A FAVOR DE LAS LENGUAS

 Me siento orgulloso de formar parte de una sociedad bilingüe como es la catalana. Poder hablar dos idiomas, de forma indistinta, en el día a día, con absoluta normalidad, es un lujo intelectual y una riqueza cultural de la que pocos seres humanos pueden presumir. Por eso me parece una aberración que algunos descerebrados quieran imponer la primacía de una lengua sobre otra en un país como Cataluña porque tenemos la inmensa fortuna de tener dos idiomas oficiales. Sin embargo, para nuestra desgracia, las lenguas se han convertido en un arma arrojadiza de unos contra otros y de otros contra unos, y así se azuzan las más bajas pasiones.

 La polémica sobre la inmersión lingüística es recurrente en nuestro país. Cada equis tiempo surge algún motivo que reaviva el debate. Lo estamos viviendo estos días con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un colegio de Canet de Mar a dar el 25% de las clases en castellano, a petición de los padres de un alumno.

 Da la sensación que hemos olvidado que el catalán, al igual que otras muchas cosas, fue duramente reprimido por la dictadura franquista en sus casi cuarenta años de existencia. Además de eso, se da la circunstancia de que es una lengua minoritaria y, por lo tanto, debe ser tratada con especial delicadeza para que no quede en algo puramente anecdótico.

 Así lo entendieron las fuerzas de izquierda (PSC y PSUC) en los comienzos de nuestra democracia, de tal manera que esa inquietud quedó plasmada en la ley de normalización lingüística que se aprobó en el Parlament en 1983. CiU que era partidaria de una doble red escolar (educar en catalán y castellano por separado), acabó sumándose al acuerdo, logrando, de ese modo, un amplio consenso sobre la cuestión.

 Más tarde, se aprobó la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística. El apartado II del marco jurídico de dice que El  Estatuto  de  Autonomía,  en  el  artículo  3,  dispone:  «1.  La  lengua  propia  de  Cataluña  es el  catalán.  2.  El  idioma  catalán  es  el  oficial  de  Cataluña,  así  como  también  lo  es  el castellano,  oficial  en  todo  el  Estado  español.  3.  La  Generalidad  garantizará  el  uso  normal  y oficial  de  los  dos  idiomas,  adoptará  las  medidas  necesarias  para  asegurar  su  conocimiento  y creará  las  condiciones  que  permitan  alcanzar  su  plena  igualdad  en  lo  que  se  refiere  a  los derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos  de  Cataluña… ».

 Así pues, en Cataluña se viene practicando la inmersión lingüística desde 1983. La inmersión es un sistema diseñado para garantizar la competencia en catalán y en castellano de todos los alumnos. Nació con la idea de que los hijos de los no nacidos en Cataluña, a partir de la lengua, tuviesen una integración social y cultural plena. Otra cosa es el uso y/o abuso indebido que en alguna ocasión se haya podido hacer de la norma 

 Ahora bien, desde que se puso en marcha la inmersión han ocurrido muchas cosas, como, por ejemplo, la globalización económica, social y cultural o la aparición de las redes sociales y, todo eso, está incidiendo en el uso, no solo del catalán, sino de todos los idiomas. Quizás, por eso, ha llegado el momento de abrir un debate sobre la efectividad real de la inmersión y si son necesarios cambios.

 La convivencia de lenguas en la democracia española, mal pese a algunos, es un éxito. Los conflictos son escasos, pero preocupantes porque ponen de manifiesto que alguna cosa falla en el sistema. En Cataluña existen más de 5.000 centros escolares y se pueden contar con los dedos de las manos los lugares en que ha habido roces significativos. De todas formas, es un mal síntoma que los jueces tengan que decidir sobre cuestiones que tiene que ver con la educación, pero es peor, todavía, buscar pingüe rentabilidad socio política exacerbando al personal con una materia tan sensible como la lengua.

 Lo que no es de recibo, y deberíamos rechazar todos, es convertir el uso de una lengua u otra en un campo de batalla. Es inadmisible que se presione a los dependientes de comercios, bares o restaurantes a que se dirijan a sus clientes en una lengua determinada. Como tampoco se puede admitir que algún que otro hiperventilado de las élites políticas y/o sociales ha llegado a criticar a la Generalitat por contratar a 600 profesionales de la sanidad provenientes de Andalucía porque no hablan catalán.

 De la misma manera, tampoco es admisible la actitud de un repartidor que no dejó un paquete en su destino porque el receptor le cantó el número de su Documento Nacional en catalán. Al igual que es reprobable la actitud de una familia en Lleida que se llevó el ataúd, en mitad del funeral, porque el párroco estaba haciendo la ceremonia en catalán.

