LA INCONSISTENCIA DE LAS FALACIAS

 

Con frecuencia vemos que, cuando un político es cogido en falta, de entrada, lo niega todo, por muy evidentes que puedan ser las pruebas que lo incriminan. Supongo que debe ser por un instinto de conservación (del poder, entiéndase aquí). Luego, algunos, los menos, acaban admitiendo algún tipo de responsabilidad, aunque suelen utilizar argumentos peregrinos para justificar sus trapacerías. De todos modos, lo más habitual es negar los hechos por más evidentes que sean y estén contrastados.

Recientemente hemos asistido a un caso de estas características, me estoy refiriendo a Mónica Oltra que era vicepresidenta del Gobierno de Valencia.

En algún momento de 2016, una menor de 14 años, tutelada e interna en un centro concertado con la Generalitat valenciana, relató a una amiga que había sido víctima de abusos por parte de un educador del centro, el entonces marido de Mónica Oltra. Se iniciaba así un caso que la ha puesto políticamente contra las cuerdas y que finalmente la ha obligado a dimitir. Porque tras una larga investigación, ahora, la fiscalía la acusa de presunto encubrimiento de su expareja y ocultación de pruebas

Lo sorprendente es que Compromís (su partido) convirtió un acto, celebrado en Valencia, en una fiesta de apoyo a su principal líder. ”Si tocan a una, nos tocan a todos”, dijo el diputado Joan Baldoví que, al igual que otros dirigentes, instaron a la vicepresidenta a no dar “ni un paso atrás”. “Nadie te hará bajar la cara”, dijo la portavoz adjunta de la formación en las Cortes valencianas, Águeda Micó. “Si alguno puede soportar la presión es Compromís y Mónica Oltra”, añadió. Allí la lideresa, además de echar la culpa a la derecha, cantó, rio, bailó y lloró… Pocos días después dimitía de todos sus cargos.

En Cataluña, llevamos semanas arrastrando un caso que tiene muy mala pinta: el affaire Laura Borrás. No voy a insistir en ello. Estos días está en todos los medios de comunicación, yo mismo lo traté en una columna en esta magnífica ventana que es el Catalán.es. Si quiero, no obstante, destacar aquí como Borrás ha ido girando su defensa, de negarlo todo, en un principio, a argumentar ahora que es inocente, pero que si cometió algún delito no era corrupción (el fiscal pide pena de prisión, 6 años e inhabilitación, 15, más una multa de unos 144.000 euros por falsedad documental, pero desestima la corrupción que sí consideraba el juez instructor) y, por consiguiente, Borrás opina, que no tiene por qué dimitir como presidenta del Parlament.

En 2017, la entonces diputada por la CUP, ahora huida a Suiza, Anna Gabriel presentaba una resolución en el Parlament, según la cual la Cámara catalana debería suspender a un diputado cuando fuera acusado en firme de corrupción, la iniciativa fue aprobada con los votos de la mayoría independentista.

Con toda probabilidad Laura Borrás deberá sentarse en el banquillo en el próximo otoño. Sin embargo, ella se agarra, a un clavo ardiendo, para no renunciar a su cargo, en su defensa arguye qué en el Código Penal, el término corrupción no existe como tal. El concepto subyace en diez delitos. En esas circunstancias, la interpretación ha de ser necesariamente política y ese es el quid de la cuestión.

No voy a entrar en la martingala jurídico-técnica (ni es lugar ni me corresponde a mí hacerlo), me voy a limitar a plantear una pregunta que me parece obvia: ¿Debe una persona imputada por mangonear en los dineros públicos ser la presidenta de una institución como el Parlament y que es, por eso mismo, la segunda autoridad de Cataluña? La respuesta, en mi opinión, aún es más obvia que la pregunta: No.

En origen, estos dos affaires tienen muy poco en común. No obstante, las dos protagonistas han pretendido que comulgásemos con ruedas de molino y han utilizado la falsedad para mantenerse en su zona de confort. Sin embargo, está claro que las falacias ante las evidencias suelen ser inconsistentes. Por eso, estoy convencido que Borras no se comerá los turrones como presidenta del Parlament. Y si no, tiempo al tiempo.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 25/07/2022

UNA ILUSIÓN COLECTIVA

 

Hace ahora treinta años que el arquero, Antonio Rebollo, disparó una flecha encendida que prendió el pebetero olímpico ubicado en Montjuic. De esa forma, se inauguraban los Juegos Olímpicos de Barcelona ´92. La ciudad estalló entusiasmada. Se había llegado al punto culminante de un largo y ambicioso proyecto, iniciado a principios de los años ochenta, que consistía en traer unas olimpiadas a Barcelona, para aprovechando aquel impulso, romper las costuras de la ciudad y ponerla en el mapa.

