25 de juny 2013

PALAU + CDC = CORRUPCIÓ?

El fiscal Anticorrupció de Barcelona ha conclòs que CDC es va finançar irregularment i que presumptament va cobrar en total 6,6 milions d'euros en "comissions il•lícites" satisfetes per Ferrovial a canvi de diverses adjudicacions d'obra pública a través del Palau de la Música.


En l'escrit remès al Jutjat d'Instrucció 30 de Barcelona sol•licita la fi de la instrucció i l'obertura de la fase intermèdia, el fiscal Emilio Sánchez Ulled conclou que Ferrovial pagava un 4% en comissions de les obres que li adjudicaven, que es repartia entre CDC (2,5%) i els exresponsables del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull.

Segons el ministeri fiscal, en aquest "mecanisme il•lícit" van participar els extresorers de CDC Carles Torrent (mort el 2005), Daniel Osàcar i l'exdiputat de CDC Jaume Camps, i constata que alts responsables del partit van haver necessàriament d'intervenir-hi, encara que no han pogut ser degudament identificats.

Per altra banda, la patronal de petites i mitges residències Upmir ha alertat que la Generalitat no abonat a les residències les quotes d'aquest any corresponents a les places concertades d'ancians que han substituït a uns altres que han estat baixa --per mort o a petició pròpia--, la qual cosa suposa un deute mensual de set milions d'euros, segons els seus càlculs.

Per si tot això no fos suficient des de la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat han explicat que es deuen les noves places des de gener, encara que han recordat que aquests ancians encara no tenen elaborat un pla d'atenció individualitzada (PIA), per la qual cosa es desconeix l'import que s'ha de pagar per la seva plaça.

Aquesta és una petita mostra de com està el país a hores d’ara, i mentrestant Oriol Junqueras s’entesta en fixar una data i una pregunta.

Això només són alguns exemples de la situació en que estem vivint. i ara, per terminar-ho d’adobar el CEO ha publicat un sondeig que confirma la tendència que dies enrere senyalava el baròmetre de El Periódico, que no és altra que ERC passa per sobre de CiU.

Quines coses té la vida.

Bernardo Fernández
Publicat a e-notícies 21/06/13

LA CASA DE LOS LÍOS

Entre los años 1996 y 2000 una cadena privada de televisión puso en antena una comedia bajo el título “La casa de los líos” que tuvo un gran éxito de audiencia. La trama era simple: el personaje principal, un vividor de juventud tardía y porte impecable, especialista en montar negocios que acababan indefectiblemente en fiasco. Para ello, contaba con un grupo de pobres diablos que no hacían otra cosa que cosechar fracaso tras fracaso.


Si hoy el equipo de programación de la cadena quisiera emitir nuevos capítulos de la serie, lo primero que debería hacer sería contratar un equipo de guionistas para que escribieran nuevas historias. A éstos, para reverdecer laureles, les bastaría inspirarse en el sainete que brinda la política catalana.

De hecho, la trama podría ser similar a la que originalmente dio éxito a la serie. Ahora, podrían ser 3 socios mal avenidos, empecinados en un negocio que huele a fracaso antes de empezar. Ese es el nudo gordiano de lo que ocurre en Cataluña.

Cada vez las desavenencias entre la coalición (CiU-ERC) que nos ha de llevar la paraíso son más evidentes. La semana pasada era Artur Mas quien salía a garantizar que se agotaría la legislatura que se acaba en 2016. Ante esa eventualidad al democristiano Durán i Lleida le faltó tiempo para pedir aplazar la consulta, y ERC mediante Alfred Bosch amenazó con romper el pacto que firmaron hace escasamente 5 meses si no había votación en 2014.

Por su parte, el líder republicano, Oriol Junqueras sigue en su papel de hombre justo, y mientras se muestra condescendiente con los temas de corrupción que asedian a CDC (los convergentes tienen la sede embargada y diversos casos abiertos), insiste en poner fecha a la consulta. Y, para colmo de males, la Fiscalía Anticorrupción ha acusado formalmente a CDC de percibir comisiones de hasta 6,6 millones de euros de la constructora Ferrovial mediante el Palau de la Música. A lo que el presidente Artur Mas ha contestado que el ministerio público acusa con “suposiciones”. Surrealismo total.

