31 de juliol 2013

DISLATE ABSOLUTO


El pasado jueves, El Consejo de Transición Nacional hizo entrega al Govern de su informe titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña. En él se detallan los medios legales para celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña. El comité de expertos recomienda la negociación entre Generalitat y el Gobierno para hallar la vía que permita celebrar la consulta. Los expertos ponen de manifiesto los múltiples riesgos jurídicos que conllevaría llevar adelante el proceso soberanista sin acuerdo con el Gobierno central. Sostienen que, si Artur Mas convocara unas elecciones plebiscitarias para comprobar el apoyo del independentismo, el Estado podría abortar la operación con el argumento de que las elecciones atentan contra la unidad de España.


También se podría utilizar el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía. Precisamente -señalan los expertos-, su indefinición permite su aplicación ya sea para suprimir la autonomía o para vaciarla de contenido con medidas como la disolución del parlamento autónomo. Además, los autores del documento opinan que, si Artur Mas convoca una consulta sin el consentimiento del Gobierno, podría dar con sus huesos en la cárcel.

Por otra parte, en el mes de enero la Generalidad solicitó su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013, haciendo una petición de 9.073 millones de euros, 3.703 millones más que los recibidos el año anterior. Pero ahora, y de forma simultánea a la presentación del informe sobre le futuro político de Cataluña, la Generalitat ha aumentado su petición en 325 millones de euros más.

Mientras tanto, en la Cataluña real tenemos casi 900.000 parados, el 57% de los jóvenes de entre 16 y 25 años sin ocupación, los servicios sanitarios bajo mínimos, los funcionarios con los sueldos congelados, casi un millar de barracones diseminados por toda la geografía para que los niños vayan a escuela, los servicios sociales en coma inducido y un larguísima retahíla de corruptelas como el caso Palau (muy similar al caso Bárcenas, con la diferencia de que aquí no se ha tirado de la manta, quizá porque nadie ha ido a la cárcel).

Con este paisaje de fondo, parece mucho más razonable dedicar los esfuerzos a paliar la situación de angustia de cientos de miles de ciudadanos que no a quemar energías tras quimeras inalcanzables. Si todo esto no es el dislate más absoluto que alguien me lo explique.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 31/07/13

EL QUID DE LA CUESTIÓN

España ha sido vista desde Cataluña, casi siempre, como un lugar donde se concentra el poder y adonde es necesario acudir para resolver problemas y hacer negocios. Por el contrario, Cataluña para España ha sido una región avanzada en algunos aspectos pero demasiado celosa de sus costumbres y rasgos diferenciales, y los catalanes gentes de poco fiar. Los recelos y las desconfianzas de aquí para allá y de allí para acá han sido una constante a lo largo del tiempo.


Desde hace siglos, y por los avatares de la historia, las dos nacionalidades se encontraron dentro de una misma entidad política. En su relación, la nacionalidad más grande y poderosa, la castellana, diluyó a la catalana, hasta hacerla casi desaparecer. Influyeron para ello numerosas cuestiones. La demografía (seis millones de habitantes contra menos de medio), el afán colonizador (todo un imperio, bajo una sola nacionalidad), la economía (con derechos exclusivos sobre América), el predominio institucional y militar (con carácter dominante de unos sobre otros) y el lingüístico-cultural (el castellano expansionándose en la Península como una cuña, según el esquema plástico de Menéndez Pidal).

Sin embargo, todo evoluciona y el aumento del anhelo independentista en buena parte de la ciudadanía de Cataluña pone de relieve la creciente desinhibición de un sentimiento que durante mucho tiempo los catalanes han tenido larvado. De alguna manera, ha existido un cierto complejo de inferioridad en las cuestiones de gobernanza del Estado y la utilización de un determinado victimismo han hecho que lo catalán se viera como cosa ajena en casa propia. A su vez, para algunos, ha venido como anillo al dedo el escaso reconocimiento del hecho diferencial, ha generado incomodidad el café para todos, se han considerado menospreciadas la cultura y la lengua o se ha calificado de expolio lo que es un desajuste fiscal.

