30 de juliol 2019

Empieza la cuenta atrás


Pido disculpas. El pasado día 5 de julio publicaba, en esta magnífica ventana que es e notícies, un artículo bajo el título “Investidura incierta”. Allí decía, entre otras cosas, “Disculpen mi atrevimiento, pero con este trabajo demoscópico sobre la mesa, me atrevo a vaticinar que este mes de julio habrá Gobierno”. Con ese comentario, hacía referencia a una encuesta del CIS hecha pública días atrás que daba un amplio margen al PSOE, en caso de que se repitieran las elecciones. Yo pensaba que aquello datos allanarían la investidura de Pedro Sánchez Me equivoqué.

El espectáculo que nos ha ofrecido estos días la clase política desde el Congreso de los Diputados ha sido bochornoso. No nos debería extrañar que la ciudadanía que ha de hacer filigranas en su vida privada para salir adelante cada día y llegar a fin de mes, esté desencantada y se sienta cada vez más alejada de la política.

Que el pasado jueves, en la segunda y última sesión de este proceso de investidura, fuera Gabriel Rufián el que en una intervención llena de sentido común dijera que “toda la izquierda nos arrepentiremos” y “en septiembre todo será más difícil”. Nos puede dar una idea del despropósito de la izquierda.

Desde luego, los desencuentros entre los partidos de izquierda no son ninguna novedad, al menos en nuestro país. Las desavenencias entre el PSOE y los partidos situados teóricamente a su izquierda vienen de lejos. Felipe González no tuvo buena sintonía ni con Santiago Carrillo, ni con Gerardo Iglesias y con Julio Anguita obsesionado en hacer la pinza con Aznar y dar el “sorpasso” se llevó peor que mal. Tampoco José Luís Rodríguez Zapatero tuvo una relación especialmente fluida con Gaspar Llamazares. Tan solo Joaquín Almunia selló, deprisa y corriendo, un pacto con Paco Frutos, secretario general del PCE, para las elecciones del año 2000. En aquella ocasión los socialistas obtuvieron los peores resultados de su historia hasta entonces.

Desde luego, la propuesta que estos días parecía que iba a cuajar, no estaba exenta de riesgos para un partido reformista como el PSOE. No era fácil para una organización sistémica como son los socialistas compartir Consejo de Ministros con un partido a priori antisistema. No obstante, con los 123 escaños obtenidos el pasado 28 A, la fragmentación parlamentaria que ha implosionado el bipartidismo imperfecto y la actitud irresponsable y cerril de la derecha, Pedro Sánchez no tenía mucho más donde escoger para lograr una cierta estabilidad y hacer posible “la segunda gran transformación” como él mismo calificó a la nueva etapa política que debería haber comenzado.

Ni con Podemos ni con la coalición Unidas Podemos el camino nunca ha sido de vino y rosas. Desde que los socialistas eran “la casta” hasta tener “el pasado en cal viva” y “no son de fiar”, los encontronazos han sido muchos y gruesos.  A pesar de todo, en esta ocasión las cosas hubieran podido ser distintas. Parecía que de la necesidad harían virtud. No ha sido así. La izquierda no ha aprendido y, en buena lógica, Sánchez tendrá que volver a intentarlo antes del 23 de septiembre porque ha empezado la cuenta atrás. Todo puede ocurrir, pero el ambiente estará más viciado con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés a punto de hacerse pública, un ambiente internacional, presumiblemente enrarecido por el posible Brexit a la brava y la derecha que ya procurará calentar la situación y que tengamos que ir a elecciones.

Escribo estas líneas cuando hace pocas horas que ha terminado la última sesión de la investidura fallida. Me he quedado con una sensación mezcla de fracaso, rabia y frustración. No quiero hacer juicios de valor. Tiempo habrá para analizar y evaluar las consecuencias directas y los daños colaterales de este dislate. Tan solo quiero apuntar que, en mi opinión, ha faltado altura de miras. El interés personal y/o partidista se ha impuesto al interés de país. Algunos han querido tapar sus fracasos en las urnas desviando la atención sobre otras cuestiones. El tiempo pondrá a cada cual en su lugar.