 La realidad es tozuda y el hecho cierto es que en la Cataluña de hoy más de la mitad de los ciudadanos tenemos nuestros orígenes fuera del país y, por lo tanto, nuestra lengua materna no es el catalán y renunciar a eso es algo que pocos , muy pocos están, dispuestos a hacer. Aunque, como se demuestra en la vida cotidiana, hablar dos idiomas de forma indistinta, no supone, para la inmensa mayoría, ningún problema.  

 Otra cosa es la actuación torticera del Govern, haciendo de pirómano y bombero a la vez.  Porque mientras jalea al independentismo más recalcitrante y anima a los profesionales de la enseñanza a la desobediencia, el conseller Josep González Cambray aplica la resolución dictada por el TSJC. Eso ha hecho que se abriera una nueva grieta entre los socios del Ejecutivo y ya van unas cuantas. Otros han preferido banalizar el lenguaje con expresiones como “apartheid lingüístico”, han magnificado el problema y han hecho de la lengua un arma arrojadiza, para estar unos días en las portadas. Pero todo eso, si les parece, lo trataremos en una nueva entrega.

 De momento celebren las Fiestas de forma prudente que, merecido lo tenemos, sean razonablemente felices y, si les apetece, nos volvemos a encontrar en 2022. Para mí será un placer.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 16/12/2021

 

LA HISTORIA SE REPITE

 La noticia nos estremeció a todos. Fue la última madrugada de noviembre, en la plaza Tetuán de Barcelona. Una pareja y sus dos hijos (uno de tres y otro de un año) morían en un incendio que se produjo en una antigua oficina bancaria que estaba ocupada.

 La historia se repite. Todavía no hace un año que las llamas devoraron una nave al sur de Badalona. Allí malvivían más de un centenar de personas en condiciones de precariedad y pobreza. La falta de servicios básicos en un edificio que no estaba concebido para ser vivienda y el abandono del enclave marcaban el día a día en el interior de la instalación que estaba habitada desde hacía años por migrantes.

 Murieron cuatro personas y hubo más de 20 heridos, varios de ellos graves. Esa desgracia hizo que se pusiera el foco en una situación humanitaria crítica, pero que ya se conocía desde hacía tiempo. La ocupación ilegal del recinto era conocida por el consistorio que había puesto una mayor vigilancia sobre el lugar en los últimos meses. Allí vivía una población que oscilaba entre las 100 y 150 personas, la mayoría de origen subsahariano.

Se encontraban en situación irregular y se dedicaban al oficio de mantero, así como a la recolección de chatarra e incluso a la confección de muebles con palés. La pandemia agudizó su situación de pobreza. Sin acceso a agua o electricidad, se habían conectado a la toma general de luz.

En esta ocasión ha sido en pleno centro de Barcelona, junto a la escuela concertada, el Sagrat Cor y a solo 50 metros de la Consejería de Interior de la Generalitat. Era una antigua sucursal bancaria, donde vivían ocho personas: la familia fallecida y otras cuatro que se refugiaron en un patio hasta que les rescataron los bomberos.

La pareja llevaba un año viviendo en esta antigua oficina de Evobanco, que cerró en 2019, según explicaron los vecinos. Él era de origen paquistaní y ella, procedente de Rumanía, ambos de 40 años; sus dos hijos habían nacido en España. Vivían de recoger chatarra.

El ayuntamiento de Barcelona hizo público un informe según el cual en la ciudad viven unas 735 personas en locales y naves ocupadas, y sobre 340 en chabolas situadas en solares. Aquí hay que añadir un millar largo de personas que no tienen ni eso, viven al raso.  El pasado mes de octubre, la Guardia Urbana y personal del distrito del Eixample acudió a hacer una inspección en el local ocupado, en la que, según fuentes municipales, “no se detectó ninguna situación de peligro, ni riesgo estructural para hacer un desalojo de urgencia o una intervención de bomberos”.

Pese a que los servicios sociales municipales conocían el caso en el que había menores, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), de la Generalitat, no tenía ninguna constancia de ello. Según un portavoz del departamento de Derechos Sociales el Ayuntamiento no había informado del caso a la DGAIA, y este organismo no puede intervenir hasta que los servicios sociales básicos lo pidan. Por ley, los servicios sociales municipales tienen que elevar un informe a la DGAIA si perciben riesgo para el menor de edad.