En cambio, en España la situación ha sido diametralmente diferente. A lo largo de la historia se ha hecho, casi de forma permanente, un manejo abusivo del poder. Poder que la Constitución vigente, al mencionar en su artículo 8 la “integridad territorial”, pone en las manos de las Fuerzas Armadas. No obstante, hay otras maneras de tratar la cuestión que nos ocupa, que no es otra que la disputa por el poder.

Tal y como están las cosas el Gobierno central debe entender que en Cataluña hay un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y hay que buscarle solución, pero la pregunta es, ¿saben como hacerlo? Para bien o para mal, en Cataluña se han movido muchas cosas en muy poco tiempo y algunas de ellas de mucha envergadura. Por ello, hay que tomar decisiones y en ese contexto cabe preguntarse si la posibilidad de un pacto fiscal a imagen y semejanza de los conciertos que tienen en Euskadi y Navarra, frenaría el independentismo. Quizás está sea una de esas preguntas que admita más de una respuesta. Es posible que el haber logrado un objetivo de esa magnitud fuera, a medio plazo, un estímulo para ir en pos de otros logros aún más ambiciosos. Porque con el acuerdo por el pacto fiscal la aspiración a la obtención del poder no se vería plenamente satisfecha.

Saciar un apetito de poder solo puede lograrse ofreciendo una cota de poder mayor. Ello sucedería cuando Cataluña viera que dentro de España puede tener más poder que saliéndose de ella. Y aquí entran en juego dos factores de singular importancia. Uno de ellos es Europa. Y otro, un acuerdo federal, al que ya me he referido en más de una ocasión en este mismo espacio.

En este contexto, adquiere la máxima fuerza la reflexión de Juan José López Burniol cuando dice que quizá valga la pena reconsiderar la conveniencia de agotar las posibilidades de reforma, lo que exige, en primer lugar, priorizar los problemas existentes en estos términos: 1) La reivindicación –ya irreversible– del derecho a decidir. 2) La reforma del sistema de financiación autonómico. 3) La reforma de la Constitución para culminar el desarrollo federal del Estado autonómico.

Y, una vez planteados, ¿cómo afrontarlos? El derecho a decidir es una reivindicación irrenunciable para el Gobierno catalán y su reconocimiento inmediato, pero es imposible para el Gobierno español dentro del marco constitucional actual. En consecuencia, su admisión se tendría que subsumir dentro de una reforma constitucional que acometer en esta legislatura, con el compromiso previo y firme del PP y del PSOE de aceptar la convocatoria de consultas por los presidentes autonómicos. Mientras tanto, se tendrían que cerrar dos pactos de carácter económico, que serían la mejor garantía de la seriedad negociadora de ambas partes. Con carácter inmediato, una distribución asimétrica de la reducción del déficit, favorable a Catalunya, como justa compensación a la continuada solidaridad catalana expresada en el déficit crónico de la balanza fiscal; y, a final de año, una reforma del sistema de financiación que establezca un límite a la aportación catalana al Estado, para homologarla con la de países de similar estructura territorial. Y culminaría el proceso con una reforma constitucional que tendría que incluir la conversión del Senado en una auténtica cámara territorial, una redefinición clara de las competencias respectivas del Gobierno central y de los autonómicos y el régimen de financiación autonómico previamente pactado.

Desde luego, no es poco lo que sugiere el notario afincado en Barcelona. Muchos opinarán, y no les faltará razón, que una propuesta de esas características es imposible que se lleve a cabo ya que ningún gobierno, sea del color político que sea, permitirá una consulta que podría suponer el principio de la desintegración del Estado. Aún y así, Artur Mas debería negociar hasta la extenuación y sin perder nunca las composturas. De igual manera, seria deseable que agotara todas las vías legales a sabiendas que una tras otra rechazarán su propuesta; pero es la mejor forma para cargarse de razones y poder acudir después, como seguramente tiene previsto, a buscar el amparo de los organismos internacionales.

Como dice un viejo amigo mío, siempre se está a tiempo de romper la baraja y, si no estás seguro de ganar la partida, la ruptura no es otra cosa que escapismo. Sería deseable que los soberanistas, de forma limpia y sin cicaterías, intentaran sumar apoyos y lograr una amplia mayoría en la que también puedan incluirse aquellos catalanes que apuestan por el derecho a decidir dentro de la legalidad –y en cuyo ejercicio votarán “sí” o “no” según les convenga–. Estoy pensando en esos ciudadanos que quieren un sistema de financiación justo y que apuestan por una reforma constitucional que racionalice la vida en común dentro de España de acuerdo con el interés general.

