30 de març 2021

EL FEDERALISMO ES LA SOLUCIÓN


 En estos días de recogimiento para los creyentes y de relajo y cierta holgazanería para todos, me ha parecido oportuno aparcar, por una vez, el comentario mordaz y la crítica a la acción política cotidiana, para hacer una breve reflexión sobre cuál puede ser la solución al problema que como sociedad y país tenemos pendiente de resolver desde el siglo XIX: la organización territorial del Estado.

Tanto España como Europa tienen en su estructura organizativa muchos aspectos federales. Desde 1978, nuestro país ha evolucionado desde un Estado centralista y unitario hacia un sistema fuertemente descentralizado, donde los gobiernos, a excepción de las diputaciones, son escogidos directamente por los ciudadanos. En ese contexto las Comunidades Autónomas se han consolidado como importantes centros de poder. Es cierto, sin embargo, que a lo largo del tiempo se han producido disfunciones y distorsiones del modelo, pero eso se podría corregir si tuviéramos un Senado que fuera una auténtica Cámara territorial, cosa que ahora no sucede.

Por otra parte, a lo largo de estos años, tampoco se clarificado de manera clara y concreta una distribución efectiva de las competencias entre las distintas administraciones ni la financiación de las mismas. Todo ello, constituye una fuente de tensiones constante y supeditado al albur de los gobiernos de turno. Por eso, una reforma de la Constitución en sentido federal resolvería problemas y, por consiguiente, nos ahorraría disgustos.

Desde hace años, las encuestas y estudios de opinión, con leves oscilaciones, acostumbran a indicar que, tanto en Cataluña como en el resto de España, el 40 % de la población consultada se muestra a favor de una reforma de la Constitución en sentido federal, mientras que el 60% restante se distribuye en posiciones diferentes, algunas enfrentadas entre sí. En consecuencia, el planteamiento federalista es la fórmula que genera más consensos para llevar a cabo una renovación de nuestro sistema organizativo e institucional.

Una de las excusas, que con más frecuencia han esgrimido los contrarios a esa reforma, es la tensión que se generaría entre los ciudadanos que habitan en distintos territorios. Los que así lo ven no comprenden que el federalismo no es un obstáculo para la igualdad, todo lo contrario, la facilita. El reconocimiento de la diversidad y la singularidad no tiene nada que ver con la igualdad de derechos de todas las personas. En una federación todos los ciudadanos tienes los mismos derechos a unos servicios básicos. De la misma manera que tienen derecho a gastar de diversas maneras unos ingresos fiscales. Dicho de otro modo: federalismo es el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.

Con esto no quiero decir que el federalismo sea la panacea, ni mucho menos. Los problemas no desaparecen de un día para otro en ningún sistema democrático; tanto da si es federal como si no. Se trata, pues, de gestionar nuestras discrepancias en una sociedad integrada y con unas bases de relación en pie de igualdad, con unas reglas de juego claras aceptadas por todos y con lealtad institucional.

De todas formas, no avanzaremos en la dirección adecuada, mientras los soberanistas de aquí y de allí prefieran movilizar a sus partidarios con proclamas patrioteras avivando el enfrentamiento para obtener unos pingües réditos electorales. Hoy en día, plantear batallas por la soberanía nacional cuando ningún Estado en Europa tiene una política económica autónoma, un ejército independiente del resto o una moneda propia, es algo que, en mi opinión, no tiene sentido.

También resulta un contrasentido apoyar una Europa federal a la vez que se rechaza una España federal. No es razonable querer eliminar fronteras con otros países y querer levantarlas en el propio. Como tampoco es lógico pretender que los otros rebajen sus afanes nacionalistas y nosotros no estemos por rebajar el nuestro.  Los símbolos y las emociones siguen siendo mayoritariamente nacionales. Sin embrago, la política y las transacciones lo son cada vez menos.

Como ha dicho en reiteradas ocasiones el filósofo alemán, Jürgen Habermas, cuestiones como los combates contra la desigualdad o las crisis migratorias no se pueden afrontar desde el estado-nación porque son de tal magnitud que no se puede dar respuesta a los grandes problemas que ha conllevado la globalización de manera individualizada. Me parece innecesario recordar aquí como se ha tambaleado Europa, por la falta de coordinación entre los Estados, con la llegada a nuestras costas de gentes desesperadas en busca de un futuro, no digo mejor, simplemente, un futuro.

