SUSPENSIÓN SUSPENDIDA... CAUTELARMENTE

 

En los últimos días se han hecho infinidad de comentarios y escrito decenas de artículos, algunos por plumas muy autorizadas, sobre la decisión de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular cautelarmente el decreto del Govern que suspendía las elecciones al Parlament del 14 de febrero. Pese a ello, y aunque sé que corro el riesgo de ser repetitivo y poco original, quiero manifestar también mi opinión sobre el affaire.

Digan lo que digan los líderes independentistas el motivo por el cual Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, firmó el decreto que desconvocaba las elecciones, no fue tanto por los datos epidemiológicos del coronavirus, sino por la “ocurrencia” de los socialistas de colocar a Salvador Illa como cabeza de cartel de su candidatura para las elecciones autonómicas. Antes de eso, las cosas estaban claras: la victoria de ERC estaba cantada y podrían gobernar en coalición con JxCat. Incluso cabía la posibilidad de que el secesionismo superase el listón del 50% de los votos. Sin embargo, el efecto Illa ha venido a sacudir el tablero político catalán y ya son varios los sondeos que vaticinan una más que probable victoria socialista Además de un posible desplome de ERC que se quedaría como tercera fuerza, por detrás de PSC y JxCat.

Con ese horizonte tan poco halagüeño, el Govern se descolgó con un decreto para suspender las elecciones y proponiendo, de manera poco convincente, convocar más adelante para el 30 de mayo. Ante esa situación tan poco ajustada a derecho, todos los partidos de la oposición y la inmensa mayoría de juristas, no tardaron en calificar el decreto del Govern como una auténtica chapuza. Otra cosa hubiese sido un aplazamiento técnico por unas semanas, pero no más de tres meses que es lo que se pretendía desde el Palau de la plaza Sant Jaume.

Ante la inseguridad jurídica generada por la iniciativa gubernamental, dos formaciones extraparlamentarias y un particular presentaron recursos y es, a partir de ese momento, cuando la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, decide mantener de forma cautelar la fecha del 14 F para celebrar las elecciones autonómicas por “interés público” y por la necesidad de salir del bloqueo institucional. Seis de los siete magistrados que conforman el Tribunal consideran que “las medidas sanitarias actuales no limitan desplazamientos” para actividades no esenciales, por el contrario, uno de los magistrados ha manifestado su disconformidad en un voto particular. De todos modos, el Tribunal advierte que si las restricciones se intensificaran no se descarta cambiar el criterio en la sentencia definitiva que será pública, como muy tarde, el 8 de febrero.

En esa resolución se ha tenido en cuenta que “la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio activo y pasivo, o derecho de voto, cuya suspensión no está prevista en el marco estatal del estado de alarma”.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, el ordenamiento jurídico español no contempla ningún supuesto en que se pueda cambiar la fecha de celebración de las elecciones fijada en el decreto disolución/convocatoria. Esa capacidad no la tiene ni el presidente del Gobierno, ni el de la Comunidad Autónoma, ni el Poder Judicial. Además, hay que recordar aquí que tras la destitución del anterior president, Quim Torra, se dejaron transcurrir los plazos legales sin que se presentase ningún candidato, por lo que los comicios quedaron convocados automáticamente el 21 de diciembre.

Es cierto que esta normativa no se tuvo en cuenta ni en Galicia ni en el País Vasco. No obstante, para clarificar las cosas conviene subrayar un par de cuestiones: cuando en esas CC.AA se pospusieron esas elecciones estábamos confinados, algo que no ocurre ahora y, sobre todo, nadie interpuso un recurso contra los presuntos decretos ilegales que las posponían, algo que sí ha ocurrido ahora en Cataluña.

Ante el serio correctivo que han aplicado los tribunales al Govern, los líderes independentistas han recuperado la retórica victimista. Para variar han vuelto a hablar de un nuevo 155, esta vez encubierto. Sin embargo, lo que ellos han tumbado, en realidad, ha sido el artículo 67.7 del Estatut y el 4.6 de la Ley de la presidencia de la Generalitat que son las normas que regulan los procesos electorales en Cataluña.

