27 de març 2018

VASOS COMUNICANTES


La política española, en la que la catalana es una pieza fundamental, necesita con urgencia un réset.
No es de recibo que un partido que está hasta las cejas de corrupción sea quien dirige y gobierna el país. Bien es verdad que esa organización, el Partido Popular, fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. No obstante, habría que preguntarse si ganó porque convenció al electorado o por incomparecencia de los oponentes y la ciudadanía entendió que, en esas circunstancias, los populares eran el mal menor.
De igual manera, tampoco es admisible que el primer partido de la oposición se desangre en una lucha interna amortiguada con la sordina de lo políticamente correcto y que, además, no tenga un proyecto coherente y contrastado que proponer a la ciudadanía.
Por otra parte, los partidos emergentes, aunque apuntan maneras, en mi opinión, y por motivos distintos pero concurrentes, están todavía verdes para gobernar.
Así las cosas, sólo nos falta el emponzoñamiento y la mezcla político-jurídica que está generando la situación en Cataluña.
En este contexto, la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de ordenar prisión preventiva para cinco de los principales dirigentes separatistas que encabezaron el procés, entre ellos Jordi Turull, aspirante a la presidencia de la Generalitat, puede ser, en términos jurídicos, ajustada a derecho, no lo cuestionaré. Sin embargo, bajo mi punto de vista es desproporcionada y, sin duda alguna, en términos políticos, miope.
Es posible que los continuos reproches y ataques a nuestro sistema de convivencia y la democracia española de Carles Puigdemont, desde su cómodo refugio en Bélgica, así como la fuga de Marta Rovira en las horas previas a su declaración, hayan pesado en el ánimo del juez a la hora de decidir y anunciar una resolución tan dura.
No obstante, alguna otra medida cautelar, como por ejemplo la inhabilitación hubiese sido igual de efectiva y hubiera evitado mártires, algo de lo que el independentismo radical está deseoso. Tal vez, en ese supuesto, alguno de los ahora encarcelados hubiera cogido las de Villa Diego. Es igual, ha quedado demostrado que en el extranjero son inoperantes y más pronto o más tarde los fugados acabarán con sus huesos en la cárcel. Además, como dice el adagio, a enemigo que huye puente de plata.
Ciertamente, los delitos de los que se acusa a estos personajes por los sucesos del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, el 20 del mismo mes ante la consejería de Economía, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación de forma unilateral de la república el día 27, también de octubre, prefiguran la probabilidad de que puedan ser condenados por delitos tan graves como el de rebelión o, al menos, de sedición, malversación de caudales públicos y otros, como pueden ser, prevaricación y desobediencia. Y eso conlleva muchos años de cárcel. Llegados a ese punto que caiga sobre ellos el peso de la ley y cumplan en plenitud el castigo que se les imponga. Pero, eso sí, cuando haya sentencia.
Sin embargo, no podemos obviar que en la política como en la vida, las cosas suelen estar interconectadas entre sí, y es absurdo negar que en casos como el que nos ocupa, entre la judicatura y la política no existe alguna correlación. Sin poner en cuestión la separación de poderes, es evidente que existen unos vasos comunicantes que conectan un ámbito con el otro.
Precisamente por eso, no hubiera sido baladí hacer una evaluación del coste beneficio antes de dictar la medida cautelar. Bastante caldeado tenemos el ambiente como para echar más leña al fuego. Y por si no teníamos suficiente, la policía alemana ha detenido y puesto a disposición judicial al fugitivo Puigdemont.
Vaya Semana Santa nos espera. Esto sí que va a ser un calvario

