INDULTOS SÍ, CORRESPONSABILIDAD TAMBIÉN

 La concesión de los indultos a los nueve líderes independentistas presos, por parte del Gobierno de España es, con toda probabilidad, la operación política más complicada de esta legislatura para Pedro Sánchez. En función de cómo se desarrollen los acontecimientos el PSOE podría recibir un fuerte correctivo en las próximas elecciones generales. No obstante, el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno ha decidido hacer una apuesta clara por el diálogo, la negociación y el pacto, es decir, ha apostado por “la Agenda del Reencuentro” como han bautizado los fontaneros de la Moncloa el acercamiento a Cataluña, para solventar el conflicto que estamos viviendo.

Desde que se insinuó la posibilidad de la medida de gracia, han corrido ríos de tinta tratando la cuestión. No ha habido ningún medio de comunicación que, en un momento u otro, no le dedicara su portada, su editorial o ambos espacios a la vez; como tampoco han faltado tertulianos, columnistas y plumillas que han expresado su opinión, a favor de la excarcelación, unos y en contra otros. Por lo tanto, yo no insistiré en la bonanza y/o inconveniencia de la medida. El tiempo nos dirá si ha sido una iniciativa acertada o, por el contrario, el indulto no ha logrado los objetivos que Pedro Sánchez se había marcado: esto es, normalizar la situación política, económica y social de Cataluña.

Quiero, sin embargo, poner el foco en la reacción que se ha producido en la otra ribera, es decir, en el terreno independentista. Nadie con un mínimo de sentido común esperaba que los presos indultados dieran las gracias, algo que ni siquiera es deseable. Ahora bien, tampoco hacía falta que los excarcelados salieran de la prisión de Lledoners enarbolando una pancarta con el Freedom for Catalonia, ni que fueran recibidos con honores casi de Estado. De la misma manera que bravatas como el “vamos a por todas” de Raúl Romeva o “lucharemos por un estado independiente” que dijo Jordi Sánchez, la fanfarronada de Jordi Turull cuando manifestó que “su compromiso no es parcial ni revisable”, al igual que la chulería de Gabriel Rufián en el pleno del Congreso preguntando “cuando va a terminar la represión en Cataluña”, no ayudan a tranquilizar el ambiente. Más bien todo lo contrario y, además, dan argumentos a los que no quieren los indultos. De todas formas, podemos estar tranquilos porque con aliados como estos el Gobierno no necesita adversarios.

Se argumentará que son proclamas para el consumo interno y para mantener alta la moral de los feligreses del nacional independentismo, pero es que al otro lado de la raya también hay personas que tienen su raciocinio y sus sensibilidades a los que les ha costado mucho asimilar lo de los indultos, si ahora tienen que escuchar que “lo volverán a hacer”, “que esto es un derrota para el Estado”, que exigen “autodeterminación  y amnistía”, y otras milongas por el estilo, para ellos es un escarnio y de ahí a  pensar que hubiera  sido mejor que los presos se hubieses quedado en la cárcel solo hay un Pablo Casado atizando las bajas pasiones.

“Dos no se pelean si uno no quiere”, dice un conocido refrán. Cierto, pero también es verdad que para que dos sean amigos lo han de querer las dos partes. El Gobierno de España ya ha dado pasos para intentar solventar el problema. Ahora debe ser el independentismo, encabezado por ERC, porque de los hiperventilados no cabe esperar nada, quien marque el punto de inflexión.

En las últimas semanas habíamos asistido a la representación de la política de las formas, es decir, buenas palabras, fotos de saludos, declaraciones más o menos cordiales y un largo etcétera. Ahora ha llegado el momento de la política de los hechos.

Es probable que en las próximas semanas se constituya la Mesa de Negociación entre Gobierno central y el de la Generalitat, cuando se hagan públicos los nombres de las personas que participaran en las negociaciones empezaremos a tener una idea bastante precisa de la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.

