28 de juny 2010

EL CUARTO PILAR


Cuando en noviembre de 2006 se aprobó, con amplísima mayoría, la Ley de Dependencia, en el Congreso de Diputados, se estaban poniendo las bases del cuarto pilar del Estado del bienestar. Un nuevo derecho para todos los ciudadanos, del mismo rango que la educación la sanidad y las pensiones. Después de poco más de tres años de vida, el sistema de dependencia se ha desarrollado, a través de las comunidades autónomas, de forma desigual, Se ha llevado adelante en función de intereses políticos, más que con criterios de servicio o de asistencia. Es verdad que los números se hicieron en plena bonanza económica y entonces todo parecía posible: beneficios para el Estado, creación de puestos de trabajo, etc. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y desde la situación de crisis en que estamos inmersos, más bien parecen las cuentas de El Gran Capitán. Con ese paisaje de fondo, no faltan los que sostienen que se debería ralentizar su implantación y retardar la entrada de casos moderados hasta que despeje la tormenta financiera.De todos modos, la gran cuestión subyacente es la sostenibilidad de esta ley. A día de hoy el gasto en dependencia está entorno al 0,4% del PIB. Cuando el sistema esté completado y eso se prevé que será hacia 2016, la financiación de las prestaciones rondará el 1%. Valga como referencia que el gasto en educación hoy es el 4,9%.

No cabe duda que el problema en estos momentos es la crisis, pero hay que pensar que cuando salgamos de este agujero las cosas cambiaran; ahora bien, para ello hace falta coraje y voluntad política. La dependencia no cuestiona el Estado del bienestar, no obstante, con el cuarto pilar en pleno funcionamiento daríamos un paso de gigante para alcanzar a los países más desarrollados en materia social. Es posible que para conseguir ese objetivo haya que recurrir a sistemas de financiación complementarios, tales como recuperar el impuesto sobre el patrimonio o aumentar algunos tramos del IRPF, otra posibilidad sería combatir, más enérgicamente, el fraude fiscal. A su vez, tampoco falta quien apunta a una aportación obligatoria mediante la Seguridad Social. Son propuestas a estudiar con atención y detenimiento.

En cualquier caso, lo que no hemos de perder de vista es que la dependencia no ha de ser sólo un sistema sostenible, sino que es, también, un ámbito estratégico clave, para modificar el sistema productivo que, además, debe generar riqueza. Ahora más que nunca hay que establecer prioridades y reforzar las políticas sociales que se deben entender como una inversión y no como un gasto. Y de la misma manera que no se cierran colegios u hospitales, no cabe pensar en recortes a la dependencia. De otras cosas se puede prescindir, del cuarto pilar, no.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 23/06/10

