APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En una iniciativa inédita hasta la fecha, en materia financiera, una veintena de entidades empresariales catalanas hicieron público, días atrás, su punto de vista, sobre la ineludible necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica.

Desde luego, no le falta razón al empresariado catalán. El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) caducó en 2014. Desde entonces, por motivos que no vienen al caso, su actualización se ha ido postergando sine die. Ahora, esa actualización ya no puede esperar mucho más y habrá que afrontarlo en breve.

Los empresarios catalanes sabían que el Govern de la Generalitat estaba ultimando una propuesta de financiación “singular” para Cataluña, que tenía la intención de presentar en este mes de marzo. Tal vez por eso, las entidades empresariales no hicieron una propuesta concreta, pero sí dibujaron un perímetro para esa financiación que tiene como referente el pacto fiscal Vasco y de Navarra. Sin embargo, con la convocatoria inesperada de las elecciones al Parlament, para el 12 de mayo, el proyecto del Govern ha quedado congelado.

De hecho, el eje vertebrador de la propuesta del empresariado, y presumiblemente del Govern, sería que la Generalitat recaude y administre todos los tributos que se pagan en Cataluña y, después, el Govern aporte a las arcas del Estadio la parte que previamente se haya acordado con el Gobierno central.

Estamos tratando cosas muy serias y pienso que son temas que se deben tratar con mucho rigor y analizando muy bien cada posibilidad. Porque, en opinión de los expertos, con la propuesta de los empresarios catalanes estaríamos restando recursos, no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas a nivel nacional.

Según Ángel de la Fuente, economista y director del centro de análisis Fedea: “El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado”(…) “La aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones de euros, más la parte correspondiente del impuesto de sociedades. Y esa es una parte importante de los ingresos del Estado”.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi ininteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, 2.168 millones de euros, solo por detrás de Madrid con 6.300, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima?  Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Además, deberíamos ser conscientes de que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña.

Ante esta compleja realidad, el Gobierno central ha fijado como uno de sus principales objetivos para esta legislatura aprobar la reforma que reclaman tanto los presidentes autonómicos del PP como los socialistas. Por eso, el Ministerio de Hacienda envió, hace un tiempo, un documento a las CCAA para que presentaran alegaciones sobre el mismo como punto de partida. El texto aludía, de forma explícita, a la población ajustada (población en un territorio ponderado sus necesidades, definidas según determinados criterios, es decir, envejecimiento, dispersión etc.), así como dar más peso al gasto sanitario y educativo a la hora de repartir los fondos, dos de las variables sobre las que se asienta el modelo.

Es cierto, no obstante, que con la negativa del Partido Popular a aprobar el techo de gasto, propuesto por el Ministerio de Hacienda —los populares, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado ya lo han tumbado dos veces—, la capacidad de gasto de las CCAA sufrirá un serio recorte y eso complicará las negociaciones.

Es deseable que avancemos hacia un modelo de financiación como el que tienen los países más descentralizados y de larga tradición federal, como pueden ser Canadá, EEUU o Suiza. Algo muy difícil, aunque no imposible. Y es que para lograrlo hay que perseverar en una verdadera cultura federal.

Pero mientras no alcancemos ese estatus de perfección esperemos que el nuevo sistema sea mucho más simple, eficaz, entendible y transparente. Y es que el actual modelo no deja de ser una “anomalía” entre los sistema de financiación de los estados federales.

En este contexto de cambio, una buena iniciativa sería poner en marcha la Agencia Tributaria consorciada acordada en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el objetivo de dar mayor agilidad en el sistema a la hora de repartir recursos, de forma que se pueda reducir. el periodo necesario entre liquidaciones de impuestos y transferencias a las comunidades. Incluso los cambios normativos de determinados impuestos, que provocan que entre una modificación del IRPF y su impacto en la tesorería autonómica pasen, como mínimo, dos años.

De todas maneras, está por ver si el adelanto incidente electoral, y como, en el desarrollo y negociaciones de sistema de financiación autonómico. Cataluña tiene un peso muy específico en el conjunto del país y lo que ocurre aquí, acaba repercutiendo allí.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 16/03/2024 

 

CONTRA VIENTO Y MAREA

 

Hace algo más de cien días que el Gobierno de coalición echó a andar y los problemas se le acumulan. Nadie esperaba que la legislatura fuese un camino de rosas, pero tampoco era previsible que tan pronto las cosas se complicasen tanto. Y eso que este Ejecutivo goza, al menos sobre el papel, de una de las mayorías más amplias que en el Congreso de los diputados han existido nunca. Sin embrago, ya hemos visto que ese bloque es muy heterogéneo y se quiebra con facilidad.