Según el informe de 2016 sobre pobreza energética de la Agencia de Ciencias Ambientales (ACA), en torno al 11 % de los hogares de España (unas 5,1 millones de personas) se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Esta cifra se sitúa por encima de la media europea, que está en un 10,2 %, y representa un incremento del 22 % en los casi cuatro años transcurridos desde la publicación del informe anterior. Además de ese 11 % que no puede calentar su hogar de forma adecuada, un 21 % de los hogares españoles padece algún tipo de carencia relacionada con la pobreza energética (retrasos en los pagos, temperaturas inadecuadas, porcentaje excesivo de gastos asociados a facturas energéticas etcétera). En Catalunya, el 18,7 % de la población destina más de un 10 % de su renta disponible al gasto de energía, el 11,1 % acumula retrasos de pago y el 8,7 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

 La Ley 24/2013 del sector eléctrico —que es la ley que, en teoría, debería establecer la protección de las personas consumidoras vulnerables— constituye el marco jurídico por el que se rige la actividad del sector energético en España. En la práctica, esta ley considera la energía como un “servicio de interés económico general” y ha servido para profundizar la liberalización del mercado eléctrico. El hecho de que la electricidad deje de entenderse como un servicio público significa que la protección del mercado es prioritaria. Y, por lo tanto, a día de hoy, siguen siendo las empresas del oligopolio las que ostentan el privilegio de gestionar estos servicios, lucrándose con cifras millonarias y ejerciendo un control abusivo del mercado.

 Ante esta situación, la mayoría de los ayuntamientos del país están abordando la pobreza energética como si fuera un problema de ingresos y, en consecuencia, es asumido por los servicios sociales, que pagan recibos para evitar el corte de suministro. En realidad, esta estrategia es solo una prolongación de la pesadilla, ya que las facturas se vuelven a generar al mes siguiente.

 Tragedias como la de Badalona o la de la plaza de Tetuán ocurren con relativa frecuencia y no es descabellado pensar que seguirán sucediendo. Pero, eso sí, después de cada drama, siempre hay políticos a los que, con lágrimas de cocodrilo, les falta tiempo para lamentarse. Ahora bien, más allá de esa escenificación  y de la inestimable aportación de los municipios (dentro de sus limitadas posibilidades), ¿ustedes creen que nuestros gobernantes se preocupan por hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución que es el que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada?  Han acertado: NO.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/12/2021

MAYORÍA ESTÉRIL

 La enmienda a la totalidad de la CUP, a los presupuestos del Govern para 2022, puso Cataluña al borde del precipicio. Con su iniciativa los antisistema dinamitaron la teórica mayoría independentista en el Parlament (he escrito teórica mayoría porque en las democracias serias los votos que no obtienen representación no se cuentan, y si hacemos aquí esa lectura, el secesionismo tiene una representación del 48%). Todo esto, cuando no hace ni once meses que se celebraron las elecciones y poco más de seis que fue investido Pere Aragonés como president. Eso nos da una idea de la escasa estabilidad de la situación política catalana.

 Aragonés estaba empeñado en que la mayoría independentista del Parlament votase sus presupuestos. Por eso fue él quien se puso al frente de las negociaciones con la CUP para conseguir el voto de los anticapitalistas. Sin embargo, estos no cedieron en sus planteamientos. Esa situación puso de manifiesto la falta de perspicacia política de Pere Aragonés porque el president claudicó demasiado de prisa ante las exigencias de los antisistema y se quedó prácticamente sin nada en la cartera para seguir negociando.

 En cambio, los cupaires han demostrado ser alumnos aventajados en el aprendizaje de los mecanismos de la política parlamentaria. Recurrieron al filibusterismo para forzar al president a aceptar sus demandas, y cuando ya tenían satisfechas casi todas sus demandas se escudaron en su asamblea parlamentaria para decidir su posición Al final, menos de 300 militantes de ese partido decidieron que la enmienda siguiera viva, poniendo así en jaque al Govern de Cataluña.

 Ante esa situación y, a pesar de la mano tendida del PSC, el president prefirió negociar con en Comú-Podem para evitar tener que ir a unas nuevas elecciones, pero, claro, ni en la vida ni en la política, las cosas son gratis. A cambio del soporte de los comunes los republicanos han tenido que levantar el veto que Ernest Maragall puso a los presupuestos de Ada Colau en el Ayuntamiento; luego el edil tuvo que rectificar, cambiar de opinión y tragarse uno de los sapos más grandes de toda su trayectoria política. Y es posible que eso signifique, más pronto que tarde, el final de su carrera, como ya ha empezado a rumorearse en diversos ambientes.

 En opinión de Junts el pacto con los comunes es un fracaso del independentismo. No han querido tener en cuenta que el acuerdo con la CUP ponía en riesgo los Juegos Olímpicos de Invierno, el Hard Rock o el Circuíto de Montmeló que son, en estos momentos, algunas de las joyas de la corona para el sector empresarial que les es más afín.