Ciertamente, una pluma hábil y experta podría escribir historias hilarantes de este mal sueño que estamos viviendo los catalanes. El problema estriba en que lo que sucede en Cataluña no es ficción y ese sainete puede acabar convirtiéndose en un drama que tire por la borda el futuro de todo un pueblo.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 19/06/13



SOLO BUENAS INTENCIONES

Opina el profesor Oriol Bartomeus que hay dos maneras de explicar la crisis política que estamos viviendo hoy. Una es la teoría más conservadora, según la cual todo es culpa de la crisis económica y postula que cuando ésta se acabe (?) todo volverá a la “normalidad”, y la hipótesis alternativa, que sugiere que nos encontramos inmersos en un final de régimen y que la caída de las fuerzas del “establishment” dará paso a la regeneración democrática.


A tenor del barómetro que hacía público días atrás El Periódico de Cataluña (ERC, 39/40 escaños; CiU, 34/35; PSC, 16/17; ICV, 15/16; PPC, 13/14; Cs, 12/13; CUP, 3), se pone de manifiesto de manera inequívoca que, “la hipótesis alternativa” apuntada por Bartomeus es la que se está imponiendo.

Como recientemente señalaba Javier Pérez Royo en un brillante artículo, publicado en El País, “el nacionalismo catalán representado por CiU ha sido un factor de equilibrio en el sistema político español prácticamente desde el comienzo de la Transición, pero, sobre todo, desde la entrada en vigor de la Constitución, la aprobación del Estatuto de Autonomía y las primeras elecciones catalanas de 1980. Tanto cuando el Gobierno de España estuvo dirigido por UCD, como cuando lo estuvo por el PSOE o por el PP. En los momentos difíciles para la gobernabilidad del país el sistema político español ha podido contar con la razonabilidad de CiU para alejarnos del precipicio. Ha tenido más sentido de Estado en ocasiones que el que han tenido los partidos nacionales que ocupaban el Gobierno de la nación. Valga como último ejemplo el voto favorable de CiU a la convalidación de los decretos leyes dictados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 para evitar la intervención del país”.

Eso ha sido así hasta que Artur Mas, tras la resaca de la manifestación de la Diada de septiembre de 2012, se dejó arrastrar por cantos de sirena y convocó elecciones al Parlament para el día 25 de noviembre. Aquel fue un día infausto para los dos grandes partidos, CiU y PSC, que durante más de tres décadas garantizaron la gobernabilidad de Cataluña y por extensión la de España. Pero, sobre todo, fue una noche negra para Artur Mas y su equipo. Cuando todos esperaban que las urnas refrendaran con una mayoría excepcional (eufemismo de mayoría absoluta), su huida hacia no se sabia bien bien donde, se toparon con la dura realidad de un “sorpasso” que les hizo menguar el grupo parlamentario en 12 diputados.

En esas circunstancias, cualquier político con un mínimo instinto de supervivencia hubiera optado por convertir aquella sangría de votos en una oportunidad para reafirmarse frente al tambaleo constante que le iba a llevar a depender de ERC. Mas pudo decir que el electorado catalán refrendaba su confianza en CiU pero que el panorama resultante de la votación reclamaba una reflexión serena sobre la evolución social de Cataluña —es decir, los trasvases de votos— y que el sentimiento favorable al independentismo se fortalecería en el sosiego más que en la precipitación frenética. Aquella noche pudo tener cintura política y finezza. No la tuvo. Impuso un alto voltaje, dejando a la coalición CiU en un desconcierto que cada vez es menos soterrado.

Sea como fuere, la verdad es que hoy Cataluña está en una situación delicada. Y así vamos a seguir hasta que se despeje la incógnita de la independencia. En estas circunstancias, lo primero que hay que saber es si se va a celebrar o no la consulta sobre el derecho a decidir. Ciertamente, hay una mayoría considerable en el Parlament a favor de la misma, pero, a su vez, hay un importante número de diputados que solo entienden el proceso dentro de la legalidad. Obviar esa situación es ignorar la realidad.

Estamos viviendo un bloqueo institucional que afecta y mucho el quehacer cotidiano. El Govern está nítidamente superado por la situación de asfixia y crisis económica, el paro –más allá de algunos datos coyunturales- va en aumento, los recortes en políticas sociales son el rayo que no cesa, la situación socio sanitaria se deteriora por momentos, la pobreza infantil crece, de la corrupción mejor no hablar y entre la ciudadanía, además del hartazgo, se está empezando a instalar la sensación de fracaso y eso, es lo peor que nos puede pasar. De ahí, a la ruptura de la cohesión social y a poner en riesgo la convivencia, sólo hay un paso.

Casualidad o no, lo cierto es que el presidente de la Generalitat; Artur Mas, a los pocos días de la publicación del aviso para navegantes de El Periódico compareció en rueda de prensa para explicar el plan del Govern para 2013-2016. De hecho, no deja d ser un documento de buenas intenciones. Poco más que papel mojado, puesto que carece de sostén presupuestario.

