21 de maig 2013

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

Los sistemas públicos de pensiones son una de las bases del Estado del Bienestar. Desde los años ochenta (de sigloXX), su privatización ha sido uno de los principales objetivos de las políticas neoliberales y de las principales instituciones económicas y, lo que es peor, a menudo con el apoyo de los gobiernos, muchas veces prescindiendo de su orientación ideológica.


Cabe recordar que el sistema de pensiones públicas se inició en Alemania con Otto von Bismarck (canciller entre 1877 y 1890), aunque no fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña y con un gobierno laborista, cuando se consolidaron de forma definitiva. Aún así, sistemas de economía planificada, como Rusia y los países de la órbita soviética, también pueden considerarse embriones del actual sistema, pues en ellos se cubrían las necesidades de las personas mayores desde el sector público.

Es decir, en Europa ha existido un sistema de carácter público y obligatorio de pensiones para los trabajadores desde los inicios del siglo XX. Por otra parte, en Estados Unidos, fue Franklin D. Roosvelt quien, en los años treinta, estableció unas pensiones de vejez sobre la base de las cotizaciones salariales, aunque muy diferentes a las europeas; el sistema americano estaba basado en el principio del seguro, es decir, dejando los beneficios limitados a la correlación con las aportaciones realizadas mediante el trabajo, y gestionadas por entidades financieras privadas.

A finales de los años 70 y principios de los 80, se empiezan a implantar con fuerza las estrategias neoliberales, que llegaron de la mano de destacados economistas como Milton Friedman. De forma casi simultánea se empiezan a cuestionar los sistemas públicos de pensiones. En concreto, en España, fue en el año 1989 cuando se aprobó la ley que permitía la creación de pensiones privadas, prohibidas hasta entonces. La OCDE diagnosticaba, poco tiempo después, que los países industrializados no podrían hacer frente, en un futuro más o menos inmediato, al pago de las pensiones por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida. Aún con estos primeros avisos privatizadores, el ataque frontal más fuerte a los sistemas públicos de pensiones se produjo en el año 1994 cuando el Banco Mundial hizo público un informe titulado Adverting the Old Age Crisis (Evitando la crisis de la Vejez) que justificaba, y defendía, los sistemas privados de pensiones.

Sin embargo, todas las predicciones hechas hasta ahora sobre el particular tienen el mismo núcleo duro en su argumentación: el aumento de la esperanza de vida de la ciudadanía. Las corrientes neoliberales y las entidades financieras advierten que, de seguir en esta línea de aumento del número de pensionistas, el sistema devendrá insostenible, dentro de relativamente poco tiempo, puesto que al crecer el número de beneficiarios decrecerá el número de cotizantes y, como consecuencia, los gastos de la Seguridad Social serán superiores a los ingresos. La solución a dicho problema la encuentran mediante la proliferación de aseguradoras privadas y eliminando, o reduciendo, el sistema público a su mínima expresión. La base de esta propuesta consiste en lo que se denomina la capacitación individual, y se trata de que cada persona tenga su propia póliza de seguro privado y, llegado el momento, recobre aquello que en su día ingresó con los correspondientes intereses que se hubieran generado.

De no suceder ningún imprevisto, a finales de este mes de mayo el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá sobre la mesa un informe elaborado por un grupo de expertos que ha de ser la base para llevar a cabo una nueva reforma del sistema de pensiones. El eje vertebrador de ese estudio será el denominado factor de sostenibilidad. En realidad, se trata de cambiar los criterios de ajuste de las pensiones y que el IPC deje de ser referencia.

Según parece, en el mencionado documento se pretende que ese factor de sostenibilidad se aplique tanto a los jubilados presentes como a los futuros, también se plantea exigir más tiempo de cotización para cobrar la totalidad de la pensión y alargar la edad de jubilación más allá de lo 67 años. La pretensión es clara: si la reforma se plantea sólo para las pensiones futuras el ahorro a corto plazo sería escaso. Por el contrario, si se aplica de a las jubilaciones existentes se reduce el gasto de forma considerable y, además, de manera inmediata.

Rafael Doménech, economista jefe para economías desarrolladas del BBVA y uno de los doce expertos designados por el Gobierno para asesorarle en la nueva reforma de las pensiones, considera que el factor de sostenibilidad será una nueva vuelta de tuerca para “asegurar el equilibrio financiero de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico” y recoger el “efecto de envejecimiento de la población”.

