30 d’abril 2018

LAS CLOACAS DEL PODER


El mono tema procesista cada vez resulta más tedioso, quizás por eso, el sunami que ha removido, estos días, la ciénaga política madrileña ha despertado nuestras neuronas y ha dado un poco de vida ante tanto titular de victimismo ya amortizado.
Así las cosas, a los que tenemos la gran suerte de dejar por escrito nuestras opiniones sobre los temas más variopintos y, además, verlas publicadas, nos ha venido como agua de mayo el lamentable espectáculo que ha ofrecido Cristina Cifuentes con su máster no realizado y las cremas no pagadas.
Dicen que Cifuentes tenía previsto presentar su dimisión como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo 2 de mayo. Precisamente el día que se celebra la Fiesta de la Comunidad. Sin embargo, alguien, por si acaso, ha decidido hacerla caer antes.
Se comenta en los mentideros políticos madrileños que, en otoño de 2016, un empresario con importantes intereses en la Comunidad se puso en contacto con diversos medios de comunicación de ámbito nacional ofreciéndoles importante documentación sobre la vida privada de Cristina Cifuentes, entre la misma un video que la dejaba bastante mal parada, a cambio de que se dejara de publicar información sobre el ático de Ignacio González en Estepona. Entonces, nadie entró al trapo y el asunto, hasta hace unos días, permaneció archivado, vayan a saber ustedes donde.
El caso es que, 35 días después de que se destapara el escándalo del no máster, a Cifuentes le ha estallado un bombazo en plena cara,  por hurtar unas cremas en un centro comercial. El hecho en sí es doblemente miserable. Miserable porque alguien ha hurgado en la vida personal de un cargo público para sacar sus miserias a la luz y acabar así con su carrera política. A la vez, también es miserable que una persona en la que millones de ciudadanos han depositado su confianza para que gestione cosas tan sensibles como la sanidad, la educación de los hijos o las ayudas sociales, haya sido capaz de hurtar unas tristes cremas regeneradoras. Si eso hizo en un súper mercado ¿qué no sería capaz de hacer en un lugar como el Gobierno de la Comunidad de Madrid dónde se mueven cientos de millones de euros? Menos mal que cuando accedió al cargo advirtió que tendría tolerancia cero con la corrupción porque si no, a poco que se hubieran despistado los madrileños se lleva a su casa la fuente de Cibeles o la puerta de Alcalá. Eso sí, por error y sin darse cuenta, naturalmente.
De hecho, Cifuentes debería haber dimitido inmediatamente después de que se destaparan las irregularidades de su título. Ella sabía mejor que nadie que había de verdad y que de mentira en ese affaire. Sin embargo, prefirió poner en marcha el ventilador y hacerse la víctima lamentando una campaña contra ella de acoso y derribo, orquestada, según dijo, desde su propio partido.
Bien es cierto que fue Cifuentes quien informó al fiscal de posibles irregularidades en el Canal de Isabel II y que también puso al descubierto diversas deficiencias en la construcción de la ciudad de la Justicia.  Quizás, de esa forma, la ya expresidenta estaba firmando su defunción política y ahora los carroñeros políticos no han hecho otra cosa que cobrarse la pieza al más puro estilo de la mafia.
Hace un par de semanas era aclamada en la convención que su partido hizo en Sevilla. En cambio, ahora, algunos de aquellos que entonces la aplaudieron son los que han precipitado su caída.
Muchos pensábamos que con la corrupción del PP valenciano ya habíamos visto todo lo malo y peor que se podía ver en política. Nos equivocamos. En Madrid, desde el tamayazo en 2003 y con los casos Gürtel, Púnica y Lezo, además de los aferes internos, los populares nos han demostrado que siempre se puede hacer peor y siempre se puede corromper más.
Desde luego, no seré yo quien mueva un dedo ni escriba una frase en defensa de un personaje como Cristina Cifuentes. No obstante, este turbio asunto pone de relieve que, si los caminos del Señor son inescrutables, lo que se cuece en la cocina de las cloacas del poder, para conseguirlo, mantenerlo o cargarse a quien lo ostenta -según interese en cada momento-, es insondable.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 30/04/18