Aquel plan se pudo llevar a cabo gracias a la suma de voluntades del Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno central, y la iniciativa privada que convenció primero y embelesó después a la ciudadanía, como muy pocas veces había sucedido hasta entonces y como no ha vuelto a ocurrir hasta la fecha.  

Se recuperó y amplió, de manera exponencial, el orgullo de ciudad. La profunda transformación urbana, la recuperación del frente marítimo, la apertura de nuevos espacios, la mejora de las comunicaciones y el transporte hicieron que Barcelona se convirtiera en unos pocos años en una de las ciudades de referencia a nivel mundial.

Los Juegos Olímpicos fueron la excusa para abrir Barcelona al mar, retirando las vías del tren que lo impedían y hacer unas rondas para rebajar el tráfico por el centro de la ciudad. Se abrió una gran calle para que el sol pudiera entrar en el barrio chino, la rambla del Raval. Todo eso entusiasmó a los barceloneses La diferencia con la actualidad es que no hay un proyecto ilusionante como aquel o, por lo menos, nadie nos lo ha explicado.

No quiero utilizar el recurso fácil de la nostalgia, pero en la actualidad no existe un solo proyecto con capacidad para ilusionar a una gran mayoría de barceloneses, catalanes y también españoles. Lo hemos podido comprobar con el fiasco de la candidatura para los Juegos de Invierno de 2030. Una iniciativa cuestionable pero que ha costado años de trabajo, miles de euros invertidos, muchas horas de reuniones al más alto nivel y un trabajo silencioso y discreto de diversos actores sociales para tejer complicidades. Sin embrago, el enquistamiento de la crisis territorial española y el afán de protagonismo de algún que otro dirigente han acabado por hacer imposible un proyecto ambicioso que, aunque no generaba unanimidad, si hubiese podido servir para sacar a Cataluña de la parálisis que acumula en los últimos diez años.

La sensación que tenemos muchos ciudadanos es que la ciudad está atravesando una crisis que, si no se ataja de manera adecuada, podría convertirse en crónica y generar decadencia. La situación política, la marcha de empresas, el urbanismo táctico, la delincuencia callejera o el vandalismo, que de forma recurrente reaparece cada dos por tres, son factores que inciden negativamente en el desarrollo y en la imagen de la ciudad. Se transmite la sensación de falta de seguridad y de problemas de orden público.

Si queremos seguir avanzando necesitamos un proyecto inclusivo de todos y para todos. Un proyecto que prescinda del sectarismo que ha anidado en la política catalana de los últimos tiempos. Ni el enfrentamiento ni la división han sido positivos para nadie. Es hora de pasar página y buscar aquello que nos une y enterrar lo que nos separa.

Barcelona acogerá en 2024 la edición 37 de la Copa América de Vela.  En opinión del conseller del Departamento de Empresa y Trabajo, Roger Torrent: "Es una gran noticia, tendrá un retorno millonario y nos dará proyección". La candidatura presentada por el Ayuntamiento contó con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Puerto, y se espera que el Gobierno central también se implique en la organización de unos de los eventos más vistos del mundo y que podría tener un impacto económico de cerca de 1.000 millones de euros. Ese impacto será directo y es que la Copa América va más allá de cuándo se desarrolla la carrera.

 

Desconozco si ese tipo de competición tiene, por estas latitudes, el suficiente arraigo como para ser el proyecto colectivo que necesita la ciudad como revulsivo. Las Olimpiadas fueron posibles, entre otras muchas cosas, porque miles y miles de personas colaboraron de manera totalmente altruista. No sé yo si ahora se pidiesen voluntarios para colaborar en la Copa América de vela cuantos se ofrecerían para participar.