Esa amplia mayoría existe, hace falta saberla galvanizar, pero hay que tener la capacidad y el carisma necesarios para conformarla. Entre la nada y el todo existen un sinfín de posibilidades. Y el posibilismo es señal de fortaleza y confianza.

En cualquier caso el quid de la cuestión se condensa en aquella firme convicción de Vicens Vives según la cual “para nosotros, los catalanes, ser españoles es una condición geográfica”.



Bernardo Fernández

Publicado en La voz de Barcelona 31/07/13

17 de juliol 2013

PLOU SOBRE MULLAT

D’un temps ençà Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no està massa fina. Quan no té problemes –això si, silenciats- amb ERC, pateix des encontres amb el soci de tota la vida: Unió. I si no és el Govern central al que, amb raó, o sense, posa pals a les rodes convergents, de vegades ho fa amb el límit de dèficit i de vegades posant entrebancs a les sortides del President Mas a l’estranger.


Els convergents estan nerviosos i això es nota. Cada cop el cercle s’estreny més. Un exemple clar d’això és les desafortunades declaracions fetes en nom de la Federació per Xavier Trias (Alcalde de Barcelona) en resposta a la iniciativa d’Alfredo Pérez Rubalcaba, supeditant la participació de CiU en una hipotètica moció de censura contra el Govern de Rajoy en funció de que sigui admesa o no la consulta pel dret a decidir. Senzillament patètic. Barrejar una cosa amb l’altra, como diria Cela:”es confundir el culo con las témporas”.

De fet, Trias ja ha tingut resposta merescuda en les xarxes socials, on menys maco, li han dit de tot.

Però més enllà d’això s’ha fet públic que el jutge de Barcelona Josep Maria Pijoan, que investiga el saqueig del Palau de la Música, considera que de les diligències d'investigació practicades es deriva que CDC va percebre de Ferrovial, sota l'encobriment de donacions en concepte de patrocini a l'entitat, sumes de diners que obeeixen “al pagament de comissions per obres públiques adjudicades a aquesta constructora pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per altres entitats públiques”.

El jutge ha donat per acabades les indagacions, el jutge assegura que en aquest desviament de fons hi van participar els directius de Ferrovial Pedro Buenaventura Cebrián i Juan Elizaga, i per part de CDC, els ex tresorers Carles Torrent, mort el 2005, i Daniel Osàcar, el seu successor, així com l’exdiputat de CiU Jaume Camps.

El jutge també destaca “la intervenció d'altres càrrecs responsables del partit que van exercir l'ascendent necessari sobre els càrrecs públics de la Generalitat de Catalunya i altres organismes públics locals vinculats al partit i que tenien la facultat de decidir l'adjudicació d'obra pública”. La identitat d'aquests dirigents del partit, malauradament, no ha pogut ser desvelada, segons la instrucció.

El darrer article que vaig publicar en aquest mateix espai portava per títol: Eufòria decreixent i va sortir a la llum en moment que podia semblar insensat fer una afirmació d’aquests tipus. Va ser pocs dies després del malament anomenat Concert per la llibertat. Avui em ratifico. Plou sobre mullat i comença a ser hora que les coses estiguin a lloc.

Bernardo Fernández

Publicat a e-noticies.cat 17/07/13

POR UN PACTO FEDERAL

La Constitución de 1978 supuso un cambio radical en el sistema político de España: frente al anterior régimen franquista, reconoció amplios derechos y libertades a los ciudadanos, estableció un sistema democrático basado en instituciones representativas y de participación y puso la orientación de las instituciones de gobierno en manos de la voluntad de la mayoría expresada en las urnas.


De todos modos, como sostiene Juan José López Burniol, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y notario, “El problema no resuelto en España en el siglo XIX fue articular un verdadero Estado nacional”. Para Eliseo Aja, catedrático de derecho en la Universidad de Barcelona, experto en derecho político y constitucional, “el principio de autonomía reconocido en la Constitución de 1978 ha impulsado una transformación tan notable del Estado que puede resumirse con rotundidad que España ha pasado de ser el Estado más centralista de Europa a ser uno de los más descentralizados en la actualidad”.