28 d’abril 2018

ALCALDABLE VALLS


Una de las noticias políticas -aparte del afer Cifuentes, claro está- que más ha llamado la atención y se ha comentado estos días, es la posibilidad de que Manuel Valls, ex primer ministro del Gobierno de Francia y exaspirante a presidente de la República francesa, se presente como candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos.
En efecto, cuando queda un año para las próximas elecciones municipales, los partidos van perfilando sus estrategias y no se puede negar que los de Albert Rivera están crecidos y van a jugar fuerte. Días atrás el partido naranja anunció que habían ofrecido al político francés, de origen barcelonés, la posibilidad de encabezar su candidatura al ayuntamiento de Barcelona y éste, lejos de rechazar la idea, sin esconder su satisfacción por la oferta, pidió un tiempo para decidir; si bien todo indica que acabará aceptando.
Manuel Valls fue, en sus inicios políticos, alcalde de Evry, una ciudad en la periferia de París. Cargo que dejó para pasar a ser ministro del interior y después primer ministro con Françoise Hollande. Ese currículo le acredita con la experiencia y capacidad suficiente para ser alcalde de Barcelona. No obstante, tiene el hándicap de desconocer las entretelas de la ciudad. Bien es cierto que eso se podría solventar con un equipo de buenos asesores.
Su credo político es una mezcla entre socialismo y neoliberalismo y ha demostrado un firme compromiso con la democracia y el constitucionalismo.
De confirmarse su candidatura, Valls podría aspirar a lograr apoyos, tanto en al caladero de votos del PSC, como en el del PP.  Ambas formaciones están en momentos bajos y cualquier nuevo contratiempo puede ser nefasto para sus aspiraciones en el campo municipal. Asimismo, una parte considerable del electorado de los comunes podría ser tentada por los cantos del líder catalán-francés.
Sin duda, uno de los mayores atractivos políticos de Valls es que con su bagaje pueda romper la dinámica perversa de carácter identitario que se ha instalado en Cataluña y está contaminando también a la ciudad de Barcelona. Es decir, uno de los activos del hipotético candidato de Ciudadanos podría ser centrar el debate electoral en lo que corresponde, esto es: el modelo de ciudad que es lo que se ha de dirimir en los comicios de mayo de 2019. No la cuestión de la independencia que, en el mejor de los supuestos, pertenece a otro ámbito.
En cualquier caso, lo más probable es que el próximo ayuntamiento esté más fragmentado que nunca y eso puede dificultar aún más la gobernabilidad del consistorio.
Llegados a este punto, la pregunta es obvia, ¿si Manuel Valls no logra ser alcalde, aguantará cuatro años en el banquillo de la oposición?
Como dijo el poeta: “la respuesta está en el viento”.

Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 28/04/18

24 d’abril 2018

GOVERN, PRESUPUESTOS Y PAZ


Pese a que la situación política catalana sigue tan embrollada como en los últimos tiempos, soy moderadamente optimista y me atrevo a vaticinar que, en breve, tenderemos Govern efectivo en Cataluña y muy pronto, también, se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
He llegado a esas dos conclusiones porque, por una parte, se percibe que en las filas independentistas catalanas empiezan a entender que es necesario y urgente desbloquear cuanto antes la situación y volver a la normalidad. Y, por otra, porque el PNV, más allá de sus postureos con el 155, no puede permitirse el lujo de no votar unos presupuestos que son especialmente generosos con Euskadi.
En efecto, en una reunión del grupo parlamentario JxCat, celebrada en Berlín el pasado día 18, algunos diputados dejaron oír su voz para pedir a Puigdemont que se deje de utopías y permita la formación de un Govern efectivo, ya.
ERC y la comisión ejecutiva del PDeCAT, hace tiempo que vienen reclamando un Ejecutivo que gobierne. Ahora se le han sumado casi una quincena de diputados que son, a la vez alcaldes y ven como con la aplicación del artículo 155 de la Constitución se están retrasando proyectos vitales en sus ciudades y pueblos cuando falta un año para que se celebren las próximas elecciones municipales.
En estas circunstancias, si por fin, en Cataluña se constituyera un Govern la normalización institucional se restablecería, quedaría derogado el famoso 155, se aprobarían los Presupuestos Generales del Estado y al conjunto de España volvería la normalidad alterada por la situación catalana.
Por otra parte, el PNV se juega mucho en el envite de los presupuestos. El pasado día 20 de abril se acababa el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y los nacionalistas vascos no presentaron ninguna. Esperaran a finales de mayo, que es cuando se llevará a cabo la votación definitiva para pronunciarse, con la esperanza de que entonces lo de Cataluña esté resuelto o en vías de solucionarse.
Y es que, digan lo que digan, al PNV le interesa, y mucho, que los presupuestos del PP salgan adelante. De ese modo, se aseguran una inversión en infraestructuras para Euskadi de más de 500 millones de euros. De paso, dan un respiro a los populares y se evita así un adelanto electoral que podría beneficiar a Ciudadanos que es el enemigo a batir para los nacionalistas vascos, porque los de Rivera ya han avisado que cuando gobiernen suprimirán el Concierto. Además, como complemento a tanto colaboracionismo, el PP vasco daría su apoyo a los presupuestos que presente el Gobierno del Lendakari Iñigo Urkullu que no tiene la mayoría suficiente en el Parlamento de Vitoria.
Bien es verdad que, para una buena parte del electorado del PNV, la imagen que les está llegando de Cataluña con un autogobierno intervenido por el Estado es muy negativa. Así las cosas, es muy posible que alguna factura, electoral tendrán que pagar los seguidores de Sabino Arana, si dan apoyo al PP con el 155 en vigor.
Veremos. Todo está abierto y casi todo es posible. Ahora bien, una cosa es incuestionable: el calendario no para y los tiempos se agotan. Pero sí estas previsiones se hacen realidad, en especial la primera, y se confirma la disolución de ETA en los primeros días de mayo, como se viene anunciado. Después de tanto sufrimiento y tanta incertidumbre, valdrá la pena hacer un buen brindis. Nos lo habremos ganado.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 23/04/18