En un país con el 52,7% de jóvenes entre 16 y 24 años en paro, donde hay un 24,6% de pobreza infantil y 113.000 hogares sin ningún ingreso hacen falta algo más que documentos llenos de buenas intenciones. En un país en el que su Gobierno debe 1.000 millones de euros a los ayuntamientos. y en el que se anuncia el cierre de 73 líneas escolares de P-3 y 7 escuelas y, sin embargo, se destinan 24 millones de euros a escuelas privadas sin conexión con la enseñanza pública, es evidente que hay muchas cosas que no funcionan y hace falta mucho más que buenas intenciones. Entre ellas, una determinación que ni se adivina ni se intuye.

De todos modos, los catalanes ya sabemos que cuando seamos independientes nos bañaremos en aguas de colores, de las fuentes públicas brotará leche y miel, las calles de nuestros pueblos estarán perfumadas y cuando salgamos al extranjero, puesto que seremos un pueblo admirado por el mundo, lo tendremos todo pagado. Pero mientras eso no sucede, los que estamos con los pies en el suelo, queremos vivir dignamente en una sociedad justa y cohesionada, con políticas sociales y redistributivas justa y eficaces, donde no se abandone a nadie a su suerte. Estamos hartos de visionarios, mesías y salva patrias. Aunque lamentablemente, no parece que eso esté en las prioridades del Gobierno de la Generalitat.



Bernardo Fernández

Publicado en la Voz de Barcelona 14/06/13

12 de juny 2013

LA BARCELONA DE HOY

Cuando la zozobra y la desesperanza social alcanzan su punto álgido, como ahora, es cuando las políticas de proximidad tienen su máxima razón de ser. En esas circunstancias, los ayuntamientos, como institución más cercana al ciudadano, adquieren la máxima importancia para mantener la cohesión social. Después, los diversos estamentos del Estado ya intervendrán donde corresponda, pero si el consistorio falla, se pone en jaque todo el sistema.


Estos días se han cumplido dos años de la llegada de Xavier Trias a la Alcaldía de Barcelona. Más de tres décadas tuvieron que esperar los nacionalistas catalanes para lograr la joya de la corona. Después de tan larga vigilia era de suponer que los nuevos mandatarios municipales llegarían con las carteras repletas de proyectos y las agendas a rebosar de nuevas iniciativas. Craso error. Trias ha estado viviendo de la herencia de su antecesor, Jordi Hereu, y cuando, por fin, se ha decidido a mover ficha, lo ha hecho de forma torticera y sectaria.

Los barceloneses asistimos, entre estupefactos e indignados, al deplorable espectáculo de incompetencia que nos brinda el Gobierno de la ciudad. Para empezar, han sido incapaces de aprobar los presupuestos para este año y eso significa un severo encorsetamiento en el gasto que hace prácticamente imposible las políticas expansivas. Pero es que el esfuerzo del Gobierno municipal se concentra en realizar políticas de escaparate al servicio de los poderosos, como la Marina de Lujo del Port Vell, el cambio del Plan de Usos de Ciutat Vella o las subvenciones a la Fórmula 1. Quizás necesarias para promocionar la ciudad, pero a todas luces insuficientes. Mientras todo eso sucede, el paro y los desahucios aumentan, a las familias les cuesta llegar a fin de mes y las parejas jóvenes con niños tienen serios problemas para dejar a los críos e ir a trabajar. Pues bien, el Gobierno de la ciudad abandona a su suerte a los ciudadanos, desmantela las políticas de creación de empleo, es incapaz de pactar con las entidades financieras algún tipo de acuerdo para favorecer el alquiler social, sube las tarifas de transporte público de forma desmedida y privatiza la gestión de las guarderías, pero de ese forma se dispara el precio de las mismas.

Esa es la Barcelona de hoy. Si para hacer esto, han tardado más de treinta años en llegar, podrían haber tardado treinta más.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 28/05/13

DEL FRAUDE A LOS RECORTES

Opinan los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que en 2009 se escamotearon a las arcas públicas de nuestro país unos 60.000 millones de euros. La posible desintegración del euro en 2012 hizo que saltaran todas las alarmas y la fuga de capitales se multiplicó de forma exponencial, colocando a España, según estimaciones muy creíbles, como el décimo país del mundo con más fraude.