Como sostiene Ramón Máiz, catedrático de ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela, la fórmula utilizada en la Transición creando el Estado de las Autonomías ha dado a lo largo de más de treinta años buenos resultados. Además, otorgó protagonismo a los Gobiernos central, autónomos y partidos políticos; permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno, en función de las aspiraciones y capacidades de cada cual. No obstante, esta inicial virtud ha generado, también, importantes problemas y las mismas razones de su éxito original se han convertido en fuente de conflictos casi inagotable. Asimismo, la vía evolutiva de los Estatutos fue clausurada por el Constitucional en 2010 con su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

Con ese panorama de fondo, y ante la voluntad re centralizadora del PP y el rupturismo desacomplejado de los nacionalistas catalanes, no queda mucho donde escoger. Por eso, y para evitar problemas que acabarían siendo irresolubles un pacto federal parece la vía más sensata y apta para el acuerdo.

De hecho, la federación es una construcción relativamente moderna, “inventada”, literalmente, por la Constitución de los Estados Unidos de América (1787) y es fundamentalmente distinta a la confederación y a otras formas de asociación de los Estados. Después países como Alemania, Suiza, Canadá y muchos otros siguieron caminos similares que han servido a lo largo de la historia tanto para unir Estados independientes como para descentralizar Estados que habían sido unitarios. Estos serían los casos de Austria o Australia.

Ante la situación de tensión territorial creciente que estamos viviendo en España en los últimos años, parece razonable pensar que ha llegado el momento de tomar decisiones. Por eso, en un ambiente tan radicalizado, la Declaración de Granada (documento, aprobado por unanimidad, por la dirección del PSOE y sus17 barones territoriales el pasado 6 de julio, para dar un giro federalista a la política del partido y hacer frente al frentismo soberanista catalán) alcanza su máxima razón de ser. Al ser considerada insuficiente por algunos y, en cambio, demasiado atrevida por otros, es la prueba de que la propuesta está en la línea adecuada.

El documento no es la panacea, pero plantea una reforma constitucional sensata y, tal vez, la última oportunidad para impedir el “desastre” que supondría caer en cualquiera de las dos tentaciones dominantes, la “centralista” y la “secesionista”. Además, la propuesta está basada en principios claros y poco cuestionables: “solidaridad”, “respeto a las identidades diferenciadas”, reconocimiento constitucional del “mapa autonómico” y de “los hechos diferenciales y las singularidades políticas”. Delimitación explícita de las competencias y creación de un fondo de garantía del Estado de bienestar que preserve los sistemas educativos y sanitario de las posibles crisis futuras y sus efectos devastadores.

El documento propone hacer imposible que un texto directamente votado por los ciudadanos sea frustrado por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con el Estatuto de Cataluña de 2006.

A Artur Mas (CiU) y a alguno de sus acólitos les ha faltado tiempo para calificar el documento de “engaño”. Para González Pons (PP) la cuestión “es un asunto interno del partido socialista” y la Declaración de Granada es una concesión al PSC.

Es verdad que para convertir España en un Estado federal se necesita, como mínimo, voluntad y mayoría política. La primera esta por ver y la segunda de momento no existe. Lo cual no quiere decir que haya que abandonar el proyecto. Ni mucho menos. Ahora bien, hay que ser conscientes que el camino será largo y los adversarios no lo pondrán fácil.

Hay que ser realistas, y no podemos olvidar que el PP (antes AP) se ha opuesto siempre a cualquier reforma por sistema. Se opuso a la propia Constitución, a la ley del divorcio, a la ley del aborto, al reconocimiento de matrimonio de personas del mismo sexo y un largo etcétera. Y los secesionistas catalanes están eufóricos con el ambiente proindependentista que se respira en la Cataluña oficialista y no parece que estén dispuestos a atender a razones. Por eso, se deberá perseverar en la idea y no desfallecer en el intento.

Ciertamente, la situación es difícil, pero vale la pena intentarlo. Lo otro, es la debacle. Como dijo Rafael Campalans (1887-1933) ingeniero, físico y político, lo importante no es rendir culto a los muertos, lo importante es rendir culto a los hijos e hijas que han de venir. Y esa labor hoy nos corresponde a nosotros.