18 d’abril 2018

culebrón.cat


El proceso independentista catalán cada vez se parece más a un culebrón (teleseries o telenovelas denominan en algunos lugares a este género televisivo). Como muy bien saben los lectores, suelen estar desarrollados a partir de argumentos melodramáticos y acostumbran a tener un final feliz para los protagonistas.
La situación política que estamos viviendo en Cataluña también tiene mucho de melodrama. Cuando el Gobierno central se vio en la obligación de aplicar el artículo 155 de la Constitución (cosa que hubiera hecho cualquier otro Ejecutivo de cualquier otro país similar al nuestro), la mayoría de los ciudadanos sentimos un cierto alivio, por una parte, pero también, una gran dosis de frustración.
Alivio porque de esa forma se ponía coto a todo un proceso sin pies ni cabeza que había desembocado en unos hechos gravísimos; primero, los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament intentando poner en jaque al Estado, después, en la calle, en especial el día 20 ante la consejería de Economía y más tarde, en octubre, con la celebración del mal llamado referéndum y la proclamación de la república.
Pero, también, frustración porque tuvimos que contemplar cómo se recurría a las vías judiciales ya que los políticos habían sido incapaces de sentarse, hablar, negocias y pactar.
Al poco tiempo, se celebraron unas elecciones que, si bien ganó Ciudadanos, obteniendo más votos y más escaños, la aritmética parlamentaria no les permitía forma gobierno. Sin embargo, las fuerzas independentistas, si sumaban los diputados suficientes para proponer un candidato y lograr la investidura.
Si entre los soberanistas hubiera existido algo de sensatez y sin necesidad de renunciar, de forma explícita, a ninguno de sus planteamientos, hubieran propuesto para presidente de la Generalitat a alguien sin cuentas con la justicia, habría salido elegido, hubiera formado su propio ejecutivo, el 155 hubiese quedado desactivado y se habría empezado a normalizar el país que tanto dicen querer. Y eso, lo podían haber hecho a partir del 31 de enero.
Pero no, el independentismo ha preferido seguir con la fractura social, el bloqueo institucional y ahondando en la brecha económica que se ha abierto con la fuga de empresas y exilios de sedes sociales.
Hasta cuatro intentos de investidura ha llevado a cabo el president del Parlament Roger Torrent, sabiendo que todos ellos eran jurídica y políticamente inviables. En consecuencia, no cabe atribuir desconocimiento al tomar esas iniciativas, sino chulería y un ánimo deliberado de saltarse la legalidad y desafiar al Gobierno central.
Por si todo esto fuera poco,  Torrent ha utilizado de forma torticera un documento, con fecha del 23 de marzo pasado, del Comité de Derechos Humanos (un comité técnico formado por 18 expertos, pero no de la ONU, que tiene como misión la vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ), intentado hacer creer que en ese documento se cuestionaba la prisión provisional de Jordi Sánchez (propuesto, por el inefable Roger Torrent, por dos veces para ser investido). La verdad, es que ese organismo lo único que ha hecho ha sido admitir a trámite la reclamación planteada. Una reclamación que, además de no ser vinculante, puede tardar meses e incluso años en sustanciarse.
De todos modos, no deja de ser paradójico que aquellos que optaron por la vía unilateral y la ruptura de un Estado de derecho, social y democrático, como es el español, intenten, ahora, buscar amparo en la Naciones Unidas. Un organismo que ni por lo más remoto contempla la secesión en los términos que aquí nos la han planteado.
Los independentistas son conscientes que han perdido toda opción de llevar su proyecto adelante. De hecho, nunca la tuvieron. En consecuencia, lo único que les queda son las algaradas, las crónicas de sucesos, las de tribunales y poco más. Quizás esa sea la razón por la que la mesa de la Cámara catalana, en la que tienen mayoría los independentistas, haya amenazado con presentar una querella por prevaricación contra el magistrado Pablo Llarena por no permitir a Jordi Sánchez asistir a la sesión de investidura, pese a que los letrados de la institución lo han desaconsejado y han sugerido que, de llevarse a cabo, sea presentada o por el propio Sánchez o por un grupo parlamentario. Pero según parece aquí se tarta de marcar territorio y como dice el cantor “a ver quién la tiene más larga”.
Como escribía al principio de estas líneas, las telenovelas suelen tener un final feliz para los protagonistas. Sin embargo, mucho me temo que este culebrón político que estamos sufriendo en Cataluña, como dice el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, “sólo puede acabar mal o muy mal”.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 17/04/18

