de expresión en la que muchos han querido enmarcar las declaraciones institucionales de las universidades. Los firmantes sostienen que “es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas, como apuntan varias sentencias del tribunal Constitucional”.
También defienden que el hecho de que una administración se exprese en nombre de todos sus miembros, como se ha hecho en esta ocasión, “implica una clara agresión a un derecho fundamental como es libertad ideológica” de los discrepantes. Derecho recogido en el artículo 16 de la Constitución.
Asimismo, ponen de manifiesto que la difusión de “un pensamiento único sobre cualquier tema” es radicalmente incompatible con la esencia de la Universidad. “sobre todo, cuando se trata de asuntos que generan una fuerte controversia social”, como es el caso que nos ocupa. En consecuencia, instan a los rectorados y claustros que se han posicionado en contra de la sentencia del TS a rectificar. De manera simultánea, muestran su predisposición “para contribuir a un debate sereno y riguroso sobre todas las dimensiones del grave conflicto que se vive en Cataluña”. 


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 16/11/19

12 de novembre 2019

GANA EL PSOE, PERO TRIUNFA VOX


Las elecciones generales del pasado, 10 de noviembre, nos han dejado un panorama sombrío y un futuro tan difícil como complejo. Con respecto a las elecciones de abril el partido socialista ha perdido tres escaños en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado, siete diputados se han dejado en este envite Unidas Podemos mientras que los populares de Casado hacen una buena recuperación y alcanzan los 88 asientos en la Cámara. De todos modos, no deja de ser una subida agridulce porque se habían fijado los 100 escaños como objetivo. El gran derrotado es Ciudadanos que se queda en la irrelevancia política con diez diputados y hace que Albert Rivera tenga que marcharse a su casa y renuncie a recoger su acta de diputado. En cualquier caso, el gran triunfador del 10-N es Vox que pasa de 24 a 52 escaños y se convierte en la tercera fuerza del Parlamento.
Con los resultados a la vista es evidente que convocar unas elecciones poco más de seis meses después de las últimas ha sido un error. En estas circunstancias, se impone que Pedro Sánchez haga una criba en el grupo de asesores y gurús de su entorno más inmediato.
El electorado, una vez más, ha cumplido con su obligación con una participación que ronda el 70%. En concreto, un 69,8% en el conjunto de España y un 72,3% en Cataluña. Estas cifras nos pueden dar una idea de la importancia que le ha dado la ciudadanía a estos comicios. Ahora corresponde a los políticos llevar adelante su cometido, que para eso han sido elegidos: gobernar y sacarnos del atolladero en el que ellos nos metieron.
De todos modos, no será fácil, la situación política está más bloqueada que la semana anterior o hace un mes, y el país dividido en dos mitades. Ante esta situación ya nos podemos olvidar de las reformas estructurales, aquellas que requieren de grandes consensos para llevarlas adelantes. Así, por ejemplo, no será posible ni modificar el sistema electoral ni la Constitución. Por lo tanto, ya nos podemos despedir por mucho tiempo de unas hipotéticas listas abiertas, circunscripciones electorales más proporcionales, etcétera. Tampoco hace falta pensar en qué forma se puede modificar la Constitución para dar respuesta al conflicto territorial. Ante esta situación de bloqueo el problema de Cataluña se va a enquistar y eso puede ser muy peligroso.
En este contexto, da que pensar que los partidos que se consideran más constitucionalistas que nadie, (PP, Ciudadanos y Vox) sean irrelevantes en las nacionalidades históricas (expresión recogida en nuestro texto constitucional), es decir, País Vasco Cataluña y Galicia. Sin duda algo falla en sus planteamientos a la hora de presentarse en esas autonomías. A mi modo de ver, harían bien en revisar sus postulados.
Por otra parte, aunque desde las izquierdas se intente hacer un cordón sanitario en torno a Vox, no hay que hacerse demasiadas ilusiones al respecto, porque el PP se verá obligado, por un lado, a escorarse más a la derecha para no perder más votantes por ese flanco y, por otro, a contemporizar con los extremistas a cambio de mantener sus acuerdos en lugares como Andalucía o Madrid entre otros. Asimismo, los de Abascal, ya han anunciado que la tarea a la que pondrán más empeño será en dar al Tribunal Constitucional cuanto más trabajo mejor. Lo que nos anuncia otor tipo de bloqueo.
En Cataluña, las cosas están igual de complicadas que en el resto del país. ERC ha ganado las elecciones, pero la suma de todos los independentistas no llega ni al 50% ni en votos ni en escaños obtenidos y eso hace pensar que aquí estamos en una situación enquistada que elección tras elección apenas se mueve. Además, la formación de JxCat, aunque ha ganado un diputado seguirá sin poder formar grupo parlamentario propio, porque no ha logrado el 15% necesario en las circunscripciones de Barcelona y Tarragona, con lo cual será siendo una formación irrelevante en el Congreso de los diputados.
Estamos ante una situación política muy delicada y compleja, como los políticos surgidos ayer de las urnas no le pongan muchas ganas de hacer bien las cosas, sentido común y voluntad, el carro se les puede ir por el pedregal. El problema es que e ese carro vamos todos.

Bernardo Fernández
 Publicado en e notícies 11/11/19



FECHAS CLAVE

Dicen los que me conocen bien que soy un optimista visceral. No lo sé, pero desde luego siempre prefiero ver la botella medio llena ante...