Bernardo Fernández

Publicado en la voz de Barcelona 16/07/13

10 de juliol 2013

CLÁUSULAS SUELO

Se han cumplido dos meses desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declaró nulas las cláusulas suelo de las hipotecas, incorporadas sin la suficiente información para que los clientes evaluaran su impacto.


La mencionada sentencia declara nulos tales apartados en las cargas de BBVA, NCG Banco y Cajamar por falta de transparencia. Asimismo, el Supremo –a instancias de la fiscalía- declaró la irretroactividad del fallo. De ese modo, la banca entiende que se pone punto final al debate sobre si se debía o no devolver el dinero cobrado a pesar de las reiteradas bajadas del Euribor.

No obstante, desde la publicación de la sentencia del Supremo, el pasado 9 de mayo, se han conocido diversas resoluciones que hacen caso omiso de la irretroactividad del Alto Tribunal. En ellas, se siguen las directrices del TS para anular las cláusulas suelo y, además, se condena a las entidades a restituir las cantidades que los clientes pagaron de más en los últimos años.

Fuentes jurídicas de máximo prestigio sostienen que la sentencia del Supremo debe aplicarse de forma integra. Recuerdan que el fallo se tomó en Pleno y por los 13 magistrados. Esto significa que, además de que todas las hipotecas con cláusula suelo de las tres entidades condenadas pasan a ser nulas, también lo han de ser aquellas que tengan disposiciones similares de otras entidades. Según el TS “formalismos carentes de eficacia, como puede ser la lectura del contrato por parte del notario”, no pueden sustituir el “perfecto conocimiento” de todos los términos del mismo, imprescindible para que el usuario firme o no la hipoteca.

Por otra parte, siguiendo las indicaciones del ministro de Economía, Luís de Guindos, el Banco de España ha pedido al sector que analice los contratos y calcule el impacto de una posible retirada de estos límites hipotecarios antes del 31 de julio.

Las innumerables trapacerías de las entidades financieras son, en buena parte, causantes de nuestros males. Ahora, cumpliendo con diligencia la sentencia del Supremo, tienen una buena oportunidad para hacerse perdonar parte de los errores cometidos. En una sociedad como la nuestra, guste o no, la banca es necesaria; pero eso sí, una banca con conceptos éticos, tales como respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos, estricto cumplimiento de la legalidad y objetividad profesional. Al fin y al cabo, tampoco es pedir tanto.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 10/07/13

EL TODO Y LAS PARTES

Mark Twain fue el seudónimo de Samuel Langhome Clemens (1835-1910), popular escritor, orador y humorista estadounidense, conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer . Solía decir que “la guerra es la manera que tiene Dios de enseñarles un poco de geografía a los estadounidenses”. Aplicando ese principio, sería interesante conocer, aunque sólo sea un poco, los entresijos de la Unión Europea para entender como hemos llegado hasta aquí.


Siempre resulta difícil identificar las causas originales de una crisis. Por eso, para entender la situación en que nos encontramos, deberíamos remontarnos 10 años atrás, cuando los países tomaron la decisión de integrarse en el euro, la situación era muy diferente, con Alemania débil y en medio de un largo proceso de reestructuración tras la reunificación —en aquel entonces, era el paciente enfermo de Europa— y el resto, gozando de la bonanza generada por el euro. Esa situación generó una divergencia cíclica entre Alemania y el resto de Europa que ahora está resultando fundamental para entender la gestión de la crisis. Mientras una gran parte de la zona euro trata de recuperarse del pinchazo de las burbujas bancaria e inmobiliaria, Alemania goza de una posición económica, fiscal y exterior muy solida, ya que no tenía ningún desequilibrio cuando llego la crisis y por tanto se ha podido beneficiar sin restricciones de las políticas expansivas adoptadas.

