TAN REAL COMO LA VIDA

 

Es posible que este año celebremos la Navidad más desangelada desde que tenemos uso de razón. No obstante, debemos ser disciplinados y hacer lo que nos dicen nuestros gobernantes para poder celebrar las fiestas que vendrán en el futuro con gozo y euforia. De no hacerlo, corremos el riesgo de que algún ser cercano o nosotros mismos se quede en el camino.

Por muy mal que nos sepa no celebrar las Fiestas como lo hemos hecho siempre, deberíamos comprender que millones de personas nunca han tenido la posibilidad de celebrar nada (léase aquí cualquier tipo de efeméride ya sea laica o religiosa), y con la catástrofe socio económica que está dejando la pandemia de la Covid 19, lo más probable es que jamás van a poder celebrar nada.

Según un informe de Oxfam Intermón hecho público en las últimas semanas son muchos millones de seres humanos los que están pasando hambre en el mundo. Unos sufren más que otros, pero todos son víctimas de la peor crisis económica que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial. Si se cumplen las previsiones que ha hecho el Banco Mundial, más de 729 millones de personas estarán bajo los estándares internacionales de pobreza extrema (viviendo con menos de 1,90 dólares al día) cuando finalice este año. Esa cifra es el equivalente al 9,4% de la población mundial, y serán 114 millones más de seres humanos de los que se habían pronosticado antes de que el maldito virus hiciese su aparición. Claro y concreto: muchas de esas personas morirán de hambre y de esos unos 260 millones serán del tercer mundo. Son gente que ya no puede aguantar más porque está al borde de la inanición, advierte un informe del Programa de Alientos de la ONU.

Expertos del Banco Mundial sostienen que esta pandemia, auténtica catástrofe de condiciones bíblicas, que en occidente a algunos les incomoda porque no les permite ir a esquiar o salir de fiesta por las noches, se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza extrema. Puede, también, ser un serio retroceso para más de 3.000 millones de personas (casi la mitad del planeta) que viven con un presupuesto que está por debajo de los 5,30 dólares diarios. 

Todos los informes que, sobre la situación que nos deja la Covid 19, han hecho grandes corporaciones e instituciones son demoledores. “Estamos viendo solo el principios del tsunami”, sostiene Oliver de Shutter relator especial para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En su opinión retornar a los niveles previos a la crisis no será sencillo. Serán precisos muchísimo recursos y, sobre todo, que la economía global avance como nunca antes lo había hecho.

Si bajamos el nivel de nuestro enfoque y nos centramos en cómo está la situación en España, los datos no son nada halagüeños. El informe de Oxfam Intermón vaticina que cuando acabe este nefasto 2020, es decir, la semana que viene 1,1 millón de personas engrosarán las filas de la pobreza relativa. Eso significa que 12 millones de seres en nuestro país (el 26% del total) vivirán a partir de 2021 en riesgo de exclusión social.

En opinión de Liliana Marcos Barba, responsable de políticas públicas y desigualdad de la ONG Oxfam, “esas cifras son la consecuencia de las fallas estructurales que hay en España. El país tiene un mercado laboral enfermo en el que hay un colectivo muy alto de personas de rentas bajas, con una fuerte presencia de mujeres, jóvenes e inmigrantes, en definitiva trabajadores de muy baja clasificación, y ellos acaban siendo el colchón donde se asientan las pérdidas cuando hay una crisis”. Dicho de otra manera, ese es el saco que recibe todos los golpes.

Bajo el plan estratégico de Europa 2020, en 2008. El Gobierno de entonces se comprometió a reducir en un 1,5 millones (entre 2009 y 2019) los seres humanos en riesgo de pobreza en nuestro país. Sin embargo, poco tiempo después llegó la recesión financiera y el PIB español cayó un 3,8% en 2009, dejando a 4,3 millones de personas sin empleo y el objetivo, está claro, se fue a Norris.

Ahora la previsión es que le PIB en 2020 caiga, en España por encima del 10%. A partir de ahí que cada cual saque sus consecuencias de como podrán ir las cosas.

Disculpen amables lectores la crudeza de esta columna, pero lo que he escrito es tan real como la vida misma porque las cifras utilizadas han sido extraídas de informes serios y rigurosos hechos por organizaciones que merecen la máxima credibilidad y consideración. Por eso, considero que nuestra Navidad, comparada con otras navidades es de cuento de hadas. En consecuencia y, pese a las circunstancias, deseo que disfruten tanto como puedan y que sean razonablemente felices. 

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 22/12/20

NI DESPUÉS DE MUERTOS

 

Hubiera preferido no escribir nunca este artículo. Sin embargo, cuando días atrás entré en la web del Parlament de Cataluña para echar un vistazo a la actividad parlamentaria, y vi que, en la Comisión de Cultura, JxCat y ERC habían rechazado una propuesta de Ciudadanos para revindicar a Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón, me indigné. Me indigné porque la propuesta de la organización naranja era, en términos políticos, inocua, ni era anti catalanista ni pretendía atentar contra la patria. Solo se pedía que desde el Departament de Cultura se organizase un acto conmemorativo a los dos autores recientemente fallecidos y se llevaran a cabo sendos ciclos sobre sus respectivas obras. Me parece que no es pedir demasiado. Por eso, ante la cerrazón nacional-independentista, decidí poner mi humilde grano de arena, escribiendo esta columna de denuncia, y, rememorar así, tantos y tantos ilustres escritores catalanes que han escrito, escriben y escribirán su obra en castellano.

Según explicaron después JxCat y ERC votaron en contra de la propuesta de Cs porque era oportunista (?). No discutiré la oportunidad de la iniciativa parlamentaria, la verdad es que ese aspecto importa poco porque no es relevante. El hecho cierto es que una vez más se desprecia algo que se ha hecho en Cataluña que, es catalán, pero que se ha expresado en castellano. Ese es quid de la cuestión. Por eso me pregunto ¿qué clase de políticos tenemos que ni después de muertos son capaces de reconocer la grandeza de unos conciudadanos tan catalanes como ellos?

Lamentablemente, no es la primera vez que algo así ocurre en el Parlament de Cataluña. Una Cámara legislativa, me permito recordar aquí, que es de todos los catalanes, también de los que se expresan en castellano.

Reflexionando sobre la cuestión, me vino a la cabeza una iniciativa que defendí y perdí, también en la Comisión de Cultura de la Cámara catalana, en mayo de 2005. Entonces fue para que a la Feria del libro de Frankfurt de 2007, a la que se había invitado a la cultura catalana, asistieran escritores en lengua castellana. Votaron en contra CiU y ERC, es decir, como ahora. Asistieron escritores de la talla de Pere Gimferrer, Baltasar Porcel, Quim Monzó o Carme Riera y fueron invitados autores, además de Cataluña, de Baleares, Valencia, El Roselló francés o el Alguer (Cerdeña). Sin embargo, se quedaron en casa genios como Juan Marsé, Eduardo Mendoza o Javier Cercas.

El dos de julio del mismo año me publicaban un artículo en El País en el que entre otras cosas decía que, tener la fortuna de poseer dos culturas y dos lenguas es para mí una suerte y un lujo impagable; y añadía, sería un error gravísimo practicar la discriminación, aunque se quiera disfrazar de positiva. Pero han pasado más de quince años y veo con disgusto que no solo es que no hemos avanzado nada, sino que hemos retrocedido. Durante mucho tiempo pensé que a medida que fuéramos avanzando la situación se normalizaría y el falso debate de si es literatura catalana o no lo que se escribe en castellano en Cataluña, lo superaríamos. En cambio, veo con tristeza que el nacional-independentismo cada vez es más cerril y está más radicalizado.

