LUCES LARGAS PARA NEGOCIAR

A Pedro Sánchez se le podrán criticar muchas cosas, pero nadie puede negar que, para arreglar el conflicto catalán, le está poniendo ganas.

Dice el adagio popular que hay que “hacer de la necesidad virtud” y es posible que el presidente del Gobierno, vista la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 10 N, tome iniciativas que en otras circunstancias no tomaría, pero es que “la política es el arte de lo posible”, apunta otro conocido refrán.

En ese estado de cosas hay que enmarcar la reunión que tendrán en breve Sánchez y Torra, ahora en el aire por la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar como diputado al segundo hasta que haya una sentencia firme sobre su posible inhabilitación.

Con el mismo objetivo, el Gobierno está preparando una amplia reforma el Código Penal en la que se piensa incluir una revisión de los delitos de rebelión y sedición que podría comportar una rebaja en las penas de esos delitos. A nadie se le escapa que ese eventual cambio en la legislación podría beneficiar a los condenados por el procés. Comprendo que sea una iniciativa que levante rechazo, pero nadie debería rasgarse las vestiduras porque cuando hay un problema hay que darle solución, y cuando se negocia todas las partes deben ceder.

Ante esta situación, a los que no lo tienen claro les pregunto: la solución para solventar el problema entre Cataluña y el resto de España, ¿Cuál es? ¿mano dura? ¿meter más gente en la cárcel? Sinceramente, yo creo que no. En mi opinión sólo con diálogo, negociación y pacto se podrá llegar a una solución válida para un par de generaciones.

Y mucho me parece que esa es la idea que han interiorizado algunas de las cabezas pensantes de La Moncloa, no sé si todas.

Desde luego no será fácil. Habrá que sentarse a dialogar con los mismos que se negaron a hacerlo en septiembre de 2017 en el Parlament de Cataluña y con los que de forma chulesca han dicho “ho tornarem a fer” (“lo volveremos a hacer”).

Por eso, los negociadores harán bien en poner las luces largas y no atender a los cantos de sirena que reclamarán inmediatez y contundencia. Entre la España no democrática de Vox, sus palmeros y el Estado desintegrado que quieren los hiperventilados del independentismo, hay una zona intermedia, más templada y nada radical en la que se ubica una mayoría de la sociedad de aquí y de allí, que lo que quiere, en definitiva, es un proyecto de vida con expectativas francas de mejora para ellos y los que nos han de suceder. Y para eso es necesario un entorno sociopolítico fiable que sólo es posible desde unas instituciones sólidas con unos gobernantes volcados en lograr mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía y no entretenidos con bagatelas tan quiméricas como absurdas.

Con este panorama de fondo, sería deseable que todo el mundo, incluidos los secesionistas, optase por la moderación. Declaraciones como las del vicepresidente Pere Aragonés diciendo que en la reunión de Sánchez y Torra se hablará de independencia no ayudan en nada y son una provocación. Los máximos mandatarios hablarán de lo que consideren oportuno, pero Aragonés no es quién para hacer el orden del día,

Sobre la base de reforzar el gobierno autonómico dentro de la Constitución, suavizar las condenas de los presos, mediante un indulto o reformado el código penal, y, finalmente, redactando y votando un nuevo Estatuto, hay un gran camino a recorrer que nos puede devolver a los mejores estadios de convivencia, fraternidad y solidaridad por los que ya habíamos transitado antes de que unos visionarios patéticos y unos políticos ciegos y sordos lo echaran todo a rodar.

Por principio, me niego a aceptar como válida la sentencia que lanzó José Ortega y Gasset desde la tribuna del Congreso en el debate sobre el Estatuto de Cataluña el 13 de mayo de 1932, cuando dijo:” … el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar …”

Con todo el respeto y aunque contradiciendo al gran pensador Ortega y Gasset, creo, firmemente, que el acuerdo es posible.

Ahora, si quieren, llámenme ingenuo.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/01/20

PENSIONES PÚBLICAS, SOSTENIBLES Y SUFICIENTES

El nuevo Gobierno de España ya ha empezado a funcionar. En el primer Consejo de Ministros aprobó una medida de fuerte impacto: revalorizar las pensiones un 0,9%, conforme al IPC, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Eso, para algunos, puede ser una iniciativa publicitaria. Quizás. Pero es, sobre todo, una declaración de intenciones.