16 de juny 2010

LA FALSA CRISIS DE LAS PENSIONES


INTRODUCCIÓN
Los sistemas públicos de pensiones son uno de los elementos más importantes del denominado Estado del Bienestar. Las pensiones públicas de vejez se iniciaron en Alemania con el canciller Bismarck a finales del siglo IXX. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se consolidaron y ampliaron en el Reino Unido. Esto sucedió con un gobierno laborista a partir del informe Beveridge. En el sistema de economía planificada de Rusia y los países de la órbita soviética también se disponía de unas prestaciones para cubrir las necesidades de la genta mayor. Es decir, en Europa han existido desde principios del siglo XX diversos sistemas de pensiones públicos y obligatorios para los trabajadores.
Fue Franklin Roosevelt, en los años treinta, quien estableció, en los Estados Unidos, un sistema de pensiones para la vejez basado en las cotizaciones salariales, pero muy distinto al europeo, la diferencia radicaba en que estaba basado en el principio del seguro y sus beneficios quedaban limitados al computo de las contribuciones provenientes del trabajo, pero es que además eran gestionados por entidades financieras privadas (bancos y compañías de seguros.) A lo largo del tiempo el sistema experimentó diversos cambios, pero fue en la época Reagan cuando los recursos y el programa en sí padecieron los recortes más drásticos.
Por lo que a nuestro ámbito respecta, desde hace tiempo, se está intentando intoxicar a la opinión pública con el mensaje de la inviabilidad del sistema público de pensiones. Ahora, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los futuros pensionistas ha sido el anuncio hecho por el gobierno de España de retardar la edad de jubilación, pasando, de forma progresiva, de los 65 años actuales a 67 en la década de 2020.
A decir verdad, son muchos los dirigentes políticos, sociales e incluso sindicales que están diciendo que “hay que evitar la quiebra del sistema de pensiones públicas.” A partir de ahí, se ofrece un variado menú para hacer el sistema sostenible. Y claro, hay recetas para todos los gustos. Desde quien propone la privatización pura y dura, pasando por voces más moderadas que optan por la “complementariedad” del sistema público con el privado y no falta, en esta amalgama de propuestas, la más lineal que es el alargamiento de la edad de trabajar, sin más.
A su vez, son muchos y, también, cualificados expertos los que califican de “grave error” hablar de crisis de las pensiones públicas. Uno de los argumentos más utilizados para rebatir tal afirmación es que la misma está encabezada por El Banco Mundial, seguido de otras instituciones como la Unión Europea o la OCDE, tampoco faltan personajes como El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, que hacen su análisis de la situación desde la visón que genera una globalización salvaje y una política económica neoliberal.