Resulta preocupante la visión reduccionista del independentismo. Pues de la misma manera que ha construido un relato paralelo para la Guerra de Sucesión y de sus consecuencias, a menudo muy alejado de la realidad. También han hecho algo similar con la historia de las letras catalanas y su evolución a lo largo de los siglos.

Por eso, me parece oportuno hacer una referencia aquí al magnífico libro de Sergio Vila- Sanjuán, Otra Cataluña (Imago Mundi 2018).  En el mismo, Vila-Sanjuán expone y documenta la rica producción literaria de autores catalanes en castellano a lo largo de seis siglos, y desmiente la afirmación tantas veces repetida por el nacionalismo de que el uso literario del castellano en Cataluña fue siempre una imposición externa, (sin dejar de reconocer lo obvio, la represión que sufrió la lengua catalana durante el franquismo) como no lo fue tampoco desde el punto de vista de la edición. Vila-Sanjuán subraya que Barcelona es “la capital editorial de los países de habla hispana”, una vocación que toma forma en el siglo XVI, y cita al historiador Manuel Peña Díaz, autor de una ‘Historia cultural de la Barcelona del Quinientos’ que afirma que “La castellanización de la cultura catalana en el siglo XVI no fue impuesta desde el exterior. Fue fruto de los intereses crematísticos de los impresores y libreros barceloneses que imprimían y distribuían libros en castellano para poder competir en el mercado español”

Después de leer la transcripción del interesante texto de Vila-Sanjuán poco más se puede añadir. Ahora hemos de esperar que los nacional independentistas más hiperventilados se caigan del caballo y vean la luz. Pero mientras eso ocurre, la grandeza literaria de los que se fueron y la de los que están, nos seguirá iluminando en este tiempo oscuro de la historia que nos ha tocado vivir, por la sinrazón de unos descerebrados que quieren hacer de esta tierra común que es Cataluña su masía particular.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/12/20

EL EMÉRITO, LA MUJER DEL CÉSAR Y LA MONARQUÍA

 

Los medios de comunicación nos van informando de las supuestas trapacerías del rey emérito con cuentagotas. A veces tengo la sensación que estamos asistiendo a la reedición de una telenovela de los años noventa. La última entrega, de momento, es la carta del abogado de Juna Carlos de Borbón enviada al ministerio de Hacienda para regularizar la situación fiscal de su cliente en los ejercicios que van de 2016 a 2018.

Pero se equivocan de medio a medio, si creen que pagando las cantidades no satisfechas en su momento, unos recargos y una multa, por las irregularidades cometidas en los últimos tres o cuatro años, la ciudadanía nos vamos a dar por satisfechos. La gente que se levanta cada mañana para ir a trabajar, las pasa canutas para llegar a fin de mes y sacar su familia adelante, quiere saber, pero quiere saberlo todo: las presuntas comisiones del Ave a la Meca, las donaciones a Corina, el dinero enviado al extranjero, las fundaciones en paraísos fiscales y todo lo que haya, sea lo que sea y desde que Juan Carlos fue nombrado Rey hasta el día de antes de su abdicación. Es decir, quiere la transparencia más absoluta.

Ya sé que en ese tiempo Juan Carlos I, por ser Rey de España tenía la condición de inviolable. No obstante, como ciudadano de a pie, he de decir que, eso me importa más bien poco. Es más, entiendo que la ética y la dignidad de la persona por el cargo que ostenta han de estar muy por encima de situaciones legales que, por muy legítimas que sean, no dejan de ser coyunturales y, por consiguiente, pueden cambiar en cualquier momento.

Como ya he escrito en alguna ocasión y me parece oportuno repetir aquí, la Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI. O como dice el conocido refrán: la mujer del César no solo debe ser honrada sino que debe aparentarlo.

No quisiera marchar de este mundo sin ver el advenimiento de la Tercera República. Pero como sociedad y como país estamos viviendo fuertes convulsiones y lo último que necesitamos en estos momentos es que haya turbulencias en la cabina de la Jefatura del Estado. Por eso, sería conveniente que el Rey procurara la rehabilitación política de la Institución.

Para ello debería dirigirse a la ciudadanía y sus representantes mediante comparecencia en el Congreso de los diputados para dar explicaciones y, sobre todo, proponer soluciones que deberían tener como eje vertebrador una amplia gama de reformas que hagan de la Monarquía una institución acorde con la sociedad actual. De esa manera, la Corona recuperaría la dignidad perdida sin caer en la humillación.

Según el artículo 14 de la Constitución los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por lo tanto, no puede haber espacios de impunidad para nadie y el Monarca no ha de ser una excepción. Su inviolabilidad solo puede ser admisible si sus actos son refrendados por el Gobierno.   

Ante esta situación, el Congreso, como representante de la soberanía popular, debería encontrar la manera de llevar a cabo una tarea tan delicada como específica, sin caer en servilismos ni privilegios innecesarios, pero utilizando el sentido común.

Entiendo que es muy improbable que algo así suceda; pero no se me ocurre una manera mejor de evitar que la Jefatura del Estado acabe emponzoñada en los juzgados, acorralada por delitos comunes, como si tratase de un delincuente cualquiera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 10/12/20

¿NUEVA MAYORÍA O ACUERDO PUNTUAL?

 

Seré sincero: no me gustan algunas de las alianzas que ha tejido el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Pero es que tampoco me gusta el talante de Pablo Iglesias; aunque según dicen, ha sido el gran hacedor que ha hecho posible que ERC y EH Bildu dieran soporte a las cuentas del Ejecutivo.

Pero, claro, la política es el arte de lo posible y no hay más cera que la que arde y con el panorama que tenemos en nuestro país pretender otro acuerdo es como pedirle peras al olmo.

Con la aprobación de estos Presupuestos se pone fin (al menos de momento) a una etapa de inestabilidad que arranca en 2015. Once partidos han aportado 187 votos para sacar adelante estas cuentas. Ante esta nueva situación es justo reconocer el trabajo bien hecho que han llevado a cabo los máximos responsables de la negociación. O sea, los miembros de los ministerios económicos, del ministerio de Asuntos Sociales y los portavoces parlamentarios.

Fuera del pacto han quedado, como siempre, la derecha y la ultraderecha. Es lamentable que unos Presupuestos, que son los más sociales de nuestra democracia y que han de servir para relanzar la economía y estabilizar al país, no hayan sido votados de manera afirmativa por el primer partido de la oposición, el Partido Popular. Una vez más los populares se han equivocado, ha pesado más para ellos con quién votaban que qué votaban.

Las formaciones que han dado soporte a las cuentas para 2021 conforman un grupo de las más diversas filosofías políticas. Empezando por los dos partidos que dan soporte al Gobierno de coalición, unas organizaciones pequeñas de derecha moderada, pasando por los nacionalismos pragmáticos, hasta la izquierda más radical, sin olvidar los independentistas de diversa gradación.  

De todo este conglomerado multipartidista, destacan dos formaciones que, por su ideología, trayectoria e, incluso, estigmatización, merecen algún comentario diferenciado. Me estoy refiriendo a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Euskal Herria Bildu (EH BILDU)

No me extenderé en exceso sobre los recelos que me genera ERC. Los que vivimos en Cataluña conocemos la manera de gobernar que tienen los republicanos, y si alguien aún tiene dudas que se vaya a la hemeroteca y refresque la memoria con las deslealtades y el filibusterismo político que llevaron a cabo en los tripartitos de izquierdas, primero con Maragall y después con Montilla.