Soy consciente de que no estamos en el momento más apropiado para llevar a cabo una reforma de semejante calado. Ni la coyuntura política ni la situación socio económica son favorables. No obstante, tengo la firme convicción que un federalismo que supere el concepto de estado-nación es el mejor antídoto contra el repliegue identitario y el nacional-populismo en ascenso en toda Europa y también entre nosotros. Además, es la manera más adecuada para organizarnos institucionalmente y gobernar en tiempos de globalización, a la vez que progresamos, sin codazos, de forma conjunta.

Quizás hoy no es posible, pero vayamos diseñando como queremos que sea nuestro futuro en común porque más pronto o más tarde el mañana llegará y las bagatelas y mandangas que ahora nos atenazan no van a durar toda la vida.

Y como dice el poeta: “si la inspiración llega mejor que nos encuentre con los codos sobre la mesa”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 29/03/2021

24 de març 2021

AMNISTÍA NI EN BROMA

 

Tengo serias dudas sobre la conveniencia de aplicar un indulto a los líderes del procés condenados por sus tropelías políticas. En cambio, tengo muy claro que jamás se les ha de conceder una amnistía porque eso sería tanto como legitimar el discurso independentista, darles la razón y una invitación a la barra libre y al “ho tornarem a fer”.

A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

La amnistía suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.

Debería ser innecesario decirlo aquí pero ha de quedar claro que no estamos, ni por asomo, en un cambio de régimen, pero quiero dejarlo por escrito no sea que alguien tenga alguna duda.

He traído a colación el tema de la amnistía porque el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en unas recientes declaraciones y con su habitual tono chulesco dijo que “Los problemas no pueden posponerse, tenemos una situación pandémica y de crisis económica brutal, pero sigue habiendo gente en la prisión de manera injusta y salvaje, también en el exilio, y creemos que la mejor manera es presentar la ley de amnistía para limpiar el tablero, poder hacer política y lo único que espera esta propuesta son contrapropuestas políticas, no esperamos ni indultos ni silencios cómplices, sino empezar a hablar de política”; además el portavoz de Esquerra ha lanzado una amenaza afirmando que Esquerra tomará decisiones y ha recordado que son “imprescindibles” para sacar adelante según qué leyes.

No quiero pensar que el portavoz de ERC en el Congreso está proponiendo cambiar medidas de gracia por apoyos parlamentarios. Eso sería, además de inmoral, indecente y no creo que alguien que se llena la boca todos los días hablando de democracia se le ocurra semejante vileza. Somos muchos los ciudadanos que ya estamos cansados y sentimos hartazgo por el nivel tabernario de las intervenciones y declaraciones de señor Rufián y de otros individuos de su mismo pelaje político y nivel intelectual.

Personajes así, aunque cueste creerlo, abundan. Sin ir más lejos, días atrás, Jair Domínguez colaborador habitual de TV· y Cataluña Radio pedía, medio en broma, medio en serio, “gente dispuesta a morir por Cataluña”, pero la cosa no se acaba ahí, otra iluminada como Pilar Cárdenas que también colabora en TV3 y en RAC1, está promocionando a la banda terrorista Terra Lliure por las redes sociales con una pancarta en la que se puede leer: “Contra las fuerzas de ocupación, organización y lucha. Pueblo catalán armado. Pueblo respetado”.  Y como estos hay bastantes más. Ya sé que estos mensajes con frecuencia se maquillan con desenfado y se dicen en tono supuestamente humorístico, pero el recado se ha enviado y no todo el mundo tiene la misma capacidad para discernir lo que se dice de veras y lo que no.

Esos personajes que tanto amenazan y despotrican, harían bien documentándose un poco antes de opinar. Quizás es que no saben o no recuerdan que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 una mayoría parlamentaria, que no social, vulneró los derechos civiles y políticos de la oposición en el Parlament de Cataluña y de los ciudadanos que representaban. Sin que les temblara el pulso aprobaron la legislación para celebrar un referéndum de autodeterminación sin garantía jurídica alguna, que debería dar lugar, automáticamente, a la proclamación de una república independiente. Entonces nadie dijo nada de sentarse a hablar ni a negociar con los representantes de los ciudadanos disconformes con aquel camino ilegal por anticonstitucional y antiestatutario. Al contrario, el desprecio a la minoría y a todas las opiniones y dictámenes legales, como los organismos del Parlament de Cataluña y el Tribunal Constitucional, pasando por el Consell Consultiu fueron una constante en aquellos días aciagos.