LA ETERNA CRISIS
El hecho cierto es que la Seguridad Social es uno de los sistemas públicos que moviliza más dinero en cualquier país. Y en el caso concreto de España está, a día de hoy, fuera de la órbita de las entidades financieras. (Bancos, Cajas y compañías de seguros) No cabe duda que las considerables cantidades de dinero que se generan en este terreno son un fuerte polo de atracción para las entidades privadas antes citadas. En consecuencia, a nadie debe extrañar que éstas promuevan de todas las maneras posibles la privatización de la Seguridad Social. Para ello arguyen la inviabilidad del sistema, por lo que éste, pensiones incluidas, se colapsará en los próximos años de manera indefectible. Valga decir aquí que está predicción se repite de forma cíclica. Se hizo en los primeros setenta vaticinando el colapso para los finales de la misma década, se repitió al inicio de los ochenta, después en los noventa y ahora que iniciamos década vuelve el aviso con más fuerza si cabe, y esta vez, además, en medio de una crisis económico financiera que lo hace todavía más pernicioso.
Todas las predicciones hechas hasta ahora sobre el particular tienen como núcleo duro de la argumentación el aumento de la esperanza de vida de la ciudadanía. Nos advierten los falsos profetas que de seguir en esta línea de aumento del número de pensionistas, el sistema devendrá insostenible, dentro de relativamente poco tiempo, puesto que al crecer el número de beneficiarios decrecerá el número de cotizantes y como consecuencia los gastos de la Seguridad Social serás superiores a los ingresos.
Y claro, de forma inmediata neoliberales y entidades financieras llevan el agua a su molino y argumentan que sólo mediante las aseguradoras privadas y eliminando o reduciendo el sistema público a su mínima expresión se podrán garantizar las pensiones de jubilación. La base de esta propuesta consiste en lo que se denomina la capacitación individual y se trata de que cada persona tenga su propia póliza de seguro privado y llegado el momento recobre aquello que en su día ingresó con los correspondientes intereses que se hubieran generado.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
Lo primero que cabe decir aquí es que el sistema público de pensiones goza de buena salud. Es un sistema de reparto. Es decir, se cotiza durante toda la vida laboral, con el dinero que aporta el trabajador en activo se atienden las cotizaciones de los pensionistas actuales y al funcionar por un principio de solidaridad intergeneracional los cotizantes de hoy que serán jubilados mañana recibirán su pensión de los trabajadores que estén activos entonces. Todo esto, no obsta para que en función de la previsible evolución del mercado de trabajo y otros factores como la evolución demográfica, la evolución económica, la productividad y otras variables se hagan extrapolaciones más o menos acertadas que aconsejen la conveniencia de la reforma del sistema para hacerlo además de más robusto, sobre todo sostenible.
Así, por ejemplo, todo nos indica que en 2020 el número de personas de más de 50 años será superior al de aquellos que estén comprendidos entre los 18 y los 49 años, y puesto que el envejecimiento incide de forma directa en la sostenibilidad de nuestro sistema, estos estudios no lo podemos obviar. A su vez, hay otros vectores que, tampoco, no podemos ni debemos omitir dado que también tiene mucha importancia: la evolución del mercado laboral y la evolución de la economía. En este contexto, no podemos olvidar lo necesario que resulta aumentar la productividad y reducir las tasas de paro y eso se genera promoviendo empleo y con una economía más productiva y más dinámica.
La edad de jubilación a los 65 años se marcó en la década de los 70. En aquel entonces, la esperanza de vida no llegaba a los 70 años y se empezaba a trabajar a los 15. La resultante era que el número de personas en activo era muy superior a los jubilados y además estos vivían poco tiempo. Afortunadamente esa situación ha ido evolucionando a mejor y en estos momentos la esperanza de vida en nuestro país sobre pasa ya los 80 años y la edad de incorporación al mercado laboral se ha retrasado de forma considerable. Eso supone acortar el tiempo de trabajo y alargar el periodo de jubilación. Por otra parte, el crecimiento demográfico, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque muy lejos aún de países como Noruega, Dinamarca o Suecia, la llegada de inmigrantes y su incorporación al mercado laboral, han hecho que el aumento de jubilados quedase compensado por el constante incremento de trabajadores en activo En consecuencia, todas las previsiones indican que el sistema mantendrá el equilibrio como mínimo hasta bien entrada la década de 2020 a partir de ahí, tal vez, no es seguro, podría empezar a generarse algún déficit.
En cualquier caso y considerando un escenario adverso, el fondo de reserva acumulado, (que a día de hoy se cifra en unos 60.000 millones de euros) podría ser utilizado para cubrir el posible déficit más allá de 2030. Pero claro, todo tiene sus límites y una situación así de déficit permanente se podría volver insostenible a mitad de los años 30.
Es evidente que una de los obligaciones de cualquier gobernante que se precie es prever situaciones futuras, y desde ese punto de vista el gobierno de España está haciendo lo deberes de un modo bastante correcto. Ahora bien, deberá aceptarse, en este terreno, que ni la forma, ni el momento, ni el núcleo duro de la cuestión se han planteado de la forma más adecuada posible. Veamos:
La forma no es la más idónea porque se hizo el lanzamiento de la propuesta de manera que cogió por sorpresa a tirios y troyanos, sin haber realizado ni una sola consulta y sin haber buscado ningún consenso. Se plantea cuando se está en plena crisis, negociando una reforma laboral –que si es urgente- y en un momento en el que como resultante de todo esto las sensibilidades de unos y otros están más a flor de piel que nunca. Y como remate, el tema en sí mismo, que se puede enfocar desde muchas ópticas, pero que se ha planteado de un modo que va a la línea de flotación de las clases menos favorecidas, o sea, de los trabajadores manuales de poca o nula cualificación. Por cierto y por si alguien lo ha olvidado, ese es el núcleo electoral del partido del gobierno.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
A finales del pasado mes de enero el gobierno aprobó un documento con más de 50 propuestas para modificar el sistema público de pensiones de nuestro país. Según palabras del Ministro Celestino Corbacho en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión del Pacto de Toledo el pasado 22 de febrero las mencionadas propuestas se hacían por la evolución demográfica y no por la crisis, ni tampoco por que las cuentas públicas se encontraran en dificultades.
En síntesis las propuestas, al menos las más notables, se pueden resumir en cuatro puntos:
1.- Retardar la edad de jubilación. La propuesta es ampliar la edad de jubilación de los 65 años actuales a los 67. El argumento que se pretende de fondo es que así se podrían paliar los efectos del incremento de la esperanza de vida y el retraso con que los jóvenes se incorporan al mercado de trabajo. De aceptarse esta medida a partir de 2013 al llegar a los 65 años se trabajarían dos meses más cada año y esto equivaldría a llegar a 2025 en activo con 67 años.
2.- Ampliación del periodo para calcular las pensiones. Es verdad que en la comparecencia que hizo el ministro ante la Comisión del Pacto de Toledo no se hizo una propuesta explicita sobre el particular, pero sí que invitó a reflexionar y a debatir sobre ello para lograr que sea más equitativo el esfuerzo contributivo con la prestación recibida y a su vez, argumentaba el ministro, que el cálculo no penalice, como lo hace ahora, a los despedidos al final de su vida laboral.
3.-Revisión de las pensiones de viudedad. En este ámbito el gobierno sostiene que hay que revisar la regulación de las prestaciones por muerte y la supervivencia de la pensión de viudedad. En especial aquellas pensiones de viudedad otorgadas en edad temprana o bien, cuando el superviviente cuente con rentas del trabajo propias.
4.- Frenar las prejubilaciones. Aquí Celestino Corbacho hizo referencia al uso abusivo de la figura de la prejubilación y habló de poner límites a las reducciones de plantillas en empresas con beneficios, a la vez que se aumenta la edad de los prejubilaos por encima de los 52 años y se fomenta la jornada flexible en el último tramo de la vida laboral
Más allá de cualquier otra consideración no cabe duda que el citado documento del gobierno y la comparecencia del ministro han producido una grave sensación de descontrol sobre la política de pensiones y como consecuencia una alarma social. Y eso es lo último que debe buscar un ejecutivo nunca, pero menos que nunca en un momento de crisis y de angustia para millones de persona como el que estamos padeciendo.
Por otra parte, en honor a la verdad, hay que decir que en ningún momento –al menos hasta la fecha- el gobierno ha planteado la privatización total o parcial del sistema. Ahora bien, eso no significa que, una vez abierta la veda de las reformas y después de la pretendida prolongación de la vida laboral, no se plantee algún tipo de privatización. De la misma manera que no se puede descartar un cambio de modelo tras un hipotético cambio de color gubernamental. Por eso y por lo que pueda venir es conveniente tener las cosas lo mejor atadas posible. ¿Y cuando mejor qué con un gobierno de izquierdas? Pero para ello, es necesario blindar la reforma ante los cambios que se puedan producir en los próximos 20 años. Y el blindaje sólo se puede hacer desde el pacto y el consenso. Pero es que además esa es la mejor manera de trasmitir confianza en el futuro.