De todas maneras, no olvidemos que la división de la izquierda acostumbra a provocar abstención. Y que nadie dude que la derecha ya huele sangre y está haciendo números, si suman, aunque sea con Vox, armarán la marimorena para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Por lo menos, que no nos cojan desprevenidos.



Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 26/07/19

La Cataluña real y la otra


Desde que tengo uso de razón política, y de eso hace ya mucho, siempre he oído decir que la lucha por los derechos nacionales y las mejoras sociales eran inseparables. Supongo que debo ser un ingenuo porque yo me lo creía a pies juntillas. Sin embargo, el tiempo pasa, hace ya siete años que empezaron a marearnos con la mandanga del procés y la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto para los partidos secesionistas como para el Govern de la Generalitat, ha quedado claro que es algo muy secundario. Para ellos, la consecución de la independencia está por encima de todo y el resto es prescindible.

Como que no quiero que se me considere un derrotista, me van a permitir corroborar la afirmación que he hecho más arriba con datos facilitados por el propio Ejecutivo de la Generalitat o entidades afines y/o de reconocida solvencia; es decir, nada de cosecha propia.

Empecemos por la atención social: uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde 2006 que se aprobó la Ley de Dependencia han muerto en Cataluña más de 36.000 personas sin que les llegase la ayuda que les correspondía, habiéndose agotado los plazos que la normativa estipula.

Espero apreciado lector que no tenga usted problemas de salud, porque si es así y decide acudir a la sanidad pública, sepa que la media para que le sometan a una operación quirúrgica es de 73 días, 74 para que le hagan una prueba diagnóstica y casi 100 para que le visite un especialista. ¡Ah! Y no se le ocurra ponerse enfermo este verano porque han decidido cerrar 1.900 camas, o sea que, según como vayan las cosas, las colas para que atiendan por la picada de una avispa asiática, pongamos por caso, pueden ser quilométricas.   Por lo tanto, me permito sugerirle que mantenga la salud por la cuenta que le tiene.

Eso sí, en Cataluña tenemos el triste honor de estar igualados a la Comunidad de Madrid en lo que a gasto en sanidad por habitante con respecto al PIB se refiere: ambos son los más bajos de España.  Y es que la derecha, secesionista o no, cuando gobierna utiliza los mismos patrones.

Sigamos con algo tan poco importante como la vivienda.  Según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, la renta familiar disponible bruta ha subido desde el año 2000 el 64,3%. Mientras los alquileres se han incrementado en el Área de Barcelona un 127,5%. Por consiguiente, una familia de clase media que viva en esa zona ha de dedicar el 50% de sus ingresos a tener un techo.

Desde la Generalitat nos dicen que la tasa de pobreza de la población se sitúa en el 21,3%.  Por lo que respecta a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se aprobó a bombo y platillo en el Parlament, desde 2017 sólo se han concedido 13.100, un pírrico 21% del total de personas que lo solicitaron.

Y para terminar está desoladora relación de cifras sepan que 375.000 personas viven en Cataluña en pobreza severa.

Estos datos objetivos pertenecen a la Cataluña real, la que madruga, se deja la piel, se esfuerza para tirar adelante y llegar a fin de mes.  También existe otra donde de las fuentes dan leche y miel y los catalanes lo tienen todo pagado cuando salen al extranjero, pero esa sólo está en el imaginario de unos pocos iluminados.

Llegados a este punto, me gustaría escuchar a los políticos que hemos elegido para que nos gobiernen expliquen de forma razonada porque, en la Cataluña real, vivimos en esta situación de carencia y precariedad permanentes en todos los ámbitos. Pero sin que caigan en la falacia del “España nos roba”, que es la tesis preferida para tapar las incapacidades propias.

Que bien podríamos funcionar si, a los que les corresponde, se dejaran de repúblicas ficticias, elucubraciones estériles, mandangas por el estilo y se aplicaran a procurar el bien común, pero el real, no el virtual que tan solo existe en las mentes calenturientas.



Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 23/07/19


BUENA GENTE


El Sea Watch 3 es un barco propiedad de una organización humanitaria capitaneado por Carola Rakete, una joven de treinta y un años, que llevaba diecisiete días a la deriva en el Mediterráneo con 40 inmigrantes rescatados en el mar con pocos víveres, poca agua y menos medicamentos. Por si fuera poco, algunos de los rescatados presentaban serios problemas de salud. La situación a bordo empezaba a ser dramática. En esas circunstancias, la capitana tomó una decisión: dirigirse a la isla italiana de Lampedusa y atracar en su puerto.

La pregunta es obvia: ¿por qué no lo hizo antes? La respuesta también: porque el ministro del interior italiano y líder de La Liga, el filofascista Matteo Salvini, había amenazado con una “posible condena de 10 años de cárcel y una multa de 50.000 euros a los que se atrevan a llegar a las costas de su país con inmigrantes”.

No habían pasado ni veinticuatro horas cuando otro navío de otra ONG desembarcaba 41 personas en condiciones casi idénticas a las que llevó Carola Rackete. A Salvini le ha salido el tiro por la culata porque el valiente gesto de Rackete ha servido para que otros barcos siguieran el camino del Sea Watch 3. Pero es que además la jueza de vigilancia desestimó lo cargos contra la capitana y la dejó en libertad.

Por si fuera poco, a las pocas horas, otra nave, esta con 65 inmigrantes pidió también atracar en un puerto italiano, pero fue desviada a Malta que en principio se negó a acogerla. Tras algunas negociaciones las autoridades maltesas aceptaron que atracara a cambio de que los inmigrantes fueran acogidos en otros países de la UE.

Actos como estos impresionan por lo que tienen de valentía y determinación personal y, a la vez, rechazo a unas leyes arbitrarias e injustas. Y el mero hecho de que unas personas hayan salvado la vida ya merece la pena. No hay duda.

No obstante, si los europeos no somos capaces de integrar como seres humanos a los que huyen a la desesperada y que tienen todo el derecho del mundo a labrase un futuro, habremos fracasado como sociedad.

Esa gente, en su gran mayoría, son personas que han de dejar países gobernados por clanes corruptos, lugares donde el hambre, la represión, el desprecio a la vida, la miseria, la guerra y el miedo son el pan nuestro de cada día. Por eso, han de abandonar el sitio en que nacieron, sus familias, sus amigos y buscar en el Viejo Continente un lugar al sol.

La alta esperanza de vida y la baja natalidad están convirtiendo a Europa en un inmenso geriátrico. En consecuencia, necesitemos mano de obra inmigrada que con sus aportaciones haga sostenible nuestro modelo social. Y eso, es diametralmente opuesto al discurso xenófobo y racista que están haciendo los movimientos populistas liderados por personajes como Matteo Savini, Marine Le Pen, Víctor Orban o Donald Trump, entre otros, y fíjense que todos ellos llevan inoculado en su ADN político, fuertes dosis de nacionalismo.

Si no sucede ningún imprevisto, a principios del próximo otoño Josep Borrell, actual ministro en funciones de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, será nombrado alto representante para la Política Exterior de la UE, cargo conocido coloquialmente como Míster PESC, responsabilidad que ya desempeñó años atrás Javier Solana, pero que con el paso del tiempo ha ido asumiendo nuevas competencias.

El socialista catalán deberá, homogeneizar tanto como sea posible las políticas migratorias de los diversos Estados de la UE, para poder desarrollar un plan estratégico que favorezca el crecimiento en África, con especial atención a los países del Magreb y del Sahel. El objetivo es tratar de evitar que miles de personas que intentan la travesía hacia Europa arriesguen sus vidas en el Mediterráneo y sean acogidas en centros de países como Libia. De forma simultánea, se quiere luchar contra el negocio de las mafias que trafican con seres humanos en esa parte del mundo.

Ante esta situación, todos tenemos la obligación de asumir un compromiso activo en la defensa de los valores que caracterizan nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de ser: la igualdad, la fraternidad y la justicia social. Resulta lamentable que algunos Gobiernos consideren a los cooperantes casi como delincuentes y no como buena gente que se juegan la vida por salvar la de otros. Iniciativas como las de Carola Rakete, Oscar Camps, fundador de Open Arms y tantos y tantos otros son merecedoras de toda la admiración y todo el respeto por lo que tienen de audaces, valientes y solidarias. Sin embargo, son insuficientes si no están implementadas por todo un acompañamiento de medidas que hagan posible una inclusión plena de esos seres humanos en nuestras sociedades. Y eso, en primera instancia, es potestad de las instituciones. Ahora bien, no vale eludir responsabilidades y, en ese contexto, nosotros tenemos mucho que decir y hacer.



Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/07/19

 

09 de juliol 2019

La "exprimida" clase media


Aunque a algunos les parezca imposible, hay vida más allá del procés. Fuera de la insoportable burbuja política que vivimos los ciudadanos catalanes, hay gente que vive trabaja y sueña. Incluso los hay que hacen estudios que desmontan la falacia de que hemos salido de la crisis y vivimos en el mejor de los mundos.

Al menos, eso es lo que pretende demostrar un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según ese informe, las clases medias de los 36 países más ricos del mundo se han debilitado. Y advierte que ese grupo social está menguando porque su nivel de vida se estanca o va en declive. Uno de los lugares en los que más se agudiza esa tendencia es en España. Los motivos son diversos, pero se puede señalar que el aumento del coste de la vida es superior al de las rentas. El precio de las viviendas es, quizás, es el ejemplo más elocuente: en los años noventa la adquisición de un piso o una casa venía a suponer el 25% de los ingresos disponibles. Sin embargo, a día de hoy ese porcentaje ha aumentado hasta el 35%, y sigue subiendo. En contra partida, las rentas altas en nuestro país han mejorado sustancialmente más que la media de las rentas altas de los otros países desarrollados.

Los expertos consideran clase media a aquellos cuyos ingresos están entre el 75 y el 200% de la renta media nacional. Esos mismos expertos coinciden en que un país es más próspero cuanto más amplia y estable es esa clase media. En España, para ser considerado clase media, una persona que viva sola ha de ingresar entre 11.440 y 30.530 euros/año.

El estudio de la OCDE señala que el ingreso medio creció de manera mucho más lenta en la última década que en las anteriores. Mientras en los últimos años los ingresos han aumentado a un ritmo del 0,3%, entre mediados de los ochenta y de los noventa crecieron un 1% de media anual y entre mitad de los noventa hasta principios de los dos mil se llegó al 1,6% año.

El informe indica que la reciente crisis financiera ha desarticulado buena parte de ese colectivo y su influencia ha caído de manera alarmante. El estancamiento salarial ha hecho que ese grupo social tenga dificultades para mantener su poder adquisitivo. Las consecuencias son evidentes: no se puede mantener el nivel de vida porque no se pueden asumir los gastos que genera la vivienda, la educación la formación de los hijos y otros asuntos por el estilo.

Para la OCDE una de cada tres personas es económicamente vulnerable y entre los hogares considerados de clase media, uno de cada siete corre el riesgo de salir del grupo al menor contratiempo. Las consecuencias que se extraen de este estudio es que el sistema económico es tremendamente injusto y las clases media aportan mucho más de lo que reciben.

La crisis de 2007 ha hecho mella en este segmento social. Una de las secuelas de esa crisis es el empeoramiento de las perspectivas para amplísimos sectores de la población que de golpe se vieron abandonados a su suerte, cuando muchos habían imaginado que si venían mal dadas el Estado extendería un manto protector para salvaguardar su nivel vida.

Por eso, la crisis económica fue un terreno abonado para dar rienda suelta a un sinfín de frustraciones, fracasos (colectivos y personales) y desengaños de todo tipo. En esas circunstancias, que surgieran determinados movimientos políticos como el populismo, el ultranacionalismo o que el movimiento secesionista catalán encontrase respuesta en segmentos sociales que históricamente les habían dado la espalda, es lo más normal que podía ocurrir.



Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 08/07/19


06 de juliol 2019

INVESTIDURA INCIERTA


Según anunció días atrás la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el debate de investidura se iniciará el próximo día 22. Habrán pasado, pues, casi tres meses desde la fecha de las elecciones. En ese tiempo hemos tenido que afrontar elecciones municipales, europeas y autonómicas en doce comunidades.

Los ciudadanos ya cumplimos con nuestra obligación: ir a votar. Ahora corresponde a los políticos leer correctamente los resultados y actuar en consecuencia.