16 d’abril 2018

MARTES NEGRO


El pasado martes, 10 de abril --y eso que no era 13--, fue un día aciago para el Gobierno Municipal de Barcelona, encabezado por Ada Colau y, también, para aquellos que nos gusta el fútbol y somos seguidores del Barça.
En efecto, ese martes, por la mañana los grupos municipales de la oposición certificaron, en una sesión de pleno extraordinaria, la defunción y entierro de dos de los proyectos estrella de la alcaldesa Colau, la multi consulta y la unión de las dos redes del tranvía por la Diagonal. Luego, por la noche, el Barça quedaba apeado, de manera vergonzante, de la Champions League, por un equipo, “la” Roma, sobre el papel muy inferior, pero eso sí, con mucho corazón y fe ciega en la victoria; justo lo que les faltó a Messi y compañía.
Dos días después, casualidad o no, Ayuntamiento y FC Barcelona, anunciaban, a bombo y platillo, un acuerdo para llevar a cabo la gran transformación urbanística del Camp Nou y su entorno. Seguro que la cosa ya estaba acordada y bendecida. Pero que quieren que les diga; llevaban años y años hablando y discrepando, y lo presentan de golpe, cuando las dos instituciones reciben palos por todas partes.
Lo del fútbol pase. Es un juego y como tal hay que aceptarlo. Lo serio y que me ha impulsado a escribir este artículo es la situación de descontrol que transmite el Gobierno de la ciudad.
El problema de fondo no es ni el tranvía ni la multi consulta ni nada que se le parezca. Aquí la cuestión es que, tenemos una alcaldesa que, según dicen, fue una buena agitadora social, pero a la que la vara de mando de la ciudad le bien grande, muy grande. Y eso hace que su soledad política al frente del Consistorio la perciban los ciudadanos.
Su incapacidad para llegar a acuerdos estables y duraderos es una evidencia. Le ocurrió con los socialistas. Después de algo más de un año de intensa colaboración rompió el pacto por cuestiones ajenas a la gobernabilidad de la ciudad y por decisiones en las que, el PSC de Barcelona no había tenido nada que ver. Entonces, la alcaldesa, intentó un acercamiento a ERC, pero a juzgar por cómo van las cosas esa entente no ha progresado de manera adecuada. Esos bandazos obligan a que su formación política tenga que mercadear, de forma constante, con los votos y esa forma de hacer política, acaba pasando factura. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Cuando falta poco más de un año para los próximos comicios municipales y los partidos empiezan a marcar perfil propio.
Entrando en materia de lo que dio de sí el último pleno municipal, confieso que no soy un entusiasta del tranvía y tengo serias dudas de que enlazar ese transporte sea rentable y beneficioso para la ciudad. Quizás a estas alturas se podría pensar en soluciones más prácticas, más rápidas en su aplicación y tan ecológicas como el propio tranvía; me estoy refiriendo a un autobús eléctrico. Hoy es perfectamente viable.
De todos modos, dicen que el 52% de los barceloneses está a favor de esa opción. Pues bien, hace ya tres décadas que se está mareando la perdiz y quizá es el momento de tomar una decisión y, lo más importante, llevarla a cabo, “o ciaxa o faixa” que se dice por estos pagos.
Otro fiasco que se materializó en esa sesión plenaria fue la envainada que tuvo que hacer Ada Cclau de su multi consulta. La alcaldesa quería plantear un pack de preguntas para que los barceloneses nos pronunciásemos, en una semana, sobre cosas tan diversas como el futuro nombre de la actual plaza de Antonio López, la municipalización del servicio de agua, el uso de un solar que hay junto al hotel Rec Comtal o la posibilidad de construir más vivienda en el distrito del 22@. Pues bien, por motivos diversos, pero convergentes los grupos municipales tumbaron la iniciativa de los comunes, con lo que la alcaldesa ha quedado sin su multi consulta.
Si a estos fracasos se suman otros anteriores, como por ejemplo la funeraria municipal, podría darse la circunstancia que la carrera política de Colau haya comenzado su declive.
De hecho, los comunes admiten abiertamente que romper con los socialistas para acercarse a los independentistas fue un error porque éstos no están ayudando y se empieza a notar.
Y se que ya se sabe: quien siembra vientos recoge tempestades.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 16/04/18