 

Sea como fuere, la realidad es que Barcelona tiene capacidad para reinventarse. Lo hizo en 1888, en 1929 y, también, en 1992. Ahora necesita un nuevo empuje para soltar lastre y seguir en la cresta de la ola internacional, sin dejar de lado ni a sus ciudadanos   ni a su entorno que son su auténtica razón de ser. Se hizo muy bien y se puede volver a hacer, pero para eso hacen falta personas capacitadas que vayan más allá de visiones cortoplacistas y de proyectos de vuelo gallináceo que apuestan más por el decrecimiento que por el progreso.

 

Necesitamos, pues, un nuevo programa que, por encima de ideologías y planteamientos políticos, nos ilusione y haga que nos volvamos a sentir como miembros de una misma comunidad que comparten un objetivo común. Ante esta situación y, para evitar posibles frustraciones, sería un acierto que Barcelona se preparase para aspirar a la organización de unos segundos Juegos Olímpicos, Sé que es tremendamente complejo, caro y difícil, pero si ciudades como Atenas, Paris o Londres lo han hecho, Barcelona, ¿por qué no?

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 25/07/2022

 

 

DE LA ESTABILIDAD AL ACUERDO

 

La entrevista entre el presidente Pedro Sánchez y Pere Aragonés, celebrada el pasado viernes, llegó en un momento en el que la estabilidad política de nuestro país está en entredicho. Ante esa situación, ese encuentro, ha sido una oportunidad para que las instituciones que los dos mandatarios encabezan, hagan los esfuerzos que sean necesarios para restablecer dos cuestiones que son imprescindibles para que las sociedades avancen: confianza y seguridad.

La guerra en Ucrania, la inflación disparada y una derecha crecida, porque empieza a disparase en las encuestas, hacen que vivamos unos tiempos turbulentos.

Después de diez meses sin reunirse, y tras la tormenta del catalangate, los dos presidentes se han vuelto a encontrar. Ese encuentro, le interesaba tanto a Sánchez como a Aragonés y a Aragonés tanto como a Sánchez. Aunque es cierto que ambos presidentes corren riesgos si las negociaciones no llegan a buen puerto. El primero porque en determinados puntos de España, los acuerdos con Cataluña no siempre son bien entendidos. Con demasiada frecuencia se piensa que aquello que se pacta con los representantes catalanes, ha de ser otorgado inmediatamente en otros lugares. De hecho, al president andaluz, Moreno Bonilla, le ha faltado tiempo para decir que no permitirá tratos de favor para nadie, y lo que consiga Cataluña, él lo quiere para Andalucía.

De igual manera, Aragonés arriesga porque si la negociación con el Gobierno central naufraga, a sus socios-adversarios de JuntsxCat les faltará tiempo para reprochárselo y recordar que ellos ya lo habían advertido y hay que volver a plantear la unilateralidad y el enfrentamiento con el Estado, como única vía para lograr sus objetivos.

Aragonés insistió ante Sánchez en la desjudialización de la política, concepto, a mi entender, bastante impreciso. De todos modos, estoy convencido que los independentistas son demócratas antes que nada y ellos saben que las democracias se basan en la separación de poderes; por lo tanto, no sería de recibo que el Gobierno intentase orientar las tareas del poder judicial. Otra cosa es que el Ejecutivo, en uso de sus competencias, llegado el momento, pueda poner en práctica medidas de gracia como hizo con los líderes del procés.

En este contexto, el independentismo pragmático debería darse un baño de realismo y cerrar las carpetas de la amnistía y la autodeterminación, si lo que verdaderamente quiere es negociar y obtener beneficios tangibles para la ciudadanía catalana.

Los independentistas saben, de sobras, que la amnistía es una medida excepcional que suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y es evidente que no estamos, ni por asomo, en un cambio de régimen ni nada que se le parezca.

Por lo que respecta a la autodeterminación, baste con recordar que el 26 de noviembre de 2020 el Parlamento europeo votó, por amplísima mayoría, una resolución según la cual la autodeterminación y la independencia son improcedentes dentro del ámbito comunitario. La consecuencia es obvia: la independencia de Cataluña no es compatible con la pertenencia a la UE. En cambio, donde sí hay camino por recorrer es en la reforma del delito de sedición (la Asamblea del Consejo de Europa ya ha pedido que se revise por considerar que es anacrónico), pero para conseguirlo hay que lograr una mayoría parlamentaria que, ahora mismo, no se tiene.