 La situación es tan tensa entre los dos socios del Govern que la intervención del diputado Joan Canadell, el día que se aprobó la tramitación presupuestaria, parecía más propia de un grupo de la oposición que de uno de los grupos que dan soporte al Ejecutivo catalán. Eso hizo que Pere Aragonés expresara sus quejas al vicepresident Puigneró (algo que pudo ver todo el mundo porque el pleno se retransmitía por televisión), y poco después el president y la mayoría de consellers de ERC abandonasen el hemiciclo.

 De todas formas la realidad es tozuda y acaba imponiéndose. Con la tramitación de los presupuestos la mayoría independentista se ha demostrado estéril. Ante esta situación se me ocurre una pregunta: ¿Para qué sirve esa mayoría independentista, si los partidos que la conforman no se ponen de acuerdo en temas capitales para Cataluña como son la ampliación del aeropuerto del Prat, la mesa de diálogo con el Gobierno central o los presupuestos para 2022?

 En cualquier caso, me permito sugerir aquí que no cunda el pánico en el sector independentista pensando que el procés se ha terminado. El movimiento independentista catalán tuvo su punto álgido en el otoño de 2017, desde entonces languidece de forma lenta pero constante. La descomposición que hemos visto de la mayoría en le Parlament no es un hecho aislado, ocurrirá cada vez con más frecuencia y, probablemente, cada vez con mayor virulencia.  

De todas formas, a trancas y barrancas el independentismo seguirá funcionando más o menos cohesionado en el Parlament.  El 23 de diciembre con o sin apoyo de la CUP tendremos presupuestos y eso dará aire al Govern y un buen margen de maniobra.

 Que la situación está cambiando es evidente. Ahora bien, creo que es prematuro pensar ya en un tripartito de izquierdas, como han sostenido algunos en los últimos días. Las razones son variadas, pero voy a señalar dos. La primera es que, a día de hoy, el PSC es el partido a batir por ERC. Hace tiempo que los republicanos trabajan para convertirse en el partido hegemónico de Cataluña, como un día lo fue Convergencia. Pero son los socialistas los que ocupan el espacio sociológico que ellos necesitan para ser la primera formación política en nuestro país, y están constatando que ese asalto es muy complicado.  De ahí su inquina hacia los socialdemócratas catalanes.

 La otra, son los recelos que los republicanos despiertan en los socialistas por las continuas deslealtades y salidas de tono de los de ERC tuvieron en los dos tripartitos (de Maragall y de Montilla). La animadversión de los unos hacia los otros y el recelo que los otros despiertan en los unos (sobre todo en las bases menos catalanistas) hace que el pacto PSC ERC sea extremadamente difícil.

 No obstante, es bien vedad que, en política, cosas más raras se han visto.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 29/11/2021

EL VIACRUCIS JUDICIAL DEL PP

 

La corrupción no da tregua al Partido Popular. No hace todavía un mes que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al PP, como responsable civil subsidiario por pagar en negro parte de las reformas de su sede central en la madrileña calle Génova, y ahora empieza el tercer juicio de la trama Gürtel.

 En efecto. El pasado martes, 16 de noviembre, dio comienzo la vista oral de ese tercer gran juicio centrado en los negocios que la trama afín a los populares desarrolló en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). Esta causa viene marcada por una serie de confesiones que buena parte de los encausados han ido haciendo durante la instrucción, para poderse beneficiar de posibles reducciones de penas, en el caso de que sean condenados, algo bastante probable.  

 Es muy desagradable escribir sobre temas tan poco edificantes como la corrupción. Y resulta bastante penoso cuando se trata de una forma sistémica de proceder, como sucede con el PP. Por eso, no voy a especular sobre lo que puede ocurrir o no en ese juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Tiempo tendremos para comentar la sentencia, los hechos que la generan y sus consecuencias, cuando sea pública. Me voy a limitar a reflejar aquí el saldo que, hasta el momento, en términos de responsabilidades jurídicas arroja hasta la fecha la trama Gürtel: 69 condenados y casi 600 años de cárcel.

La cuestión es que en la actualidad hay ocho líneas de investigación de Gürtel y se han dictado ya varias sentencias condenatorias. Eso puede dar una idea de la dimensión de esta causa y todos sus entresijos. Comenzando por el caso de los trajes, que el expresidente valenciano, Francisco Camps pudo esquivar hasta resultar absuelto por un jurado popular en 2012, pero que acabó con la condena a multa de su vicepresidente José Víctor Campos y de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la consejería de Turismo —sentenciado después por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel en otra pieza suelta de la trama.