Esta circunstancia y las divergencia económica entre los Estados miembros ha generado una concentración excesiva de poder en manos alemanas, donde el objetivo político está enfocado la prevención de la próxima crisis y no tanto a la resolución de la crisis actual. La tremenda debilidad no solo económica sino también política de los otros países grandes europeos; como España, hace tiempo que no tiene a nadie que tenga capacidad de influir en los momentos críticos; Italia está lastrada, todavía, por el efecto Berlusconi y ahora se encuentra en un periodo de interregno; Francia, a su vez, tiene una economía muy debilitada y un presidente que no acaba de encontrar su lugar y, aunque se opone a la austeridad, no presenta ninguna alternativa creíble. Esta situación ha hecho posible que el poder de decisión europeo quedase en manos de una coalición germano-holandesa-finlandesa que se rige por necesidades electorales cortoplacistas y una visión muy restrictiva del futuro común europeo. En estas circunstancias, es evidente que la zona euro necesita una estructura institucional fuerte para que el todo sea mayor que la suma de las partes

Un ejemplo que pone de manifiesto la fragilidad institucional es la resolución de la reciente crisis financiera chipriota. Es cierto que Chipre tiene —o tenía— un sistema bancario exagerado y especializado en prácticas ligadas a la ingeniería fiscal. El objetivo era reducir el tamaño del sistema bancario y adoptar la metodología más o menos estándar en estos casos: cuando un banco es insolvente, los accionistas sufren primero, luego los bonistas, y en última instancia los depositantes. Los contribuyentes sólo como último recurso, o en caso de necesidad sistémica. Hasta aquí la teoría.

Pero ahora llega la práctica. Hace un par de meses, el presidente del Eurogrupo, afirmó que a partir de ahora los bancos se tendrán que arreglar ellos solos, pero rescató el banco SNS Reaal (entidad financiera de origen holandés) con dinero público. Es decir, a los depositantes holandeses se les ahorró una quita, sin embargo a los chipriotas no. La decisión de limitar la deuda chipriota al 100% del PIB en 2020 es absolutamente aleatoria, y se podía haber dado un rescate mayor que hubiera aligerado la quita a los depositantes. ¿Por qué la teoría se ha aplicado de una manera en Holanda —y en el resto de la eurozona— y muy poco tiempo después de otra manera en Chipre? ¿Por qué no se usó el MEDE (organismo intergubernamental creado para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro) para recapitalizar directamente los bancos chipriotas, y romper así el vínculo entre bancos y deuda pública? Curiosamente, Luxemburgo, otro país cuya economía tiene una fuerte concentración financiera, se manifestó semanas atrás en contra de la nacionalización de los problemas bancarios, y a favor del uso del MEDE. No es de extrañar que, con tanta cacofonía, los inversores no se fíen de nada de lo que dicen los gobernantes europeos.

Ciertamente, la nacionalidad rusa de muchos de los grandes depositantes de los bancos chipriotas influyó. Es evidente que existía el deseo de dar una lección a los mercados, para que mejoren la vigilancia de los bancos y así evitar que se repita la crisis. Asimismo, el deseo de no cargar a las generaciones futuras chipriotas con un problema generado por sus antepasados ha tenido un peso específico. No obstante, la estrategia del Gobierno chipriota ha sido de dudoso acierto.

Pero también hubieron razones menos claras: el deseo del FMI (Fondo Monetario Internacional) de restaurar su credibilidad tras las dudas suscitadas por Grecia; el deseo del BCE (Banco Central Europeo) de evitar perdidas; la campaña electoral alemana, donde el caso chipriota se había convertido en una punta de lanza de la estrategia del SPD (Partido Socialista Alemán) contra Merkel; y el deseo de aplicar —claramente a destiempo— la nueva metodología europea de resolución de instituciones bancarias, que algunos ven como el embrión de la futura unión bancaria europea. Y, sobre todo, la falta de un sistema institucional de contrapesos que neutralice toda esta serie de intereses especiales.

En este contexto, y con 27 millones de puestos de trabajo destruidos desde que empezó la crisis, ahora hace 6 años, y 1,6 billones de euros de dinero público esfumados por el sumidero de las entidades financieras, se reunió los pasados días 27 y 28 de junio el Consejo Europeo. Ciertamente, no es que se puedan tirar cohetes de alegría por los acuerdos alcanzados, pero parece existir una clara voluntad para concretar un giro social y a los países del sur, aunque insuficientes, los nuevos aires no les vendrán nada mal.

Sobre el tapete se han puesto nuevas políticas para luchar contra el paro juvenil. Seis millones de menores de 25 años sin trabajo es algo inasumible, que le salen al conjunto de la Unión Europea por más de 150.000 millones de euros (el 1,2% del PIB).