ALGUNAS APORTACIONES
En este contexto y admitiendo como punto de partida que hay que reformar el sistema público de pensiones, se pueden y deben plantear algunas alternativas a las propuestas del gobierno para que -ya que se ha decidido hacer los cambios- estos se hagan con consenso, desde el acuerdo más amplio posible, desde la responsabilidad y sobre todo con paz social que bastante vapuleada está ya la clase trabajadora como para poner las cosas más difíciles de lo que ya lo están.
Por todo ello sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida en base a la cualificación profesional. Así, por ejemplo, sabemos que un trabajador manual en paro tiene una esperanza de vida inferior en 10 años a un trabajador cualificado no manual.
El sentido común nos dice que, para ser legítimas, las reformas deben estar basadas en la justicia. Eso significa que hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que “la muerte no es democrática”: los ricos viven más tiempo que los pobres, lo cual origina grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. Por tanto, habría que tener muy en cuenta que la esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años.
Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad media de jubilación (hoy situada a los 63 años y 10 mese en nuestro país) reduciendo las prejubilaciones, -que son en sí mismas una pérdida de capital humano- práctica habitual en muchas grandes empresas que además después declaran beneficios. También sería interesante ofrecer incentivos -que fueran atractivos- para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo. Es muy posible que trabajadores cualificados con cotizaciones elevadas quieran permanecer en activo más allá de los 65 años si se les ofrecen condiciones interesantes para ello. Por el contrario, es difícil creer que lo harán obreros poco o nada cualificados como paletas, fontaneros, personal de limpieza o transportistas. Otra posibilidad sería ofrecer la jubilación parcial cuando se está llegando al final de la vida laboral. Esto se hace en Suecia y es uno de los países más dinámicos de la OCDE. De este modo se posibilita una transición a la jubilación muy poco o nada traumática. Estas son algunas de las medidas que podría articular el ejecutivo y con ellas queda claro que hay alternativas a incrementar la edad de jubilación. Por otra parte y por pura justicia social no se pueden dejar de lado las pensiones de viudedad. En ese ámbito y mientras esa prestación exista se debe hacer una reforma en profundidad en función de la realidad social que nos ha tocado vivir.