De todos modos, el fraude no es algo exclusivo de las gentes del sur. Un informe elaborado por un grupo de expertos para el Parlamento Europeo, señala que Bélgica tiene un porcentaje de economía sumergida de un tamaño muy similar al español: el 21,9% frente a nuestro 22,5%. El fisco belga perdió en 2011 unos 33.600 millones de euros, y el fisco español, unos 72.700. Italia, Grecia y algunos países del Este rondan el 27% de economía sumergida, pero tampoco se puede decir que Francia logre combatir muy eficazmente la plaga: su economía sumergida se calcula en un 15% de su PIB. Eso sí, puede vanagloriarse de estar un poquito mejor que la mismísima Alemania, donde ronda el 16%. La media europea, para vergüenza de toda la Unión, supera ligeramente el 22%.

Con estas cifras sobre la mesa resulta obligado hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo: ¿por qué no se cumple con las obligaciones? ¿Es solo cuestión de avaricia e insolidaridad? ¿Por qué en el norte de Europa la evasión es mucho menor? Noruega deja de ingresar, según expertos consultados, 27.600 millones de euros al año, y Suecia, 33.839 millones. ¿Por qué en España muchos se jactan de no pagar impuestos? De tan incompresible que parece, quizá haya que recurrir a un filósofo para explicarlo. Javier Sádaba remite a la “tradición católica”. “Los centroeuropeos y los nórdicos han internalizado una serie de deberes que están en relación con la doctrina protestante. De ahí que tiendan a cumplir sus compromisos y eviten, de esta manera, el sentimiento de culpa”. Y añade: “Bien distinta es la postura de los católicos. La religiosidad es más externa y, aunque exista un elevado sentido del ridículo, la culpa está ausente. Esto explica el individualismo español y la sensación de no haber hecho nada malo si queda lejano”. A lo que se añade la falta de cultura fiscal y esa creencia sartriana de que “el Estado es un expoliador”, apostilla Sádaba.

Ciertamente, el fraude afecta a la práctica totalidad de los estratos sociales. No obstante, es una evidencia palmaria que quien más tiene, más defrauda. Así lo certifica un reciente estudio publicado por la Fundación Alternativas según el cual “gran parte de esta ingente fuga de capitales proviene de prácticas de las corporaciones multinacionales consistentes en deslocalizar un porcentaje importante de sus beneficios hacia filiales emplazadas en territorios de nula o baja fiscalidad”. No es casual que casi el 72% de la evasión fiscal de España (42.711 millones), relatan los técnicos de Hacienda, se localiza en las grandes empresas y patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes (10.150) y muy por encima de los autónomos (5.111), quienes injustamente suelen concentrar la desconfianza de las administraciones.

Por eso, “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar microempresas, pymes, asalariados y autónomos”, denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Bruselas debería ser consciente de la magnitud del problema y se deberían poner manos a la obra y no sólo mejorar las directivas europeas contra el fraude fiscal, sino que se deberían corregir para que no solo afecten a cuentas corrientes y depósitos de personas físicas que han sacado el dinero de su país para no tributar, sino que se aplique “a todo tipo de personas jurídicas y trust [fideicomisos], a todas las fuentes de ingreso y a todo tipo de productos financieros”. Como apuntan los expertos en el mencionado informe. Solo mediante el intercambio automático de toda esa información será posible atajar los mecanismos que hacen posible la estafa. Mecanismos que se han ido ampliando día tras día y que seguirán robando el dinero que debería ir al tesoro de todos los países de la UE.

El Consejo Europeo tras su reunión plenaria del 22 de mayo pasado anunció iniciativas contra el fraude fiscal. De hecho, se hizo público un paquete de medidas, y un calendario para su ejecución. De todos modos, como se mencionaba en la editorial de un prestigioso medio de comunicación: “Tiempo habrá de señalar las limitaciones que la dinámica común imponga a dichos acuerdos, sus posibles retrasos y los obstáculos imprevistos a su desarrollo. Porque seguro que habrá de todo ello en la cosecha final. Es hábito inveterado de la UE señalar horizontes ambiciosos y alcanzar desarrollos siempre por debajo de ellos, amén de tardíos. Sobre todo en una materia, la fiscalidad, que convencionalmente requiere de la unanimidad de los 27, aunque el Tratado de Lisboa ofrezca alternativas indirectas para lograr decisiones también en este ámbito”.

No hay que ser muy avispado para entender que si esos euros que se le evaporan al fisco cada año, estuvieran en las arcas públicas, España tendría cubiertos los gastos de sanidad, desempleo, educación y cultura. Además, se podría hacer frente al pago de los intereses de la deuda sin las angustias actuales e incluso sobrarían unos cuantos millones. “Habría crisis, aunque sería otra distinta”, apunta Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Así están las cosas.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 01/06/13

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