Existe la idea muy extendida de que las dificultades de los sistemas de pensiones provienen casi exclusivamente de la demografía. Es cierto que vivimos más años y es muy probable que la esperanza de vida siga aumentando. Ahora bien, ¿qué sociedad es la nuestra, que puede transformar uno de los mayores logros de la humanidad en un problema? Es evidente que se pueden plantear diversas formas de distribuir el tiempo del que dispondremos ¿Cuánto vamos a dedicar a trabajar más y cuánto a ocio, a la familia, a la colectividad o al enriquecimiento personal? Es una cuestión importante y, por tanto, merece un debate en la sociedad para contrastar preferencias individuales, repercusiones sociales y conocer los costes de las diferentes opciones. A la vez, se debería considerar el derecho a la libertad de cada cual para poder decidir si se continua o no trabajando después de una edad determinada.

El retraso obligatorio de la edad de jubilación puede ser una medida injusta, y además engañosa, porque sus efectos sobre el déficit son bastante limitados. Por otra parte, hasta ahora los mercados no han reaccionado como se esperaba ante las medidas de ajuste. En consecuencia, resulta poco creíble que ante el anuncio de que nos vamos a jubilar más tarde se aplaque la furia de los especuladores.

Nada justifica la urgencia de esta nueva reforma de nuestro sistema público de pensiones. Por tanto, lo primero que se debería hacer es un debate profundo, sereno y transparente, sin engaños ni medias verdades, buscando el acuerdo social. Haciéndolo de otro modo, lo más probable es que se genere inquietud en la ciudadanía, se denigre el sistema y se socave su credibilidad. Y sinceramente, así no.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 17/05/13

DERECHOS QUE NO DÁDIVAS

Hemos superado los 900.000 parados en Cataluña y los 6.000.000 en España, no hay perspectivas de que la situación pueda cambiar, casi 200.000 hipotecas están en trámite de ejecución, el goteo de personas que se queda cada día sin prestación alguna es permanente, y lo que ha de venir a corto y medio plazo no se intuye mejor, todo lo contrario. Pero tampoco desde la Unión Europea llegan señales que inviten al optimismo, aunque sea moderado.


Con este paisaje de fondo, no faltan los apóstoles del liberalismo a ultranza que se afanan en anunciar la insostenibilidad del Estado del bienestar. Así por ejemplo, para Durán i Lleida (Portavoz de CiU en el Congreso) “el Estado del Bienestar en sus actuales términos es insostenible”. En la misma línea se ha pronunciado en más de una ocasión Boi Ruiz (Consejero de Sanidad de la Generalitat), para quien “la salud es un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado”. Por no hablar de Esperanza Aguirre que días atrás instaba al Gobierno a acometer recortes más drásticos en el gasto público. Estas declaraciones y otras similares, así como determinadas acciones, dan a entender que se quiere remediar la crisis con recetas liberales. De perseverar en esa idea la degradación de los derechos sociales será irreversible, y de poco valdrá que se hayan conseguido tras muchos años de lucha y conflictos.

Según el artículo 9.2 de la Constitución “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (…) sean reales y efectivas y se deberán remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”. Este enunciado es una copia casi literal de otras constituciones europeas a partir de las cuales se han generado las políticas de bienestar.

Una persona tiene un derecho cuando reúne los requisitos fijados por la ley que lo crea y regula tal derecho y las prestaciones correspondientes. En consecuencia, ese derecho no puede estar limitado por la existencia o no de fondos presupuestarios. En ese supuesto, no es un derecho sino una prestación graciable sujeta a la disponibilidad económica.

A base de esfuerzos y sacrificios se obtuvieron unos derechos gracias a los cuales se logró el inter clasismo social. Ahora, algunos los quieren transformar en dádivas aduciendo incapacidad económica del Estado. Mejor que ni lo sueñen. Hasta ahí podríamos llegar.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 08/05/2013

06 de maig 2013

EL FRACASO DE LA AUSTERIDAD

Nos habían dicho que este año podría marcar el comienzo de la salida a la crisis, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se ha encargado de volvernos a la realidad. La caída de todas las previsiones económicas para la zona euro ha hundido de nuevo a la economía europea en la sima de la recesión. En estos días se cumplen tres años desde la intervención de Grecia y de la aplicación a rajatabla de la receta de los fundamentalistas del mercado, esa que dice que la política de austeridad es el único remedio. Tres años en los que la crisis se ha agravado, la desigualdad ha crecido y la derecha se ha dedicado a desballestar el Estado de bienestar.


Hemos sido engañados por los mismos que nos decían que las hipotecas basura eran un negocio redondo. Los mismos que pidieron a gritos que rescatáramos con dinero público sus bancos y que, una vez salvados, se dedicaron a especular contra la deuda soberana de los países que les ayudaron.

Ante esta situación, hay que decir que la actual recaída en la crisis económica no es consecuencia solamente del déficit y del nivel de deuda pública de España, lo es, sobre todo, por la nefasta política de austeridad que se ha impuesto. Por ello, es preciso reconducir la economía hacia la política. La salida a la crisis en Europa no será consecuencia de la austeridad y el recorte. Recomponer el binomio ajuste-crecimiento es una obligación para un espacio que soporta más 25 millones de parados y donde no se atisba el final del túnel.