LAS PENSIONES DE NUESTROS HIJOS
Si queremos garantizar las pensiones de mediados de siglo debemos tener en cuenta factores fundamentales como la calidad y la cantidad de nuestro aparato productivo, sin descuidar los sistemas de distribución de la riqueza. De igual forma debemos ir pensando en plantear –como ya se ha mencionado en diversa ocasiones- una reforma adecuada del sistema vigente, que bien podría basarse en las medidas apuntadas con anterioridad. A su vez, es lógico pensar que se ha de producir un fuerte aumento de la productividad, ahora bien, tampoco sería bueno que no nos dejáramos deslumbrar por esa posibilidad, pues ese factor será parte de la solución, pero nunca toda la solución.
Ante todo lo expuesto, cabe pensar que tenemos el asunto, cuando menos, bien identificado. Así pues los gobernantes de hoy deberían saber que para garantizar la equidad de las pensiones del futuro a medio plazo, lo primero que hay que hacer es garantizar la igualdad de oportunidades de los niños de hoy. Está demostrado que la asistencia a las guarderías reduce de forma considerable el fracaso escolar. Además, siempre es preferible realizar esfuerzos preventivos centrados en la infancia y preparar mano de obra capaz para mañana, que luchar después contra la exclusión social. De igual forma, es preferible luchar contra la pobreza y exclusión de los más pequeños y poner a su alcance unas condiciones adecuadas para su desarrollo que tener que invertir después para evitar desarraigos, exclusión y marginalidad. Aunque sólo fuera por puro cálculo mercantilista, que no lo es, siempre es mejor prevenir que curar. Y en el tema que nos ocupa con más motivo.
A estas alturas sabemos que nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás de nosotros en la medida en que las prestaciones destinadas a pagar pensiones, más una cantidad dedicada a mantener un fondo de cobertura sea igual a los ingresos. Y para que esto sea así necesitamos que la relación entre afiliados y pensionistas sea igual o superior a 2 afiliados por pensionista. También necesitamos que el volumen de las contribuciones sea igual o superior al volumen de pensiones. Para conseguir estos equilibrios lo primero que hay que reducir (como ya se ha mencionado con anterioridad) es el alto número de prejubilaciones.
Otras medidas que se podrían introducir en el supuesto que el volumen de cotizaciones fuera insuficiente para cubrir pensiones y fondos de reserva, pero que en la situación social actual producirían más enfrentamiento que beneficio, sería subir los impuestos de las clases más favorecidas, es decir con las rentas más altas.
Según un informe del Banco de Santander en el año 2006 surgieron en nuestro país 772 nuevos millonarios, con un patrimonio medio entre 19,2 y 29.7 millones de euros. No obstante y aun admitiendo que es muy probable que con la crisis el número de potentados haya menguado de forma considerable queda todavía ahí una importante fuente de recursos. No olvidemos que el gobernó tiene capacidad para elevar el IRPF en los tramos altos. Ahora bien, si somos pragmáticos hemos de reconocer que no es el mejor momento para adentrarse en unos terrenos que siempre son procelosos. Valga todo esto, a modo de ejemplo para entender que sólo con hacer las cosas medianamente bien estamos garantizando las pensiones públicas para nuestros hijos e incluso para nuestros nietos. Es decir para muchos, muchos años.