A nadie se le pide que renuncie a sus sueños. Sin embargo, si podemos y debemos exigir a los líderes políticos que sean pragmáticos y en la situación que estamos viviendo es primordial que se ocupen de la política de las cosas y, no tanto, de las cosas de la política.

Quiero ser razonablemente optimista y pensar que sobre la mesa se van a poner cuestiones viables dentro de la legalidad y que tengan un encaje constitucional. Para eso, es necesario que ERC se desprenda del marcaje al que les someten los del cuanto peor mejor porque quizás este sea el último tren que pase, en mucho tiempo, con destino a la estación del reencuentro y la concordia, y si descarrila la derecha puede ser la gran beneficiada. Entonces, algunos que, sin mucho entusiasmo han apoyado los indultos, lo lamentarán, pero todos lo vamos a pasar muy mal. En especial los que estamos por el diálogo, la negociación y el acuerdo.   

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 28/06/21

EL PROBLEMA DE LIMITAR LSO ALQUILERES

 

La semana pasada, cuando la comitiva judicial llegaba a su domicilio para desahuciarle, un hombre se suicidó, lanzándose por la ventana, en el barrio de Sants de Barcelona. Sin duda esa notica nos sacudió a todos. Parece mentira que en pleno siglo XXI y en sociedades plenamente desarrolladas se puedan producir desgracias de ese tipo. Sin embargo, suceden.

La fuerte subida de los precios de los alquileres en ciudades fuertemente poblados, como pueden París, Londres, Barcelona, Roma, Madrid o Hong Kong, es uno de los problemas más graves con que han de lidiar las administraciones en los países más desarrollados. Por ello, en los últimos tiempos, se han llevado a cabo diversas iniciativas gubernamentales para frenar esa escalada sin fin.

En nuestro país, después de meses de desencuentros, PSOE y Unidas Podemos han acordado poner un tope a los alquileres en las áreas tensionadas. Los socios de Gobierno han pactado congelar los contratos en vigor en esas zonas y que los nuevos arrendamientos no puedan superar el precio anterior. Ahora hay que ver como ponen negro sobre blanco, llega un texto al Consejo de ministros, empieza la tramitación parlamentaria, y lo más importante: qué ley se aprueba.

La cuestión no es menor porque hace apenas dos meses el Tribunal Constitucional alemán anuló la ley berlinesa que limitaba el precio de los alquileres en la capital germana puesto que invadía competencias del Gobierno federal. En cambio, aquí, el Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la norma catalana, pero no ha pedido su paralización.

En opinión de diversos juristas de prestigio, expertos en la materia, existe bastante similitud entre el caso alemán y la ley aprobada en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2020.  Es criterio generalizado entre esos especialistas que limitar los precios de los alquileres, aunque sea en supuestos concretos y de manera excepcional, supone una injerencia en las funciones reservadas al Estado, según el artículo 140,9 de la Constitución. No obstante, los servicios jurídicos de la Cámara catalana sostienen que tienen competencia para regular el asunto. O sea, el debate técnico jurídico está servido.

El meollo de la cuestión está en discernir si el tope al precio de los alquileres vulnera el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución. Es decir, si está afectando una de las facultades esenciales de los dueños de las viviendas.

En opinión del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Germán Gómez, “no hay base para decir que una limitación a los alquileres atentaría automáticamente al contenido esencia al derecho de la propiedad”.

El problema es endémico y aquellos polvos trajeron estos lodos. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden en él mismo.

La situación es compleja y limitar el precio de los alquileres sin aumentar la demanda no hará que haya más oferta disponible. Al contrario, es muy probable que buena parte de los propietarios retiren activos del mercado, y si eso ocurre la situación empeoraría.