De momento, la condena más reciente es la del fallo hecho público el pasado 28 de octubre sobre la caja b del PP, que no solo da por probada la contabilidad paralela sino que confirma que el partido la usó para pagar en negro parte de la obra de su sede de la madrileña calle Génova, como ya se ha comentado más arriba

Pero es que, además, existen otras ramificaciones de Gürtel ya probadas: los contratos otorgados de forma ilegal en Aena; las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Jerez; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; las adjudicaciones ilícitas del Gobierno valenciano para el montaje de su pabellón en Fitur entre 2005 y 2009; y, finalmente, el affaire Época I, cuyo juicio se saldó con 29 condenados a más de 323 años de cárcel.

Con el juicio sobre Boadilla en marcha quedarán pendientes varias   vistas orales en el horizonte, a las que se añade una línea de investigación que aún permanece en instrucción.

Muy probablemente el próximo juicio que veamos sea el denominado “Valencia”. En esa comunidad autónoma, a principios de este siglo, Gürtel anidó en las instituciones valencianas de la mano de un arrollador PP que arrasaba en las elecciones. La Audiencia Nacional ha procesado a 28 personas, que se encuentran pendientes de juicio, por los contratos que la Generalitat otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas de Correa.

Actos seguido, los tribunales deberán esclarecer lo sucedido en Arganda del Rey, un municipio cercano a Madrid, donde la trama también puso el punto de mira. Según los investigadores, la red corrupta dio aquí uno de sus mayores pelotazos: se repartió 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras amañar el concurso público.

Por si, con todo lo expuesto, no hay suficiente, la Audiencia Nacional aún ha de celebrar el juicio donde analizará a fondo la estructura societaria diseñada por la trama Gürtel para eludir los pagos a Hacienda y blanquear el dinero procedente, en parte, de la actividad vinculada al PP.

Y, a todo esto, el Juzgado Central de Instrucción número 5, encabezado actualmente por el magistrado Santiago Pedraz, aún mantiene abierta una línea de investigación sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, donde la formación popular también se encuentra implicada como persona jurídica.

Hasta aquí el relato aséptico y neutro de los asuntos que tiene que ventilar el PP con la justica. No hay duda que los populares tienen que hacer un auténtico viacrucis judicial. Desde mi punto de vista, esta situación explica, en parte, un poco mejor el tono agrio, crispado y agresivo que de manera habitual utiliza Pablo Casado cuando interviene en el Congreso, hace declaraciones sobre la gestión del Gobierno o habla de España en los escasísimos foros internacionales que participa. Se comprende, porque por la derecha le están comiendo terreno, desde dentro algunos (algunas) le empiezan a mover la silla y, con tanta corrupción acumulada, la tierra se le mueve bajo sus pies. Con este panorama de fondo, no nos ha de extrañar que en los cenáculos políticos empiece a cuajar la idea que el PP necesita una refundación y un nuevo líder para la nueva época porque la actual está terminada y su presidente amortizado.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/11/2021

 

LA FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

 Desde hace tiempo los expertos en economía de la Seguridad Social trabajan en el desarrollo de un sistema de financiación de las Pensiones Públicas que sea viable, eficiente y sostenible en el tiempo. La cuestión es que, en los primeros años de este siglo en el Fondo de Reserva, llegaron a haber casi 68.000 millones de euros, mientras que en estos momentos el remanente de la hucha no llega a 2.000. Además en 2023 empezará a jubilarse la generación del baby boom que es la generación más numerosa de la historia.

 Quizás por eso, semanas atrás el ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá lanzó la idea (globo sonda dijeron algunos) que para llenar la hucha se deben incluir las cotizaciones de la Pensiones un 0,5%. Posteriormente, en una comparecencia en el Congreso, el día 8 de este mes de noviembre, concretó su propuesta y situó el aumento en un 0,6%.

Eso significa que para un trabajador con un sueldo medio, la subida de la cotización supondrá 11,86 euros al mes: 3,95 euros para el empleado y 7,91 euros para la empresa. Para una base mínima, el incremento será de 6,76 euros: 2,25 euros el asalariado y 4,50 la compañía. Y para las bases máximas alcanzará los 24,84 euros: 8,28 euros el trabajador y 16,56 la empresa.