En definitiva, pocas conclusiones concretas salieron de la reunión de la Moncloa del pasado día 15, tampoco se esperaban. Lo que si acordaron los presidentes es que la mesa de diálogo se reúna la última semana de este mes de julio. Sería deseable que en esa reunión estuviera representado todo el Govern y no solo una parte; aunque si tenemos en cuenta que para Junts la mesa de diálogo son “cantos de sirena envenenados”, como dijeron en el cónclave que llevaron a cabo este fin de semana en La Fraga de l´Hospitalet, las posibilidades de sumar a los neoconvergentes a la negociación son nulas.

Se avecinan tiempos socialmente muy difíciles. En este contexto, avanzar en el restablecimiento de la confianza y llegar a acuerdos en forma de traspasos competenciales, inversiones, programas de colaboración y un largo etcétera, es fundamental. Por eso, es imprescindible que se reemprendan los trabajos de la Comisión Bilateral tal y como acordaron los presidentes. Asimismo, a la vez, Sánchez pidió a Aragonés que se convoque en una mesa de diálogo a todos los partidos catalanes para tener una visión más poliédrica de la situación y que todo el mundo pueda opinar.

Todo esto solo será posible si se consigue la estabilidad del Gobierno de coalición y progreso. Condición sine qua non para que no se tengan que convocar elecciones anticipadas es que, primero, se dé luz verde a la tramitación de los presupuestos para 2023 y, después, se aprueben. De no ser así, Pedro Sánchez se vería forzado a convocar elecciones y, tal como está la situación sociopolítica, y cómo anda de subida la derecha no sería de extrañar que le dieran la vuelta a la tortilla.

Por consiguiente, es el momento de consolidar la mayoría de la investidura para que este país pueda seguir avanzando. La cuestión es que quien tiene la llave para que esto siga adelante, o no, es ERC.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 18/07/2022

EL ESPIRITU DE ERMUA

 

Estos días se cumplen 25 años del brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco era un joven de 29 años militante del PP y concejal del Ayuntamiento de Ermua; fue secuestrado por la organización terrorista ETA, que exigió a cambio el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. Ante la negativa del Gobierno central a negociar con la banda, Blanco fue tiroteado en un descampado. Lo encontraron agonizante y trasladado a un hospital murió pocas horas después.

En 1995 ETA dio un giro muy importante a su estrategia terrorista. Colocó a los medios de comunicación y a los periodistas en su objetivo. A la vez que comenzaba una serie negra de atentados contra representantes de partidos políticos democráticamente elegidos, fundamentalmente del Partido Popular y del Partido Socialista. Este giro estratégico tuvo su punto culminante el 12 de julio de 1997, fecha en la que después de mantener secuestrado durante dos días al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, ETA acabó por asesinarlo.

La muerte del edil popular marcó un antes y después en el tratamiento periodístico de los atentados de la banda terrorista. Desde esa fecha ya nada sería igual y los medios de comunicación adoptaron una posición activa en la lucha contra ETA.

Aquel asesinato desató una inmensa ola de indignación en toda España contra los terroristas. Las 48 horas que estuvo retenido cayeron como una losa sobre un país en tensión que clamaba por un final pacífico que ETA no permitió.

El 13 de julio de 1997, a las 4.30 de la madrugada, murió Miguel Ángel Blanco, tras haber pasado 12 horas en coma irreversible, después de haber recibido dos tiros en la nuca. La banda terrorista cumplió su amenaza. ETA había hecho oídos sordos a la mayor movilización que se había registrado hasta el momento en España contra una acción terrorista. 

En aquel contexto de tensión y ambiente de máxima crispación se materializó el espíritu de Ermua. Un concepto que define la unidad de toda la sociedad frente al fanatismo y la intolerancia de un enemigo común. Se puso de manifiesto mediante movilizaciones espontáneas en toda España, como expresión de la solidaridad con el secuestrado en un principio y, por extensión, con todas las víctimas del terrorismo de ETA más tarde. El movimiento supuso un punto de inflexión en la percepción que la sociedad española tenía respecto a la actitud de la sociedad vasca ante el grupo terrorista, pues, aunque no encontraba apoyo en la sociedad, esta no mostraba un rechazo explícito como sucedió a partir de entonces. En aquel contexto no se debería perder de vista que Xabier Arzálluz, durante veinticuatro años presidente del Partido Nacionalista Vasco, cuando se refería a la gente de ETA, hablaba de “esos chicos descarriados”

Aquel secuestro y asesinato provocaron un gran sentimiento social de rechazo hacia ETA en prácticamente todos los sectores de la ciudadanía. Aunque asociaciones como Gesto por la Paz de Euskal Herria​ ya habían iniciado tiempo atrás sus movilizaciones cívicas contra la violencia, a partir de entonces las organizaciones y las expresiones en contra de la violencia de ETA aumentaron.