No obstante, en la política como en la vida, no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo y si este acuerdo sirve, como paso previo, para acercar posiciones y rebajar el clima de tensión que se vive en Cataluña, bien venido sea. De todas formas, no le quiero echar agua al vino, pero los republicanos catalanes no dejarán de presionar al Gobierno central, cuando no sea por una cosa será otra, lo estamos viendo con la libertad de los políticos presos. Por eso, no nos debería extrañar que en cualquier momento decidan poner fin a la colaboración. Baste recordar aquí su no, a la tramitación de los anteriores presupuestos.

Lo de EH Bildu es distinto. En muy poco tiempo los abertzales han hecho un curso acelerado de cómo negociar con el Gobierno central. El primer ensayo fue la derogación de la reforma laboral que fue abortado en pocas horas por Nadia Calviño, pero han aprendido a hacer enmiendas que aportan al País vasco y, de paso, le plantan cara al PNV.

Otra cosa es la repulsión que a algunos nos genera su líder Arnaldo Otegi. Cada vez que oigo hablar a Otegi se me revuelve el estómago, y supongo que como yo millones de ciudadanos que seguimos esperando una disculpa, una autocrítica, algo, por las atrocidades cometidas por ETA, cuando él tenía altas responsabilidades en la dirección de la banda. Pero es que encima tiene la desfachatez de hablar del “terrorismo de Estado”. Hay que joderse (disculpen ustedes el exabrupto). Por eso, como dijo días atrás el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “sería deseable que el coordinador general de EH Bildu abandonase la política. De esa forma se desvincularía a la formación abertzale de la banda terrorista ETA.

Esto es lo que hay. Pero un acuerdo del alcance de los PGE hubiera sido deseable que se llevara a cabo, también, con fuerzas políticas de ámbito estatal porque se supone que han de tener un concepto integral del Estado, aunque a veces parezca todo lo contrario. Mientras que pactar con nacionalistas y/o independentistas dé la sensación que sea hacerlo con alguien que ni tiene estima por el “Estado español”, como dicen ellos, ni les preocupa lo más mínimo lo que pueda suceder en un ámbito territorial que no sea el suyo.

De todos modos, tampoco hay que sacar las cosas de quicio y este acuerdo, aunque importante, no deja de ser coyuntural, y ni se va a quebrar la legalidad ni se va a romper España. Pero, eso sí, los profetas de la catástrofe van a encontrar argumentos de sobras para anunciar la apocalipsis. De hecho, ya hemos tenido alguna demostración en los discursos y declaraciones en el día de la Constitución.

Con el tiempo veremos si se han sentado las bases para una nueva mayoría o estamos ante un acuerdo puntual. De momento, con los Presupuestos aprobados la derecha y la ultraderecha ya se pueden ir preparando para una larga travesía del desierto porque este Gobierno, lejos de ser arrasado por la pandemia, es muy posible que pueda acabar la legislatura con relativa tranquilidad. Quizás por eso, como les dijo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra: “Abandonen toda esperanza. Hay Gobierno para muchos años”.

Aunque no soy creyente, ojalá que Dios la oiga.

 

  

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 08/12/20

LA UE DESPUÉS DE LA PANDEMIA

 

Se empieza a ver una luz muy tenue al final del túnel. Tenue pero luz al fin y al cabo. Porque dicen nuestros gobernantes que en el primer trimestre de 2021 empezará la campaña de vacunación de la Covid 19. De todas formas y según los expertos, no podremos respirar tranquilos hasta que no se haya vacunado el 70% de la población y eso no ocurrirá, siendo optimistas, hasta bien entrado el verano o principios del otoño.

Para entonces, volveremos a la normalidad, nueva normalidad dicen algunos. Esto es, calles llenas de gente, escapadas de fin de semana, bares y restaurantes repletos y hasta, poco a poco, volverá el turismo y todo sin restricciones y sin la obligación de llevar las molestas mascarillas.

Pero nada será igual, la era del apogeo ha llegado a su fin. La movilidad incesante no será como la hemos conocido hasta ahora; nuestra vida será más virtual y el sistema económico, basado en la producción a escala mundial y en largas cadenas de abastecimiento, se transformará en otro menos interconectado. Adquirirá más valor el producto de cercanía y se tendrá muy en cuenta la proximidad de lo que consumimos.

Eso no significa que vayamos a pasar a un localismo a pequeña escala. La población humana es demasiado numerosa como para que la autosuficiencia sea viable. Además, la mayor parte de la humanidad no está dispuesta a regresar a comunidades pequeñas y cerradas como ocurría tiempo atrás. Pero la hiperglobalización de las últimas décadas tampoco va a volver. El coronavirus ha evidenciado las debilidades de nuestro sistema y ha puesto en jaque al capitalismo neoliberal.

Esta crisis ha demostrado que el liberalismo no sirve para nuestro modelo de sociedad porque su filosofía conlleva la disolución de las fuentes tradicionales de cohesión social con la falsa promesa de un aumento del nivel de vida material. La catástrofe que estamos viviendo nos enseña que o salimos todos juntos o aquí no se salva nadie.

La expansión económica no es sostenible de manera indefinida. Por eso, de seguir con ese expansionismo se agravará el cambio climático y convertiremos el planeta en un vertedero. No obstante, no hay que perder de vista la desigualdad entre los distintos niveles de vida, el crecimiento demográfico y las crecientes rivalidades geopolíticas por lo que el crecimiento cero también es insostenible.

En este contexto, está por ver si la Europa que hemos conocido hasta ahora soporta el nuevo paradigma. Durante mucho tiempo la UE ha estado muy cómoda en las relaciones internacionales. EE.UU, mediante la OTAN le proporcionaba un espacio de confort; pero esa situación se ha ido deteriorando y a día de hoy la “Unión necesita aprender a utilizar el lenguaje del poder, enseñando los dientes cuando haga falta”, como dijo semanas atrás el Alto Representante Josep Borrell. Y eso significa, entre otras cosas, adoptar medidas que no gusten a otras potencias, como por ejemplo gravar a las empresas digitales (estadounidenses) o las importaciones producidas con alto contenido de carbón (chinas)

Ahora bien, para que eso sea posible, es necesaria una mayor cohesión interna y saldar las cuentas pendientes que hay entre estados miembros, y eso solo será posible si el fondo de reconstrucción empieza y funcionar y el dinero fluye porque se están viviendo situaciones al límite.

La UE ha de dotarse de los instrumentos necesarios para proteger de manera efectiva la soberanía, desarrollar una autonomía estratégica y no tenerse que doblegar a los intereses de otras potencias, pero para eso es preciso que se defina un “interés europeo”.

Generar autonomía estratégica significa vincular la economía, el comercio, las finanzas y la tecnología con la geopolítica, como hacen las otras potencias. Europa no puede ser ni el pariente pobre ni el hermano pequeño de EE.UU ni de Rusia. Por consiguiente hemos de desarrollar sistemas propios de autoprotección en todos los ámbitos. Ya sea para enfrentar las amenazas que tienen que ver con la ciberseguridad y la desinformación como para tener la suficiente capacidad de someter a los controles que se consideren necesarios las inversiones externas, así como fiscalizar de manera eficaz las ayudas de estado a empresas extranjeras.

Sintetizando mucho porque no hay espacio para más, considero que si la UE quiere ganar peso en el concierto internacional deberá hacer pivotar su fuerza sobre dos ejes vertebradores. Uno, debería ser utilizar el euro y la política comercial como herramientas geoeconómicas y desarrollar una nueva política industrial capaz de volver a crear empresas líderes en sectores de vanguardia, especialmente dedicados a la digitalización y la sostenibilidad. El otro eje que le haría ser una potencia serían las alianzas estratégicas con países como Canadá, Japón, Australia e incluso Gran Bretaña. No se trata de mantenerse en la equidistancia entre China y EE.UU, cultural y socialmente estamos mucho más próximos a EE.UU que China, pero la UE ha de tener perfil propio porque el orden internacional cada vez será menos exquisito y por eso se hace cada vez más necesaria una política exterior mejor definida. De no hacerlo, Europa puede acabar contando para el resto solo como el gran geriátrico del mundo, donde los más ricos vienen a pasar sus últimos años para disfrutar de nuestra cultura, nuestra sanidad y de nuestras buenas costumbres sociales.