Únicamente el crecimiento podrá reducir el peso de la deuda en las economías europeas sin cuestionar nuestro modelo de convivencia. Es necesario flexibilizar los plazos de aplicación de los objetivos de déficit para permitir políticas de impulso a la economía. El Banco Central Europeo (BCE) debe asumir un papel más activo en relación al crecimiento y no atender exclusivamente a la estabilidad de los precios y el interés de eso que llamamos mercados. La Unión Europea (UE) debería emitir ya eurobonos y se ha de convertir al BCE en prestamista de último recurso, a la vez que se da un decidido impulso a los fondos estructurales.

Es evidente que el Estado de bienestar debe ser actualizado para que sea viable en el siglo XXI. Actualizar quiere decir poner a punto y mejorar la eficiencia de nuestras políticas, pero no desmantelar aquello que ya forma parte del ADN europeo y que ha dado lugar en los últimos decenios al mayor progreso social y económico de la historia: el Estado de bienestar.

La política de recortes es una cosa distinta a la obligada austeridad y contención del gasto público. En tiempo de crisis, eliminar las medidas de apoyo a la economía con la crudeza que se está haciendo por parte de algunos Gobiernos es un auténtico suicidio económico y social, ya que se inutilizan gran parte de los recursos humanos y la capacidad productiva de nuestras empresas, además de poner en riesgo la cohesión social. Como vaticinó semana atrás el FMI en España ya hemos alcanzado el 27% de tasa de paro. A este ritmo y con estas políticas, ¿hasta cuándo tendremos que esperar para que el número de parados en nuestro país vuelva a los niveles que teníamos en 2008, o para que el desempleo juvenil se sitúe por debajo del 20%? ¿Hasta 2020? ¿Podemos seguir así?

Para Paul Samuelson, académico y premio Nobel de Economía, el objetivo de la economía es mejorar la vida diaria de las personas. Eso es exactamente lo que hay que hacer: poner la economía al servicio de la ciudadanía y como sociedad avanzada que somos, proteger al más débil. Hay que elaborar alternativas para combatir una crisis que está robando los sueños de futuro a millones de persona. Se deben hacer compatibles el necesario control del gasto público con medidas efectivas para incentivar la economía, luchar por el empleo y garantizar los servicios públicos y de calidad a toda la ciudadanía.

Los gobiernos deberían ser capaces de consensuar con los agentes sociales y las fuerzas vivas de la sociedad planes de lucha contra la crisis que tengan como eje vertebrador medidas de lucha contra el paro, un plan extraordinario para financiar a las pequeñas y medianas empresas, un paquete de medidas para incentivar el tejido productivo y actuaciones especiales para que la gente joven tenga las oportunidades laborales que se merece.

No tenemos por qué renunciar a la economía de mercado, pero no debemos aceptar una sociedad de mercado. Los gobiernos, tanto de España como de Cataluña deben reflexionar sobre las consecuencias de sus actuaciones en materia económica y entender que hay otras fórmulas para abordar las reformas estructurales que necesitamos y luchar contra la crisis. La obsesión por el déficit, las falsas alarmas de quiebra, las reformas antisociales a golpe de decreto ley y los recortes continuados nos están llevando a una vía sin salida. Están dinamitando las oportunidades vitales de miles de jóvenes, de una generación con un inmenso talento y la mejor preparada de nuestra historia. Una generación que huye del país ante la falta de oportunidades.

Hemos de conseguir aunar el esfuerzo de empresarios y trabajadores, así podremos forjar un modelo que apueste por no dejar a nadie abandonado a su suerte. Un objetivo de ese calado sólo es posible si somos capaces de estimular la economía real y, para ello, es verdad, debemos ajustar de forma razonable los gastos, pero evitando, eso sí, el recorte indiscriminado, especialmente en sanidad y educación.

Los ciclos económicos han existido siempre y siempre existirán, por eso, aunque ahora creamos que no hay salida posible, llegará un momento en el que la economía se recuperará y comenzaremos de nuevo a generar empleo y bienestar. La velocidad con la que llegue este momento dependerá de lo rápido que dejemos de lado la equivocada receta de la austeridad a ultranza y adoptemos otras terapias más convenientes para los males de nuestra economía.

Que la austeridad ha fracasado, es una verdad de Perogrullo. Es necesario recobrar la confianza que en aras de una supuesta estabilidad nos han robado. Como sociedad tenemos derecho a un espacio donde se generen oportunidades y como ciudadanos podemos y debemos aspirar a un futuro mejor.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 01/05/13

LA MARCHA AMARILLA

Buena parte de la sociedad catalana, inducida por sus líderes políticos y agitadores sociales a sueldo, camina imperturbable hacia el abi...