Con el
título “La vivienda: un problema endémico”, publicaba, hace un par de semanas,
en este mismo espacio, una columna con la que pretendía denunciar el pasotismo
histórico de las administraciones en un
asunto de tanta enjundia como es el lugar de residencia de la ciudadanía.
Por si
aquel escrito era poco esclarecedor, me ha parecido oportuno transcribir aquí
algunos datos del informe de “La vivienda en la metrópoli de Barcelona 2022”;
del Observatorio de la vivienda 2022 (OHB), que se publicó hace pocos días.
Según el
mencionado estudio los alquileres han subido en Cataluña, en el último año,
sobre un 7,7%, mientras que los ingresos de las personas crecieron entorno al
2,6% en el mismo periodo. Sin embargo, en Barcelona, los alquileres están
desbocados y la distancia entre precios de alquiler e ingresos de los
arrendatarios es cada vez mayor. Así pues, si en nuestra ciudad las rentas
subieron el 2.6% como en el conjunto de la comunidad, el incremento del
alquiler se acerca al 12%.
Casi resulta ocioso decir que familias con
pocos ingresos y jóvenes son los más perjudicados por esta situación. En
efecto, el informe concluye que la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 no puede acceder a un piso de alquiler de precio medio en
más de la mitad de los municipios de Barcelona (132 de los 244 municipios de
los que hay datos). “Los precios les machacan, porque el 45% de los jóvenes
ocupados en la ciudad tiene ingresos inferiores a 25.000 euros”, alerta la
presidenta del OHB, Carme Trilla. Recientemente, el Instituto Metrópoli
señalaba un hogar formado por dos adultos y dos menores con unos ingresos por
debajo de 24.800 euros, como referencia de los que están en riesgo de pobreza.
Hemos de tener presente que en Barcelona un hogar con esos ingresos debería
destinar el 81% de lo que recauda a comprar obra nueva o el 49% a alquilar,
cuando se considera que el porcentaje que una familia debe invertir en costear
la vivienda no debe superar el 30%, de su renta, si quiere satisfacer las
necesidades básicas. Asimismo, el informe apunta que un hogar con unos ingresos anuales de 25.000 euros
no podría comprar ni alquilar un piso (destinando un tercio de sus ingresos) en
ninguno de los tres ámbitos estudiados: ni Barcelona capital,
ni su área metropolitana ni el resto de la provincia.
El informe es demoledor, y para remachar el clavo solo hay que leer la
memoria de Cáritas de 2022. Ahí se señala la
falta de vivienda digna como uno de los principales problemas para más de dos
tercios de las personas que atienden: “Un 67% de las personas atendidas no
disponen de una vivienda digna, ya sea porque viven realquilados, en casas de
familiares o conocidos, con alquiler sin contrato o han de sobrevivir en un
piso compartido”.
Desde luego, el panorama es desesperante. No
obstante y sin ánimos de edulcorar la situación parece que en las
administraciones empiezan a ser conscientes de la magnitud del problema. Quizás
por eso, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) afirma que
son 4.700 las viviendas que tiene asignadas a alquiler social en Cataluña, en
las que viven en torno a 15.200 personas vulnerables. Se trata de inquilinos
que ya residían de forma irregular en viviendas del denominado banco malo que asumió los activos
tóxicos del inmobiliario de las cajas de ahorro. Son personas que tenían
contratos con las inmobiliarias de las extintas entidades financieras o
intermediarios o, incluso, algunos las ocupaban. Para estos, y siempre de la
mano de los servicios sociales municipales, la Sareb inició este año un
programa para regularizar su situación, ofreciendo alquileres que nunca supere
el 30% de los ingresos, que de promedio acostumbran a situarse en los 900
euros. En contrapartida, los inquilinos deben participar en un programa de
acompañamiento social y de reinserción laboral.
Por
otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido traspasar a la Generalitat once solares
municipales. El Govern se ha comprometido a construir en esos
terrenos 637 viviendas públicas en
un máximo de cinco años. La decisión
es fruto del acuerdo que alcanzaron Jaume
Collboni y Pere Aragonès, en la primera reunión que
mantuvieron el pasado julio
En un
primer momento, el pacto incluía la cesión de 27 solares municipales,
14 de los cuales podían estar disponibles a corto plazo (en los que se podrían
construir unos 800 pisos) y los 13 restantes a medio plazo (960 pisos). Sin
embargo, de momento son 11 los
que están a disposición de manera inmediata.
Ciertamente, todo esto puedo parecer algo así como una gota de agua en un
océano y es verdad. Además, de poco servirá a aquellos que tienen la imperiosa
necesidad de encontrar un cobijo si no quieren dormir al raso las frías noches
que ya se adivinan. No obstante, si denunciamos cuando las administraciones son
incapaces de encauzar los problemas que una sociedad tan compleja como la
nuestra genera, hemos de ser también honestos y explicar cuando nuestros
gobernantes dan con la tecla adecuada en este concierto permanente que es la
convivencia de decenas y decenas de miles de personas con un mínimo de
dignidad. Y eso nunca será posible si no se tiene un lugar decente donde recogerse.
Es evidente que el problema es enorme, pero da la sensación que se
empieza a tener conciencia. Y, sin duda, ese es el primer paso para empezar a solucionarlo.
Bernardo Fernández
Publicado en E notícies 26/10/2023