CONCLUSIONES
Los servicios sociales –y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar. Tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para los faltos de recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.
En definitiva, a día de hoy y a pesar de la crisis la Seguridad Social se mantiene con superávit. La relación entre número de afiliados y pensionistas, no solo está dentro de los parámetros indicados más arriba, sino que, también, permanece estable. De igual forma se constata que no existen argumentos de peso que aconsejen alargar la edad de jubilación, de la misma manera que nada indica que sea recomendable cambiar el método de cálculo de pensiones ampliando los años que se tienen en cuenta para calcular la base de cotización. En cambio lo que habría que habría que hacer sería asimilar todos los regímenes especiales al régimen general y aumentar de forma sustancial las pensiones de viudedad durante el tiempo que exista este tipo de prestación.
En cualquier caso, las reformas, cuando sean necesarias, han de estar orientadas por los principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados participación social en la gestión y sostenibildad financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
Además no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad no están en condiciones de trabajar.
La reforma de las pensiones si se hace, se debe hacer en esa dirección. Hay que conseguir que se la sociedad entera, y no sólo la clase trabajadora la que mantenga a la población dependiente.
Ahí nos encontraran, en esa reforma vale la pena comprometerse para avanzar.
Bernardo Fernández
Febrero 2010
Publicado en FRC nº 22 hivern-primavera

07 de juny 2010

ELECCIONS ANTICIPADES?

Hem de ser honestos i reconèixer l'astúcia política de Duran i Lleida, que no ha volgut que les eleccions generals coincidissin amb les catalanes. Si Zapatero hi hagués vist rebutjades les seves mesures anticrisi és segur que hagués hagut de donar per conclosa la legislatura i enviar-nos a tots a les urnes. per l'efecte dòmino que això suposaria, faria el mateix el President Montilla, i llavors, l'escenari per al vot a Catalunya hagués canviat substancialment, i molt possiblement s’hauria girat la truita en contra d'un Artur Mas que ara mateix té unes enquestes molt favorables per a ell. Davant aquest panorama, el cap pensant d'Unió, i crec que el millor cervell de la coalició nacionalista, se les va veure venir i, després d'un discurs demolidor, va passar la consigna d'abstenció als seus diputats per desgastar el Govern i de pas "fer-li el favor". Què això implica europeisme i sentit d'Estat? Doncs si, però mai ha de ser el principal argument d'aquesta peculiar acció política.

Per altra banda, la intervenció de Mas en les Jornades del Cercle d'Economia era especialment esperada, no per conèixer el seu programa econòmic, sinó per saber perquè CiU havia salvat el Govern central amb la seva abstenció i per sentir la seva versió sobre els “casos Pretòria i Millet” . Del segon, cap referència. Però sí que es va estendre a explicar la postura de CiU en la votació del matí al Congrés. L'argument oficial, davant d'un públic majoritàriament antisocialista, va ser que, tot i desitjar, i ell en primera persona especialment, que el govern caigui, CiU, una vegada més, ha anteposat els interessos generals als seus particulars. Si el pla d'ajust no s'hagués aprovat, Espanya hagués estat intervinguda com Grècia i les mesures imposades per la UE haurien estat més dràstiques. Per això, davant la irresponsabilitat del PP i tot i estar a l'oposició a Catalunya i a Espanya, es va prendre la decisió més difícil: abstenir-se per salvar l'economia catalana i espanyola. Però al pati de butaques, els comentaris afegien una raó més prosaica: la caiguda del govern central podia tenir l'efecte devastador per a CiU que les eleccions generals i les catalanes coincidissin, amb la consegüent polarització del vot entre socialistes i populars. Per acontentar els nombrosos antiZP, una mica desil·lusionats pel "sacrifici" de CiU, Mas va dir que el Govern central està amortitzat i que cal canviar-lo via eleccions a la primavera de 2011 o, –això no ho va dir explícitament–, formar un govern amb una majoria estable: és a dir, amb presència de CiU o, almenys, amb un acord de legislatura. Perquè els camins del senyor són infinits i podria donar-se el cas que al desembre es produís la carambola d'un govern sociovergent a Madrid i a Barcelona. Amb Duran, per fi, ministre d'Exteriors. Pel que fa al futur govern de Catalunya, Mas va ser clar: un govern amb molts partits liderats per CiU no seria molt millor que l'actual tripartit. Cal, va dir, un govern fort i homogeni. I això només s'aconsegueix arribant als seixanta diputats o pactant amb un partit seriós i també homogeni, entre els quals no va semblar que inclogués ERC. No sé si per ser una decisió meditada o perquè aquesta opció no seria molt ben rebuda pel selecte públic assistent. D'altra banda, poques novetats i les contradiccions de sempre. Es denuncia que les mesures d'estalvi arriben tard i, alhora, es tem que retardin la recuperació. On seríem si en els dos últims anys no hi hagués hagut polítiques expansives?