Ante tanto desbarajuste y, aunque pueda parecer un tópico, más que nunca necesitamos votar. Estamos llegando a un punto en el que la situación empieza a ser insostenible. Cataluña está en caída libre. Se ha roto la cohesión social, la sociedad está dividida en dos mitades y hemos perdido la autoestima. La economía es un desastre, Madrid nos ha superado ya en aportación al PIB y de seguir así pronto nos superará Valencia. El país funciona por inercia, pero eso no puede durar de manera indefinida, cualquier día el motor se gripará y si eso sucede la reparación será muy larga y muy costosa.

En estas circunstancias, tan solo un proceso electoral impecable del que todos acepten democráticamente los resultados, puede servir para empezar a salir del agujero en el que la irresponsabilidad de algunos nos ha situado. Por eso, lanzar globos sonda apuntando que de celebrase las elecciones el 14 F, existe un serio riesgo para la salud de los ciudadanos y, a la vez, insinuar que si la participación es escasa y los resultados no son los que el independentismo espera, pueden quedar deslegitimados, es una mezquindad.

Mucho más si se hace desde los medios públicos y encima que sean personajes de prestigio social y/o profesional los que lancen los mensajes. Y es que de vilezas, mezquindades, canalladas y manipulaciones estamos hasta más arriba.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 25/01/2021

MIEDO A LAS URNAS

 

¡Cómo cambian las cosas! “President posi les urnes” pedía, en 2014,  la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, instando de esa manera a Artur Mas a convocar un simulacro de referéndum, que terminó llevándose a cabo el 9 de noviembre. Después, en 2017, hizo fortuna un eslogan que decía, “votar es normal en un país normal” y que pretendía espolear a la ciudadanía para que fuera a votar en otro amago de referéndum sin los mínimos estándares democráticos porque por no tener, no tenía ni censo; me estoy refiriendo a la parodia del 1 de octubre de 2017. Sin embargo ahora, los miembros del Govern no lo ven igual. Parece que las urnas les producen urticaria.

Pronto se cumplirá un año desde que Quim Torra anunció que la legislatura estaba agotada por la falta de confianza entre los miembros del Ejecutivo y en cuanto se aprobaran los presupuestos para 2020 se convocarían elecciones. Desde entonces, en Cataluña se vive con una sensación de interinidad política permanente. La cicatería y las añagazas, para prolongar artificialmente la legislatura, han sido incontables, hasta que la situación se convirtió en insostenible y se convocaron las elecciones al Parlament de forma automática. Fue el 21 de diciembre, tras la inhabilitación de Quim Torra y cumplirse los plazos establecidos legalmente sin que surgiera ningún candidato a presidir la Generalitat.

Entonces, el Govern constituyó un grupo de expertos para que asesorara en función de cómo iba evolucionando la pandemia para poder garantizar al máximo la seguridad el día de la votación.  Además, el Ejecutivo catalán se comprometió a consensuar con la mesa de partidos, con representación parlamentaria, creada al efecto, la celebración de los comicios.

En ese contexto, y ante el debate creado sobre si se podía votar o no, el 14 de febrero, el responsable en Cataluña de los procesos electorales, Ismael Peña-López, días atrás, lanzó un mensaje en twitter en el que aseguraba que se dan las condiciones para para celebrar elecciones el 14-F, otra cosa es “si se quiere”, decía textualmente.

Por otra parte, la desfachatez de los medios públicos de comunicación catalanes, y de los subvencionados por la Generalitat, se ha puesto de nuevo de manifiesto. Desde unos días antes que se reuniera la mesa de partidos para tomar una decisión sobre si se debían suspender o no las elecciones, empezaron a difundir mensajes advirtiendo del supuesto alto riesgo que supondría ir a votar el 14 F. Se trataba de ir creando el caldo de cultivo adecuado.

Ciertamente curioso. Es un peligro ir a votar y, sin embargo, no lo es ir a trabajar, encerrarse en el transporte público, a veces como sardinas en lata, hacer la compra o mandar a los niños a esquiar, como planea el Govern. Y para echar un poco más de leña al fuego, en opinión del secretario de salud Pública, Josep María Argimón, “hacer las elecciones no es el mejor escenario” (?), ¿pero este señor no sabe o nadie le ha dicho que desempeña un cargo técnico y no debe hacer manifestaciones políticas? Vaya nivelazo tenemos.