Pues bien, cuando parecía que la reforma de la financiación de las Pensiones Públicas empezaba a estar razonablemente bien enfocada, la UE nos ha hecho llegar un mensaje que ha supuesto una ducha escocesa para los futuros pensionistas. Según dijeron, Bruselas exige a España, para que nos lleguen los 70.000 millones del fondo de recuperación —dinero que no hay que devolver—, aumentar a 35 años el tiempo de la vida laboral del trabajador para calcular la pensión a cobrar y, aunque el ministro José Luís Escrivá ha negado enérgicamente cualquier pacto ni imposición de Europa en esta materia, las dudas han enrarecido el ambiente. En cualquier caso, si esa iniciativa finalmente se tuviese que aplicar, el Gobierno podría introducir mecanismos amortiguadores como, por ejemplo, la elección de los mejores años de cotización o la opción de rellenar las lagunas de cotización, para que su impacto fuese neutro.

De todas formas, si queremos tener un sistema de Pensiones Públicas útil para unas cuantas generaciones, pienso que hemos de hacer un réset en el modelo que se viene utilizando y cambiar algunas de la normas que hasta ahora han sido básicas.

Ahí van algunas sugerencias:

Se debería cambiar el chip de la edad de jubilación por el número de años cotizados. Para empezar, todo el mundo, con las excepciones que fuesen pertinentes, debería cotizar 40 años. Por ejemplo, si alguien empieza a trabajar con 18 años, pues que se jubile con 58. En cambio, aquellos que se incorporan al mercado a una edad más avanzada porque se han formado, porque han estudiado, porque se han sacado varios masters o, simplemente, han podido y querido ver mundo, deberían cotizar el mismo tiempo que los primeros.

Eso no significa que no se deban tener en cuenta las diferencias existentes entre profesiones. Es habitual que las personas con estudios primarios o inferiores trabajen en las actividades más penosas y, de media, viven cuatro años menos que los que tienen formación superior, según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pues bien, no atender esa especificidad sería una grave injusticia en términos de políticas sociales.

Es necesario que se promocione la jubilación activa. No son pocas las personas que preferirían seguir trabajando aunque le haya llegado la hora de la jubilación, pero para que se decidan a seguir en el mercado laboral conviene que tengan incentivos suficientemente atractivos para ello. Suecia y Noruega pueden ser unos buenos referentes a tener en cuenta.

Está claro que el problema es grave y no tiene fácil solución. Por eso habrá que echar mano de ideas imaginativas. Fue Bill Gates el primero en lanzar la idea: si se pagan cotizaciones sociales por los trabajadores para sostener el sistema de Seguridad Social, cuando estos son sustituidos por robots, deberían pagarse igualmente cotizaciones sociales por ellos. De este modo, la pérdida de empleo para los humanos no derivaría en una pérdida de ingresos para la Seguridad Social y podrían seguirse pagando las pensiones ahora y en el futuro, aunque haya muchos menos humanos trabajando. Es posible que para algunos este planteamiento les parezca rocambolesco o descabellado pero, en todo caso, ¿alguien habría imaginado hace cinco o seis años que hoy estaríamos hablando de cómo hacer que coticen a la Seguridad Social los robots?

Tal vez más de un lector piense que estoy haciendo un brindis al sol, que soy un iluso o ambas cosas a la vez. Puede ser. Pero hay que entender este escrito como una modesta tormenta de ideas nuevas para afrontar fenómenos nuevos. Por eso considero que no deberíamos despacharlas pensando que ya tenemos todas las respuestas con nuestros conceptos de siempre sobre el trabajo, las pensiones y otros asuntos similares. Sería muy provechoso abrir un gran debate, con todos los sectores implicados para ver hasta qué punto son útiles las nuevas propuestas hasta qué punto esconden alguna debilidad. En paralelo no estaría demás revisar con sentido crítico los planteamientos que venimos utilizando desde el siglo pasado. Da la sensación que, en cuestiones como las cotizaciones a la Seguridad Social, el sostenimiento de la Pensiones y un largo etcétera, no nos mueve la más mínima intención ni voluntad de evolucionar.

Garantizar las pensiones de mediados de siglo en adelante es muy complejo y sometido a multitud de variables. El sistema, para ser viable, eficiente y sostenible —–como ya se ha mencionado más arriba—, necesita un réset.  Por eso, a las recetas clásicas utilizadas hasta ahora como son la calidad y la cantidad de nuestro aparato productivo, los sistemas de distribución de la riqueza y otros del mismo nivel, se debería ir pensando en implementar con propuestas innovadoras como las citadas con anterioridad u otras similares.  Sin embargo, para algunos expertos la solución al problema es un fuerte aumento de la productividad. Está claro que ese es un factor a mejorar de forma sustancial. Ahora bien, tampoco sería bueno que nos dejásemos deslumbrar por esa posibilidad, pues ese factor será parte de la solución, pero nunca toda la solución.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/11/2021

EVITAR EL SILENCIO

 Los dirigentes del PP no tienen vergüenza ni dignidad política. Si les quedase un ápice de ética hace tiempo que hubieran salido a pedir perdón a la ciudadanía por la corrupción que corroes a su partido y lo hubiesen limpiado de los individuos tóxicos que, primero, generan las corruptelas y, después, se aprovechan de ellas. Sin embargo, ni una cosa ni otra. Al contrario.