10 d’abril 2018

PENSIONES DE MISERIA


A veces tengo la sensación de qué, con tanta monserga independentista, estamos perdiendo el mundo de vista y las cosas que realmente son importantes y nos afectan de verdad, van quedando en un segundo plano. Y no digo que lo que está sucediendo en Cataluña no merezca nuestra atención, pero existen otros asuntos, como por ejemplo las pensiones, de las que depende el pan de cada día de muchos millones de personas y no les damos la importancia que ciertamente tienen.
Quizás ese es el motivo por el que no hayamos reparado tanto como debiéramos en las movilizaciones que los jubilados de nuestro país empezaron a realizar meses atrás para afrontar el grave problema que significa su pérdida de poder adquisitivo, con la pírrica subida anual del 0,25% de sus pensiones, impuesta por el gobierno del Partido Popular.
Por eso, el pasado 14 de marzo, se celebró un pleno en el Congreso para tratar el tema y, en teoría, buscar soluciones. La verdad es que la sesión fue de poco nivel y pasó con más pena que gloria.
Mariano Rajoy estuvo en su línea. De hecho, su objetivo era ganar tiempo y aprovechar las pensiones para sacar los presupuestos de 2018 adelante y salvar la legislatura. Como señuelo, ofreció subir las pensiones mínimas con el IPC, elevar las de viudedad y conceder alguna ayuda fiscal en determinados supuestos a los pensionistas. Menos da una piedra, pero el presidente hizo una oferta muy limitada que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo.
Así las cosas, ante la presión de la calle, los sindicatos y la oposición, el Gobierno ha querido poner negro sobre blanco y ha presentado algunas mejoras. Es verdad, pero a poco que se analicen se ve que no son más que un “mantente mientras cobro”.
Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los Presupuestos para 2018, presentados recientemente, están “pensados para pensionistas, servidores públicos y para financiar los servicios públicos fundamentales”.
Pues bien, dado que la magnífica ventana que me brinda El Catalán para expresar mis opiniones es, como no puede ser de otro modo, limitada en el espacio, me voy a centrar en analizar el asunto de las pensiones. Un asunto que sería cómico, sino fuera porque detrás de muchas pensiones hay auténticos dramas de supervivencia. Veamos.
Lo que en esencia se ofrece desde el Ejecutivo es qué, si finalmente estos presupuestos acaban aprobándose, las pensiones mínimas y de viudedad tendrán un aumento medio anual de entre 250 y 450 euros respectivamente. Es decir, si esa subida se divide en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias) percibirán un aumento, por paga, de entre 17,80 euros las mínimas y 32,10 las de viudedad. Las que superen los 12.040 euros anuales y, por tanto, deban hacer Declaración de la Renta se quedarán con la modesta subida del 0,25%. Como vemos, todo un capital para los perceptores.
Para avanzar en un asunto tan importante como el que nos ocupa, deberíamos desterrar la idea de que las pensiones hay que sufragarlas exclusivamente con las cotizaciones sociales.
No perdamos de vista que son uno de los pilares de Estado del bienestar; en consecuencia, si sanidad, educación y servicios sociales se financian mediante impuestos, las pensiones no deberían sufrir un trato discriminatorio.
Por otra parte, el Gobierno prevé para 2018 una inflación del 1,6%. En buena lógica las pensiones deberían subir el mismo porcentaje. Además, ese incremento significaría menos de 2.000 millones de euros a añadir a la partida que ya se ha presupuestado para hacer frente a ese gasto, y así se podría subir igual que el IPC. Es decir, más o menos lo mismo que el coste inicial que supone rescatar las autopistas radiales de Madrid.
Por otra parte, en España estamos a la cola de gasto social. Nos superan países como Grecia o Portugal. Mientras en el conjunto de la UE el gasto social medio está sobre el 24,7%, aquí apenas superamos el 20%.
Además, los ingresos públicos en 2016 en nuestro país se situaron en el 37,7% del PIB, mientras que en el conjunto de la zona euro se recaudó un 46,1%, lo que demuestra la ineficacia de nuestra administración y el elevado volumen de fraude que atenaza nuestro sistema financiero.
Todos estos datos, tan solo son una pequeña muestra de que, con una administración más eficiente y un sistema fiscal más eficaz y, sobre todo, con más voluntad política, es posible, no multiplicar los panes y los peces, pero sí hacer que las pensiones se actualicen tanto como suba el IPC.
Al fin y al cabo, es una cuestión de justicia social. Claro que también hay entelequias que son cosa de algunos iluminados.
De nosotros depende diferenciar lo accesorio de lo fundamental.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 10/04/18