Tampoco ha sido muy edificante la actitud de las formaciones políticas que no están en el Govern. Ahí se ha puesto de manifiesto que cada cual va a la suya, sin tener en cuenta el interés general. A Podemos, PP y Ciudadanos ya les va bien que de momento no haya elecciones, y la CUP espera recoger votos del desgaste que puede sufrir ERC. Por lo tanto, bienvenido sea el aplazamiento. Cuando menos el PSC ha tenido la gallardía política de defender lo que se había acordado entre todos; y en su defecto planteó la alternativa de que las elecciones se celebrasen antes de Semana Santa, algo que tampoco fue aceptado. En cambio, si se podrán celebrar las elecciones del Barça, el 7 de marzo (?)

No entraré en el galimatías jurídico que conlleva la suspensión de los comicios (que eso es lo que dice el Decreto Ley que se ha publicado en el DOGC), lo que sí me parece obvio es que esa decisión tiene muy poco que ver con motivos epidemiológicos, y mucho con el tacticismo electoral. En opinión de diversos juristas consultados la legalidad de esa decisión, firmada por el vicepesident y president en funciones, Pere Aragonés es bastante cuestionable. Además quedan en el aire cuestiones como la necesidad de un nuevo censo, que los partidos puedan modificar sus candidaturas o la recogida de avales de las formaciones que se presentan por primera vez. Temas que ante el vacío legal existente deberá ser el Tribunal superior de Justicia de Cataluña o la Junta Electoral Central quien determine que se puede hacer y qué no.  Tampoco está claro si Pere Aragonés tiene las atribuciones legales necesarias para convocar nuevos comicios.

Llegados a este punto se me ocurren algunas cuestiones que no puedo dejar de reflejar aquí, por ejemplo: ¿Se puede garantizar que a finales de mayo tendremos la pandemia bajo control? Y si no es así, ¿se podrán volver a posponer los comicios y fijar otra fecha? ¿No se crea un peligroso precedente con este aplazamiento? Y quizás la pregunta menos inocente de todas, ¿Tiene algo que ver con este decisión la nominación de Salvador Illa como cabeza de cartel de los socialistas? Me gustaría que alguien con conocimiento de causa diera respuestas argumentadas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíices 18/01/2021

 

PIEDRAS DE PAPEL

 

Las noticias que llegan de EE.UU, en el final del mandato presidencial de Donald Trump, por un lado y la incerteza que genera la situación pandémica de la Covuid-19, por otro, hacen que vivamos momentos de fuerte convulsión política y social. En este contexto, me parece oportuno hacer una reflexión sobre el recorrido que, como sociedad en términos políticos, hemos hecho hasta ahora, y el que desde ahora deberíamos hacer.

En sus orígenes la izquierda despreció la democracia liberal, pues entendía que era el instrumento mediante el cual la burguesía se había librado del absolutismo y utilizaba para explotar a la clase trabajadora. De ahí que, en el caso concreto de España, la izquierda no quisiera repúblicas burguesas, sino revoluciones obreras que instauraran dictaduras proletarias; es decir, despojar a capitalistas y burgueses de los medios de producción y ponerlos en manos da la clase trabajadora. Sin embargo, en algún momento del trayecto, algunos comprendieron que si la democracia proporcionaba el gobierno y la clase obrera era más numerosa que las clases acomodadas, las urnas podían generar la revolución, porque podrían ser el aliado para conseguir el poder. De ahí que el politólogo, Adam Pizeworski, nacido en Varsovia en 1.940, acuñara el concepto “piedras de papel”.

Simplificando mucho, podemos decir que, la socialdemocracia es una síntesis entre capital y trabajo: redistribuir la renta y generar oportunidades en un marco político y económico de carácter liberal. Los socialdemócratas ganaban elecciones, pero a cambio tenían que aceptar la economía de mercado y el sistema de derechos de propiedad, consustancial a la democracia liberal, algo que hoy todavía divide a la izquierda.

A pesar del tiempo transcurrido, el núcleo duro del proyecto político socialdemócrata no ha sufrido variaciones sustanciales, como tampoco lo ha hecho su posición en el tablero político. A la derecha están los que creen en el mercado y no en el Estado, porque en su opinión el primero redistribuye de forma más eficaz. Por lo tanto, no tienen problema con la desigualdad puesto que para ellos es algo que hay que aceptar como natural. Por eso, piensan que el Estado de bienestar es un anacronismo a desmantelar para favorecer la competitividad. Para conservadores y liberales no solo hay que adelgazar el Estado tanto como sea posible, sino que hay que limitar los derechos sociales y aligerar el concepto mismo de democracia, esto es: sustraer de la acción política áreas cada vez más amplias e importantes, como la política monetaria o la fiscal y ponerlas en manos de tecnócratas, en teoría, lejos del mundo de los políticos, de esa forma se reduciría el poder transformador de las “piedras de papel”.