 Lo vimos semanas atrás cuando el nombre de Xavier García Albiol salió en los papeles de Pandora. Entonces e l portavoz nacional de la Ejecutiva del PP, José Luis Martínez-Almeida, se limitó a invocar la presunción de inocencia, dio por buenas las confusas explicaciones de Albiol y recordó que los estatutos del PP no exigen acción alguna mientras no haya vista oral considera que no ha habido “ninguna irregularidad”.

Pero, es que el pasado 28 de octubre, la Audiencia Nacional publicó una sentencia según el cual se considera probado q ue se pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la calle Génova de Madrid. El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial ”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública” , según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.

En cualquier otro país esa sentencia ha provocado un tsunami político y hubiera tenido que dimitir hasta el conserje de la sede central del partido. En cambio aquí la dirección de los populares se ha limitado a decir que no piensan a volver a hablar del tema. ¿Se puede tener más desfachatez y cinismo político? Sinceramente pienso que no

Leer las 454 páginas de la sentencia provoca vergüenza ajena. Los magistrados describen detalladamente el funcionamiento irregular del PP en las cuestiones económicas. Unas prácticas que parecen más propias de una organización criminal que de un partido político que, en principio, se ha de preocupar por el bien común.

El PP ha sido condenado dos veces por beneficiarse de la trama Gürtel. Los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron probados los vínculos forjados durante años entre las empresas de Correa y el partido: Según consta en la sentencia de 2018, “entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local; a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas ”, se decía en aquella sentencia.

Pero es que en el fallo hecho público el pasado 28 de octubre, se echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

En la reciente convención nacional, celebrada en Valencia, hace ahora un mes, la actual cúpula del PP intentó un complicado ejercicio de equilibrismo: reivindicar su pasado sin salir manchado por la corrupción. No solo se le ocurrió a Pablo Casado ensalzar la figura de la exalcaldesa Rita Barberá días antes de que el juez procesara a todo el antiguo equipo de gobierno de la exregidora por blanqueo de capitales —ella falleció en 2016 cuando también se encontraba imputada por el caso Taula—. Sino que se dejó ver por el cónclave popular el expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por la Audiencia Nacional y una de las “estrellas” del partido que aún tiene pendiente sentarse en el banquillo por la trama Gürtel.

El juicio y la sentencia de los papeles de Bárcenas cierran uno de los capítulos más negros en la historia del Partido Popular. La Audiencia Nacional solo ha podido juzgar dos de los 19 años de prácticas corruptas que quedaron registrados en los papeles de Bárcenas (así es nuestro sistema judicial). Pero ni los empresarios que donaron grandes cantidades de dinero opaco ni los dirigentes populares que recibieron parte de ese dinero sin declararlo a Hacienda responderán por aquellos hechos ante los tribunales de justicia, aunque la opinión pública se haya hecho una idea de lo ocurrido a través de lo ya juzgado y sentenciado.

En mi opinión, más allá de las sentencias políticas están las sentencias morales. Por eso, me quedo con la reflexión que hacía  Almudena Grandes en un artículo titulado “Goebbels” que se publicó en El País (01/11/21) que decía: “Que nadie comente la sentencia, que nadie pida perdón, que nadie reconozca siquiera la verdad de los hechos, no deja en mal lugar a Aznar, ni a Rajoy, ni a Casado, sino a un país entero. A partir de ahora, una de las grandes prioridades nacionales tendría que ser evitar por todos los medios el silencio del PP. Por el bien de España, que dicen que les importa tanto. Por su propio futuro, y por el de todos los españoles”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/11/2021

REFORMAR LA REFORMA LABORAL

 Días atrás asistimos a un pulso entre las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La pugna era por ver quién sería la voz cantante del Ejecutivo en las negociaciones con los agentes sociales para reformar la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012. Finalmente Pedro Sánchez ha optado por una solución salomónica y según se supo por un comunicado de presidencia “las reuniones de la mesa de diálogo social para la reforma laboral se celebraran los miércoles por la mañana. La delegación del Gobierno de España en esa mesa la encabezará el Secretario de Estado de Empleo y también la formarán un director general de la Vicepresidencia económica y otro director general del Ministerio de Seguridad Social. En función de los temas que se traten podrán acudir representantes de los otros Ministerios afectados ”.

