26 de desembre 2015

SUDOKU POLÍTICO

Pese al varapalo recibido por el PP en las elecciones generales del pasado domingo -se han dejado en el envite 63 escaños-, hay que felicitar a los populares porque en esos comicios han sido la fuerza más votada. Una victoria amarga, ciertamente.
En  los sistemas de representación proporcional como el que rige en nuestro país, es normal que los partidos exploren combinaciones distintas para formar una mayoría parlamentaria suficiente que dé soporte a un ejecutivo.  Y aunque Mariano Rajoy ha dicho que intentará formar un gobierno estable, cosa absolutamente legítima, lo más probable es que tenga que desalojar la Moncloa y el PP pase a la oposición.
Tampoco le ha ido demasiado bien al PSOE. Los socialistas no han sabido aprovechar el desgaste de los populares y han perdido  una veintena de diputados. En estas circunstancias, deberían realizar una reflexión serena pero profunda y decidir cómo afrontan el futuro que se presenta, cuando menos, complicado.
Sin embargo, las formaciones emergentes, Podemos y Ciudadanos han irrumpido con fuerza y han mordido espacio a los partidos tradicionales. El bipartidismo pasa a mejor vida, y en nuestro país se abren unas expectativas políticas inéditas hasta la fecha. El cuatripartidismo ya es un hecho en España.  Con esos resultados sobre la mesa formar gobierno puede resultar harto complicado.
Los comicios del pasado 20 D dejan un auténtico sudoku político para resolver y entramos en una etapa de difícil gobernabilidad. Por consiguiente, las negociaciones serán duras, largas y complejas. Los protagonistas políticos deberán mostrar sus habilidades y capacidad para llegar a acuerdos. En estas circunstancias, no estaría de más recuperar el mejor espíritu pactista de la Transición y llevar a cabo una reedición actualizada de los pactos de la Moncloa.
Si al fin se logra un acuerdo, el gobierno resultante del proceso negociador ha de ser consciente de que debe jugar un papel galvanizador, puesto que se encontrará con 3 grandes cuestiones a resolver: regeneración democrática, Estado del bienestar y encaje territorial. Temas que van a marcar la agenda política de los próximos años. Su complejidad y magnitud va a requerir algo más que una simple mayoría parlamentaria para salir adelante.

De todos modos, si el posicionamiento de los diversos partidos resultase irreconciliable, no hay que descartar nuevas elecciones. Al fin y al cabo, la política es el arte de lo posible y gobernar con este panorama puede resultar imposible.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 23/12/15

