EL VIACRUCIS JUDICIAL DEL PP

 

La corrupción no da tregua al Partido Popular. No hace todavía un mes que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al PP, como responsable civil subsidiario por pagar en negro parte de las reformas de su sede central en la madrileña calle Génova, y ahora empieza el tercer juicio de la trama Gürtel.

 En efecto. El pasado martes, 16 de noviembre, dio comienzo la vista oral de ese tercer gran juicio centrado en los negocios que la trama afín a los populares desarrolló en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). Esta causa viene marcada por una serie de confesiones que buena parte de los encausados han ido haciendo durante la instrucción, para poderse beneficiar de posibles reducciones de penas, en el caso de que sean condenados, algo bastante probable.  

 Es muy desagradable escribir sobre temas tan poco edificantes como la corrupción. Y resulta bastante penoso cuando se trata de una forma sistémica de proceder, como sucede con el PP. Por eso, no voy a especular sobre lo que puede ocurrir o no en ese juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Tiempo tendremos para comentar la sentencia, los hechos que la generan y sus consecuencias, cuando sea pública. Me voy a limitar a reflejar aquí el saldo que, hasta el momento, en términos de responsabilidades jurídicas arroja hasta la fecha la trama Gürtel: 69 condenados y casi 600 años de cárcel.

La cuestión es que en la actualidad hay ocho líneas de investigación de Gürtel y se han dictado ya varias sentencias condenatorias. Eso puede dar una idea de la dimensión de esta causa y todos sus entresijos. Comenzando por el caso de los trajes, que el expresidente valenciano, Francisco Camps pudo esquivar hasta resultar absuelto por un jurado popular en 2012, pero que acabó con la condena a multa de su vicepresidente José Víctor Campos y de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la consejería de Turismo —sentenciado después por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel en otra pieza suelta de la trama.

De momento, la condena más reciente es la del fallo hecho público el pasado 28 de octubre sobre la caja b del PP, que no solo da por probada la contabilidad paralela sino que confirma que el partido la usó para pagar en negro parte de la obra de su sede de la madrileña calle Génova, como ya se ha comentado más arriba

Pero es que, además, existen otras ramificaciones de Gürtel ya probadas: los contratos otorgados de forma ilegal en Aena; las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Jerez; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; las adjudicaciones ilícitas del Gobierno valenciano para el montaje de su pabellón en Fitur entre 2005 y 2009; y, finalmente, el affaire Época I, cuyo juicio se saldó con 29 condenados a más de 323 años de cárcel.

Con el juicio sobre Boadilla en marcha quedarán pendientes varias   vistas orales en el horizonte, a las que se añade una línea de investigación que aún permanece en instrucción.

Muy probablemente el próximo juicio que veamos sea el denominado “Valencia”. En esa comunidad autónoma, a principios de este siglo, Gürtel anidó en las instituciones valencianas de la mano de un arrollador PP que arrasaba en las elecciones. La Audiencia Nacional ha procesado a 28 personas, que se encuentran pendientes de juicio, por los contratos que la Generalitat otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas de Correa.

Actos seguido, los tribunales deberán esclarecer lo sucedido en Arganda del Rey, un municipio cercano a Madrid, donde la trama también puso el punto de mira. Según los investigadores, la red corrupta dio aquí uno de sus mayores pelotazos: se repartió 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras amañar el concurso público.

Por si, con todo lo expuesto, no hay suficiente, la Audiencia Nacional aún ha de celebrar el juicio donde analizará a fondo la estructura societaria diseñada por la trama Gürtel para eludir los pagos a Hacienda y blanquear el dinero procedente, en parte, de la actividad vinculada al PP.

Y, a todo esto, el Juzgado Central de Instrucción número 5, encabezado actualmente por el magistrado Santiago Pedraz, aún mantiene abierta una línea de investigación sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, donde la formación popular también se encuentra implicada como persona jurídica.

