21 d’octubre 2014

OCURRENCIAS

Incluso desde bastante tiempo antes de ser oficialmente convocada, todo el mundo sabía que la consulta del 9 N no se iba a celebrar. Todo el mundo, excepto Artur Mas y algunos de sus más acérrimos acólitos. O al menos eso es lo que nos han querido hacer creer.


La verdad es que ni propios ni extraños acaban de entender la jugada del presidente Mas: cambiar la consulta prevista, por otra que no tiene las mínimas garantías ni democráticas ni de legalidad. Él había dicho hasta la saciedad que el 9 N se votaría dentro de la legalidad. Y, ahora, pocos días después de haber firmado el decreto convocando a las urnas, se descuelga diciendo que la consulta no se puede hacer. ¿Acaso no había previsto la que se le venía encima? Pensaba qué aprobar una ley y firmar un decreto es algo inocuo y sin más trascendencia? ¿Alguien en su sano juicio había llegado a imaginar que el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados?

La cantidad de preguntas que se podrían hacer es casi infinita, pero cuesta creer que los cerebros pensantes del soberanismo catalán, no tuvieran un plan B debajo de la mesa ni un triste conejo que sacarse de la chistera.

El presidente ha sorprendido planteando, ahora, un proceso de participación ciudadana utilizando la cobertura legal que le otorga la Constitución y el Estatut. El artículo 9.2 de la Constitución prevé que los poderes públicos "faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Según el artículo 43 del Estatut los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas". También el Govern se podría acoger a la ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y "otras formas de participación política" en los artículos no suspendidos por el Tribunal Constitucional. De todos modos, no deja de ser curioso que pretenda utilizar una Constitución que desdeña y. que ha pretendido incumplir

Tanto la clase política como la ciudadanía han quedado estupefactos con este sucedáneo de consulta del que sólo se ha concretado que habrá “locales, urnas y papeletas”. Además el gobierno de la Generalitat dará un margen de 15 días para ejercer el voto. Si es así, el surrealismo puede llegar a cotas insospechadas.

En cualquier caso, Mas ha renunciado a la legalidad para adentrarse en el proceloso mundo de una consulta participativa. O sea, un simulacro de votación con carencias de todo tipo, y, así, es impensable que nadie en sus cabales le dé credibilidad alguna.

Con esta ocurrencia (como dijo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sanez de Santamaría), Artur Mas ha abierto la caja de los truenos y ha tenido la virtud de ponerse a todos los compañeros de su irresponsable viaje a Ítaca en contra. Hasta Unió su socio de coalición, por boca de Ramón Espadaler, su actual líder, tuvieron que hacer una difícil finta para no rechazar de plano la salida del presidente, pero si descartaron sin ambages el adelanto electoral y la declaración unilateral de independencia.

Por otra parte, el enfado en ERC es monumental y por más quieran poner paños calientes, han marcado distancias con la iniciativa y piden volver al pacto inicial o que se convoquen elecciones lo antes posible. Los chicos de la CUP se niegan a perder su 9 N y creen que aún es posible retomar el camino (son cosas que a veces suceden cuando no se tiene la suficiente experiencia política). Y los eco socialistas están que trinan porque piensan –y no les falta razón- que todo esto es una maniobra de Mas para salvarse él y salvar a Convergencia. Hasta el Ejecutivo de Rajoy ha quedado descolocado puesto que no sabe como recurrir algo que no lleva implícitos actos legales.

De todos modos, quien ha vuelto a demostrar sentido común y sensatez es Josep Antoni Durán i Lleida. Desde su exilio dorado en el Congreso de los Diputados, ha puesto de manifiesto que dará soporte a lo que esté dentro de la legalidad. Y, a la vez, ha dejado diametralmente claro que si no se vota, no es porque no se quiera, si no porque no se puede. Asimismo, ha reiterado que lo que hace falta es una solución política a un problema político. Y es qué como están las cosas, de una vez por todas, Mariano Rajoy debería mover ficha. Visto lo visto, el inmovilismo y las ocurrencias están de más, aquí y allí.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 19/10/2014

09 d’octubre 2014

REPETIR LA HISTORIA

Se acaban de cumplir 80 años de ”Els Fets d’Octubre”. Ya saben: el 6 de octubre de 1934, el president Lluis Companys, para hacerse perdonar su escaso pedigrí catalanista –según dicen algunos-, puso en marcha un golpe separatista, proclamando el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Que duró, como dice Joaquín Sabina, “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks” y que acabó con casi todo el gobierno en la cárcel, a excepción de algún que otro honorable, como el consejero Josep Dencàs, uno de los ideólogos de la trama, huyendo por las cloacas.


Entre aquellos hechos y la situación actual, ciertamente, existen similitudes, como por ejemplo que el pueblo estaba pagando las consecuencias del crac del 29, entonces y ahora estamos apechugando con los efectos de la crisis económica. Asimismo, se vivía un fuerte enfrentamiento por la Ley Contratas, en aquellos días y hoy la desafección de la ciudadanía por la sentencia del Estatut por parte del Tribunal Constitucional es el origen de gran parte del malestar que aqueja a la sociedad catalana.