El primer aviso lo dieron, en el Pleno del Congreso, del 10 de enero, Podemos y Junts. Los primeros, sumando sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto de ley de reforma del subsidio de desempleo. Los segundos amenazaron con derribar una serie de iniciativas gubernamentales que al final se aprobaron porque ellos, a pesar de sus amenazas, se abstuvieron en la votación. Sin embargo, unas semanas después, en el Pleno del 30 de enero, los de Puigdemont decidieron dejar caer la ley de amnistía por entender que no daba las suficientes garantías.

Esas son algunas de las consecuencias de la realidad parlamentaria que viene dada por la compresión de fuerzas salida de las urnas el 23 J. Nadie pude llamarse un engaño. Otra cosa muy distinta, es que, con los resultados de las elecciones gallegas todavía por digerir, saltase, por un lado, el caso Koldo y, por otro, que los sectores judiciales, abiertamente en contra de la ley de amnistía, hayan perdido todo pudor y recato y quieran hacer jaque al Gobierno.

Pero vayamos por partes.

El que fuera hombre para todo de José Luis Ábalos, durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, hasta julio del 2021, Koldo García Izaguirre fue detenido y puesto a disposición judicial por su posible implicación en un caso de presunta corrupción. por el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. Un asunto con muy mala pinta, que de momento, es de alcance desconocido, pero que amenaza con extenderse como una mancha de aceite y es muy posible que acabe salpicando a personajes ilustres de ambas riberas ideológicas. Además, puede ser, como está intentando el PP, que se ha lanzado a acusar sin pruebas y solo con indicios o recortes de periódico, un obús en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que precisamente llegó a la Moncloa haciendo de la lucha contra. la corrupcion una de sus senas de identidad.

Los que me conocen saben que con el independentismo, sus líderes y proyectos no tengo ninguna sintonía. Es más, soy de la opinión que quien la hace la paga. Por eso, aquellos que quisieron subvertir el orden en Cataluña y no han pasado todavía por los tribunales de Justicia no pueden irse de rositas. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que justo ahora, cuando el Gobierno, ERC y Junts han llegado a un acuerdo sobre la futura ley de amnistía, el Tribunal Supremo (TS) haya decidido investigar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, causa en la que se indagan las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés.

No nos corresponde a la ciudadanía discernir si los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic son disturbios o terrorismo, eso deben calificarlos los expertos. De igual manera, han de clarificar si Puigdemont era, o no, el hombre a la sombra de esa organización. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que se da una extraña coincidencia en el tiempo entre la iniciativa legislativa y la investigación judicial; después de que el asunto durmiese un prolongado sueño de cuatro años en alguna de las incontables carpetas que descansan en las estanterías de los juzgados.  Ahora, justo ahora que se ha llegado a un acuerdo que quizás dé una relativa estabilidad parlamentaria y una nueva perspectiva a la situación política, desde el Poder Judicial lanzan una andanada que puede dar al traste con la legislatura.

Como he dicho y escrito en reiteradas ocasiones he sido contrario a la ley de amnistía y soy escéptico por lo que respecta a sus supuestos efecto terapéuticos; el tiempo será quién dé y quites razones. Pero eso no es un impedimento para que vea en la maniobra de determinados jueces intereses que no buscan ni la justicia ni el bien común, sino todo lo contrario: un intento deliberado de alterar la realidad política. Algo tan deleznable como, en su momento, fue el movimiento secesionista, con la diferencia de que el independentismo podía alegar un cierto desconocimiento de la normativa jurídica y “sus señorías”, obviamente, no.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ya sabe que deberá luchar contra viento y marea para seguir adelante. Precisamente por eso, no estaría de más que parafraseando a Felipe II en aquella celebérrima frase de: «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos» dijera algo así como: «Yo me dispuse a gobernar para seguir trasformando la real social de nuestro país, y no para defenderme de los sinvergüenzas que se enriquecieron con la desgracia ajena ni de los poderes fácticos».

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 09/03/2024.

DESIGUALDAD, S.A.