Ciertamente, resulta lento y costoso recuperar una vivienda cuando los arrendadores incumplen sus obligaciones. Lo mismo sucede cuando un domicilio es ocupado de forma ilegal. Eso hace que no sean pocos los propietarios que se resistan a poner más vivienda de alquiler en el mercado. Por lo tanto, sería bueno que se articularan medidas razonables que dieran seguridad jurídica -que no quiere decir abusiva­- a los arrendadores.

Por otra parte, los fondos de inversión están haciendo un flaco favor en el mercado de la vivienda de alquiler y hay que evitar los desmanes porque cuando clavan sus garras en un edificio los inquilinos pueden echarse a temblar. Pero, hasta el momento, poseen el 4% del total. Por consiguiente, su incidencia en el precio global es poco significativa. Eso no significa que no haya que tenerlos en cuenta y marcarlos muy de cerca porque a sus gestores lo único que les interesa es la rentabilidad.

Con este paisaje de fondo, los poderes públicos no deberían retardar por más tiempo su entrada en escena de forma decidida para empezar a poner el problema en vías de solución. Para ello, es ineludible la participación leal y franca de todas las administraciones implicadas.

Se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Tan necesarias como las decisiones políticas son las decisiones técnicas, máxime cuando es una evidencia que el dinero público para estos menesteres escasea.

La cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, pero, sobre todo, a nivel metropolitano. Y eso significa repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs), sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible.  En este contexto, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades policéntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

Estamos ante un asunto que no tiene una solución ni sencilla ni rápida.  Pero limitar el precio de los alquileres no tiene un fácil encaje en nuestra estructura legislativa que consagra la economía de mercado.

En consecuencia, parece lógico fijarse, como objetivo a medio plazo,  un parque de vivienda de alquiler con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

Eso sería una muy buena política social y de redistribución de rentas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e noticies 22/06/2021

PABLO CASADO Y SUS CONTRADICCIONES

 El pasado 31 de mayo, publicaba en esta ventana virtual que es e- notícies, un artículo bajo el título “La parte y el todo” que empezaba diciendo: “Pablo Casado está exultante. La victoria incontestable de Isabel Díaz Ayuso, el pasado 4 de mayo en las elecciones autonómicas de Madrid, ha supuesto un chute de moral en vena para la parroquia pepera” y continuaba “Eso ha hecho que a los líderes del partido popular se les haga la boca agua de pensar que pueden tener, de nuevo en sus manos, los resortes del poder”.  

Sin embargo, en política suele ocurrir como en la vida, que se puede pasar de la euforia a la decepción en menos que canta un gallo y la alegría, a veces, dura menos que una bolsa de chuches en la puerta de un colegio. Quizás por eso, a los populares el espejismo de llegar a la Moncloa les ha durado un mes. Justo el tiempo transcurrido entre la victoria de Ayuso y la imputación judicial de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, por su presunta participación en la operación Kitchen que, como saben ustedes, consistió, en esencia, en corromper policías para tapar la corrupción del PP, que, por cierto, se impulsó y financió desde el Gobierno. Ver para creer.

Ciertamente, todos, en mayor o menor medida, vivimos conllevando nuestras contradicciones. Los políticos no son una excepción, pero Pablo Casado es, con toda probabilidad, el líder indiscutible en ese ámbito.

“No tiene que ver con mi etapa” fue la respuesta que dio Casado cuando le pidieron su opinión sobre la imputación de la exsecretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, ya. Pero es que ni siquiera le han abierto un expediente disciplinario, ni la han dado de baja como si han hecho en otras ocasiones similares. Y eso solo puede tener una explicación: Fue Cospedal quién, tras perder en la primera vuelta de las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría, pidió el voto para Pablo Casado y hoy, gracias a esa iniciativa, Casado es el presidente del PP.

Pero en los últimos días el gran debate en el PP y que está desquiciando a su presidente ha sido si debían asistir o no a la concentración de la plaza de Colón del domingo 13 de junio. Obviamente, han asistido y se han encontrado con sus colegas de Vox y los restos del naufragio de Ciudadanos. Aunque según informaciones de la Delegación del Gobierno la asistencia ha sido más discreta que en 2019 y, desde luego, no ha habido foto conjunta.