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 26/03/18

25 de març 2018

ASUMIR EL FRACASO


La debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura es una evidencia. El desbarajuste es tal que, pese a tener una mayoría suficiente para gobernar, son incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
De todos modos, aunque la excusa que dan es el nombre del futuro president, el problema de fondo es el reparto de poder. Así, por ejemplo, la batalla por el control político de los medios de comunicación entre JcxCat y ERC es despiadada, desde quien pone al director general hasta quien decide el nombre del responsable de un informativo; pero es que lo mismo se puede decir del resto de departamentos, donde hay dinero para gestionar o poder a tocar, surge el debate para ver quien lo controla.
Quizás los soberanistas necesiten tiempo para recomponerse, pero el país no puede esperar mucho más. Rectificar no es fácil, menos cuando se ha jugado a todo o nada y se ha perdido. Ahora, para muchos altos cargos la cuestión ha pasado a ser de simple supervivencia.
En estos momentos lo que toca es dejarse de universos ficticios, volver al mundo real y explicar las cosas como son, no como habían soñado algunos que podían ser. Hasta Carod Rovira, poco sospechoso de connivencias con el constitucionalismo ha pedido un poco de decencia política y que se le diga a la gente la verdad.
Para empezar, deberían admitir que la república catalana no existe, que los días 6 y 7 de septiembre lo que sucedió en el Paralament de Cataluña fue, como mínimo, un intento de golpe de estado. Se vulneraron los derechos de los ciudadanos y de los diputados de la oposición, como ha puesto de manifiesto una resolución del Tribunal Constitucional hecha pública estos días como consecuencia de un Recurso de Amparo solicitado por el PSC, ante los graves hechos de aquellas lamentables jornadas.
Después deberán admitir que lo del 1 de octubre, además de ser un acto ilegal, carecía de las más mínimas garantías democráticas para llevarse a cabo. Además, deberían asumir que se vulneraron los derechos de los ciudadanos porque se obtuvieron nuestros datos de manera fraudulenta.
Y para cerrar esa relación de despropósitos que se diga públicamente, como han hecho todos los soberanistas que han desfilado por los tribunales, a excepción de la cupera Mireia Boya -que al menos tuvo la dignidad de decir lo mismo en un sitio que en otro-, que la DUI del 27 de octubre no tenía ni intencionalidad política, ni validez jurídica alguna.
De forma simultánea, que sugieran a la ciudadanía que vayan dejando los lacitos amarillos en casa y que dejen a jueces, fiscales y defensas hacer su trabajo sin presiones, que bastante complicada es la situación. Después de todo eso, se pondrá empezar a recomponer puentes y poner el país a funcionar que buena falta hace.
Dice un refrán popular que “rectificar es de sabios” y, en mi opinión, asumir un fracaso y reconocer los errores cometidos, de personas inteligentes.


Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán 22/03/18

20 de març 2018

¿QUÉ PENSIONES? ¿QUÉ FUTURO?