Bernardo Fernández
Publicat a e-noticies.com 02/06/10

04 de juny 2010

DEL OASIS A LA CIÉNAGA


Durante años nos han querido hacer creer que la política catalana se desarrollaba de manera diferente al resto del mundo. En otros lugares, como por ejemplo España, los políticos, a menudo, se tiraban los platos a la cabeza y salían a la luz, con relativa frecuencia, casos de corrupción y corruptelas. En cambio, en Cataluña, las formas en el Parlament eran versallescas y los señores diputados después de un intenso debate compartían educadamente un café, cuando no mesa y mantel. Y claro, de corrupción ni hablar, todo por el país o por la patria que, en esencia, venía a ser lo mismo.
Después, con la llegada de la izquierda al poder, las cosas empezaron a cambiar y ya no se hablaba de oasis catalán sino del Dragon Kan de Pasqual Maragall y más tarde del no demostrado 3%. Pero miren ustedes por donde, aún no hace un año que un mal día nos desayunamos con el “caso Millet” y eso fue un tsunami para la burguesía catalana. Luego la cosa se complicó cuando al poco tiempo empezaron a conocerse las conexiones políticas. Primero fue Ángel Colom dirigente de CiU que había recibido dinero de Millet para enjugar la deuda que arrastraba de sus devaneos independentistas. Más tarde supimos que el inefable personaje había donado más de 600.000 euros a la Fundación Trías Fargas –hoy Catdem- y que ese dinero se había desviado para la campaña municipal de 2007 de CiU en Barcelona; por cierto, que a día de hoy, seguimos esperando que Xavier Trias, máximo responsable de CDC en Barcelona, dé alguna explicación sobre el particular.
De todos modos, el órdago que está colmando el vaso de la paciencia ciudadana es la información que estos días se ha hecho pública sobre el “caso Pretoria”. Según se desprende del sumario realizado por el juez Garzón, más allá del Alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, que era un pelele en manos del cerebro de la trama Luís García “Luigi”, aparecen Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en otros tiempos auténticos próceres del nacionalismo catalán y guardia de corps del President Pujol. Pues bien, ahora resulta que estos personajes son dos auténticos tahúres dedicados al pelotazo, a presionar para conseguir tratos de favor, a evadir capitales a paraísos fiscales y a saber cuantas cosas más. Y lo que es peor: parece que con alguna que otra connivencia en las máximas alturas nacionalistas.
Que el oasis catalán ha dejado de existir es un hecho. En estas circunstancias Artur Mas, y no otro, debería salir y, de forma fehaciente, garantizar que ni él ni la Federación Nacionalista han tenido nada que ver en estos affaires, Si no lo hace, la situación de turbulencia política que vivimos se emponzoñará cada día más, y Cataluña podría acabar convertida en una ciénaga.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 02/06/10

TV3, "LA NOSTRA"?

TV3 es la televisión autonómica con más audiencia de España. Sus informativos son los más seguidos de Cataluña. No obstante, el modelo, q...