La cuestión es que los peperos más templados no quieren compartir, ni espacio ni pancarta, con la derecha extrema. Tanto es así que barones como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno o el de la Xunta de Galicia, Albert Núñez Feióo, ya dijeron que no asistirían al encuentro de Colón, mientras que el sector más desacomplejado que representan Ayuso y Álvarez de Toledo consideraban que el partido debía ir a Colón sin ningún rubor. Y ahí Casado vuelve a sufrir otra de sus grandes contradicciones porque el pasado mes de septiembre, cuando Santiago Abascal presentó su moción de censura, el presidente del PP quiso marcar territorio con la idea de diferenciarse de la externa derecha y reiniciar el eterno viaje al centro, pero, ahora, la confluencia de la derecha extrema con la “derechita cobarde”, en la concentración del pasado domingo, ha echado por tierra los intentos de desmarque y de centrar al partido hechos durante meses.

Con todo, donde Casado pone en juego su consideración como político (atención que digo consideración, no futuro), es en el tema de los indultos. Porque si recoge firmas contra la medida de gracia, sin proponer otra alternativa que no sea la cárcel, quedará estigmatizado como quedó Rajoy recogiendo firmas contra el Estatut. Aunque eso sí, esa iniciativa es posible que, a corto plazo, le dé pingües beneficios electorales. En cambio, si los populares dejasen de hacer ruido y admitieran, tanto los indultos que, al fin y al cabo, son constitucionales, como la mesa de diálogo entre gobiernos, estarían contribuyendo de manera activa a solucionar un problema que, aunque ellos no crearon, si fueron incapaces de detectar, controlar y resolver.

Por lo tanto, menos lamentarse y más arremangarse porque aquí la responsabilidad es de todos. Del Gobierno en primer lugar, pero de inmediato todos los demás, incluido el primer partido de la oposición, con sus contradicciones y también con las de su líder.

De todos modos, el gran dilema de Casado es, en primer término, la corrupción sistémica que corroe a su partido, después los indultos porque los estrategas populares saben que ese puede ser el primer paso para empezar a normalizar la situación en Cataluña. Igual que saben que la campaña de vacunación anti Covid está funcionando razonablemente bien y que sí los fondos de cohesión europeos comienzan a llegar y se cumplen las predicciones de recuperación económica, las posibilidades de que Pablo Casado llegue a ser inquilino de la Moncloa se puedan perder en la noche de los tiempos. Y eso es lo que hace que Casado y los dirigentes del PP estén perdidos en un mar de contradicciones.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies 14/06/2021

 

PEDIR PERDON NO ES SUFICIENTE

 Durante los últimos meses, Vicenç Villatoro ha realizado una larguísima entrevista a Jordi Pujol que ahora ha visto la luz en forma de libro con el título “Entre el dolor i l’Esperança (Proa-Enciclopedia). Pues bien, para entrar en materia, considero importante conocer la trayectoria política del autor de la interviú, Villatoro.

Vicenç Villatoro tiene una extensa hoja de servicios prestados a la Generalitat de Cataluña durante la larga etapa del pujolismo: director del diario Avui, director general de Promoción Cultural de la Generalitat, también fue director de la Fundación Enciclopedia Catalana y de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y, como no, diputado en el Parlament de Cataluña. O sea, un auténtico “pata negra” del nacionalismo.

Quizás por eso, no puedo imaginar a periodistas del nivel de Josep Cuní, Soledad Gallego Díaz o Iñaki Gabilondo, solo por poner unos ejemplos, haciendo una entrevista con el sesgo de la que vamos a comentar. Algo así solo lo puede hacer alguien de “la casa”.