Desde hace más de 50 años se viene diciendo de forma reiterada que el Estado del bienestar está en crisis y que es insostenible. En los años cincuenta del siglo pasado, muchos economistas advertían que su rápida expansión lo acabaría haciendo inviable. Sin embargo, vino un crecimiento sin precedentes durante dos o tres décadas que puso de manifiesto el diagnóstico erróneo de los expertos en la materia.
Unos pocos años después, fueron los puritanos de la izquierda los que cargaron contra el Estado del bienestar porque no se había logrado acabar con la pobreza. No obstante, y pese a los agoreros, el mayor declive de la pobreza que ha conocido la humanidad hasta la fecha se produjo en los años sesenta y setenta. Eso fue así porque, entre otras cosas, las reformas que se hicieron de las pensiones permitieron garantizar unos ingresos a las personas jubiladas.
En 2007 llegó el crac financiero junto a unos importantes cambios demográficos. En esta situación, los agoreros de turno volvieron a la palestra para anunciar que los gastos sociales que genera el envejecimiento de la población en el Estado del bienestar lo harán insostenible.
Según parece, Mariano Rajoy y su equipo de asesores son muy dados a escuchar a determinados voceros. Quizás esa es la razón por la que en 2013 el Ejecutivo del Partido Popular, al amparo de su mayoría absoluta, hizo una reforma del sistema público de pensiones con la que ponía fin a la vinculación de éstas con el IPC. Asimismo, ligó la prestación inicial a la esperanza de vida, si ésta sube bajará la pensión. Y eso, por muy sin sentido que parezca empezará a aplicarse en 2019, es decir, el año próximo.
El hecho cierto, es que desde 2016 el sistema de pensiones se ha cubierto con créditos extraordinarios del Estado. En 2107 el déficit ascendió a unos 18.800 millones de euros y, si bien es verdad, que las previsiones es que ese déficit disminuya ni las predicciones más optimistas prevén superávits en mucho tiempo.
En estas circunstancias, los jubilados han empezado a afrontar el problema al ver como su pérdida de poder adquisitivo, con la pírrica subida anual del 0,25%, es irreversible. De ahí, las movilizaciones de pensionistas en todo el país que cada vez son más frecuentes y más numerosas.
Esos movimientos han forzado a que el pasado 14 de marzo, se celebrara un pleno en el Congreso para tratar el tema y, en teoría, buscar soluciones. La verdad es que la sesión fue de poco nivel y pasó con más pena que gloria.
Mariano Rajoy estuvo en su línea. Su objetivo era ganar tiempo y aprovechar las pensiones para sacar los presupuestos de 2018 adelante y salvar la legislatura. Como señuelo, ofreció subir las pensiones mínimas con el IPC, elevar las de viudedad y conceder alguna ayuda fiscal en determinados supuestos a los pensionistas. Menos da una piedra, pero el presidente hizo una oferta muy limitada que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo.
Tampoco la oposición tuvo su mejor día. Propuestas arribistas algunas y vagas la mayoría. Nadie supo o pudo poner sobre la mesa un plan de choque para paliar el grave problema que tienen más de 9 millones de ciudadanos, más los que venimos detrás que somos legión.
Ciertamente, la cuestión es complicada y recetas mágicas no existen. Ahora bien, el argumento de que aumentar un 0,25% al año es para garantizar la viabilidad del sistema, es un insulto a la inteligencia. No es populismo ni demagogia plantear que, si hay dinero para bancos, AVES, aeropuertos sin aviones o rescates de autopistas debe haberlo para pensiones.
Lo lógico sería que las pensiones se revalorizaran con el IPC, como sucedía hasta 2013. Como lógico sería también derogar la reforma laboral. Puesto que, a su amparo, se hace un uso abusivo y fraudulento de la temporalidad. España es el país de la UE con más trabajadores sin contrato fijo, el 27,4%, mientras que en el resto de la Europa comunitaria la media está en el 14,2%. Además, el 90% de los nuevos contratos que se firman en nuestro país son temporales, y así no hay manera de subir las cotizaciones.
Asimismo, habría que ir pensando en hacer evolucionar la producción hacia sectores de alto valor añadido. Ese es un paso ineludible para lograr empleos de calidad con buenos sueldos y altas cotizaciones.
Un dato: en Italia, que no es ningún paradigma, el 14% del PIB, se destina a políticas sociales. Entre ellas las pensiones. En España no llegamos al 10,5%.
Con este panorama de fondo, deberíamos preguntarnos que clase de sociedad hemos construido, si el aumento de la esperanza de vida que debería ser motivo de júbilo, acaba siendo un problema.
De igual manera, deberíamos reflexionar para saber que hemos hecho mal para que los dirigentes que hemos puesto al frente de las instituciones ninguneen a aquellos que han cotizado a lo largo de su vida laboral para que otras generaciones cobraran su pensión. Mientras que ahora, cuando les toca a ellos percibir la suya, les dicen que hay que apretarse el cinturón porque no hay dinero y el sistema no es sostenible. O sea, les advierten de forma, más o menos sibilina, que sus pensiones y, en consecuencia, su futuro, están en riesgo.
Sencillamente, no hay derecho.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 19/03/18