Después, el 20 de septiembre vino la concentración ante la consellería de Hacienda, entonces ubicada en Rambla de Cataluña que fue convocada por las rede sociales. Allí se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil, se produjo el asedio a una comitiva judicial que estuvo retenida casi 18 horas en la sede de la consellería y tuvo que salir saltando por los terrados de los inmuebles vecinos. Pocos días más tarde se llevó a cabo el simulacro de referéndum.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Los responsables de todos esos acontecimientos fueron los máximos dirigentes políticos del país, y precisamente por eso, no pueden argumentar desconocimiento o ignorancia. Porque de sobras fueron asesorados y avisados de los riesgos que podían correr.

Dejémonos de marear la perdiz, de martingalas y declaraciones chulescas y amenazas que en nada ayudan a rebajar la tensión que tanto está enrareciendo la situación. Por más que algunos se empeñen no va haber independencia, no va haber referéndum de autodeterminación y ni siquiera habrá amnistía.

Por lo tanto, sugiero que los que sueñan con entelequias se den un baño de realidad y, por el bien de todos, empiecen a trabajar con rigor y pragmatismo. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 23/03/2021

23 de març 2021

SER O NO DE IZQUIERDAS


 

Con la elección de Laura Borrás como presidenta del Parlament la XIII legislatura de la Cámara catalana ya está en marcha. Borrás fue elegida por mayoría simple, con los votos de su formación Junts y los de ERC. Poco ha importado a los republicanos votar para tan alta magistratura a una persona que está imputada por un delito de presunta corrupción. En plena campaña electoral del 14 F Oriol Junqueras dijo que “si Borras tuviera el carné de ERC no iría en sus listas”. Sin embargo, ahora la han votado para que sea la segunda autoridad de Cataluña. Eso nos puede dar una idea del respeto y la consideración que tienen en ERC por las instituciones del país.

La nueva singladura política catalana no ha empezado bien. En el discurso de toma de posesión la flamante presidenta habló de “guerra sucia del Estado español contra Cataluña”, de “represión” y de “completar el camino hacia la liberación nacional”, entre otras perlas. El alegato fue cualquier cosa menos conciliador y de mano tendida.

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, está decidido a presentarse a la investidura, aunque no parece que, en principio, tenga los apoyos necesarios. Si no los logra, será Pere Aragonés, salvo imprevistos, quién ocupe la máxima magistratura catalana. Más de 80 años después el sueño de ERC se hará realidad y un miembro de ese partido volverá a presidir el Govern de la Generalitat.

Estos días se están llevando a cabo negociaciones para formar Govern. De momento, los antisistema de la CUP se han descolgado porque según parece se sienten ninguneados. Por lo tanto, el nuevo Ejecutivo será una copia de la misma coalición del Govern anterior que fue un fracaso total. Eso sí, en esta ocasión, y atendiendo a los resultados electorales, se invertirán los papeles.

Como he escrito en alguna otra ocasión, no hay ninguna razón objetiva para pensar que, un gobierno que anduvo a la greña gran parte de su mandato y que acabó como el rosario de la aurora, vaya a adquirir en una nueva edición concepto de equipo, lealtad institucional y sentido de Estado, aspectos indispensables para ejercer como un ejecutivo eficaz y competente. O sea, justo lo que no fueron capaces de hacer en el anterior mandato.

Ahora hay que ve si Pere Aragonés forma un Govern eficiente y para todos o solo para el 26% del censo (los que votaron independentismo). Si opta por un Ejecutivo integrador y con visión de futuro, deberá diseñar una estrategia que siente las bases para detener el declive económico, recuperar la conciliación interna de la ciudadanía catalana, la defensa de la seguridad jurídica, que revoque los estragos que está generando la pandemia y que facilite el retrono de las 5.000 empresas que trasladaron sus sedes. Así se empezaría a recuperar el prestigio de Cataluña y su cohesión social, el bien más preciado de este país.