Y, con todo el respeto por la geriatría, creo que nos merecemos algo más. Mucho más.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 01/12/20

EL DESGOBIERNO DEL GOVERN

 

El Govern de la Generalitat de Cataluña está siendo superado por la segunda ola de la pandemia de la Coid-19. La sensación que transmite el Ejecutivo catalán es que el desbarajuste y el caos se han instalado en el lado montaña de la plaza de Sant Jaume de Barcelona. La gestión que se está haciendo de esta crisis es patética. Parafraseando a Stephen Hawking podríamos decir que la situación podría llegar a ser cómica si no hubiese vidas en juego.

Los miembros del Govern parecen más preocupados en apuntarse tantos de cara a las próximas elecciones al Parlament que de plantar cara al coronavirus. Los desencuentros entre los diversos departamentos son una constante; y eso es una mala noticia porque cuando un gobierno de coalición no actúa de manera colegiada y solidaria acaba afectando a la ciudadanía. Ahí tenemos, sin ir más lejos, los choques entre Empresa y Salud por la reapertura de la restauración o la cultura, el fiasco sin paliativos de las ayudas a los autónomos o el embrollo que han montado con, si podían abrir o no, las salas de conciertos.

No es fácil destacar un fiasco sobre otro porque la cadena de desatinos se sucede de forma continua; pero, puestos a señalar uno, quizás nos deberíamos quedar con lo que ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando se colapsó el portal habilitado para ayudar a los trabajadores autónomos afectados por la crisis con 2.000 euros. Se recibieron unas 400.000 solicitudes de ayuda cuando solo había una previsión de fondos para 10.000. Casi 15 días después, la gran solución que han ideado consiste en que los potenciales beneficiarios rellenen un formulario introduciendo sus datos para quedar inscritos. Ante tanto sin sentido sobran los comentarios.

Los hechos ocurridos son muy graves porque afectan de manera directa a personas con nombres y apellidos y, aunque se analicen con cierta condescendencia, no se pueden relativizar. Estamos viviendo situaciones sobrevenidas que desbordan el marco conceptual al que estábamos acostumbrados y, sin embargo, el propósito de mejora y enmienda, por parte de nuestros gobernantes, ni se ve ni se vislumbra. Con todo, lo peor es la incapacidad manifiesta de este Govern para manejarse en situaciones complejas. Y en eso, hay que reconocer que el conseller Chakir El Homrani es un crack. En su currículo como miembro del Govern de Cataluña tiene páginas tan brillantes como la gestión de las residencias de ancianos, impagos a las entidades sociales, decir que el teletrabajo es obligatorio en Cataluña o el fiasco de las ayudas a los autónomos, ya comentado, entre otras perlas.

Pero esa incapacidad manifiesta no es exclusiva de un solo miembro del Ejecutivo. Yo diría que es el común denominador de todo el equipo. Un caso elocuente es la situación económica de la Generalitat. Se da la circunstancia que a finales de septiembre el Govern disponía de casi 900 millones de euros procedentes del superávit financiero de la ejecución presupuestaria que se hubieran podido utilizar para luchar contra la Covid, pues ni eso. Como dijo la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, “no es mala fe, es incompetencia”.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. Con la primera ola de la pandemia en plena efervescencia, el ya expresident Quim Torra optó por la confrontación abierta con el Gobierno de Pedro Sánchez. El argumento era tan sencillo como falaz, como se está demostrando ahora, pero tenía su parroquia: “con las competencias en manos del Govern la lucha contra el virus sería más eficaz”, decía el exmandatario.

A muchos nos ha quedado en la retina, pero sobre todo en el corazón, aquella imagen de soberbia que transmitió la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en una comparecencia el pasado 20 de abril, cuando dijo que de haber tenido las competencias el Ejecutivo catalán, aquí ni hubiera habido tantos infectados ni tantos muertos. Cuando le pidieron que explicara que hubieran hecho, dijo que habrían concretado el confinamiento 15 días antes. Se olvidó la portavoz de que justo, 15 días antes, el propio Govern había convocado un acto masivo en Perpiñán.

El Govern con su gestión de la pandemia ha demostrado que es más fácil culpar a otros que tomar decisiones acertadas, pese a que han tenido tiempo más que suficiente para prepararse y llevar a cabo iniciativas como crear dispositivos de seguimiento de nuevos contagios y sus contactos, como pedía el personal sanitario, pero no lo hicieron como se debía hacer, y lo poco que se ha hecho no se ha hecho bien.

Ante esta situación a los ciudadanos solo nos queda cruzar los dedos, contener la respiración, confiar que esto no vaya a peor y votar con sentido común en las próximas elecciones la Parlament, que si no se aplazan, como han empezado a insinuar algunos miembros del Govern, ahora que el suelo se les abre bajo los pies, serán el 14-F. Estemos preparados.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 24/11/20

EL ROL DE LA SOCIALDEMOCRACIA

 La pandemia generada por la Covid 19 ha hecho evidente la fragilidad de los sistemas sanitarios y de protección social en todo el mundo. Todos los países, sin excepción, se han visto desbordados por un virus de origen desconocido, pero, de forma especialmente descarnada, occidente. Quizás porque aquí pensábamos que vivíamos en un estadio superior. Craso error.

Por eso, que en pleno siglo XXI con todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, un germen nos haya puesto contra las cuerdas de la forma que lo ha hecho este, delata la debilidad de nuestras coberturas. Esta situación nos debería hacer reflexionar sobre la endeblez de nuestra organización, primero y conjurarnos, después, para que cosas así no vuelvan a suceder jamás.

Antes de que la pandemia llamara a la puerta, estábamos intentado acabar de salir de la crisis de 2007. Una crisis que nos había dejado un capitalismo mucho más desregulado, una ideología hegemónica que entiende que hay que mimar a los que más tienen porque son los que crean empleo y una aceptación acrítica que perpetúa las diferencias de partida. Además, también, nos ha dejado un debilitamiento sistemático de la educación y la sanidad, jaleado a menudo por los medios de comunicación públicos que, con sospechosa frecuencia,  se pronuncian a favor de lo privado, a la vez que niegan el conflicto social existente y apuestan por la desmovilización política de la sociedad.

La socialdemocracia, por lo general, siempre ha intentado adaptarse a los tiempos. Pero es verdad que, en ocasiones, las adaptaciones no han sido demasiado afortunadas.  Baste recordar, como ejemplo, la tercera vía de Toni Blair y su escudero Anthony Giddens; que fue, en muchos aspectos, la negación de algunas de las esencias del socialismo.  Sin embargo, ahora, con el paisaje de catástrofe bíblica que nos está dejando la pandemia, la socialdemocracia, si se saben conjugar los diversos factores que están sobre la mesa, tiene un rol muy potente a desarrollar.

Para empezar, el proyecto socialdemócrata, debe dotar al sistema sanitario de los medios humanos, técnicos y económicos suficientes para que sea el epicentro de una red de protección social que dé certeza de seguridad a la ciudadanía ante situaciones sobrevenidas. Hay que repensar los sistemas de redistribución de rentas. No se puede tolerar que la brecha entre ricos y pobres se vaya agrandando de forma continuada. Para paliar esa anomalía hay que entender que la formación y la cultura, entre otras, también pueden ser herramientas muy importantes a utilizar en la política distributiva y, por lo tanto, habrá que trabajar en esa dirección.