 Para garantizar que el Gobierno tiene una posición única, está previsto que en breve el presidente convoque una reunión con las vicepresidentas  Nadia Calviño  y Yolanda Díaz , así como con los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y Educación para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social, en los términos del acuerdo de Gobierno de coalición. Además, todos  los martes  se celebrará una reunión para fijar la posición del Ejecutivo en la reunión de la mesa del día siguiente. A esa reunión asistirán el Secretario de Estado Empleo, el Secretario de Estado de Economía y el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. “En función de los temas a tratar, podrán acudir otros secretarios de estado o representantes de los otros Ministerios afectados”, advierten desde el Gobierno. Esas mismas personas se reunirán también los miércoles por la tarde para analizar el desarrollo de la mesa y coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo.

 España tiene pendiente resolver muchos problemas estructurales en el mercado laboral. El paro duplica la media de la UE. La temporalidad y precariedad son demasiado frecuentes. Los jóvenes encuentran grandes obstáculos para lograr su primer empleo y muchos más para consolidarlo; y las personas que pierden su ocupación después de los 50 años tienen muy complicado poder reincorporarse. Con ese panorama es evidente que el modelo es a todas luces insuficiente e injusto.

 La reforma de 2012 otorgó todo el poder a las empresas para bajar sueldos y recortar las condiciones laborales de los trabajadores. El convenio de empresa estaba destinado a prevalecer sobre los del sector. Con esa norma el PP incluye a las empresas modificar las condiciones de los contratos, bastaba para ello, argumentar una caída continuada de la actividad durante varios trimestres.

 Es de prever que las conversaciones en la mesa de dialogo giren sobre cuatro ejes, que serán:

     Simplificación de contratos y reducción de la temporalidad Quizás donde será más fácil ponerse de acuerdo sea en r educir la temporalidad. Ahí el Gobierno comparte objetivo junto a empresarios y sindicatos. Ahora bien, la hoja de ruta para poner coto a ese desequilibrio es muy diferente. Yolanda Díaz considera que “únicamente podrá justificar los contratos temporales en dos situaciones: cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa o, bien, para sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo ”. Sin embargo, este planteamiento ha sido rechazado por los empresarios; en su opinión con estos cambios se castiga a autónomos y pymes.No obstante, lo cierto es que en España la tasa de temporalidad está situada en el 25% frente al 14% de media en Europa.

     Reequilibrio de las partes en la negociación colectiva. Es decir, eliminar la denominada ultraactividad. Con ese mecanismo que el PP puso en naos de los empresarios los convenios se prorrogan de forma automática finalizado el plazo máximo de negociación de un año, si no se había llegado a ningún acuerdo entre las partes.

Adecuar la regulación de las subcontratas. E l Gobierno quiere mejorar las condiciones de los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. Para ello establece que el convenio de aplicación sea el correspondiente a la actividad, aunque esta sea diferente de la que desempeñe la empresa principal. La propuesta si permite, en cambio, que se aplique el convenio propio de la contrata si este garantiza los mismos derechos que el sectorial.

Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad, en línea con la experiencia positiva de los ERTE, para que no se produzcan intensas destrucciones de empleo cuando vengan tiempos difíciles como en crisis anteriores.

A nadie se le escapa que esta negociación es de suma importancia per se. De hecho es una de las piedras angulares de esta legislatura, pero es que además está estrechamente ligada al hecho de que en unos dos meses han de llegar a España 10.000 millones de euros de los fondos de Next Generation. Ahora bien, para que eso ocurra es imprescindible que el Gobierno presente en Bruselas las líneas maestras de las reformas del mercado laboral y de las pensiones y ya se sabe que en ese tipo de cuestiones los líderes europeos son poco dados a las aventuras.

 El Gobierno quiere cerrar el acuerdo en noviembre, aprobarlo mediante decreto ley en diciembre y que entre en vigor el primer día de 2022. Hasta ahora las relaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales, con algún desencuentro de por medio, han sido muy correctas. En el Ejecutivo saben que las negociaciones de la reforma de la reforma laboral serán muy difíciles, pero si consiguen culminar la tarea con la aquiescencia de los sindicatos, no se solivianta a Bruselas y el enfado de la patronal no es demasiado profundo, se habrá dado un paso de gigante para revalidar su gestión en las urnas cuando se convoque a las próximas elecciones generales.  

 De todas formas nunca llueve a gusto de todos y en opinión de algunos observadores políticos esta reforma ha abierto importantes heridas en la coalición de Gobierno que serán difíciles de cerrar. Es posible. Ya se sabe que cuando alguien señala la luna algunos se quedan mirando el dedo, y en esta ocasión considero que nos deberíamos quedar con lo fundamental que es: la justicia social y el interés general.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/11/2021