NADA ES LO QUE PARECE


Al final va a resultar que todo esto del procés, la barbaridad jurídico-política perpetrada en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre pasado, cargándose la Constitución y el Estatuto, el referéndum del 1 de octubre, la proclamación de la república y unas cuantas mandangas más, han sido un invento de la prensa canallesca que, a falta de materia prima para llenar portadas, tertulias y debates, puso en marcha una historia fantástica y de terror para hacer caja.
Al menos, eso es lo que se desprende de las declaraciones que han hecho ante la justicia, la casi treintena de políticos y líderes sociales que han sido llamados a declarar.
Así, por ejemplo, Jordi Cuixart, el activista social a sueldo (cuando era presidente de Omnium cobraba 130.000 euros anuales), declaró ante el juez Pablo Llarena que un referéndum legal en Cataluña sería imposible sin el beneplácito del Estado. De forma parecida se expresó, en su declaración, Joaquim Forn que el 1 de octubre era el máximo responsable de la Mossos d’Esquadra. Oriol Junqueras además aludió a su condición de creyente para repudiar la violencia. Lástima que vivimos en un Estado aconfesional y que, en cualquier caso, las creencias religiosas pertenecen única y exclusivamente al ámbito privado de las personas.
Quien más, quien menos recuerda que el exjuez y exsenador Santiago Vidal, se paseó por Cataluña diciendo a los que le quisieran oír que se habían cometido irregularidades para diseñar un Estado independiente. Una de esas irregularidades era la obtención, de manera fraudulenta, de los datos fiscales de la ciudadanía, pero que era inevitable para “burlar al Gobierno central y a la justicia para lograr la independencia”.  Sin embargo, cuando días atrás fue a declarar como investigado al juzgado número 13 de Barcelona, afirmó que “los datos que daba no eran reales” eran simples “planteamientos de trabajo”, “hipótesis”. En definitiva, que sus palabras “no se correspondían con la realidad”.
En la misma línea se han expresado ante los tribunales Marta Rovira de ERC o Marta Pasca del PDeCat. Tampoco se ha apartado del guion Neus Lloveras hasta hace bien poco presidenta de la AMI, que en poco tiempo ha pasado de equiparar la España actual con la de la época franquista, para, acto seguido, ir a los tribunales a explicar como es y cómo funciona el mundo municipal; según dijo al salir de los juzgados. Ver y oír para creer.
Es verdad que en términos jurídicos se permite la mentira como arma de autodefensa. Ahora bien, en política eso, cuando menos, es reprobable. Y mucho más todos estos personajes que sabían de antemano las líneas rojas que estaban traspasando.
De todos modos, en toda esta historia de política de enredo y lío en que nos han metido, sin pedirnos opinión o, peor, en contra de nuestra voluntad, hay tres personajes que, en estos momentos, merecen una atención especial. Me estoy refiriendo a la cupera Mireia Bolla, con la que por razones más que obvias no iría ni a la puerta de la calle. Pero esa mujer ha tenido la dignidad y la decencia política de decir al juez Llarena que la declaración de la república fue perfectamente válida y que lo que hay que hacer, ahora, es implementarla. Pues muy bien, con dos… Piensa y actúa de una determinada manera, no se esconde y eso merece, cuando menos respeto.
La cruz de la misma moneda es su compañera de partido Anna Gabriel se ha largado a Suiza para no presentarse ante el juez. Eso sí, se ha hecho un new look, por si ha de pedir asilo político, no vaya a ser que con las pintas que llevaba se lo denieguen. Su actitud cobarde y mezquina se comenta sola y no merece la pena que perdamos más el tiempo con personajes de esa catadura moral.
Ahora bien, quien merece un tratamiento especial es Artur Mas. Él que fue quien empezó todo este jaleo, después de declarar ante el juez como el resto de colegas que nada era lo que parecía, se descuelga en una entrevista radiofónica diciendo que el 27 O fue un engaño y que la declaración de la república una cosa simbólica.
            ¿Qué podemos esperar de unos políticos que no son capaces de mantener en un juzgado aquello que dijeron en público?
            En mi opinión, nada.



Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 19/03/18


13 de març 2018

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA


Dicen los expertos en economía que España ha dejado atrás la crisis económica y estamos entrando en un tiempo de bonanza y que, por tanto, es el momento de revisar el sistema de financiación autonómica. Sea cierta o no esa afirmación, la verdad es que el sistema de financiación de las comunidades autónomas necesita, con urgencia, una revisión y puesta al día que no se puede demorar más. Hospitales, colegios y dependencia, entre otros, son servicios que dependen de esa financiación en todo el territorio.
En los últimos años los gastos de las 15 autonomías de régimen común han crecido casi el doble que los recursos asignados. Las consecuencias de ese desequilibrio son evidentes: las prestaciones del Estado del bienestar se deterioran y la deuda aumenta a velocidad de vértigo. En esas circunstancias, el Estado, de un modo u otro, ha tenido que poner sobre la mesa unos 250.000 millones de euros para que el sistema no se fuera a pique, pero eso hace que las comunidades cada vez sean menos autónomas y más dependientes de Hacienda, que viene a ser lo mismo que decir dependientes del Gobierno central de turno.
Así las cosas, se hace indispensable una revisión que analice la problemática del sistema de financiación autonómico en profundidad, y que tenga en cuenta que la deuda es una tenaza y una espada de Damocles para los gobiernos autonómicos. En esta situación y puesto que las quitas ya han quedado descartadas, hay que buscar mecanismos que permitan que los entes autonómicos asuman las responsabilidades que les correspondan y sigan haciendo su trabajo sin la dependencia que ahora soportan. 
El nuevo sistema debería corregir además de la deuda, otras disfunciones tan graves como ésta. Como explica la comisión de estudio de la financiación autonómica, la proliferación de Fondos confunde y distorsiona la transparencia, lo lógico sería simplificarlos. Dicen que el ministro de Hacienda tiene previsto reducirlos (de los cinco actuales a dos). Asimismo, parece lógico, también, homogeneizar los impuestos sobre sucesiones y donaciones, a la vez que otras cuestiones como los tributos medioambientales, por ejemplo. De ese modo, se evitarían diferencias considerables en la capacidad recaudatoria de cada autonomía, en función de lo que en cada lugar se grava o deja de gravar empresas y ciudadanos, en función del consejero de hacienda de turno. Claro que eso, generaría la queja de más de un responsable de finanzas autonómico porque se entendería como un recorte en la capacidad de actuación de cada cual.
Sea como sea, lo que no debería perderse nunca de vista, es la lógica social del Estado autonómico. Desde sus orígenes se ha guiado por el principio de recaudación y, sin embargo, el sistema debería estar basado en el principio de las necesidades. Se trata de coordinar una red de servicios mínimos para todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia. En aplicación de ese principio, es obligado calcular el coste de esos servicios y garantizar su pago más allá de la recaudación esperada o real. Ese es en mi opinión el quid de la cuestión: si se consigue concretar ese principio, la reforma de la financiación autonómica será un éxito. Cualquier otra cosa, no dejará de ser un parche con fecha de caducidad.
De todas formas, la probabilidad de que el Gobierno de Rajoy consigan pactar o impulsar políticamente una reforma financiera de esta magnitud es, realmente escasa. La incapacidad de este Gobierno para articular negociaciones complejas es manifiesta. Tampoco en las sencillas o simples ha demostrado especial eficacia.
Por otra parte, es vergonzante el retraso en el comienzo de la negociación. El sistema se debía que haber revisado y renovado en 2014. La falta de criterios comunes entre los gobiernos autonómicos es otro hándicap a tener en cuenta.
Ahora bien, la cuestión de fondo, a mi entender, determinante es otra: los intereses de los dos socios potenciales del PP (Ciudadanos y PNV) son opuestos entre sí. Para los vascos eso de la financiación autonómica no va con ellos (con su concierto y su cupo, ya están servidos, y muy bien, por cierto). Por lo que respecta a Ciudadanos, no se les ve mucho entusiasmo por resolver las cuestiones de las comunidades, parece que por sus “venas corren gotas de sangre jacobina” que diría el poeta. Así las cosas, empezar a dialogar es como oír llover.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 12/03/18