No soy partidario de echarle agua al vino. No obstante, no podemos pecar de ingenuos y la historia reciente nos dice que ERC siempre ha preferido pactar con la derecha antes que con la izquierda. Además, los republicanos llevan cinco años en el Govern y no han revertido ni uno solo de los recortes que llevó a cabo Artur Mas.

Oriol Junqueras ha dicho en reiteradas ocasiones que “el PSC es el partido más antagónico que hay en Cataluña para ERC”. Debe ser porque su aspiración es ocupar el espacio socialdemócrata que ocupan los socialistas catalanes. El problema para los republicanos es que el PSC tiene una mala salud de hierro y si pudo aguantar la embestida del primer procesismo, y ahora, después de haber ganado las elecciones al Parlament, más vale que los de ERC se dejen de sueños imposibles y admitan la realidad porque hay PSC para rato, mucho rato.

De todas formas, los republicanos ni siquiera se han molestado en tantear un acercamiento a las izquierdas. No lo han hecho con el PSC, pero tampoco con En Comú Podem, con los que ni siquiera han tenido la deferencia de cederles un sitio en la Mesa del Parlament y eso que, aunque lo hubiesen hecho, el independentismo hubiera conservado la mayoría en ese órgano.

La cuestión de fondo es que ERC no comparte casi ninguno de los valores primordiales de la izquierda. No se puede ser verdaderamente de izquierdas si se subordinan las políticas sociales una y otra vez a las pulsiones identitarias. No se es de izquierdas si se pacta de forma sistemática con la derecha. ERC es un partido tradicionalista y menestral.  Su base política es la tradición y una historia hecha a medida, mientras que su interés por el progreso es más bien escaso.

Todo eso puede ser muy respetable, no lo pondré en cuestión. Ahora bien, de ahí, al internacionalismo de la izquierda clásica, a la lucha de clases, hoy tan necesaria como siempre, aunque sea con otros nombres, a la lucha por al justica social y la igualdad de oportunidades hay una inmensidad.

Pero si alguien, aún no lo tiene claro, que analice las políticas que hace ERC teniendo en cuenta aquella máxima de Winston Churchill que dice: “dime que presupuestos apruebas y te diré que política practicas”.

En una próxima ocasión lo comentamos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/03/2021

15 de març 2021

¡¡ AYUSAZO!!


 

Los que siguen de cerca la política nacional sabían que la situación de Murcia podía estallar en cualquier momento. Quizás por eso, no extrañó demasiado que socialistas y Ciudadanos llegasen a un acuerdo para presentar una moción de censura en la Asamblea murciana.

De hecho, las elecciones autonómicas de 2109 las ganó el PSOE. Sin embargo, un pacto de las derechas permitió a PP y Cs formar gobierno con el apoyo externo de los cuatro diputados de VOX.  Lo que nadie había previsto es que Fernando López Miras, presidente del PP en la región y, también, presidente en la Comunidad, lanzara una OPA sobre los diputados de Ciudadanos. Según parece la propuesta de López fue tan sustanciosa que tres de los seis parlamentarios cambiaran de opinión y de bando, a cambio de un cargo en el Gobierno y tal vez alguna prebenda más que quizás nunca conozcamos. Ante esa situación, el fantasma del tamayazo, que en 2003 años sacudió los cimientos de la política madrileña para favorecer al PP, ha vuelto a sobrevolar los ambientes políticos.

Pocas veces, como ahora, se ha hecho tan evidente que un acuerdo entre partidos políticos puede ser papel mojado.  En 1998 se firmó el primer pacto anti transfuguismo que se renovó en los años 2000, 2006 y 2020; en ese tiempo lo han suscrito hasta 22 organizaciones, entre ellas PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero vemos que cuando conviene algunos se olvidan de lo que han firmado.

De todas formas, y con todo el respeto para la región de Murcia y los murcianos, este affaire no hubiera tenido mucha más trascendencia si no hubiera habido transfuguismo y la moción se hubiese sustanciado como está perfectamente pautado en la normativa parlamentaria. Pero un par de horas después de saltar la noticia a los medios, se descolgaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando el cese de la mitad de su Gobierno (los consejeros que pertenecían a Ciudadanos), disolvía la Asamblea madrileña y convocaba elecciones. En cuanto la izquierda tuvo conocimiento de las intenciones de Ayuso, reaccionó rápido y presentó dos mociones de censura, una Más Madrid y otra el PSOE.