Tras diversos encuentros y reuniones de varios profesores después del secuestro y posterior asesinato del concejal, surgió el Foro Ermua. Su eje de acción fue un manifiesto de repulsa donde se proclamaba su oposición a cualquier negociación con ETA que no fuese  su disolución como organización armada y la unidad antiterrorista de los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE.

Del espíritu de Ermua solo queda el recuerdo. Quizás por eso, ahora, a pesar de que algunos partidos políticos y   asociaciones de víctimas del terrorismo habían mostrado, inicialmente, predisposición a realizar de manera conjunta un acto institucional, presidido por Felipe VI, con el que recordar, en el vigésimo quinto aniversario al edil asesinado por ETA, así como al resto de víctimas, ha sido imposible.  Después de muchas idas y venidas, la supuesta unanimidad ha saltado por los aires. El argumento formal ha sido el acuerdo para aprobar la ley de Memoria Democrática alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu. Sí, tan absurdo como cierto.

"No compartiremos el homenaje con los socios de Bildu, es decir, con el Gobierno", dijeron desde Vox, en alusión a los acuerdos suscritos por ambas partes en lo que va de legislatura. Otro personaje que merece mención especial es Carlos Iturgaiz. El presidente del PP vasco, quién ha declarado  que el presidente del Gobierno tiene ese día "una oportunidad de oro" para "romper con Bildu y dejar de ser el socio" de un partido "dirigido por los jefes de ETA". "Si no lo hace –advirtió–, no sería entendible su presencia". Tampoco asistió al referido homenaje José María Aznar que era el presidente del Gobierno en los días del fatídico atentado.

“Pruebas son amores y no buenas razones”, dice el refranero español.  Pues bien, en nuestro panorama político encontramos personajes que, hasta en las ocasiones en las que el respeto a la dignidad y la decencia deberían estar por encima de cualquier otra consideración por importante que ésta sea, no saben ni quieren estar a la altura de las circunstancias.

Después de 25 años de aquel abominable acto, nos queda la tranquilidad de que ETA ya no existe y, por consiguiente, no volverá a matar. Sin embargo, llevamos en el alma el regusto amargo de la catadura moral y la miseria política de algunos individuos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 11/07/2022

CRÓNICA DE UNA INHABILITACIÓN ANUNCIADA

 

Me ha parecido oportuno parafrasear el título de la celebérrima novela de Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada” para dar nombre a esta columna, porque creo que existe una cierta similitud entre la magnífica narración del Premio Nóbel y la cuestión que yo quiero explicar aquí: los supuestos trapicheos económicos de Laura Borrás cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),

De la misma manera que en la novela casi todo el pueblo sabe que van a matar a un hombre, excepto la propia víctima. En el tema que nos ocupa, casi todo el mundo considera que Borrás va a ser inhabilitada, menos la propia interesada que se empeña en proclamar su inocencia, aunque las pruebas obtenidas por los Mossos d’Esquadra y entregadas a la justicia dejan poco margen para la duda.  

Toda acción tiene consecuencias, y eso es lo que le ocurre a Laura Borrás. La actual presidenta del Parlament hizo caso omiso de las advertencias que una responsable de la ILC, el organismo que dirigió entre 2013 y 2018 le hizo llegar sobre los contratos adjudicados a dedo al informático Isaías H. Borràs no atendió los avisos de la responsable de gestión administrativa de la ILC en el sentido de que no podía fraccionar contratos que en realidad tenían un mismo fin: el mantenimiento del portal web de la institución que promueve la creación literaria en catalán.

Laura Borrás está a un paso del banquillo de los acusados por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude. Según las conclusiones del juez instructor, la actual presidenta del Parlament fraccionó artificialmente contratos para beneficiar a Isaías H., con el que había mantenido previamente una relación profesional en el grupo Hermeneia (de investigación literaria) y en un máster que Borràs dirigía en la Universidad de Barcelona (UB).