Hasta aquí el relato aséptico y neutro de los asuntos que tiene que ventilar el PP con la justica. No hay duda que los populares tienen que hacer un auténtico viacrucis judicial. Desde mi punto de vista, esta situación explica, en parte, un poco mejor el tono agrio, crispado y agresivo que de manera habitual utiliza Pablo Casado cuando interviene en el Congreso, hace declaraciones sobre la gestión del Gobierno o habla de España en los escasísimos foros internacionales que participa. Se comprende, porque por la derecha le están comiendo terreno, desde dentro algunos (algunas) le empiezan a mover la silla y, con tanta corrupción acumulada, la tierra se le mueve bajo sus pies. Con este panorama de fondo, no nos ha de extrañar que en los cenáculos políticos empiece a cuajar la idea que el PP necesita una refundación y un nuevo líder para la nueva época porque la actual está terminada y su presidente amortizado.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/11/2021

 

LA FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

 Desde hace tiempo los expertos en economía de la Seguridad Social trabajan en el desarrollo de un sistema de financiación de las Pensiones Públicas que sea viable, eficiente y sostenible en el tiempo. La cuestión es que, en los primeros años de este siglo en el Fondo de Reserva, llegaron a haber casi 68.000 millones de euros, mientras que en estos momentos el remanente de la hucha no llega a 2.000. Además en 2023 empezará a jubilarse la generación del baby boom que es la generación más numerosa de la historia.

 Quizás por eso, semanas atrás el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá lanzó la idea (globo sonda dijeron algunos) que para llenar la hucha se deben incluir las cotizaciones de la Pensiones un 0,5%. Posteriormente, en una comparecencia en el Congreso, el día 8 de este mes de noviembre, concretó su propuesta y situó el aumento en un 0,6%.

Eso significa que para un trabajador con un sueldo medio, la subida de la cotización supondrá 11,86 euros al mes: 3,95 euros para el empleado y 7,91 euros para la empresa. Para una base mínima, el incremento será de 6,76 euros: 2,25 euros el asalariado y 4,50 la compañía. Y para las bases máximas alcanzará los 24,84 euros: 8,28 euros el trabajador y 16,56 la empresa.

Pues bien, cuando parecía que la reforma de la financiación de las Pensiones Públicas empezaba a estar razonablemente bien enfocada, la UE nos ha hecho llegar un mensaje que ha supuesto una ducha escocesa para los futuros pensionistas. Según dijeron, Bruselas exige a España, para que nos lleguen los 70.000 millones del fondo de recuperación —dinero que no hay que devolver—, aumentar a 35 años el tiempo de la vida laboral del trabajador para calcular la pensión a cobrar y, aunque el ministro José Luís Escrivá ha negado enérgicamente cualquier pacto ni imposición de Europa en esta materia, las dudas han enrarecido el ambiente. En cualquier caso, si esa iniciativa finalmente se tuviese que aplicar, el Gobierno podría introducir mecanismos amortiguadores como, por ejemplo, la elección de los mejores años de cotización o la opción de rellenar las lagunas de cotización, para que su impacto fuese neutro.

De todas formas, si queremos tener un sistema de Pensiones Públicas útil para unas cuantas generaciones, pienso que hemos de hacer un réset en el modelo que se viene utilizando y cambiar algunas de la normas que hasta ahora han sido básicas.

Ahí van algunas sugerencias:

Se debería cambiar el chip de la edad de jubilación por el número de años cotizados. Para empezar, todo el mundo, con las excepciones que fuesen pertinentes, debería cotizar 40 años. Por ejemplo, si alguien empieza a trabajar con 18 años, pues que se jubile con 58. En cambio, aquellos que se incorporan al mercado a una edad más avanzada porque se han formado, porque han estudiado, porque se han sacado varios masters o, simplemente, han podido y querido ver mundo, deberían cotizar el mismo tiempo que los primeros.

Eso no significa que no se deban tener en cuenta las diferencias existentes entre profesiones. Es habitual que las personas con estudios primarios o inferiores trabajen en las actividades más penosas y, de media, viven cuatro años menos que los que tienen formación superior, según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pues bien, no atender esa especificidad sería una grave injusticia en términos de políticas sociales.