Estos días se va a poner en marcha la mesa de diálogo social para abordar la reforma laboral. En ese contexto, el Gobierno de coalición tiene un largo camino por recorrer. Por eso, haría bien, para empezar, en poner sobre la mesa la redefinición de los derechos laborales, teniendo en cuenta el nuevo marco productivo que viene dado por las nuevas tecnologías. Se debería estudiar una reestructuración de la FP para facilitar a los jóvenes la incorporación al mercado laboral. Y no se debería descartar, de entrada, hablar del contrato único u otra fórmula que reduzca la dualidad contractual (indefinido-temporal) que lastra nuestro mercado laboral.

Los fondos de reconstrucción europeos van a suponer un balón de oxígeno inmejorable para poner en marcha la transformación digital y la transición ecológica. Pero, con ser necesarios, no serán suficientes porque el dinero no cae del cielo y las políticas públicas no son gratis. Por lo tanto, será necesario un sistema fiscal que además de ser progresivo genere los suficientes recursos. Y eso, está en las antípodas de los planteamientos de la derecha de nuestro país que postulan la bajada de impuestos como un fin en si mismo. El sistema en su conjunto precisa una revisión en profundidad porque varias de las figuras existentes deben ser modificadas, ya sea en la definición de la base imponible o en las deducciones. Además, hay que considerar seriamente la creación de nuevas figuras impositivas como respuesta a la economía global y digitalizada, como ya se está empezando a hacer en algún que otro país europeo; pero con más valentía. Hay que establecer mecanismos que graven las transacciones financieras que sean meramente especulativas; de esa forma, se podrá avanzar hacia una economía más verde. Y, desde luego, lo que no puede esperar más es la mejora de la gestión tributaria, la lucha contra el fraude y la economía sumergida; lamentablemente en España estamos muy lejos de cumplir los requisitos mínimos de eficacia y respeto con el Estado de derecho.

El proyecto socialdemócrata ha de embridar al mundo de la economía y las finanzas para que estén supeditadas a la política y no al revés, como viene ocurriendo hasta la fecha. Ese renovado proyecto socialdemócrata debe ser, sobre todo, una alternativa realista, más justa e integradora de lo que hemos tenido hasta ahora. Se ha de generar ilusión y credibilidad para reenganchar a las clases medias y populares a la política, cosa que, sin ningún género de dudas, será lo más difícil.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/11/20

MONARQUÍA O REPÚBLICA: CALIDAD DEMOCRÁTICA

 

El tema se ha vuelto recurrente. Cada vez que los medios de comunicación airean alguna presunta irregularidad fiscal del rey emérito, no falta quien plantea la necesidad de cambiar el modelo político del Estado. Por eso, ahora que la fiscalía ha abierto una investigación por posible blanqueo de capitales a Juan Carlos de Borbón, veremos como no tardará alguien en salir pidiendo la abolición de la Monarquía.

Desde luego la cuestión no es menor porque en función de cómo sea la Jefatura del Estado, así será la arquitectura institucional del país. En consecuencia, considero que antes de lanzarnos a opinar, sin más, sobre un tema tan sensible, deberíamos hacer una reflexión sosegada y sin apriorismos, con todos los pros y contras sobre la mesa.

No es fácil tener una visión de conjunto sobre lo que piensa la sociedad española del tema Monarquía o república. Pero resulta interesante comprobar que lo que emerge cuando se toca el tema de la Corona es la calidad democrática de la institución. La ciudadanía suele identificar calidad democrática con república. Quizás porque se asocia la democracia con los valores republicanos, entendidos estos en el sentido del republicanismo cívico. Sin embargo, cuando se pone como modelos de república las existentes en lugares como China, Turquía o Venezuela el reconocimiento desciende de manera más que considerable. En ese contexto, son las monarquías parlamentarias, como las de Noruega, Suecia u Holanda las más apreciadas por la gente de a pie.

Es evidente que existen monarquías más avanzadas, en todos los sentidos, que algunas repúblicas que carecen de los mínimos estándares de democracia, y al revés: repúblicas con unos niveles de progreso, libertad y bienestar envidiables, frente a sistemas monárquicos casi medievales.

En buena medida la calidad democrática de un país se define por los mecanismos de control que existen sobre los representantes y responsables políticos y como se ejerce el control y la rendición de cuentas.

En nuestro país la Ley 19/2013 de Transparencia y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno se aplica a los altos cargos del Poder Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial, así como a otros órganos ya sean nacionales o regionales. Esta normativa se aplica también a la Casa de su Majestad el Rey. Sin embargo, y aquí surge una gran incongruencia, nada hay sobre la declaración pública de actividades, bienes y patrimonio de la Familia Real. Ante este flagrante sin sentido, resulta imprescindible que de manera urgente se legisle para que la Monarquía parlamentaria esté sujeta a los mismos controles y régimen de obligaciones que se aplican al presidente del Gobierno, ministros y demás responsables de la cosa pública. El Rey, como representante de la máxima institución del Estado, no puede quedar fuera de las normas de transparencia, claves en las democracias de calidad.

La Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI.

Cada país tiene su historia. Y no debemos olvidar que la Monarquía que reina en España fue una imposición del franquismo que los partidos de izquierdas mayoritarios tuvieron la inteligencia de aceptar como un mal menor para llegar a la democracia. Entonces, pocos pensaban que la Corona llegaría a consolidarse. Sin embargo, y contra pronóstico, Juan Carlos I supo ganarse a la ciudadanía y hacer que mucha gente se convirtiera al “juancarlismo”.

Ya sé que hablar bien del pasado está muy desacreditado en la actualidad, pero el triángulo Monarquía parlamentaria, bipartidismo imperfecto y Estado de las autonomías, con luces y sombras, nos han dado más de treinta años de estabilidad política y progreso. Ahora ese ciclo está agotado y el Estado de las autonomías necesita una buena puesta a punto, el bipartidismo ha sido sustituido por un multipartidismo mucho más imperfecto que el primitivo bipartidismo y la Monarquía necesita reciclase y ponerse al día si no quiere quedarse por el camino.

Estoy convencido que más pronto o más tarde tendremos que pronunciarnos como sociedad madura que somos sobre el modelo de Estado que queremos. Pero mientras eso no ocurre, tengo la sensación que entre la crisis económica que aún no hemos superado, la pandemia del Covid 19 con todo lo que lleva aparejado, los movimientos secesionistas y otras bagatelas diversas, estamos en medio de una tormenta intentando cruzar un océano; y entonces me viene a la cabeza aquel adagio que nos recuerda que no es aconsejable cambiar de caballo mientras se cruza un río.

Y no deberíamos perder de vista que lo que nos conviene es una democracia de excelente calidad para España. Porque como dice un popular adagio oriental, no importa que el gato sea blanco o negro lo que cuenta es que cace ratones.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/11/20

 

 

LA EDAD DE JUBILACIÓN: EL GRAN DILEMA

 

El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a hacer viable el sistema de pensiones públicas de la Seguridad Social. Por eso, ,en el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luís Escrivá, han puesto manos a la obra para preparar una reforma que haga que nuestro sistema público de pensiones sea suficiente y sostenible. Para ello, han tomado como uno de los documentos de cabecera, el texto elaborado por El Pacto de Toledo que fue presentado días atrás. El mismo fue aprobado con un amplísimo soporte parlamentario, ya que solo contó con las abstenciones de EH Bildu y ERC y el voto en contra de VOX.