14 de desembre 2015

EMERGENTES EN ASCENSO

Según indican todos los sondéos, las elecciones generales del próximo 20 de diciembre pondrán fin al bipartidismo imperfecto que ha regido nuestro sistema electoral hasta el momento. El mapa político de nuestro país está más fragmentado que nunca.  Además, y según una reciente encuesta del CIS, los indecisos superan el 40% del total del censo; por tanto, todo es posible.
Las formaciones políticas emergentes han irrumpido con fuerza y están comiendo terreno a los partidos tradicionales. Si las encuestas no erran vamos camino del cuatripartidismo. De confirmarse estas predicciones, formar gobierno a partir del 21 D, sin una mayoría propia en el Congreso, puede resultar harto complicado.
Fue Podemos quien con unos resultados inesperados en la elecciones europeas abrió la caja de Pandora de nuestro mapa electoral. Después, tras  los comicios de Andalucía y las municipales de mayo, el balance estuvo  bastante por debajo de lo esperado. Eso,  sumado a alguna rebelión interna y otras yerbas, ha hecho que la formación de Pablo Iglesias trastabille  un poco.
Sin embargo, Ciudadanos, la formación de Albert Rivera que nació hace 10 años como una plataforma cívica, desde las autonómicas andaluzas  está subiendo como la espuma y, a día de hoy, se codea en las encuestas con PP y PSOE.  Mientras, Podemos, siempre según los mismos sondeos, está quedando algo por descolgado.
Con ese panorama de fondo, en nuestro país se abren unas perspectivas políticas inéditas hasta la fecha. El dialogo, la negociación y el pacto, serán más necesarios que nunca, primero para escoger un presidente que forme gobierno y después  para lograr la imprescindible estabilidad parlamentaria con la que llevar a cabo las ineludibles reformas que hay que acometer para no quedar varados en una cuneta de la historia.
Sea del color que sea el gobierno que el próximo 20 D salga de las urnas, deberá afrontar con prontitud y decisión las tres grandes cuestiones que hay sobre la mesa: regeneración democrática, Estado del bienestar y problema territorial. A buen seguro que esos serán los ejes que vertebren la política española en los próximos años.
Resulta absolutamente imprescindible llevar a cabo una regeneración democrática que no sea tan solo un cambio de nombres y caras. Hace falta un cambio de talante que acerque la política a los ciudadanos y que ésta sea comprensible para ellos. Asimismo, es preciso luchar decididamente contra la corrupción y ser implacables con aquellos que utilizan situaciones de privilegio para realizar trapacerías.
En segundo lugar, pero no por eso menos importante, es necesario recuperar el Estado del bienestar que se ha desballestado utilizando la crisis económica como pretexto. Además se deberá ampliar y consolidar. La ciudadanía espera acciones concretas que disminuyan la precarización del mercado laboral, que se creen puestos de trabajo, que la sanidad y la educación sean unos servicios públicos de calidad y que se dote a la dependencia de  recursos suficientes, entre otras muchas cuestiones. De la misma forma que espera que se afronte, de una vez,  una reforma tributaria que sea equitativa.
Por otra parte, no se puede demorar por más tiempo la reforma del Estado de las autonomías. Soy de la opinión que el camino en este ámbito es una reforma federal de la Constitución. Quizás para muchos ciudadanos  este no sea el problema más acuciante y no les faltará razón, pero si es consustancial para un parte importante de la población que espera respuestas, especialmente en Cataluña, Euskadi  y otros lugares del Estado, Ignorarlo sin más, pienso que es un error que más pronto que tarde pagaremos todos.
Es posible que a partir del 21D entremos en una etapa de mayor zozobra parlamentaria. De ser así, la gobernabilidad será más difícil. Tal vez vamos a una etapa de menor estabilidad. Eso obligará a  dialogar, negociar y pactar. Al fin y al cabo, esa es una de las esencias de la democracia.  Y el acuerdo siempre es preferible a la imposición.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 12/12/15