Asimismo, otro de los grandes temas a debate en esa cumbre, y de especial importancia para España, era abrir el grifo del crédito a las pymes. La verdad es que más allá de los grandes titulares, el tema ha quedado para octubre; será entonces cuando los expertos deberán presentar una propuesta (que será necesariamente compleja) pues, con toda probabilidad se recurrirá a la ingeniería financiera, para que los bancos vuelvan a dar crédito compartiendo riesgos con el BCE y la Comisión.

Es evidente que la zona euro necesita una estructura institucional fuerte para que el todo sea mayor que la suma de las partes. Para hacer frente a las incertidumbres, para evitar que la tiranía de las minorías electorales regionales se adueñen de las decisiones, para contrarrestar la asimetría económica y política actual. De no hacerlo, las reticencias a todo lo que sea alemán irán en aumento, como irá en aumento la desafección hacia el euro. Las consecuencias pueden muy ser graves.

Hemos de ser conscientes que el euro es, ante todo, una institución política, no simplemente económica, y no podrá dar sus frutos sin solidaridad política, visión de futuro y fortaleza institucional.

Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 04/07/13



EUFÒRIA DECREIXENT

Sembla que mica en mica el suflé es va desinflant i les coses tornen a lloc. A l’absència del PSC i de Foment del Treball a la reunió sobre el Pacte Nacional pel Dret a Decidir cal afegir la del Cercle d’Economia que tampoc va assistir a l’esmentada reunió


Després de la reunió, en roda de premsa al Parlament, el portaveu del Govern va explicar que "el conjunt de formacions polítiques, entitats i institucions tenen perspectives diferents". "Només veient-ne el llistat ja es veu que no tothom pensa el mateix", afegir.

Francesc Homs destacà el "comú denominador" en totes les intervencions de la reunió "a favor del dret a decidir", però va remarcar que "s'ha posat de manifest una pluralitat d'opcions sota la base del dret a decidir".

Per la seva banda, El Consell de Cambres de Catalunya, que es va adherir al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, considera que "cal respectar la voluntat majoritària del poble català", però tenint en compte "els escenaris econòmics que es derivin d’aquesta decisió". En aquests sentit, asseguren que "Catalunya ha de continuar a la Unió Europea (UE)".

El Consell, que integra el conjunt de les tretze cambres catalanes, representatives de tot el teixit empresarial català, manifesta que "cal obrir un procés amb plenes garanties legals i amb un resultat vinculant i reconegut per totes les institucions". Així, reclamen "obrir un diàleg serè amb l’Estat, tot i les dificultats".

En aquests termes es va manifestar el president del Consell, Miquel Valls, en el decurs de la reunió constituent del Pacte Nacional al Parlament de Catalunya. Valls ha opina que en el procés cal tenir molt en compte els condicionants econòmics.

En aquest sentit, considera que com a institució representativa de tot el teixit empresarial català "la qüestió no és si una Catalunya amb Estat propi seria o no viable econòmicament, sinó si les oportunitats derivades del canvi d’estatus compensarien les contingències".

Valls creu que la resposta dependrà de com es gestioni el procés de Catalunya i de fins a quin punt aquest servirà per facilitar una integració més efectiva de l’economia catalana en el context mundial, en comparació amb la situació actual.

Les cambres consideren que els petits països poden ser tan viables econòmicament com els grans, sempre i quan "el grau d’internacionalització i integració amb altres economies sigui proporcionalment superior".

En resum: consulta dins de la legalitat i després condició sine quanon que Catalunya continuí dins la Unió Europea.

Per altra banda, que el Concert per la llibertat ha estat tot èxit, és quelcom poc qüestionable; ara bé, seria interessant que algú ens expliqués quins recursos públics s’han esmerçat en aquest acte. També ens haurien de dir si alguna entitat es decideix a fer un acte semblant al Concert per la Llibertat, però en favor de la unitat dels pobles d’Espanya, si es trobarà la mateixa predisposició a col•laborar per part de l’Administració catalana. Seria tot un detall.

També com a ciutadans tenim tot el dret a saber on aniran a parar els beneficis que dissabte passat es van generar, perquè fins on hem pogut saber els artistes van actuar de franc.

I una última curiositat: amb els diners públics aportats a l’esdeveniment quantes beques menjador s’haurien pogut cobrir.


Bernardo Fernández

Publicat a e-notícies.cat 01/07/13

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