Es necesario que se promocione la jubilación activa. No son pocas las personas que preferirían seguir trabajando aunque le haya llegado la hora de la jubilación, pero para que se decidan a seguir en el mercado laboral conviene que tengan incentivos suficientemente atractivos para ello. Suecia y Noruega pueden ser unos buenos referentes a tener en cuenta.

Está claro que el problema es grave y no tiene fácil solución. Por eso habrá que echar mano de ideas imaginativas. Fue Bill Gates el primero en lanzar la idea: si se pagan cotizaciones sociales por los trabajadores para sostener el sistema de Seguridad Social, cuando estos son sustituidos por robots, deberían pagarse igualmente cotizaciones sociales por ellos. De este modo, la pérdida de empleo para los humanos no derivaría en una pérdida de ingresos para la Seguridad Social y podrían seguirse pagando las pensiones ahora y en el futuro, aunque haya muchos menos humanos trabajando. Es posible que para algunos este planteamiento les parezca rocambolesco o descabellado pero, en todo caso, ¿alguien habría imaginado hace cinco o seis años que hoy estaríamos hablando de cómo hacer que coticen a la Seguridad Social los robots?

Tal vez más de un lector piense que estoy haciendo un brindis al sol, que soy un iluso o ambas cosas a la vez. Puede ser. Pero hay que entender este escrito como una modesta tormenta de ideas nuevas para afrontar fenómenos nuevos. Por eso considero que no deberíamos despacharlas pensando que ya tenemos todas las respuestas con nuestros conceptos de siempre sobre el trabajo, las pensiones y otros asuntos similares. Sería muy provechoso abrir un gran debate, con todos los sectores implicados para ver hasta qué punto son útiles las nuevas propuestas hasta qué punto esconden alguna debilidad. En paralelo no estaría demás revisar con sentido crítico los planteamientos que venimos utilizando desde el siglo pasado. Da la sensación que, en cuestiones como las cotizaciones a la Seguridad Social, el sostenimiento de la Pensiones y un largo etcétera, no nos mueve la más mínima intención ni voluntad de evolucionar.

Garantizar las pensiones de mediados de siglo en adelante es muy complejo y sometido a multitud de variables. El sistema, para ser viable, eficiente y sostenible —–como ya se ha mencionado más arriba—, necesita un réset.  Por eso, a las recetas clásicas utilizadas hasta ahora como son la calidad y la cantidad de nuestro aparato productivo, los sistemas de distribución de la riqueza y otros del mismo nivel, se debería ir pensando en implementar con propuestas innovadoras como las citadas con anterioridad u otras similares.  Sin embargo, para algunos expertos la solución al problema es un fuerte aumento de la productividad. Está claro que ese es un factor a mejorar de forma sustancial. Ahora bien, tampoco sería bueno que nos dejásemos deslumbrar por esa posibilidad, pues ese factor será parte de la solución, pero nunca toda la solución.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/11/2021

EVITAR EL SILENCIO

 Los dirigentes del PP no tienen vergüenza ni dignidad política. Si les quedase un ápice de ética hace tiempo que hubieran salido a pedir perdón a la ciudadanía por la corrupción que corroes a su partido y lo hubiesen limpiado de los individuos tóxicos que, primero, generan las corruptelas y, después, se aprovechan de ellas. Sin embargo, ni una cosa ni otra. Al contrario.

 Lo vimos semanas atrás cuando el nombre de Xavier García Albiol salió en los papeles de Pandora. Entonces e l portavoz nacional de la Ejecutiva del PP, José Luis Martínez-Almeida, se limitó a invocar la presunción de inocencia, dio por buenas las confusas explicaciones de Albiol y recordó que los estatutos del PP no exigen acción alguna mientras no haya vista oral considera que no ha habido “ninguna irregularidad”.

Pero, es que el pasado 28 de octubre, la Audiencia Nacional publicó una sentencia según el cual se considera probado q ue se pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la calle Génova de Madrid. El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial ”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública” , según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.