A la vista de los resultados electorales del pasado 28-A, las consecuencias no deberían ser otras que investir a un presidente de Gobierno que tenga el suficiente respaldo parlamentario para formar un Ejecutivo capaza de sacar al país del atolladero en que llevamos empantanados desde hace años.

No lo tiene fácil Pedro Sánchez para lograr los apoyos necesarios para su investidura, las posiciones de los diversos grupos políticos parecen muy enrocadas. Ahora bien, ha sido poner fecha al debate y las cosas han empezado a moverse.

Además, al líder socialista le ha venido como agua de mayo la publicación del último Barómetros del CIS. Según ese estudio, de los cuatro partidos de ámbito estatal, de llevarse a cabo unas nuevas elecciones, el más beneficiado sería el PSOE, Ciudadanos quedaría igual y PP y Unidas Podemos bajarían entre dos y tres puntos respectivamente.

En los comicios de abril derecha e izquierda empataron en votos. En cambio, si ahora hubiera nuevas elecciones, las encuestas apuntan que PSOE y Unidas Podemos quedarían unos cuatro puntos por delante del PP, Ciudadanos y Vox y Sánchez tendría más fácil formar Gobierno.

Como es lógico estos números refuerzan la posición de Pedro Sánchez, pero hasta un cierto punto. Unidas Podemos acusa un desgaste, pero no está en caída libre. Por consiguiente, arriesgarlo todo a otras elecciones sería como jugar a la ruleta rusa: el PSOE es el que tiene mejores perspectivas, pero a la vez el que más arriesgaría.

Disculpen mi atrevimiento, pero con este trabajo demoscópico sobre la mesa, me atrevo a vaticinar que este mes de julio habrá Gobierno.

En este contexto, los desafíos que deberá afrontar el próximo Ejecutivo serán muchos y muy importantes. Por eso, será necesaria una mayoría parlamentaria muy sólida que pueda tirar adelante una serie de reformas en las que está en juego nuestro futuro. Y una cosa es una mayoría para una cuestión puntual y otra, muy diferente, aglutinar esa mayoría entrono a un proyecto durante cuatro años.

Urge afrontar un paquete de medidas en el que se incluyan la cuestión territorial, el mercado de trabajo, la educación, las pensiones, la transición energética, la financiación autonómica y una reforma fiscal que sea justa y equitativa. La convivencia está en juego y eso es algo que sólo se podrá afrontar desde la justicia social y la defensa de la igualdad desde la diversidad.

En este contexto, el PNV, que fue determinante en la moción de censuras, ya ha mostrado su disponibilidad para llegar a acuerdos con los socialistas. Tanto si se constituye un Gobierno de coalición como si no. Como políticos de largo recorrido que son, lo que quieren es negociar a partir de unos ejes programáticos.

Justo lo que el resto de las formaciones no han planteado todavía. La cuestión, en estos momentos, no debería ser que se va a votar, sino que programa se va a proponer. Ese debería ser el punto de arranque de cualquier negociación. Tiempo habrá para decidir el sentido del voto en función de los acuerdos a que se haya llegado.

Es evidente que cuatro años no se podrán culminar remodelaciones de tanta envergadura. Por eso, es necesario elaborar una hoja de ruta sensata, veraz y creíble. Por suerte, vivimos en una sociedad madura, harta de los falsos flautistas de Hamelin y cansada de los cantos de sirena. Si las cosas se hacen con rigor y, sobre todo, con honestidad siempre se podrán comprender, incluso disculpar los errores. Si por el contrario se va de frívolo las cosas se complicarán.

La fecha de la investidura se ha propuesto teniendo en cuenta que de resultar fallida habría que ir a nuevas elecciones y que, llegado el caso, serían el diez de noviembre. Eso significaría tener que esperar al mes de enero del año próximo para formar un Gobierno efectivo. En mi opinión, es un lujo que no nos podemos permitir.

En consecuencia, crucemos los dedos, y si alguno de ustedes es creyente, y lo considera oportuno, rece una novena al santo que más fe tenga.



Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/07/19

FECHAS CLAVE

Dicen los que me conocen bien que soy un optimista visceral. No lo sé, pero desde luego siempre prefiero ver la botella medio llena ante...