Lo curioso de esta presunta corruptela es que se conoció de rebote. Los Mossos d’Esquadra empezaron a tirar del hilo a raíz de una investigación sobre narcotráfico al amigo Laura Borràs, Isaías H, el hombre que recibía encargos de la ILC.

Entre 2013 y 2017, Borràs -que como directora del organismo era también responsable de las contrataciones- adjudicó 18 contratos menores para el mantenimiento del portal web. Seis de esos contratos fueron adjudicados al informático y el resto, sobre el papel, a otras personas y cooperativas. La realidad, según la investigación judicial, es que Isaías H. fue el autor material de todos los trabajos, y que recibió “indicaciones” de Borràs para presentar presupuestos falsos, de manera que se simulaba la existencia de otras ofertas.

La causa ha entrado en su fase final y Laura Borrás podría ser juzgada antes de que acabe el año. Y esa posibilidad amenaza con provocar el enésimo choque entre los dos socios del Govern de la Generalitat. 

Junts per Catalunya espera y reclama un "frente común" del independentismo para "defender" el escaño de la presidenta del Parlament y la "soberanía" de la institución. Sin embargo, los antisistema de la CUP ya advirtieron tiempo atrás que esta causa nada tenía que ver con el independentismo y que, por lo tanto, ellos no moverán un dedo en favor de la presidenta. Por su parte, la secretaria general adjunta de ERC ya ha dicho en rueda de prensa que “el caso de Borrás no es represión, sino de mala praxis”. Por eso, los republicanos se inclinan por que se aplique el reglamento al pie de la letra y que cuando se le abra juicio oral pierda su condición de diputada en virtud del artículo 25.4 de la normativa, que es relativa a las causas relacionadas con la corrupción.

Es muy posible que el próximo otoño asistamos al desenlace de este nuevo culebrón. Pero, sea el que sea, enrarecerá un poco más las relaciones entre los dos partidos del Govern y fraccionará un poco más, si cabe, la teórica mayoría independentista. No es probable que la cosa vaya a mayores, son muchos los intereses que unen a Junts y ERC. No obstante, que todo esto suceda cuando estamos sumidos en una crisis de consecuencias imprevisibles y a las puertas de unas elecciones municipales que pueden ser la penúltima batalla por la hegemonía política para los próximos años dentro del independentismo, da que pensar porque no parece la manera más adecuada de encarar los desafíos que, como sociedad, tenemos por delante. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 06/07/2022

AMNESIA POLÍTICA

 

Nunca sabremos si adelantar las elecciones autonómicas, en tres comunidades, fue fruto de una profunda reflexión de las cabezas pensantes del PP o simple casualidad. En cualquier caso, les ha salido a pedir de boca.

En mayo de 2021 probaron suerte en Madrid y la jugada fue redonda. Isabel Díaz Ayuso se deshizo de Ciudadanos, mandó a Pablo Iglesias a su casa y dejó al PSOE tirado en la cuneta. En febrero de este año las elecciones anticipadas fueron en Castilla León y ahí, aunque el resultado no fue brillante, el líder popular, Alfonso Fernández Mañueco, también se desembarazó del partido naranja e incorporó a su Gobierno gente de Vox y seguro que así se siente más cómodo. Pero donde el adelanto ha sido para quitarse el sombrero es en Andalucía, en las elecciones del pasado 19 de junio. En esa comunidad, Moreno Bonilla ha logrado la cuadratura del círculo. Ha enviado a Ciudadanos a la papelera de la historia, ha convertido a Vox en un partido prescindible, ha sumido a la izquierda en la irrelevancia y en el PSOE ha abierto una vía de agua que amenaza con anegar la calle Ferraz de Madrid. Mejor… imposible.

Con esos resultados sobre la mesa, y cuando faltan diez meses escasos para las elecciones autonómicas en diversas comunidades y municipales en todo el territorio, no es de extrañar que a más de un dirigente autonómico y/o municipal un sudor frío les haya empezado a resbalar por la espalda. No es para menos. Los nubarrones que se divisan en el horizonte de la izquierda amenazan con provocar un tsunami electoral que puede ser devastador.