Al otro lado de la socialdemocracia se siguen situando los que piensan que la libertad de mercado es incompatible con el progreso social. La crisis financiera de 2008 revigorizó a la vieja izquierda que, aunque ha reaparecido con novedosas herramientas de comunicación, no ha dejado de plantear las recetas trasnochadas de siempre: nacionalización de sectores estratégicos, redistribución desligada de la producción y, en muchos casos, aislamiento económico internacional. Sin explicitarlo claramente, consideran necesario desmantelar el orden político y económico liberal que conciben como algo perverso y el origen de todos los males que nos afectan.

Pues bien, entre esas dos fuerzas antagónicas sigue estando la socialdemocracia. Pese a los cambios y evolución a lo largo del tiempo, el proyecto socialdemócrata continúa convocando a los que aspiran a la igualdad sin renunciar a la libertad y a todo aquellos que después de los desastres socio-políticos del siglo XX y principios del XXI, se han convencido de que la economía de mercado es imprescindible para generar riqueza y poder redistribuir.

Ante esta situación, se hace difícil entender las dificultades electorales que desde hace un par de décadas viene cosechando la socialdemocracia. Para algunos la explicación está en que los mercados han sabido burlar la regulación que los socialdemócratas quisieron imponer en la segunda mitad del siglo pasado. En cambio otros apuntan que la socialdemocracia ha muerto de éxito al lograr, mediante una mezcla de liberalismo económico y políticas sociales, convertir a una parte sustancial de aquellos trabajadores desposeídos que eran su base electoral en las nuevas clases medias proletarias que han evolucionado hacia el conservadurismo.

Por otra parte, los movimientos rupturistas han alcanzado buenas dosis de adeptos, aunque se ha demostrado que no tienen soluciones, es el caso de Donald Trump, ya en caída libre, pero no el trumpismo al que aún le queda un largo recorrido. Lo mismo se podría decir de movimientos nacional-populistas que anidan entre nosotros.

Muchos, entre los que me incluyo, pensábamos que con el crack de 2008 había llegado el momento de la socialdemocracia. No fue así.  No obstante, en un mundo cada vez más interdependiente, solo un proyecto modernizador y reformista puede dar respuesta, en sociedades avanzadas y complejas a los múltiples problemas que tenemos planteados.

Pero para que eso sea posible, es necesario que esgrimamos argumentos serios y hagamos diagnósticos rigurosos de cada situación, evitando eslóganes fáciles que pueden confundirse con populistas. Las propuestas reformistas acabarán abriéndose paso si se hace de manera seria y responsable. Al final, la lógica y el sentido común siempre acaban imponiéndose.  

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/01/2021

A FUEGO LENTO

 

La noticia saltó a media mañana del penúltimo día de 2020: Miquel Iceta anunciaba que daba un paso al lado y cedía su sitio, como candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, a Salvador Illa, secretario de organización de los socialistas catalanes y ministro de Sanidad del Gobierno de España.  La buena proyección mediática del ministro hace creíble que los socialistas puedan dar el sorpasso al secesionismo el próximo 14-F.

Hacía meses que en los conciliábulos políticos barceloneses se especulaba con esa posibilidad, pero nada consistente se había filtrado desde la sala de máquinas del PSC. Más bien al contrario. A principios de otoño el propio Iceta quiso acabar con las especulaciones y en una entrevista en TV3 afirmó, con rotundidad, que él sería el candidato. No obstante, días antes de Navidad corrió el rumor de que Miquel Iceta convocaría a la prensa para anunciar “algo importante”. Blanco y en botella. Sin embargo, llegaron las Fiestas, nos comimos los turrones y descorchamos el cava sin novedades.