En cualquier otro país esa sentencia ha provocado un tsunami político y hubiera tenido que dimitir hasta el conserje de la sede central del partido. En cambio aquí la dirección de los populares se ha limitado a decir que no piensan a volver a hablar del tema. ¿Se puede tener más desfachatez y cinismo político? Sinceramente pienso que no

Leer las 454 páginas de la sentencia provoca vergüenza ajena. Los magistrados describen detalladamente el funcionamiento irregular del PP en las cuestiones económicas. Unas prácticas que parecen más propias de una organización criminal que de un partido político que, en principio, se ha de preocupar por el bien común.

El PP ha sido condenado dos veces por beneficiarse de la trama Gürtel. Los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron probados los vínculos forjados durante años entre las empresas de Correa y el partido: Según consta en la sentencia de 2018, “entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local; a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas ”, se decía en aquella sentencia.

Pero es que en el fallo hecho público el pasado 28 de octubre, se echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

En la reciente convención nacional, celebrada en Valencia, hace ahora un mes, la actual cúpula del PP intentó un complicado ejercicio de equilibrismo: reivindicar su pasado sin salir manchado por la corrupción. No solo se le ocurrió a Pablo Casado ensalzar la figura de la exalcaldesa Rita Barberá días antes de que el juez procesara a todo el antiguo equipo de gobierno de la exregidora por blanqueo de capitales —ella falleció en 2016 cuando también se encontraba imputada por el caso Taula—. Sino que se dejó ver por el cónclave popular el expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por la Audiencia Nacional y una de las “estrellas” del partido que aún tiene pendiente sentarse en el banquillo por la trama Gürtel.

El juicio y la sentencia de los papeles de Bárcenas cierran uno de los capítulos más negros en la historia del Partido Popular. La Audiencia Nacional solo ha podido juzgar dos de los 19 años de prácticas corruptas que quedaron registrados en los papeles de Bárcenas (así es nuestro sistema judicial). Pero ni los empresarios que donaron grandes cantidades de dinero opaco ni los dirigentes populares que recibieron parte de ese dinero sin declararlo a Hacienda responderán por aquellos hechos ante los tribunales de justicia, aunque la opinión pública se haya hecho una idea de lo ocurrido a través de lo ya juzgado y sentenciado.

En mi opinión, más allá de las sentencias políticas están las sentencias morales. Por eso, me quedo con la reflexión que hacía  Almudena Grandes en un artículo titulado “Goebbels” que se publicó en El País (01/11/21) que decía: “Que nadie comente la sentencia, que nadie pida perdón, que nadie reconozca siquiera la verdad de los hechos, no deja en mal lugar a Aznar, ni a Rajoy, ni a Casado, sino a un país entero. A partir de ahora, una de las grandes prioridades nacionales tendría que ser evitar por todos los medios el silencio del PP. Por el bien de España, que dicen que les importa tanto. Por su propio futuro, y por el de todos los españoles”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/11/2021

REFORMAR LA REFORMA LABORAL

 Días atrás asistimos a un pulso entre las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La pugna era por ver quién sería la voz cantante del Ejecutivo en las negociaciones con los agentes sociales para reformar la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012. Finalmente Pedro Sánchez ha optado por una solución salomónica y según se supo por un comunicado de presidencia “las reuniones de la mesa de diálogo social para la reforma laboral se celebraran los miércoles por la mañana. La delegación del Gobierno de España en esa mesa la encabezará el Secretario de Estado de Empleo y también la formarán un director general de la Vicepresidencia económica y otro director general del Ministerio de Seguridad Social. En función de los temas que se traten podrán acudir representantes de los otros Ministerios afectados ”.

 Para garantizar que el Gobierno tiene una posición única, está previsto que en breve el presidente convoque una reunión con las vicepresidentas  Nadia Calviño  y Yolanda Díaz , así como con los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Educación para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social, en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición. Además, todos  los martes  se celebrará una reunión para fijar la posición del Ejecutivo en la reunión de la mesa del día siguiente. A esa reunión asistirán el Secretario de Estado Empleo, el Secretario de Estado de Economía y el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. “En función de los temas a tratar, podrán acudir otros secretarios de estado o representantes de los otros Ministerios afectados”, advierten desde el Gobierno. Esas mismas personas se reunirán también los miércoles por la tarde para analizar el desarrollo de la mesa y coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo.