09 de març 2018

BLOQUEO INSTITUCIONAL


Después de más de cuatro meses de inactividad, el pasado jueves, 1 de marzo, en el Parlament de Cataluña se celebró un pleno con el que se pretendía empezar a poner fin a la situación de excepcionalidad política que estamos viviendo en Cataluña.
Sin embargo, no parece que las fuerzas independentistas hayan aprendido la lección. Los secesionistas no progresan adecuadamente. Esta nueva sesión plenaria continúo en la línea de los últimos plenos de la legislatura anterior.
Una vez más los soberanistas hicieron caso omiso a las advertencias de los letrados de la cámara. Presentaron y aprobaron una resolución en la que se pide que cesen las “injerencias” del Gobierno y el Tribunal Constitucional. Además de reivindicarse el referéndum del 1 de octubre. En esa misma resolución se dice que las elecciones del 21-D ratificaron una “mayoría” favorable a constituir en Cataluña un estado independiente en forma de república y legitima a Carles Puigdemont a ejercer el cargo de presidente. Es decir, nuevamente se bordea la legalidad y se pone Cataluña a los pies de los caballos.
El mismo día, a última hora de la tarde, por las redes sociales se difundió un comunicado de Puigdemont, presuntamente grabado en Bruselas. Fue un discurso, con una escenificación pretendidamente institucional, agrio, lleno de rencor y amenazante contra lo que los independentistas llaman el Estado español. Encima, para complicar la cosa un poco más y seguir enganchado al pesebre, anunció que, en breve, convocaría solemnemente a todos los diputados (la pregunta aquí es obvia, ¿también a los de la oposición), y se constituiría un “consejo de la república” coordinado con el Govern, compuesto por cargos públicos y presidido por él. Por desbarrar que no quede. Sin embargo, además de mancillar el concepto de república, en ningún momento el ex president huido reconoció ni un error ni un fallo en sus acciones o decisiones, nada de nada. La culpa de todo para los otros.
Lo único positivo de su monserga fue que hizo pública su renuncia “provisional” a presidir la Generalitat. Decisión, por otra parte, esperada, incluso, por buena parte de los independentistas. También propuso, como si de una sucesión dinástica se tratase a Jordi Sánchez, número dos de la lista de JxCat, como presidenciable en su ausencia. Cosa harto difícil porque Sánchez está en prisión preventiva, y más allá de las cuestiones meramente legales de si el magistrado debe autorizar o no su salida para que tome posesión, no parece ni operativo ni recomendable que el president de una institución como la Generalitat esté privado de libertad. Además, es muy probable que, en un plazo más o menos breve, cuando se cierre el auto, el juez Pablo Llarena lo inhabilite junto a otros investigados por los mismos presuntos delitos.
Por si todo esto fuera poco, ERC no recibió nada bien la `propuesta. Los republicanos entendían que tras la renuncia de Puigdemont el nuevo candidato debería ser Oriol Junqueras.
Según el portavoz Sergi Segrià con la sugerencia de Sánchez se quiebra la argumentación del Gobierno legítimo utilizada por JxCat durante todo este tiempo. En consecuencia, le correspondería a Junqueras optar a la máxima magistratura de la Generalitat por haber sido vicepresidente con Puigdemont, cuando éste era jefe del ejecutivo.
El problema es que Junqueras está en la misma situación que Sánchez, prisión preventiva y, por tanto, si para uno la presidencia de la Generalitat es inviable, para el otro también. Quizás por eso, ERC ha echado el freno de mano y donde dijo digo, ahora dice Diego. Es decir, ahora le parece bien que el candidato sea Jordi Sánchez. Quizás porque saben que nunca será president.
Además de todo esto, la CUP reprocha a Puigdemont su retirada y anuncia que ellos no votaran a Sánchez, “por el carácter autonomista de la propuesta”, razonan los antisistema. Sorprendente, porque de llegar a producirse esa hipotética votación los independentistas no tendrían los votos necesarios. Entonces, deberían ser el propio Puigdemont y Toni Comín los que renunciaran a sus actas de diputados para, al correr la lista, que otros pudieran ejercer el derecho al voto. Todo absolutamente surrealista.
Veremos cómo evoluciona la situación en las próximas semanas. Lo más probable es que el bloqueo institucional se enquiste. Cada vez la lucha por el poder entre JxCat y ERC es más evidente. Ahora, la batalla está centrada en el control político de los medios de comunicación. Desde quien pone al director general hasta quien es el responsable de un informativo. En principio a ninguna de las dos formaciones les conviene verse de nuevo en las urnas. No obstante, tal y como están las cosas no se puede descartar nada.
Deberemos, pues, armarnos de paciencia y seguir esperando. Exactamente igual que hemos hecho hasta el momento; pero cada vez parecen más próximas unas nuevas elecciones.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 05/03/18

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...