Alguna cosa no funciona en nuestra sociedad. Perdón: debí escribir, muchas cosas no funcionan. Pero me refiero, en concreto, a nuestro sistema económico.

Esta semana hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese estudio, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social en 2023 alcanzó el 26,5%, cinco décimas por encima que en 2022 y tres décimas más que antes de la pandemia. Además, el porcentaje de personas que presentan una situación de carencia material y social grave también aumentó en más de un punto, hasta alcanzar al 9% de los encuestados. Es decir, la peor cifra desde 2014, cuando comenzaron a elaborarse estas informes.

Esa encuesta viene a ratificar un estudio publicado por OXFAM Intermón, el pasado mes de enero, con el título “Desigualdad, S.A., Filial España”, en 2022, más de la mitad del valor de la riqueza en España se concentraba en manos de apenas un 10% de la población; y un 22%, en las del 1% más rico. Mientras, los hogares que conforman el 50% más pobre apenas concentraban el 7% de la riqueza total del país y han visto cómo se ha reducido el valor de su riqueza neta promedio.

En los últimos 20 años, la brecha entre quienes más y menos tienen se ha hecho más grande: la diferencia entre el valor de la riqueza de un hogar situado en el 50% más pobre y otro del 10% más rico se ha duplicado. Una de las causas principales de esta desigualdad es el creciente porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que generan las rentas de capital, concentradas en unas pocas personas, frente a las rentas del trabajo.

Ante esta preocupante tendencia, debemos añadir la evolución de la riqueza financiera: el peso de los activos financieros sobre la riqueza bruta casi se ha doblado en los últimos 20 años, y el 79,2% del valor de los mismos está en manos del 10% más rico de la población.

Es especialmente relevante señalar que casi la mitad de las 50 grandes empresas españolas tienen una vinculación significativa (vía propiedad o por su presencia en los órganos directivos) de personas que están en el 1% más rico.

Eso significa que una enorme concentración de poder corporativo está acentuando la desigualdad en el conjunto de la economía mundial y España no es una excepción. No obstante, esas brechas tienen solución: Podemos lograr unas sociedades más equitativas si desde los gobiernos se regula para redistribuir de manera drástica el poder de las principales fortunas y de las grandes empresas hacia el resto de la población y reinventamos eficazmente el sector privado como un actor que contribuya más y mejor al bien común y no a generar una riqueza cada vez mayor para unos pocos.

Pocos días después de hacerse público el estudio “Desigualdad, S.A., Filial España”, conocíamos un informe según el cual la gran banca española ganó más que nunca en 2023: superó los 26.000 millones de beneficios, un 26% más. Casi la mitad cosechados en España, gracias al repunte de los ingresos por las alzas de tipos del BCE

Los grandes bancos españoles cerraron un 2023 de record. Entre las cinco entidades principales —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter— ganaron 26.088 millones de euros, un 25,96% más. Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio en su lucha contra la inflación. Así como a una contención de costes generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos.

De los seis grupos financieros que cotizan en el Ibex, tan solo Unicaja presentó unas cuentas con unos beneficios inferiores en un 4% al ejercicio anterior. De las ganancias anotadas por los cinco grandes, se cosecharon en España 11.428 millones de euros. Es decir, el beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno impuso un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con la idea de hacerlo permanente.

Que las grandes entidades financieras y empresas tengan beneficios es tan deseable como necesario porque esa es su razón de ser. Ahora bien, la cuestión es dónde ponemos el listón para diferenciar los beneficios empresariales lícitos y decentes de los abusivos e indecentes.

Si queremos revertir esta situación es ineludible avanzar hacia una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de beneficios... Abrir la cultura empresarial de nuestro país hacia modelos inclusivos abordando una reforma empresarial que atienda al artículo 129 de la Constitución, que defiende, como principio, la participación de las personas trabajadoras en las grandes empresas. Asimismo, hay que modificar la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de nombramientos y retribuciones.  Sin olvidar la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la empresa, a través de distintos esquemas de reparto.

En definitiva, se trata de introducir un modelo de gobernanza empresarial basado en el bien común y romper, a la vez, la priorización cortoplacista de maximizar la retribución financiera a los accionistas.

Soy consciente de que para muchos esto viene a ser un brindis al sol, y quizás no les falte algo de razón, pero en algún momento tendrán que empezar a cambiar las cosas. Y tal vez ese momento es ahora, ¿por qué no?

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 02/03/2024