Miquel Iceta es un político de largo recorrido. Empezó su militancia, muy joven, en el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván. Cuando esa organización fue absorbida por el PSOE Iceta pasó al PSC. A partir de ahí inició una importante carrera que llegó a su punto álgido con el acceso a la primer secretaría del socialismo catalán en julio de 2014. Justo cuando el derecho a decidir estaba en plena efervescencia y el PSC pasaba por uno de sus peores momentos desde su fundación en 1978. Entonces Iceta mostró su talla de dirigente, con templanza, paciencia y mucha mano izquierda el socialismo catalán poco a poco fue remontando la situación, aunque desde el mundo nacionalista se daba a los socialistas por amortizados.  Es evidente que, si en aquellos días aciagos el PSC hubiera sucumbido, hoy Pedro Sánchez difícilmente estaría en la Moncloa.

Para relanzar el partido Iceta contó, desde 2016, con Salvador Illa que asumió la secretaría de organización. Un semidesconocido que demostró una capacidad de trabajo y de llegar a acuerdos fuera de lo común. Vertebrador de las negociaciones con ERC para que estos apoyaran la investidura de Sánchez, artífice del acuerdo entre JxCat y el PSC para que Nuria Marín presidiera la Diputación de Barcelona; de la misma manera que puso su grano de arena para llegar a pactar con En Comú Podem y hacer un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Barcelona, desplazando así a ERC de la gobernanza de la ciudad.

Miquel Iceta es un político sólido y de considerable prestigio, tanto en el ámbito interno del PSC como en la calle Ferraz de Madrid y por extensión en el palacio de la Moncloa. Pese a todo, las encuestas, desde principios de verano, venían diciendo que, aunque el ascenso de los socialistas, con Iceta a la cabeza sería considerable el 14 de febrero, no sería suficiente para arrebatar la hegemonía al independentismo. Sin embargo, con Salvador Illa al frente, las posibilidades de obtener un gran resultado eran mayores e incluso se podría ganar en votos a ERC. 

Por eso, este cambio de candidato se ha cocinado a fuego lento. Es la consecuencia de un largo proceso de reflexión. El pasado mes de noviembre, en pleno pico de la pandemia, Pedro Sánchez y Miquel Iceta se reunieron en la Moncloa y rubricaron el cambio, a la vez que acordaban no hacerlo público hasta el 30 de diciembre, día límite para confirmar la candidatura en el Consell Nacional del PSC (máximo órgano entre congresos).

Desde luego la apuesta es arriesgada, a la oposición le ha faltado tiempo para salir en tromba a criticar la maniobra. Los que hace cuatro días pedían su dimisión ahora consideran una irresponsabilidad que el ministro de Sanidad deje el cargo. Olvidan que ese es un trabajo de equipo, con la hoja de ruta trazada, de coordinación y también de lealtad institucional. Lealtad institucional, algo que en algunas comunidades autónomas han demostrado no saber lo que es.

En opinión de Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de JxCat, “con este movimiento el PSC pone de manifiesto su anti catalanismo”. Y para Laura Borras, “esto nos confirma que el PSC sigue siendo el PSOE”, (sic).

El hecho cierto es que la maniobra ha supuesto una fuerte sacudida en la tablero de la política catalana y, seguramente, en el de la española a medio plazo. Días atrás parecía que todo estaba decidido y solo faltaba saber por cuan iban a ganar los independentistas. En cambio ahora todo está abierto y es posible que el encaje de bolillos tenga que volver a funcionar.

Lo acertado o no de esta estrategia lo sabremos el 14 de febrero a partir de las ocho de la noche. No obstante, ya podemos ir extrayendo unas cuantas consecuencias, primera, Iceta ha sabido apartarse cuando lo más fácil e, incluso humano, hubiera sido mantenerse contra viento y marea. Segunda, el PSC, recupera la ambición autonómica y va a por todas. Tercera, los adversarios se han puesto nerviosos, la prueba evidente es que, tanto los de aquí como los de allí han salido a criticar en aluvión, algunos con auténticas boutades (tradúzcase por tonterías). Cuarta y, quizás, la de mayor calado político, con el soporte inequívoco de Sánchez a esta iniciativa se pone de manifiesto que se quiere recuperar el terreno de la política para solucionar el problema entre Cataluña y el resto de España.

En fin, podría esgrimir alguna razón más del acierto de este cambio, pero se me acaba el espacio y las expuestas me parecen bastante razonables.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 04/01/2021