 España tiene pendiente resolver muchos problemas estructurales en el mercado laboral. El paro duplica la media de la UE. La temporalidad y precariedad son demasiado frecuentes. Los jóvenes encuentran grandes obstáculos para lograr su primer empleo y muchos más para consolidarlo; y las personas que pierden su ocupación después de los 50 años tienen muy complicado poder reincorporarse. Con ese panorama es evidente que el modelo es a todas luces insuficiente e injusto.

 La reforma de 2012 otorgó todo el poder a las empresas para bajar sueldos y recortar las condiciones laborales de los trabajadores. El convenio de empresa estaba destinado a prevalecer sobre los del sector. Con esa norma el PP incluye a las empresas modificar las condiciones de los contratos, bastaba para ello, argumentar una caída continuada de la actividad durante varios trimestres.

 Es de prever que las conversaciones en la mesa de dialogo giren sobre cuatro ejes, que serán:

     Simplificación de contratos y reducción de la temporalidad Quizás donde será más fácil ponerse de acuerdo sea en r educir la temporalidad. Ahí el Gobierno comparte objetivo junto a empresarios y sindicatos. Ahora bien, la hoja de ruta para poner coto a ese desequilibrio es muy diferente. Yolanda Díaz considera que “únicamente podrá justificar los contratos temporales en dos situaciones: cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa o, bien, para sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo ”. Sin embargo, este planteamiento ha sido rechazado por los empresarios; en su opinión con estos cambios se castiga a autónomos y pymes.No obstante, lo cierto es que en España la tasa de temporalidad está situada en el 25% frente al 14% de media en Europa.

     Reequilibrio de las partes en la negociación colectiva. Es decir, eliminar la denominada ultraactividad. Con ese mecanismo que el PP puso en naos de los empresarios los convenios se prorrogan de forma automática finalizado el plazo máximo de negociación de un año, si no se había llegado a ningún acuerdo entre las partes.

Adecuar la regulación de las subcontratas. E l Gobierno quiere mejorar las condiciones de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. Para ello establece que el convenio de aplicación sea el correspondiente a la actividad, aunque esta sea diferente de la que desempeñe la empresa principal. La propuesta si permite, en cambio, que se aplique el convenio propio de la contrata si este garantiza los mismos derechos que el sectorial.

Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad, en línea con la experiencia positiva de los ERTE, para que no se produzcan intensas destrucciones de empleo cuando vengan tiempos difíciles como en crisis anteriores.

A nadie se le escapa que esta negociación es de suma importancia per se. De hecho es una de las piedras angulares de esta legislatura, pero es que además está estrechamente ligada al hecho de que en unos dos meses han de llegar a España 10.000 millones de euros de los fondos de Next Generation. Ahora bien, para que eso ocurra es imprescindible que el Gobierno presente en Bruselas las líneas maestras de las reformas del mercado laboral y de las pensiones y ya se sabe que en ese tipo de cuestiones los líderes europeos son poco dados a las aventuras.

 El Gobierno quiere cerrar el acuerdo en noviembre, aprobarlo mediante decreto ley en diciembre y que entre en vigor el primer día de 2022. Hasta ahora las relaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales, con algún desencuentro de por medio, han sido muy correctas. En el Ejecutivo saben que las negociaciones de la reforma de la reforma laboral serán muy difíciles, pero si consiguen culminar la tarea con la aquiescencia de los sindicatos, no se solivianta a Bruselas y el enfado de la patronal no es demasiado profundo, se habrá dado un paso de gigante para revalidar su gestión en las urnas cuando se convoque a las próximas elecciones generales.  

 De todas formas nunca llueve a gusto de todos y en opinión de algunos observadores políticos esta reforma ha abierto importantes heridas en la coalición de Gobierno que serán difíciles de cerrar. Es posible. Ya se sabe que cuando alguien señala la luna algunos se quedan mirando el dedo, y en esta ocasión considero que nos deberíamos quedar con lo fundamental que es: la justicia social y el interés general.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/11/2021