No por casualidad Pedro Sánchez ha creado un nuevo ministerio que se denominará de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Al frente del mismo ha colocado a José Luís Escrivá, hasta el momento, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El mandato que ha recibido Escrivá es claro: planificar un sistema público de pensiones sostenible que asegure las finanzas de la Seguridad Social y la prepare para para cuando empiece a jubilarse la generación del baby boom, algo que empezará a ocurrir en 2022. En la actualidad el déficit de la Seguridad Social supera los 18.000 millones de euros y lo peor, va en aumento.

Con este panorama tan poco halagüeño José Luís Escrivá deberá empezar a tomar decisiones sin demasiado margen de maniobra. En estas circunstancias, y ante la necesidad urgente de dinero para no hacer más grande el agujero financiero de la Seguridad Social, es previsible que recurra a subir algunas cotizaciones y, sobre todo, a crear algún impuesto que ayude a pagar los casi diez millones de pensiones que se deben sufragar cada mes en este país. También parece lógico que plantee alargar la edad de jubilación y busque mecanismos para hacer más difíciles las jubilaciones anticipadas.

Desde principios de los años noventa todos los servicios de estudios de las entidades financieras y de previsión, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a elaborar informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta las medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, en 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”, dijeron. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en pocos años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y, hasta la fecha no se ha cumplido ninguno de aquellos pronósticos. Algo bastante lógico porque no se tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes.

De todas maneras, la auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se presenta la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del Estado. Ese divorcio solo se puede entender desde una concepción muy neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al Estado sino una responsabilidad consustancial de éste. El Pacto de Toledo llevó a cabo una segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no contributivas, pasaban a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedaban confinadas en el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de “exclusivamente”, pero la verdad es que, en la práctica, tal matización se ha olvidado y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación resulta en extremo vulnerable.

De todas formas, hemos llegado a esta situación de emergencia en las cuentas de la Seguridad Social por la falta de previsión y desidia de los gobiernos.

En la etapa de José Luís Rodríguez Zapatero se hizo una reforma del sistema público de pensiones que más bien fue un apaño para salir del paso e ir tirando. Después, con Mariano Rajoy, la reforma fue más profunda, pero también mucho más lesiva para los intereses de los trabajadores. Aquella reforma se hizo pensando más en los intereses de las entidades financieras que en los de la clase trabajadora.  A mi juicio, se buscaba poner las bases para ir incentivando los planes de pensiones privados.

Ciertamente, nuestro modelo de pensiones públicas necesita algunos reajustes para ser sostenible. En cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar, pero tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para aquellos con menos recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.

En definitiva, no hay ninguna razón especial para que las pensiones se deban financiar exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Por eso, es lógico que el Estado utilice los mecanismos que tiene a su disposición para pagar una parte del sistema público de pensiones.

Al fin y a al cabo, toda la riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que, o bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones de trabajar.  O, dicho de otra manera, ha de ser la sociedad entera, y no sólo la clase trabajadora, la que sufrague a la población dependiente.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/01/20

EL EMBROLLO DE LAS BALANZAS FISCALES

Los independentistas catalanes tienen siempre preparados un puñado de temas talismán que cuidan con esmero. Uno de ellos es el peligro de extinción de la lengua, otro, el déficit fiscal. Éstos dos son de los más utilizados, aunque no los únicos. Cuando consideran que la moral de la tropa flaquea, echan mano de cualquiera de esas cuestiones y así estimulan el fervor de sus parroquianos.

Eso es lo que, una vez más, ha vuelto a suceder. El Govern de Quim Torra ha vuelto a poner en el candelero el déficit fiscal que según los secesionistas padece Cataluña, frente al pérfido Estado español, y es el origen, según su criterio, de todos los males.

Desde luego, el tema es complicado y la cuestión viene de lejos. El “España nos roba”, ha generado, a lo largo del tiempo, pingües beneficios electorales y es una bicoca que no se puede desperdiciar.