También existen, entre aquel ayer y nuestro hoy, diferencias notables como que hoy el movimiento secesionista impulsado por la ANC y Omnimu Cultural tiene un fuerte arraigo social y, en cambio, lo del 6 de octubre fue algo, casi en exclusiva, de las élites políticas del momento. Prueba evidente es que a las pocas horas de la proclamación de Estado Catalán, la Plaza Sant Jaume que había estado abarrotada, quedó desierta y Companys rodeado de unos cuantos acólitos y poco más.

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, dice un adagio popular. Pues bien, de momento, tras una reunión de más de siete horas, el Govern y las fuerzas políticas que dan soporte al proceso, anunciaron además de una inquebrantable unidad (recordemos aquel refrán que dice “dime de qué presumes y te diré de lo que careces”), su determinación para que se pueda votar el próximo 9 de noviembre. Y eso, en las circunstancias actuales, sólo se puede hacer en la más absoluta ilegalidad. O sea que la historia de no pararse en barras y franquear los límites puede volver a repetirse.

Para el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras “esto sólo puede acabar mal o muy mal”. Lo lamentable es que el acreditado académico acabará teniendo razón.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 08/10/14

01 d’octubre 2014

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

En Cataluña estamos viviendo un tiempo político esperpéntico. Si ahora llegará a nuestro país alguien ajeno a cuanto aquí sucede, podría pensar que los catalanes hemos perdido el oremus, y no es verdad. Todo lo contrario, los catalanes somos un pueblo de gente sensata y muy equilibrada. El problema reside en un puñado de dirigentes políticos que parece que han perdido la chaveta. Pero sirvan para ilustrar semejante afirmación algunos ejemplos.


El pasado 26 de septiembre compareció en el Parlamento catalán el ex presidente Jordi Pujol, en teoría, para dar explicaciones sobre el fraude fiscal cometido en los últimos 34 años y que el mismo confesó el pasado 25 de julio. Pues bien, en la primera intervención de su comparecencia, más allá de justificar la actitud de su padre, también, como él, defraudador fiscal y explicar su trayectoria política, no aclaró nada. En su segunda intervención, en vez de contestar a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios y dejar sin respuesta interpelaciones tales como si su fortuna estaba vinculada a Banca Catalana, si el dinero depositado en le extranjero había generado más ingresos o porqué tardó tanto en regularizar su fortuna, se dedicó a abroncar a los diputados por sus preguntas y actitud. Sencillamente inaudito y, por consiguiente, huelga cualquier comentario.

Sin solución de continuidad, al día siguiente (casualidad o no, que cada cual opine lo crea conveniente), el presidente Artur Mas firmaba el Decreto que convoca a votar a los ciudadanos el próximo 9 de noviembre.

No entraré en el debate de la legalidad o ilegalidad de la convocatoria y no quiero perderme en martingalas jurídicas. No obstante, si quisiera hacer alguna referencia. La primera es aquella frase de Carlos Marx según la cual “la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa”. Otra es que nunca habíamos llegado tan lejos. Es la primera vez que se convoca a la ciudadanía para que diga si Cataluña ha de ser un Estado independiente. En 1931 el presidente Macià proclamó la República catalana como Estado independiente de la federación ibérica. Por su parte, el presidente Compnays, en 1934, proclamó el Estado catalán dentro de la república federal española. Ambas proclamaciones tuvieron un cortísimo recorrido. Unos días la primera y unas horas la segunda. Sin embargo, las consecuencias negativas que conllevaron se dejaron sentir durante mucho tiempo. Lo que se derive de la convocatoria de Artur Mas para el 9 N, tardaremos años en digerirlo (frustración en la ciudadanía, desencanto hacia la política y descrédito del país, entre otros efectos).

Además, desde determinados estamentos y medios de comunicación se habla de día histórico, por la firma del Decreto que convoca a la consulta, cuando, a mi entender, más bien parece un desafío efímero, una aberración política y una felonía jurídica.

De todos modos, considero que como ciudadanos de a pie lo que de verdad nos debe preocupar es el día de después. Es decir, podemos admitir como hipótesis de trabajo que más pronto o más tarde Cataluña sea independiente y, en ese supuesto –harto improbable-, plantear interrogantes que los secesionistas siempre eluden o responden con evasivas o eufemismos. ¿Qué sucedería con Cataluña fuera de la UE y sin el paraguas del BCE? ¿Cuál sería la actitud de las grandes empresas y de las grandes corporaciones financieras? ¿Qué prima de riesgo nos aplicarían los mercados? ¿Qué sucedería con el flujo comercial que mantenemos con España y los puestos de trabajo que ese flujo genera? ¿Se podrían pagar las pensiones? ¿Cómo haríamos frente a nuestra deuda que y muy pronto superará los 61.000 millones?

Es obvio que se pueden hacer preguntas hasta la saciedad y que o no tienen respuesta o ponen la piel de gallina. Seamos honestos y digamos la verdad a los ciudadanos sobre una hipotética independencia. Éstos son lo suficientemente maduros y sabrán valorar las cosas en su justo término. Estoy seguro de que con la verdad por delante, la cordura y la sensatez acabarán imponiéndose. Pero para que eso sea posible sobra la manipulación.



Bernardo Fernández

Publicado el Crónica Global 30/09/14



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