04 de desembre 2015

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

En breve se cumplirá el trigésimo séptimo aniversario de la aprobación de la Constitución vigente en España. Esa Carta Magna, como toda obra humana, tiene luces y sombras y sin duda es perfectible. Ahora bien, no podemos olvidar que, primero, fue el instrumento que nos permitió, como pueblo, pasar de una dictadura a una democracia y, después, ha sido el eje vertebrador que ha hecho posible la etapa más prolongada de paz y progreso en nuestro país.
Aunque la Transición acabó hace muchos años, su legado sigue vivo. No obstante, de un tiempo para acá, se ha puesto de moda en algunos círculos de opinión criticar y minusvalorar tanto esa Ley de Leyes como las consecuencias que se han derivado de su vigencia.  Por eso, cuando leo u oigo  ciertos comentarios denostando nuestra norma máxima de convivencia, me pregunto dónde andarían esos agoreros aquella noche gélida de enero cuando asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha o qué hicieron la noche de los transistores (noche del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando se produjo el fallido intento de golpe de Estado). Ciertamente, ahora es fácil criticar, pero la realidad de entonces no era nada halagüeña.
Es verdad que la España de 1978 poco o nada tiene que ver con la de 2015. Ciertamente, eso no es atribuible a la Constitución; ahora bien, es innegable que esa transformación se ha producido dentro del marco constitucional.
De hecho, nuestra Constitución, en buena medida, es la consecuencia de un pacto entre diferentes. Un acuerdo al que llegaron los representantes de la entonces vieja política: los franquistas, y los representantes de la nueva: los demócratas.
El hispanista Paul Preston sostiene que nuestra Constitución “fue la mejor posible en aquellas circunstancias y aunque no fue modélica  ni perfecta. si fue posibilista”. Realmente, en la Transición se cometieron muchos errores, pero no deberíamos olvidar que a la muerte de Franco las fuerzas armadas estaban preparadas para perseguir al enemigo interior y no al exterior.  En aquel contexto, el cometido que se esperaba del nuevo monarca era perpetuar la dictadura. Bien es verdad que ésta, en algunos aspectos, se había suavizado, pero seguía fusilando,  baste recordar las ejecuciones de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador. En consecuencia había miedo.
 A priori desde la izquierda nadie se fiaba de Juan Carlos. Corrían infinidad de chistes y chascarrillos poniendo en tela de juicio su capacidad. Entre todos ellos, tuvo especial éxito el del sobrenombre de Juan Carlos “el breve”, por lo poco que se preveía que durara al frente de la jefatura del Estado. Sin embargo, con habilidad y mano izquierda, logró sujetar a las fuerzas franquistas, nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno y se trenzó un proyecto para cambiar las leyes fundamentales del régimen sin romper su juramento. De esa forma, salimos de una dictadura para ir a unas elecciones libres y establecer un sistema democrático sin grandes algaradas y perfectamente homologable.  Eso es un logro que se debe reconocer.
Para analizar con justicia lo sucedido en aquella época de nuestra historia, debemos conocer el contexto en el que los actores de entonces debían desenvolverse. Es verdad que había entusiasmo por consolidar las libertades, pero también había miedo porque se pudieran reproducir enfrentamientos civiles como sucedió en le pasado. El terrorismo mataba un día tras otro. Las condiciones económicas y sociales no daban pie a la esperanza: una inflación del 19,8%, aunque con algo menos de paro que ahora, pero, también, con menos coberturas y prestaciones y una renta per cápita anual que no llegaba ni a una cuarta parte de la actual.     
Tengo la convicción de que la mayoría de los que participaron en el debate para redactar una Constitución, tenían más en la cabeza la construcción de un Estado que la construcción de una nación. Estado democrático y valores correspondientes: libertad, democracia, garantía de derechos y justicia. Esos fueron los objetivos que hubieran podido, perfectamente, figurar en el frontispicio de los numerosos espacios que acogieron debates sobre el particular.
En aquel entonces, lo nacional no tenía demasiado predicamento, solía asociarse al Movimiento; quizás a excepción de algún círculo nacionalista en Euskadi o Cataluña, la identidad nacional era algo no marginal, pero sí secundario. Por eso, los términos identidad nacional y autonomía no supusieron ningún obstáculo insalvable ni en la ponencia ni en la comisión constitucional. Más bien los recelos llegaron desde fuera, pero no pasaron a mayores y se pudieron mantener los objetivos.
Es verdad que en estos ya treinta y siete años de vigencia de nuestra Carta Magna han sucedido muchas cosas, la sociedad ha evolucionado y se precisan cambios. Pero hemos de ser conscientes de que España tiene un ADN dramático y transcendental. Por eso, los cambios que en otros lugares se ven como naturales y normales, aquí no lo son.
La crisis económica, la corrupción y el inmovilismo han resultado letales para el interés general.  Se ha roto la cohesión social, así como la política y la territorial. Estamos viviendo una etapa en la que los ciudadanos han perdido buena parte de la confianza que habían depositado en la política y las instituciones. Y eso sucede porque en conjunto no se ha administrado de la mejor forma posible el legado de los constituyentes.
De todos modos, el problema más grave que tenemos hoy en día es el territorial. Un asunto que se arrastra desde hace 150 años. Y en los 3 últimos años ese problema se ha reproducido de forma sustancial en Cataluña.
En consecuencia, la reforma de la Constitución ya no puede esperar más. Una reforma integradora, que no un proceso constituyente, como proponen algunos con pasmosa ligereza, a la vez que descalifican lo que ellos llaman el “régimen de 78”. Parece más razonable explorar seriamente una reforma federal, el refuerzo de la protección de los derechos sociales, reformas en el proceso electoral y hacer del Senado una auténtica Cámara territorial, suprimiendo de ese modo, su inútil cometido de Cámara de segunda lectura.
Si de verdad se quiere dar una solución duradera al problema  territorial, hay que buscar un cauce para los ciudadanos de Cataluña que rechazan la ruptura que proponen los independentistas, pero tampoco están de acuerdo con el statu quo.
En este contexto, sería muy positivo el reconocimiento de la singularidad nacional catalana, sin que ello signifique privilegio alguno. Así como claridad y simplificación competencial, capacidad normativa fiscal y respeto al principio de ordinalidad, son algunas de las cuestiones que de manera inexcusable debería  recoger esa reforma constitucional.
En cualquier caso, conviene saber que reformar la Constitución no es la panacea para todos los males. Ahora bien, es la mejor manera de desmontar los argumentos de los mangurrinos  que pretenden desmantelarlo todo y, a la vez, la mejor forma de regenerar la democracia. Desde luego, no es poco, pero vale la pena intentarlo.

Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 03/12/15