Conocer las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con el Estado tiene sentido si sirve para aclarar el equilibrio/desequilibrio entre los impuestos pagados desde las comunidades autónomas y las transferencias y servicios recibidos desde Estado. He escrito de forma deliberada “impuestos pagados desde las comunidades autónomas” porque ha de quedar claro que quien paga los impuestos son los ciudadanos y las personas jurídicas (empresas e instituciones), no los territorios. Sin embargo, las comunidades cobran impuestos y prestan servicios a la ciudadanía.

Según un informe elaborado por la Vicepresidencia de Economía y Hacienda del Govern de la Generalitat, el déficit fiscal de Cataluña con el Estado se situó, tanto en 2015 como en 2016 por encima de los 16.000 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB. Dicho en román paladino, una barbaridad si fuera cierto.

La editorial Catarata publicó a finales de 2015, un breve pero brillante libro de Josep Borrell i Joan Llorach, titulado, “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. En el mismo, se hacen interesantes análisis que desmontan la farsa secesionista; en un momento dado dice:” No es cierto que los famosos 16.000 millones de euros del saldo de la balanza fiscal estuvieran contantes y sonantes sobre la mesa del conseller de Hacienda”. Los autores consideran que el criterio del flujo monetario utilizado para esa estimación no es el más adecuado y se trata de un ejercicio teórico. La cifra máxima de diferencia entre la aportación que se hace desde Cataluña a las arcas del Estado y lo que regresa en forma de inversiones y mejores estaría ligeramente por encima del 5% del PIB.

El que fuera conseller de Economía, con Artur Mas de president, Andreu Mas-Colell reconoció, a final de su mandato, que la cifra que más se acercaba a la realidad en esta materia superaba ligeramente los 3.000 millones de euros (Nota sobre las diferencias entre las balanzas fiscales y los presupuestos consolidados de las Administraciones públicas de Cataluña, 14/09/2015). Además, Mas-Colell admitía que una vez consolidadas las cuentas de todas las administraciones catalanas en 2015 se generaría un superávit a favor de Cataluña de 2.400 millones de euros, el 1,2% del PIB.

Ahora, los motivos de poner esta reivindicación sobre la mesa, además de insuflar moral a la tropa, a mi modo de ver son otros. Y es que el nuevo Gobierno de España que se acaba de constituir, ha de poner en marcha un nuevo modelo de financiación para las CCAA, y para desarrollarlo se deberán tener en cuenta factores como la población, la distancia territorial, el envejecimiento y la población inmigrante, entre otros muchos. Hasta ahora, los representantes de Cataluña se habían negado a participar en las negociaciones alegando que querían un régimen fiscal similar al Concierto Vasco o bien argumentando que como Cataluña iba a ser independiente de manera inmediata la financiación autonómica ya no les interesaba. Sin embargo, cuando han empezado a comprender la realidad como es, supongo que habrán pensado que mejor ir a la mesa de la financiación de las comunidades, no vaya a ser que eso de la independencia no sea tan inmediato. Y lo que están intentando es caldear el ambiente.

De todas maneras, no quisiera acabar este escrito, sin hacer una comparación llevando el argumento hasta el límite, que me parece bastante útil para comprender un poco mejor este embrollo de las balanzas fiscales.

Imaginemos una gran ciudad como Barcelona.  En esa gran urbe, se supone que quién paga más impuestos son los habitantes de los barrios ricos como Sarriá. En cambio, los ciudadanos que viven en los barrios más pobres o populares como el Raval ingresas menos a las arcas de las administraciones públicas. Pues bien, ¿significa que el Ayuntamiento invertirá más dinero en iluminar las calles, en hacer más cloacas o en asfalta mejor las calles donde han pagado más impuestos o invertirá en servicios públicos donde realmente más se necesite? Que cada cual responda según su criterio.

Pues exactamente lo mismo sucede con las CCAA, sean ricas o pobres. Según el artículo 138 de la Constitución, el sistema fiscal español sigue unas pautas de solidaridad y, en consecuencia, todos los ciudadanos deben tener acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Así pues, es razonable que en aquellos territorios donde haya ciudadanos con rentas altas y/o empresa con mayores beneficios contribuyan con sus impuestos a asegurar unas prestaciones similares para toda la sociedad, independientemente de cuál sea el lugar de residencia y la condición social de todos los que la conforman.