Es evidente que cada autonomía y cada municipio tiene sus especificidades, su idiosincrasia y sus propios imputs, pero si atendemos a los números veremos que desde hace tiempo se está gestando una ola derechizante que parece ir in crescendo. En las elecciones madrileñas la derecha ganó por 16 puntos, en los comicios de Castilla y León aumentó la ventaja a 19, pero es que ahora, en Andalucía ha sumado el 60% de los votos emitidos.   Por lo tanto, no es de extrañar que con este panorama haya surgido un cierto desasosiego en los cuarteles de las izquierdas.

Ni en la política ni en la vida las cosas ocurren porque sí. Este avance de la derecha tiene mucho que ver con la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Una situación que, sin embargo, no tiene sus orígenes en motivos internos ni en el funcionamiento de nuestro sistema productivo o económico. No obstante, nos golpea a todos sin excepción, y de manera especial a los más débiles y a las clases medias. Eso explica, en parte, esa tendencia de amplios sectores de la ciudadanía a mirar a la derecha.

Todo indica que, lamentablemente, amplios segmentos sociales padecen una cierta amnesia política. Algunos han olvidado muy deprisa la actitud que tuvo el Gobierno central en la crisis económico- financiera de 2008. En aquella ocasión el Banco Central Europeo (BCE) concedió a España un crédito de 60.000 millones de euros, para rescatar a los bancos (un préstamo que aún estamos pagando) y el Gobierno dedicó 0 euros, a evitar desahucios y ayudar a las familias. Y eso por no hacer aquí una relación exhaustiva de los recortes en salud, educación o servicios sociales.

En cambio, el Gobierno de coalición y progresista logró que le UE aporte a España unos 144.000 millones de euros (casi la mitad a fondo perdido) para salir con los menos daños posibles de la pandemia generada por el Covid-19. Además, puso en marcha mecanismos como los ERTE, los pagos aplazados a la Seguridad Social, créditos a bajo interés para los autónomos y las pymes   u otras medidas para paliar, en la medida de lo posible, el impacto económico que traía aparejado el virus.

Ahora, ese mismo Ejecutivo se ha comprometido a gastar casi 15.000 millones de euros hasta finales de año  para intentar proteger a los más  vulnerables y a las clases medias de la subida de precios de la energía y de una inflación que no da señales de amainar. Una inflación que tiene efectos directos en la economía de las familias porque debilita su poder adquisitivo y pone en riesgo la capacidad de ahorro.

Es muy posible que haya quien piense que con esas medidas no es suficiente y no le faltará razón. Ahora bien, yo invito a quien quiera que piense, por un momento, que hubiera hecho un gobierno de derechas, como el que teníamos en 2012, en una situación como la actual o durante la pandemia.

Hay dos cosas que la ciudadanía no tolera en las organizaciones de izquierdas: una es la corrupción y la otra las divisiones internas. Pues bien, a día de hoy el Gobierno central, en cuestiones de corruptelas, hasta donde sabemos la opinión pública, está inmaculado. Sin embargo, las desavenencias en el Consejo de ministros son una constante y eso no es lo malo. Lo malo es que lo airean como si estuviesen en un patio de vecinos. Como dice el refrán: “que se queme la casa, pero que no salga el humo”. Y eso duele, especialmente, cuando se analiza la gestión de Ejecutivo y se observa que se está haciendo una buena gestión. Si no, ahí está la Ley de la eutanasia, la ley trans (actualmente en trámite en el Congreso), el Ingreso Mínimo Vital, La Reforma Laboral, el incremento del Salario Mínimo, la indexación de las pensiones al IPC…pero el ruido que rodea todas y cada una de esas iniciativas, además de mucho, es innecesario, e irrita y desconcierta a la ciudadanía, que bastante tiene con sus propios problemas.

Si elementos como la falta de materias primas, de alimentos básicos, la inflación, el ruido mediático o el infantilismo naif de Unidas Podemos (que ya ha anunciado que no votará el próximo presupuesto de defensa por la implicación de España en la OTAN) no se hacen insoportables, las próximas elecciones generales se celebrarán a finales de 2023. Los dos partidos que forman el Ejecutivo tienen tiempo para aparcar sus diferencias, poner en valor lo que se ha hecho y explicar lo que se quiere hacer. Eso sí, con tranquilidad y sin estridencias. Estoy convencido que, si lo hacen, la victoria no se puede escapar. Y es que, solo de pensar que podemos padecer, a nivel nacional, un nuevo gobierno del PP, me dan ganas de echar a correr.   

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 04/07/2022