09 d’abril 2018

VICTORIA PARCIAL


La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad con medidas cautelares a Carles Puigdemont, ha generado un sunami jurídico-político de consecuencias impredecibles a día de hoy.
Hasta el pasado jueves, 5 de abril, en que se anunció la puesta en libertad del expresident fugado, la debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura era una evidencia. Los secesionistas, pese a tener una mayoría suficiente para gobernar, se habían mostrado incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
Ahora esa decisión, tan inesperada como sorprendente, ha hecho que el secesionismo, que empezaba a dar signos de agotamiento, recupere autoestima y se venga arriba.
En la otra orilla, el Gobierno de Mariano, que había empezado a acariciar la idea de tener la derrota independentista a tiro de piedra, con los principales líderes o en la cárcel o fugados y los que quedan en acción dando muestras de una incompetencia casi total, contempla como un tribunal de justicia alemán ha desmontado su estrategia y ha puesto de manifiesto algunas de las consecuencias que tiene no hacer política y esconderse detrás de las togas.
El varapalo jurídico y político es evidente. Quizás por eso, desde el entorno del magistrado Pablo Llarena, se ha hecho saber a los medios de comunicación que están valorando la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, ubicado en Luxemburgo. Pues, aunque la decisión del Tribunal Schleswig-Holstein no es recurrible, cabe la posibilidad de plantear si se ha aplicado de manera adecuada o no la orden europea de detención.
De todos modos, y sin ánimos de entrar en vericuetos judiciales, convendría tener muy en cuenta las declaraciones de Ignacio González Vega, portavoz de jueces y juezas para la democracia, que en un interesante artículo decía. “Una vez que el señor Puigdemont haya sido juzgado por malversación, tanto si es condenado o absuelto, transcurridos sesenta días, de permanecer en nuestro país podría ser procesado por el delito que las autoridades judiciales alemanas entienden que es inadmisible”.
Sea como sea, el hecho cierto es que el paisaje político ha cambiado de forma radical en Cataluña. El soberanismo está crecido y mucho me temo, que aquellas tibias esperanzas e ilusiones que algunos abrigábamos, de que las cosas empezaran a arreglarse van a quedar en el baúl de los recuerdos.
Roger Torrent, presidente de la cámara catalana, ya se ha encargado de confirmar estos presagios, al proponer, tras una rueda de consultas exprés, con los líderes de los grupos parlamentarios, de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un Pleno, aún sin fecha, a celebrar en los próximos días.
Será la cuarta ocasión en que Torrent propone un candidato para la investidura. Primero fue Carles Puigdemont, después Jordi Sánchez y más tarde Jordi Turull que no fue investido en la primera ronda de votaciones y no se pudo presentar a la segunda porque ingresó en prisión.
Ahora, el president del Parlament se ampara en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual Jordi Sánchez, aunque está en prisión preventiva, tiene, como diputado, sus derechos intactos.
En estas circunstancias, será el magistrado Pablo Llarena quien decida si permite la salida o no de Sánchez.
La investidura debe ser presencial para respetar la Ley de la Presidencia y el reglamento de la Cámara, tal como hicieron saber los letrados en el mes de enero a petición de diversos grupos parlamentarios.
De todos modos, la CUP ya ha anunciado que sus cuatro diputados se abstendrán. Por tanto, la hipotética investidura sería imposible. Los números no dan.
Sea como sea, una cosa es segura: la bronca y el follón están servidos.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 09/04/18