En consecuencia, pretender establecer un sistema de financiación autonómico que de como resultado unas balanzas fiscales de resultado cero, no es solo inconstitucional, es, sobre todo, insolidario.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 14/01/20

DE LA INVESTIDURA A LA GOBERNABILIDAD

Por fin, el Congreso de los Diputados ha investido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Ahora, el flamante nuevo presidente nombrará su Ejecutivo. Un Gabinete que, por primera vez, desde que se recuperó la democracia en España, será de coalición. Estará formado por socialdemócratas y fuerzas políticas teóricamente más a la izquierda. Algo nada habitual en el entorno político más cercano. Para encontrar alianzas similares nos tenemos que remontar a la época de Françoise Mitterrand; el líder socialista francés constituyó un Gobierno de socialistas y comunistas. Más recientemente, en Grecia, Alexis Tsipras presidió un Ejecutivo de coalición constituido por diversas formaciones de izquierda radical.

Es verdad que a buena parte de la ciudadanía no le ha gustado el acuerdo entre PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez. Y, para ser sinceros, a mí tampoco. No obstante, hay que reconocer que una de las esencias de la política es el pacto entre diferentes, y eso es lo que ha sucedido en esta ocasión. Es cierto que había otras alternativas, pero ésta era la única viable. Desde la misma noche electoral del 10 N, el PP lo dejó muy claro, y después lo han repetido de forma machacona: ni por activa ni por pasiva se podía contar con ellos para la investidura del líder socialista.

Parece que los diversos pactos a que han tenido que llegar los socialistas, incluido el de ERC, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, llevan implícito un principio de acuerdo para aprobar los presupuestos de 2020. Si eso es así, habrá sido un gran avance, porque tener unos presupuestos vigentes que no sean prorrogados va a dar como mínimo un año de estabilidad política, que buena falta hace. De todos modos, el nuevo Gobierno deberá hilar muy fino y practicar mucha diplomacia política para lograr acuerdos transversales que permitan lograr un mínimo de tranquilidad y sacar al país del atolladero en que se encuentra

Será muy difícil, pero la oportunidad es histórica y vale la pena intentarlo. El nuevo Ejecutivo va a encontrar una montaña de cuestiones, todas ellas igual de urgentes e importantes, pendientes de solución.

Ante la previsible fragilidad del nuevo Gobierno, debida a la falta de una mayoría sólida que le de soporte en el Congreso, en mi opinión, Pedro Sánchez debería poner sobre la mesa media docena de asuntos de Estado y convocar a los agentes sociales y a las fuerzas vivas de la sociedad civil. Eso haría que los partidos de la oposición, como mínimo, se sentasen a dialogar. Estamos en tiempos difíciles y es necesario acometer reformas en profundidad que deberían ser respaldadas por el mayor número posible de actores políticos. Esa sería la mejor forma de darles la máxima legitimidad.

Como ocurrió en la Transición, en España necesitamos un gran proyecto político que nos dé un nuevo impulso. Sólo así dejaremos el terreno desbrozado para hacer las cosas más llevaderas a las dos o tres generaciones siguientes.

Digan lo que digan los profetas del derrotismo y el apocalipsis España es un gran país y gozamos de una de las democracias plenamente consolidada. Tenemos un Estado social y de derecho sólido, unas infraestructuras bien dotadas y unos servicios sociales que en algún caso son referencia mundial, además, de una economía abierta reconocida internacionalmente. No obstante, hace falta un nuevo relato porque en eso el independentismo catalán nos ha ganado de calle.

Ha llegado el momento de superar el círculo de empobrecimiento intelectual a que hemos estado sometidos en los últimos años y dejar de lado las pequeñas miserias a la que nos han llevado el maniqueísmo de algunos políticos. Vivimos en una sociedad madura que lo ha demostrado siempre que ha sido necesario. Hay que poner en valor nuestro modelo de convivencia, abierto, plural y diverso, integrador con los que vienen de fuera, tolerante, europeo y cosmopolita.

Este Gobierno de coalición, el primero de estas características desde la Segunda República, es una oportunidad histórica para poner en valor las grandes virtudes que atesora la ciudadanía, pero es necesario que alguien las dignifique y las ponga en el frontispicio de nuestro edificio social, para que seamos conscientes de nuestras capacidades y posibilidades. Por eso, malbaratar esta ocasión sería imperdonable.

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 08/01/20