Sin ninguna duda estamos ante uno de las cuestiones fundamentales que dan razón de ser al Estado del bienestar, las pensiones públicas. A día de hoy en España son más de nueve millones de personas los que dependen de una forma u otra de que la Seguridad Social les ingrese mensualmente su pensión. Por eso, resulta imprescindible que el Estado garantice que esa prestación se va a mantener el tiempo y además será suficiente.

En el documento del Pacto de Toledo en esta ocasión no se propone un aumento de la edad de jubilación. Lo que sí se dice “es que la salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad establecida legalmente”.  Y ese es, a mi modo de ver, el quid de la cuestión.

El aumento de la esperanza de vida es un fenómeno relativamente reciente que data del siglo XIX. Hasta entonces, la esperanza de vida media de la humanidad se mantuvo por debajo de los cuarenta años, debido principalmente a las elevadas tasas de mortalidad en edades tempranas.

Un niño nacido hoy en el mundo desarrollado tiene más de un 50% de probabilidades de vivir por encima de los 100 años, mientras que un niño nacido hace un siglo, solo tenía un 1% de posibilidades de llegar a esa edad.

Frente a esa evidencia es razonable pensar que el aumento de la esperanza de vida traiga cambios sociales y laborales de calado. Y ese cambio nos va a plantear preguntas ineludibles como por ejemplo, ¿cómo abordar la educación continua y la adquisición de nuevas habilidades para adaptarse a una carrera laboral más larga? ¿O cómo afrontar el hecho de que alcanzaremos el cénit profesional mucho antes de la jubilación? Y un largo etcétera que formula el nuevo paradigma. Pero también surge una pregunta de cuya respuesta depende que nuestro sistema de convivencia y relación se mantenga o, por el contrario, todo se nos derrumbe como un castillo de naipes. La pregunta en cuestión es: ¿cómo adaptar los sistemas de pensiones para que sean suficientes y sostenibles para una población cada vez más longeva?

Ante esta nueva situación se plantea una duda razonable, ¿cuándo debemos jubilarnos? ¿Debemos jubilarnos a los 65 o los 67 años si nuestra esperanza de vida es cada vez mayor?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 1900, en España, superaban los 65 años el 26,2% de una generación y la esperanza de vida media a partir de esa edad era de 9,1 años de vida.

Pues bien, siguiendo con datos del INE, en 2015, el 26,2% de una generación sobrevivía más allá de los 91 años y la esperanza de vida media de 9,1 años se producía a los 81. O sea que la edad equivalente hoy a los 65 de 1900 se puede establecer entre los 81 y 91 actuales. Sin embargo, nos jubilamos entre los 65 y 67, prácticamente igual que a principios del siglo XX

En consecuencia, el reto que tiene plantado el sistema de pensiones es doble. Por un lado, que las pensiones sean suficientes para que los beneficiarios puedan tener una vida digna. Por otro, que sean sostenibles, esto es que los trabajadores de hoy, pensionistas mañana, tengan la certeza que cobrarán su pensión cuando les llegue el turno.

Para que el sistema sea viable son muchos y muy variados los escollos que hay que salvar. El pacto de Toledo ha hecho un análisis acertado que, a mi modo de ver, apunta en la buena dirección cuando plantea enjugar el déficit, diversificando las fuentes de financiación y que las cuotas sociales se dediquen cada vez más a pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad, mientras que las que se denominan “impropias del sistema” se sufraguen mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) u otra fuente que los partidos del arco parlamentario consideren adecuada.

Por otra parte, sabemos que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por lo tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas.

Por consiguiente, si como parece hay un principio de acuerdo para solventar el déficit y la financiación, quedará sobre la mesa el gran dilema: la edad de jubilación. No parece ni lógico ni razonable plantear que la edad de dejar el trabajo sea a edades muy avanzadas; pero sí es sensato iniciar una reflexión seria y rigurosa, incluyendo todas las variables, para conciliar, tanto como sea posible, la edad de jubilación con la esperanza de vida. Será difícil, pero es necesario.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 03/11/20

 

PUNTO DE INFLEXIÓN O ESPEJISMO

 Está por ver, pero es muy posible que la moción de censura presentada por Vox, y que se sustanció los días 21 y 22 de octubre en el Congreso de los diputados, sea un punto de inflexión en la política española.

Lejos de incomodar al Gobierno, la iniciativa de la derecha extrema ha servido para proyectar la imagen de un Ejecutivo unido, serio y riguroso. El verdadero objetivo de la moción era el PP y poner en jaque a Pablo Casado. Sin embargo, todo se trastocó para Vox cuando, desde el atril, el líder de los populares les dijo: “hasta aquí hemos llegado”. Casado había guardado muy celosamente su intervención y en ningún cálculo entraba que fuera a buscar el cuerpo a cuerpo con, Santiago Abascal, su ex compañero de partido.

Desde luego, es muy pronto para hacer juicios de valor y hay que ver cuáles son las la intenciones reales del PP. Si estamos ante una simple operación de márquetin o los populares han decidido cambiar de estrategia y romper las amarras que les atan a los extremistas; de ser así, deberían empezar a poner fecha de caducidad a los acuerdos que tienen con Vox en Murcia, en Andalucía y en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento de la capital y gracias a los que gobiernan en esos lugares. Pero quizás eso es pedir demasiado.

De todas formas, por los apoyos Vox a los gobiernos de las comunidades autónomas y ayuntamiento de Madrid, los populares no deberían preocupase, porque la única alternativa real que tiene la ultraderecha es entregar el poder a la izquierda y eso no lo harán, pues su electorado no se lo perdonaría jamás. Lo que harán, como mucho, es subir el precio de sus apoyos, no tienen más que rascar.

Ante el aparente giro del PP Pedro Sánchez ya anunció en la segunda jornada de la moción de censura que el Gobierno paraba la iniciativa de los grupos parlamentarios de PSOE y UP para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y volver a la negociación con los conservadores.  Claro que a los populares les faltó tiempo para rechazar la participación de Podemos en la mesa de diálogo. Argumento banal porque el reglamento de la Cámara indica que una vez el Gobierno ha entrado una iniciativa, en este caso la Reforma del CGPJ, son los grupos parlamentarios los que debatirán entre sí modificaciones o posibles enmiendas; por lo tanto, nadie puede privar a un grupo que pacte y/o acuerde con otro.

En un artículo titulado “El eterno viajo al centro” que publiqué, el pasado 7 de septiembre, en esta magnífica ventana virtual que es e- notícies.cat, entre otras cosas decía que de “todas formas, lo tiene complicado el Partido Popular con la derecha extrema desatada que le está comiendo espacios, por un lado y Ciudadanos que se ha lanzado a ocupar el centro que ellos han dejado vacío, por otro. Ante esta situación, Pablo Casado haría bien en sacar conclusiones de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Euskadi y Galicia este mes de julio, y ver que le conviene más si el frentismo que han practicado en el País Vasco con Carlos Iturgaiz como punta de lanza, o el talante templado y sin aspavientos utilizado por Alberto Núñez Feijóo en Galicia”. La verdad es que no creo que se molestaran en leer mi columna, pero, al menos, parece que han sacado conclusiones, y de eso me alegro.

Estos días el Gobierno ha presentado en Bruselas una batería de reformas para optar al fondo de recuperación económica europeo. La cantidad a que opta España son 140.000 millones de euros. El apoyo del PP para lograr esa aportación sería inestimable, pero si no quieren dar soporte a esa iniciativa, sería suficiente con que no pusieran palos en las ruedas como han hecho hasta ahora en los foros internacionales.