Qué fue primero el huevo o la gallina debieron preguntarse los letrados de la Asamblea y, por eso, interpusieron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que paralizara la convocatoria de elecciones. Sin embrago, el Tribunal, reunido de urgencia, emitió una resolución unánime desestimando las medidas cautelarísimas solicitadas por la Mesa de la Asamblea por lo que es válida la convocatoria electoral, y el 4 de mayo los madrileños serán llamados a las urnas.  

Es muy pronto para hacer conjeturas y habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Ahora bien, es fácil deducir que todos estos movimientos puedan desestabilizar la ya de por sí inestable situación política española.

Está por ver cómo encaja el golpe Ciudadanos, pero el futuro no parece nada halagüeño para la formación naranja. De momento ya ha empezado el trasvase de cargos de Cs al PP. Fran Hervías que fue secretario de organización con Albert Rivera ya ha anunciado que deja su acta de senador y se pasa a las filas de los populares y se espera que en los próximos días otros responsables políticos de Cs sigan los pasos de Hervías.

La estocada final le puede llegar a los de Arrimadas con las elecciones madrileñas, porque Ciudadanos tiene en la Comunidad más 600.000 votos que serán un bocado muy apetecible para el PP e, incluso, una parte para el PSOE y se hace difícil pensar que en la situación actual CS los pueda retener.

Además, a nivel de la política estatal, un Cs estable podría jugar, en un futuro más o menos inmediato, un papel bisagra fundamental. Todo depende de si ERC se empeña en poner al Gobierno de Sánchez las cosas más difíciles de lo que ya están, pero con Ciudadanos en caída libre quién sabe el rumbo y las decisiones que puede tomar la dirección de un partido en vías de extinción.  

A modo de justificación, Inés Arrimadas, en comparecencia ante la prensa, dijo que había llamado a Pablo Casado para asegurarle que lo de Murcia, bajo ningún concepto se repetiría en Madrid. Sin embargo, el líder de los populares hizo oídos sordos a la presidenta de Ciudadanos y dio total soporte al órdago de Ayuso. De esa manera, para bien o para mal, el tiempo lo dirá, Casado y Ayuso han unido su futuro político.

Si el PP resulta vencedor el 4 de mayo todo serán felicitaciones y parabienes, aunque el precio sea derechizar más, las ya de por sí políticas ultra liberales que se practican en la Comunidad madrileña para congratularse con VOX. Si por el contrario Ayuso, aunque gane, no puede mantener la presidencia de la Comunidad por falta de aliados, pierde, en el PP van a caer chuzos de punta y a Casado le van a llover palos de todas partes.

En la calle Génova hace tiempo que el malestar y la inquietud son evidentes. Entre el descalabro en julio pasado en las elecciones vascas, los cantos de Bárcenas, el intento de vender la sede central para ahuyentar los malos espíritus, el vía crucis judicial que está desangrando al partido y los resultados en las elecciones catalanas, el horno no está para bollos.

Solo les falta ahora jugar a la ruleta rusa. Con Arrimadas desaparecida en combate y Casado fagocitado por los suyos, ya veo a Santiago Abascal líder de la oposición.

Que Dios nos coja confesados.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/03/2021

 

09 de març 2021

25 AÑOS DESPUÉS


 El pasado 3 de marzo se cumplieron 25 años desde que el PP ganó, por primera vez, unas elecciones generales. De “dulce derrota” calificaron, entonces, algunos barones socialistas aquel revés electoral. En términos absolutos la victoria fue pírrica, menos de 300.000 votos separaron al PP del PSOE. No obstante, fueron suficientes para que los populares firmaran con CiU el pacto del Majéstic y se pusiera fin a catorce años de gobiernos socialistas.

Desde aquel PP, casi omnipotente, con un José María Aznar eufórico a la cabeza con su eslogan de “España va bien”, de principios de este siglo, al actual PP, carcomido por la corrupción hasta el tuétano, con el aliento de Vox en el cogote y un líder, Pablo Casado, cada vez más cuestionado por los suyos, parece que haya pasado una eternidad. Y no; tan solo han transcurrido cinco lustros, pero ese tiempo en política es muchísimo (a pesar de que el tango dice que “veinte años no son nada”) y los ciudadanos las hemos visto de todos los colores.