Con la publicación de la entrevista el expresident intenta justificar y hacerse perdonar la supuesta ocultación de la herencia de su padre, Florenci.  Pero Jordi Pujol nunca fue un hombre que dio puntadas sin hilo y a estas alturas no va a perder sus costumbres. Por eso, aprovecha el intento de blanqueo que es el libro para asegurar que el independentismo está abocado al fracaso. Opinión totalmente contraria a la que sostenía en 2011, pero rectificar es de sabios. Ahora el expresident se muestra abierto a “fórmulas no independentistas que -con seriedad y garantías- aseguren la identidad, la capacidad de construir una sociedad justa y de facilitar la convivencia”. Más vale tarde que nunca.

Pero vayamos al núcleo duro del libro. A lo largo de la entrevista Pujol no se sale del guion previsto que ya ha repetido en reiteradas ocasiones e insiste en que no es un corrupto. Ahí Villatoro le hace un quite y comenta que “le sale de dentro”. El expresident argumenta que mantuvo el dinero en Andorra por desidia y que nunca encontró el momento para regularizar su situación. Curioso porque podía haber pedido a algún colaborador que le hiciese las gestiones oportunas para normalizar su situación fiscal. En cambio, si encontró tiempo y ganas para pronunciar aquella famosa frase “El Gobierno central ha hecho una jugada indigna” (refiriéndose al caso Banca Catalana). “En adelante de ética y moral hablaremos nosotros” y, también, para reclamar la Estado, un día sí y el otro también, lo que según él se debía a Cataluña.

Pujol afirma que se considera preparado para ir a la cárcel, para arruinarse e, incluso para morir, pero no para el deshonor o la vergüenza pública. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba que certifique su argumentación. Por eso, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez José de la Mata que ha instruido el caso ven como verosímil que sea la herencia paterna el origen de la fortuna de los Pujol Ferrusola.

Ante esa situación, de tan poca transparencia y nula voluntad de colaborar con la justicia, el ministerio público en sus conclusiones asesta un duro golpe a la familia. Anticorrupción señala que Jordi Pujol tejió una red de clientelismo aprovechando su posición política. El expresident se valió presuntamente de un grupo de empresarios, con los que tenía afinidad ideológica, para “repartirse cuantiosos beneficios” fruto de los concursos públicos que dependían de las Administraciones que Pujol y sus correligionarios controlaban. Después ese dinero se blanqueaba de diversas maneras para evitar tener que rendir cuentas ante la Hacienda pública.

En el escrito de acusación la Fiscalía describe el papel que jugó cada miembro de la familia. En su opinión el matrimonio Pujol Ferrusola dirigía las operaciones, mientras que los hijos, Jordi y Josep, apoyados por Mercè Gironés, exesposa del primero, gestionaban los beneficios de las iniciativas de los patriarcas y el resto de vástagos eran beneficiarios más o menos pasivos de los trapicheos de los mayores; claro está que guardando un cauteloso silencio. A su vez, estos pronto empezaron los vuelos delictivos por su cuenta. Es el caso de Oleguer y Oriol.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia de constituir una asociación criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. En consecuencia, solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para el del delfín Pujol Ferrusola. Asimismo, exonera de cualquier responsabilidad a Marta Ferrusola por entender que tiene una demencia grave.

Con toda seguridad, más pronto o más tarde conoceremos la sentencia que vendrá a ser, algo así, como la verdad oficial de lo sucedido en Cataluña desde 1980 hasta 2003. Pero, mucho me temo, que la verdad real de lo que se llegó a cocinar en el lado montaña de la plaza de Sant Jaume, tardaremos muchos años en saberlo, incluso es posible que no lo sepamos nunca.

Por eso, me parece que es muy razonable exigir menos arrepentimiento, menos milongas y más decir la verdad, porque, cuando se trata de rendir cuentas a un pueblo, con pedir perdón no es suficiente. Y es que estamos ante una situación de tantísima gravedad que lamentarse no basta para obtener la indulgencia de la sociedad.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/06/2021