El Partido Popular tiene ahora la gran oportunidad de ser un partido de centro, moderado y moderno. La intervención de Casado en el debate de la moción de censura del pasado 22 de octubre dejó a Santiago Abascal muy tocado. La ocasión es inmejorable para culminar su viaje al centro. No obstante, como decía un diputado socialista, con cierta retranca, cuando se levantó la sesión, “el movimiento se demuestra andando”.

Nadie les va a pedir ni que dejen de ser críticos ni que dejen de ser oposición, al fin y al cabo ese es el papel que la ciudadanía les otorgó en las últimas elecciones. Pero ahora han de dar credibilidad al buen discurso de Casado en el Congreso; bastaría con una llamada del líder de los populares al presidente del Gobierno y emplazarlo a hablar de la renovación de algunos órganos constitucionales, como por ejemplo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, RTVE y Defensor del Pueblo. Y ya que se arremangan, sería un detalle que se decidieran a colaborar para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) adelante que, ante la situación de emergencia social y política que ha generado la pandemia, son más necesarios que nunca.

Pero no nos precipitemos ni seamos demasiado ambiciosos, demos tiempo al tiempo, no vaya a ser que lo que pensamos que es un punto de inflexión sea, tan solo, un espejismo.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/10/20

 

EL CANTOR DEL 3%

 

Me ha costado más de lo habitual ponerme a escribir este artículo. La razón es que el protagonista del mismo, Daniel Osácar es un hombre que tiene 85 años, parece que no anda sobrado de salud y, encima, con un futuro judicial bastante complicado. No me gusta hacer leña del árbol caído y sacar a la luz las miserias de un pobre anciano no demuestra, precisamente altura de miras, pero la corrupción del partido que gobernó 23 años Cataluña, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), fue tan desmesurada y nos ha hecho tanto daño como, pueblo, como país y como sociedad y durante tanto tiempo que no denunciarlo me parece todavía peor.

Daniel Osácar tenía fama de ser un hombre serio, discreto y formal, pero sobre todo nacionalista a macha martillo que diría un castellano viejo. Cuando estalló el caso del expolio del Palau de la Música era el tesorero de CDC y la tormenta le enganchó de pleno. Por eso, en la actualidad cumple condena de tres años y medio de cárcel porque en el juicio quedó demostrado que había blanqueado dinero. En circunstancias difíciles mantuvo el tipo y mientras otros acusados cantaban para llegar a acuerdos con la fiscalía y rebajar condenas. Él, por el contrario, se mantuvo hermético y llegó a decir que “allí se había mentido mucho”.

Tanto es así que Artur Mas había dicho en más de una ocasión que “ponía las manos en el fuego por él”. Nada que objetar. Es lógico que los correligionarios de un mismo credo se apoyen entre sí, e incluso sean solidarios y se den cobertura cuando vienen mal dadas.

Sin embargo, parece que el ex president se ha chamuscado las extremidades delanteras, y que todo quede ahí porque Osácar ante la soledad en la que le han dejado los antiguos colegas está dispuesto a cantar La Traviata si viene a cuento.

Cuentan fuera de foco, los que conocen bien los entresijos del mundo convergente que al extesorero siempre le habían asegurado que pasara lo que pasara, el partido estaría detrás para ayudarle, para cubrir sus necesidades y para garantizar un futuro de su familia. Por eso, mientras Félix Millet y Jordi Montull pactaban con el fiscal y confesaban mordidas a CDC en el juicio del caso Palau, Daniel Osácar se mantenía férreo en sus declaraciones y negaba lo que otros habían admitido ya.

No obstante, todo tiene un límite, y el tiempo ha ido pasando y de lo prometido nada. En esas circunstancias, Osácar consideró que los códigos de honor por los que se había regido estaban rotos. Pidió hablar con la junta de la prisión y allí explicó que se sentía traicionado y mostró su arrepentimiento. A mediados de septiembre y después de 75 días en la cárcel de Brians 2, La Generalitat, considerando su edad y estado de salud, le concedió el tercer grado y de esa forma cumple la pena en un piso tutelado. Normalmente la Fiscalía suele oponerse a esas iniciativas, pero esa vez no ha sido así, porque se valorado su “arrepentimiento”.

Ante esta situación, el fiscal Anticorrupción José Grinda vio la oportunidad de ganar un colaborador y le propuso un pacto en el caso 3%, donde hay 32 procesados, entre ellos el mismo Daniel Osácar, por organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias y cohecho.

Será muy interesante conocer las explicaciones que da el extesorero convergente sobre ese macro caso de corrupción. Cuál era el Sobre el papel de Germà Gordò como gerente de CDC, la relación de este con Artur Mas, que hay de cierto y que no sobre el pitufeo, denominación coloquial que utilizaban 14 altos cargos de CDC, para referirse a las donaciones que hicieron al partido entre 2008 y 2010. Algo que en principio no es objetable, pero se complica cuando se comprueba que todas esas donaciones fueron de 3.000 euros en metálico y hechas a final de año. Según las investigaciones todo apunta a que en realidad era una manera de canalizar dinero de procedencia ilícita.

Tras esta cascada de hechos tan turbios habrá que ver si la Fiscalía Anticorrupción considera que la declaración de Osácar tiene el suficiente fundamento como para solicitar la imputación de Artur Mas que, no olvidemos era el máximo responsable del partido en esa época. Es importante señalar aquí que como el ex president no es aforado el juez de la Audiencia Nacional De la Mata lo podría llamar a declarar en cualquier momento.

De todos modos, ante el desmoronamiento generalizado del imperio convergente, es importante potenciar la vocación “lírica” de Osácar y de otros personajes similares que, con toda seguridad, aparecerán en la escena del universo político catalán y esa puede ser la vía que sirva para deshilachar la madeja de corrupción tejida con tanto ahínco por las huestes pujolísticas y que continúa con sus herederos y, muy posiblemente, siga todavía bajo otras siglas, pero con idéntica finalidad.

Esperaremos impacientes a que alguien dé el Do de pecho. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 24/10/20

PRECEDENTE PELIGROSO

 

El PP lleva dos años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado mes de julio parecía que el Gobierno y el primer partido de la oposición habían llegado a un principio de acuerdo y en el inicio del curso político se renovaría el CGPJ. Sin embargo, los populares rompieron unilateralmente la negociación con el banal argumento de que Podemos no podía estar en la mesa de diálogo. Inaudito, pero cierto.

Ante ese permanente bloqueo, el Gobierno ha decidido echar por el camino más corto y que fueran los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos los que presentarán una proposición de ley para tirar adelante la reforma. Conviene aclarar aquí que el reglamento del Congreso no exige a los grupos parlamentarios los informes del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, que sí son preceptivos si es el Ejecutivo quien presenta el proyecto de ley. Además, de esa manera, se acortan considerablemente los plazos y la iniciativa se puede convertir en ley en poco más de dos meses.

No obstante, las alarmas han saltado cuando la Comisión Europea ha tenido conocimiento de las intenciones del Gobierno. La CE ha hecho llegar una seria advertencia a España sobre el proyecto de ley de Reforma del Poder Judicial. Aunque desde hace tiempo en Bruselas aprietan al Gobierno español para que renueve el órgano judicial que acabó su mandato en 2018, los políticos y juristas europeos no ven con buenos ojos que el proyecto se vehicule mediante los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas-Podemos. Temen que se ponga en peligro la independencia judicial y que el CGPJ se politice más de lo estrictamente ineludible.