Si algún mérito tuvo Aznar en su trayectoria fue aglutinar bajo unas siglas a toda la derecha de este país, desde los liberales a la derecha extrema, pasando por la derecha casposa y los moderados que, haberlos hay los, aunque sean un sector a extinguir por el fuego amigo. No obstante, eso se ha diluido con el tiempo y ahora la derecha está desgajada en tres frentes, lo que la hace débil y vulnerable, pero también impredecible porque se siente herida.

Con este panorama tan poco halagüeño, la solución que ha encontrado Pablo Casado y su equipo, para cortar con el pasado y poner tierra de por medio, ha sido vender la sede de la calle Génova de Madrid. Craso error porque, tanto en el Senado como en el grupo parlamentario europeo, los populares siguen teniendo personajes que aglutinaron mucho poder y responsabilidades en tiempos pasados y parece probable que tuvieron que ver con cuestiones poco claras.

Los dirigentes actuales del PP se equivocan si piensan que van a liquidar el asunto cambiando la ubicación de su sede y atribuyendo las responsabilidades de la corrupción sistémica de su partido tan solo a los dirigentes y gestores anteriores. Más allá de las responsabilidades jurídicas que se irán viendo en los tribunales en los próximos años, la ciudadanía tiene todo el derecho a saber quiénes fueron los que aprovechando su situación de privilegio desviaron o indujeron a desviar dinero del erario público para gastarlo de las formas más variopintas posibles. Desde remodelación de sedes políticas, pago fraudulento de campañas electorales y, como no, regalos para uso y disfrute personal como, por ejemplo, relojes, bolsos o viajes de placer, sin olvidar, claro está, los famosos sobres que salían, según el extesorero Luís Bárcenas, de la caja B del partido para complementar los sueldos de determinados dirigentes, sin ser declarados a la Hacienda pública.

Como sostiene la exdirectora de El País, Soledad Gallego Díaz, “Lo que exige el contexto político, con buenas razones, es que el actual presidente del PP se comporte con la máxima pulcritud en sus relaciones con la justicia y que, por ejemplo, desbloquee inmediatamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial”.

Nunca doy consejos a nadie porque bastante tengo con organizar mi vida. Sin embargo, ante la grave situación que está viviendo el PP, en mi opinión los populares deberían poner en marcha un proceso de reflexión serio y profundo que les lleve a analizar los motivos de sus tristes resultados en las elecciones al Parlament del Cataluña del pasado 14 F, (3,8% de los votos) y lo que les pasó en julio en las elecciones en Euskadi (6.7%) en coalición con Ciudadanos. Casos de corrupción como la trama Gürtel, la caja B, el caso Kitchen entre otros affaires y esos resultados electorales son vasos comunicantes. Para nuestro sistema institucional es muy grave que el partido que es la alternancia natural en el sistema político carezca de predicamento en lugares como Cataluña o el País vasco y es muy difícil que lo tenga mientras no haga una limpieza profunda, admita los errores cometidos y demuestre voluntad real de cambio.

El primer requisito de la democracia es la alternancia, pero no una alternancia cualquiera. En nuestra situación, necesitamos que la oposición esté encabezada por un partido moderado, sin mochilas judiciales, que no practique el obstruccionismo en los órganos constitucionales y que tenga como norma ineludible de actuación la lealtad institucional. Es decir, todo lo contario al PP actual. 

Quizás los dirigentes populares estaban convencidos de que el gobierno Frankenstein duraría lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio y que era cuestión de sentarse a la puerta a ver el cadáver del vecino pasar. Pero la realidad casi nunca es como la imaginamos y, de momento, el gobierno Frankenstein parece que tiene una mala salud de hierro y que su continuidad, al menos esta legislatura, está casi garantizada. En cambio ellos van a vender la sede para escapar de sus demonios. Veremos. Ya se sabe que en toda mudanza se suelen extraviar cosas y no me extrañaría que en esta se perdiera el presidente, el logo… y hasta las siglas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/03/2021

 

02 de març 2021

¿Y POR QUÉ NO AL REVÉS?

 

Seguramente nunca un triunfo electoral fue tan indigesto como el de ERC el pasado 14 F. El PSC ganó, en votos, las elecciones al Parlament y empató en escaños con los republicanos. De hecho, los socialistas fueron la única fuerza política que ganó sufragios respecto a 2017. En cambio, para los republicanos quedar segundos tuvo un regusto amargo porque perdieron decenas de miles de votos en el envite, aunque se impusieron a sus adversarios fraternales de JxCAT, por un escaso margen.