04 d’abril 2018

DESCABEZADOS


Sin lugar a duda, la detención de Carles Puigdemont, en Alemania, a pocos quilómetros de la frontera con Dinamarca es un éxito del Estado de derecho. Asimismo, la decisión que tomó días atrás el magistrado Pedro Llarena de enviar a prisión preventiva a cinco dirigentes independentistas, unido a los que ya estaban entre rejas y los que están huidos deja a los secesionistas sin líderes claros y seriamente tocados. Si, tocados, pero no hundidos. Que nadie dude que, más pronto que tarde, otras personas con más o menos carisma, con mejor o peor talante, con inteligencia política o sin ella enarbolaran lo que ellos llaman la bandera de la libertad.
De hecho, de todo el affaire soberanista que estamos viviendo en Cataluña, se pueden aprender muchas lecciones, yo me quedo con una: el fracaso de la política.
El asunto viene de lejos. Todo empezó cuando Artur Mas cometió el gravísimo error de ponerse en manos de movimientos radicales y populistas como Omnium y la ANC. Después, con el golpe de mano que se llevó a cabo en el Parlament de Cataluña, los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de la ley del referéndum y la de la transitoriedad jurídica, la concentración del día 20 del mismo mes ante la consejería de Economía impidiendo la salida de la Guardia Civil y los acontecimientos de octubre, hicieron necesario que la justicia tomara cartas en el asunto.
Acto seguido vino el rosario de registros, incautación de sobres, papeletas, etcétera, por un lado, y por el otro, ocupación de espacios públicos, manifestaciones, acampadas frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y toda una demostración de músculo y desprecio manifiesto a la legalidad vigente. De forma, prácticamente simultánea, los tribunales de justicia empezaron su tarea y no tardaron en dar con sus huesos en la cárcel algunos dirigentes secesionistas y poner pies en polvorosa otros.
Con este paisaje de fondo, nadie, ni de aquí ni de allí, fue capaz de poner un poco de seny, echar el freno de mano y decir: “dialoguemos”. Todo lo contrario, mientras el ambiente se iba caldeando, unos y otros (el gobierno de aquí y el gobierno de allí), iban echando más leña al fuego. Y así llegamos al 1 de octubre. Punto culminante de todo un proceso de despropósitos y sin razón.
La obcecación de unos y el inmovilismo de otros han sido el caldo de cultivo que ha hecho posible que llegásemos hasta aquí. A poca sensatez que se tenga, los secesionistas saben que lo del 1-O fue cualquier cosa menos un referéndum, y la DUI del día 27 una provocación que no podía quedar sin respuesta.
Esa declaración unilateral es la que activó la puesta en marcha del 155. Más tarde, y tras las elecciones del 21 D, se han producido toda una serie de acontecimientos en cascada que, de momento, han culminado con la ya mencionada detención de Carles Puigdemont en Alemania.
Es posible que pasen semanas hasta que los jueces alemanes decidan si entregan o no al expresident para que sea juzgado, entre otros, por el delito de rebelión por el Tribunal Superior español. Previa estancia en la cárcel de Extremera.
Para los independentistas, los dirigentes que el juez Pablo Llarena ha metido en prisión son presos políticos y los huidos de la justicia exiliados. Ciertamente, cada cual es muy libre de utilizar los eufemismos como considere más oportuno; ahora bien, la verdad es que unos están encarcelados no por sus ideas sino por las acciones que llevaron a cabo, y los otros salieron corriendo para no tener que dar explicaciones delante de los tribunales y asumir después las posibles consecuencias.
Como dice un viejo amigo: “fuera de la ley, no. Sólo con la ley tampoco”. El fracaso de la política es evidente y el hecho cierto es que se ha roto la cohesión social, Cataluña está en un callejón sin salida y la situación económica se deteriora por momentos.
En estas circunstancias, sólo cabe investir un nuevo presidente que pueda actuar en plenitud de facultades, dejarse de sueños y quimeras, así como de algaradas y movilizaciones, cruzar los dedos y esperar que la sensatez vuelva a las instituciones.
Además de todo eso, hemos de ser conscientes de que el independentismo siempre ha existido y existirá en Cataluña. Es verdad que ha sido descabezado por la justicia, pero, más pronto que tarde se rehará, que nadie lo dude. Ahora bien, hay que lograr que vuelva a ser minoritario. Un movimiento cuanto más testimonial mejor. Para lograrlo es imprescindible que la ciudadanía catalana perciba que el Gobierno central se ocupa y preocupa de lo que aquí sucede y, a decir verdad, eso es algo que hace mucho que no ocurre o, al menos aquí, no se percibe.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 29/03/18

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...