En esencia, la reforma que se pretende desde el Ejecutivo es rebajar el actual quorum necesario de tres quintos a mayoría absoluta simple, tanto en el Congreso como en el Senado, para nombrar a 12 de los 20 vocales del Consejo. Y ahí es donde le duele al PP, porque con esta modificación los votos de los populares serían irrelevantes, bastaría con los soportes que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

De todos modos, y ante el aviso recibido dese Bruselas, el presidente Sánchez ha tendido la mano a Pablo Casado para desbloquear la renovación “a partir del principio de preacuerdo de julio”; es decir, un reparto de 10 vocales para cada bloque y el presidente progresista. Pero el PP sigue cerrado en banda y exige como condición sine qua non, para empezar a negociar, la ya mencionada exclusión de Podemos en el acuerdo, algo lógicamente inviable.

La cuestión es que izquierda y derecha no solo se han de diferenciar por sus postulados ideológicos, que son sus respectivas razones de ser, sino que entre otras muchísimas cosas se deben marcar también distancias por sus maneras de proceder.

Por eso, y aunque la memoria es débil, conviene recordar que, en enero de 2014, cuando gobernaba el PP, con Mariano Rajoy al frente, el grupo parlamentario popular tramitó una reforma urgente de la ley orgánica del Poder Judicial para dilapidar lo que se conoce como justicia universal, y lo hizo como proposición y no como proyecto del Gobierno; de esa forma evitaron, como ahora pretenden los grupos de PSOE y UP los informes preceptivos. Por lo tanto, no estaría de más que los populares se miraran al espejo antes de poner el grito en el cielo.

Con esa iniciativa el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó de un plumazo la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España. Algo que entonces era molesto para países como Estados Unidos o China entre otros.

Ante esta situación de bloqueo, es comprensible que el Ejecutivo y en especial el presidente Sánchez estén hartos del obstruccionismo y el bloqueo sistemático del PP; pero la solución nunca puede ser cambiar las reglas de juego a mitad de partido y tampoco utilizar el tú más o él y tú también. En ningún caso un Gobierno progresista debería utilizar un precedente de esa catadura política como argumento.

Tal vez el proyecto de ley que presenta el Gobierno de coalición es discutible, y ya se sabe que la izquierda, como la mujer del César, no solo ha de ser honrada sino que ha de demostrarlo. Pero es que el PP está cometiendo fraude de ley con sus bloqueos sistemáticos y burlando la Constitución, que tanto dice defender, para sacar pingües réditos políticos.

Estoy convencido de que nuestro sistema constitucional y jurídico ofrece otras posibilidades y es muy plausible que se pueden explorar otras vías que den plenas garantías a la iniciativa gubernamental. Y eso, sería mucho mejor que recurrir a las artimañas que ya utilizó el PP en 2014 porque, aunque nada garantiza que si algún día los conservadores vuelven a gobernar vuelvan a hacer trapacerías, que un Gobierno progresista utilice las mismas argucias que la derecha ultramontana sentaría un precedente peligroso.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 20/10/20

LA COCINA DEL PODER

 

Desde mediados del mes de mayo, un grupo de economistas de élite, entre los que también hay sociólogos y científicos, reclutados por la Moncloa, se reúne de forma habitual para establecer los ejes básicos de cómo debería ser la España poscovid. De forma deliberada se ha querido que sea un equipo lo más transversal posible. Por eso, el perfil ideológico de la coalición de Gobierno no es el mayoritario dentro del grupo, por lo que se ha recurrido a gente tan diversa como Toni Roldan ex dirigente de Cs, Alda Caldera economista de la OCDE o Rafael Doménech director de Análisis del BBVA entre otros muchos para que concurran el máximo de sensibilidades. El objetivo era claro: elaborar un documento que sea el embrión del que hay que presentar, en los próximos días en Bruselas para optar a los fondos de reconstrucción y que, a la vez, sea el punto de partida de los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021.

Iniciativas similares se están llevando a cabo en la práctica totalidad de los países de la U E. Tras la pandemia del coronavirus, aún no superada, hay que rediseñar la economía. En consecuencia, todo el mundo trabaja en la misma dirección: salir cuanto antes de la crisis y remontar la situación de la manera más rápida posible.

La idea matriz que ha estructurado los trabajos de ese grupo de expertos de nuestro país ha sido elaborar un plan que permita rescatar a España de la crisis y modernizar su economía. Ese plan propone una inversión de 72.000 millones de euros para el trienio 2021-2023 que tendrá dos ejes vertebradores: la transformación digital y la transición ecológica.

La previsión es que, de todos los fondos que lleguen de Europa el 33%, se destinen a la transformación digital ya que se considera una herramienta clave para reimpulsar la economía y lograr que en 2023 tengamos un nivel de actividad similar al previo a la pandemia.

Por lo que respecta a hacer efectiva la transición ecológica, el Gobierno tiene previsto canalizar los fondos en inversiones verdes mediante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un documento estratégico que ya se envió a Bruselas meses atrás. En el mismo se establece una hoja de ruta para la descarbonización de la economía de nuestro país antes de 2030.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez está dando muestras muy claras de que es necesario apoyar tanto como sea posible al tejido productivo para evitar un descalabro aún mayor del que ya estamos padeciendo. Por eso, se ha aprobado una subida histórica del límite del gasto no financiero (conocido como techo de gasto), es decir, el tope máximo que pueden alcanzar los Ministerios. De igual manera, el ejecutivo hará una aportación extra a la Seguridad Social y otra a las comunidades autónomas que rondará los 32.000 millones de euros; además de desbloquear el primer tramo de ayudas europeas que estará sobre los 27.000 millones de euros. Todo ello significa una subida del mencionado techo del gasto de más del 53%. Siempre y cuando se levante el bloqueo presupuestario que, en estos momentos, si no se arreglan las cosas, deja en el aire el multimillonario fono de recuperación.

Según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, “este límite de gasto es inédito y no admite comparaciones”. El motivo es el vertiginoso incremento de la factura que está dejando la crisis sanitaria y que obliga a exprimir como nunca los recursos públicos.

El Gobierno de coalición ha desarrollado un plan que va más allá de los PGE para 2021. De hecho, es un ambicioso proyecto que pretende modernizar todo el sistema productivo de nuestro país mediante un descomunal aumento del gasto público a llevar a cabo en los próximos seis años, al amparo, como no puede ser de otra forma, de los fondos de recuperación que han de llegar de Europa. Ante estas expectativas, los dos partidos que conforman el Ejecutivo se han conjurado para dar larga vida a este Gobierno, más allá de las diferencias que eventualmente puedan surgir.

En las circunstancias de excepcionalidad que estamos viviendo la situación no es fácil para nadie, pero, a mi modo de ver, debería de ser de una preocupación especial para Pablo Casado. El líder de los populares se viene equivocando de forma reiterada dese que llegó a la presidencia de su partido, pero en los últimos meses ha aumentado de manera sustancial su porcentaje de errores frente al de aciertos y ya son bastantes las voces que desde el propio partido piden un giro, al menos en las políticas sociales y, sobre todo, en las económicas.

Desde luego, el papel lo aguanta todo y ahora hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, si el dinero empieza a fluir y las propuestas del presidente Sánchez se materializan. En ese caso, a Casado le será muy difícil explicar su rechazo frontal a un menú elaborado en “la cocina del poder” (como llaman algunos a los cenáculos políticos de altos vuelos) por un centenar largo de eruditos de tendencias ideológicas muy diversas y que está basado en la transversalidad y en dotar a España del impulso necesario para salir del agujero generado por la pandemia con las menos heridas posibles; mientras que los sectores, históricamente afines como la patronal le dan la espalda y se alinean con el Ejecutivo o los presidentes autonómicos del PP hacen oídos sordos a su líder y colaboran con el Gobierno central.  

Esa obstinación solo se explica si se atiende a algunos cargos cercanos a Pablo Casado que dicen que su verdadera vocación es ser portavoz de la derecha extrema. Si eso es así, todo cuadra.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/09/20