Con esos resultados sobre la mesa, en cualquier otro lugar del mundo, sin condicionantes identitarias, un ejecutivo de izquierdas constituido por PSC y En Comú Podem con el apoyo externo de ERC, sería perfectamente plausible.  Sin embargo, eso en Cataluña, en estos momentos, es casi una utopía.

Ante esta situación, parece inevitable que la constitución del nuevo gobierno sea una reedición, más o menos afinada del de la legislatura anterior. Es decir, ERC y Junts formando tándem, y la CUP actuando a veces de bomberos, a veces de pirómanos, en función de las circunstancias o de sus intereses.  

No hay ninguna razón objetiva para pensar que, un gobierno que anduvo a la greña gran parte de su mandato y que acabó como el rosario de la Aurora, vaya a adquirir en una nueva edición concepto de equipo, lealtad institucional y sentido de Estado, aspectos indispensables para ejercer como un ejecutivo capaz y competente. O sea, justo lo que no hicieron en el anterior mandato.

Ahora, más que nunca, necesitamos un Govern eficiente que se deje de bagatelas y sea capaz de sentar las bases para superar la fractura social y el declive económico, a la vez que encauza de forma adecuada la utilización de los fondos de recuperación europeos.

Los republicanos pueden escoger pareja de baile, pero en política, como en la vida, toda decisión lleva implícita unas consecuencias.  Por eso, si deciden seguir atados a Junts han de saber que estarán mediatizados por los intereses de Carles Puigdemont que, de momento, mediante ese oscuro Consejo de la República Catalana ya ha lanzado una campaña titulada “Som el 52%” (Somos el 52%) con la que pretende influir en las negociaciones que se están llevando a cabo para formar gobierno. El siguiente paso que exigirá Puigdemont, cómodamente parapetado en Waterloo, será poner en práctica “la confrontación inteligente” contra el Estado, y a continuación que sea implementada con una acción de bloqueo conjunta de los partidos independentistas en el Congreso. Esa es en esencia la hoja de ruta de Junts. No hay más. Eso y llevar, hasta donde sea posible, “el cuanto peor mejor”.

Por otra parte, los republicanos saben que los sectores económicos hartos de la inestabilidad política y de la inseguridad jurídica de los últimos años verían con buenos ojos alguna combinación que permitiera la gobernanza al PSC y En Comú Podem con la colaboración de ERC. Además, esa situación haría más factible la reforma del Código Penal y la tramitación de los indultos de los líderes del procés.

La cuestión es que ERC ha de decidir qué quiere ser cuando sea mayor y con los resultados del 14 F se ha hecho mayor de golpe. Ahora ha de quitarse complejos de encima y soltar lastre. También ha de decidir si regresa al terreno de la legalidad o prefiere seguir caminando por el filo de la navaja.

Para empezar, los republicanos podrían hacer una demostración de su inteligencia política y dar soporte a la iniciativa del PSC, que tiene previsto presentar, a la hasta ahora portavoz del grupo parlamentario, Eva Granados, para que sea la nueva presidenta del Parlament.  Con ese gesto, ERC rompería el bloqueo y los vetos cruzados que existen entre los dos partidos. Además lanzaría una señal muy clara de que quiere reconstruir los puentes de diálogo que en los últimos tiempos se han dinamitado.

Reitero que lo razonable sería que el PSC, como fuerza más votada y los comunes formasen gobierno con el apoyo externo de ERC. La aritmética parlamentaria da para ello. Por eso, me ha sorprendido la bisoñez política y la curiosa manera de hacer números que tiene la líder de En Comú Podem Jéssica Albiach cuando ha pedido a los socialistas que hagan “un ejercicio de generosidad” que permita a ERC y En Comú Podem formar gobierno con el apoyo desde fuera del PSC.

Ciertamente, se me ocurren diversas respuestas al planteamiento de Albiach, pero prefiero terminar este artículo con una pregunta: ¿y por qué no al revés?

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 01/03/2021

 

 

DEL SOCIALISMO A LA SOCIALDEMOCRACIA

En el siglo XIX, la socialdemocracia fue una tendencia revolucionaria difícil de diferenciar del comunismo. Pretendía acabar con la división...