CRÓNICA DE UN FRACASO

Me hubiera gustado no publicar este artículo. De hecho, hacía días que lo tenía hilvanado y sólo faltaba incluir alguna cuestión de última hora, alguna reflexión, limarlo un poco y enviarlo a la redacción de e noticíes.

Pese a todo, abrigaba la secreta esperanza, fallida por otra parte, de que al final se pondrían de acuerdo, tendríamos Gobierno progresista y yo echaría estas líneas a la papelera. No ha sido posible. Los peores presagios que hemos ido albergado en los últimos meses se han hecho realidad y el próximo 10 de noviembre seremos llamados a las urnas.

Como no puede de otra manera, estos días van a correr ríos de tinta del porque y el por qué no del fiasco de la investidura de Sánchez, encontraremos opiniones para todos los gustos.

Ahora empezaran -de hecho, han empezado ya─ las especulaciones de todo tipo, sobre a quién beneficia y a quien no este adelanto electoral, quien gana quien pierde, si habrá vuelco electoral o no. Mientras, las empresas de demoscopia encantadas de la vida, todo esto les viene que ni pintado: nuevos comicios, nuevos estudios, nuevas prospecciones y, lógicamente, mayor facturación.

En cualquier caso, no seré yo quien señale un culpable de este desaguisado. Sí creo que ha faltado en los responsables de las negociaciones sentido de Estadio, responsabilidad y altura de miras. Han priorizado los interese personales y/o de partico sobre los intereses de país. Estoy muy dolido con toda nuestra clase política, pero de manera especial con la izquierda, y prefiero que sean otros los que pongan nombre y apellidos a este fracaso. Por una vez, y sin que sirva de precedente comparto el análisis de Gabriel Rufián cuando dice que la gente está hasta los bemoles de los políticos. No le falta razón

Me voy a quedar a ras de suelo y voy a hacer un breve listado de lo que significa, así a bote pronto, no tener un Gobierno en plenitud de funciones y que no lo tendremos, en el mejor de los casos hasta bien entrado enero de 2020.

Para empezar, seguiremos con los presupuestos prorrogados. Las comunidades autónomas continuarán asfixiadas económicamente porque un Gobierno en funciones no puede hacer transferencias ni adelantos. Además, tendrán que hacer juegos malabares para elaborar los presupuestos de 2020 porque no sabrán, a ciencia cierta, de recursos dispondrán.  Una nueva recesión hace semanas que está llamando a la puerta y aquí estamos con un Ejecutivo provisional que tiene una capacidad de maniobra casi nula.

Por otra parte, el Brexit duro de Boris Johnson, lo tenemos a la vuelta de la esquina y como nos va a afectar es imprevisible. Las sentencias por el procés se harán públicas en pocas semanas y, con toda seguridad, en Cataluña van a ocurrir cosas, ¿qué respuesta política podrá dar un Gobierno interino?

Estos, son, tan solo, algunos de asuntos de gran calado que se deberían afrontar en los próximos meses. Después, están aquellas cuestiones que como ciudadanos de a pie que somos nos afectan en nuestro día a día. Por ejemplo, la ineludible reforma del mercado laboral, la precariedad en el empleo, la subida de las pensiones, el año que viene por no haber presupuestos ni acuerdo, en teoría, sólo deberían subir un 0,25%, si no sucede algún imprevisto, imposible de predecir en estos momentos. Sin olvidar los recortes en sanidad, servicios sociales y educación por el bloqueo de las cuentas mencionado más arriba.

En definitiva, ese es el panorama tan poco esperanzador que nos ha dejado nuestros políticos con su nula capacidad para negociar y pactar.

No quiero ser agorero pero este artículo no puede ser otra cosa que un continente de decepción porque nuestra historia política de los últimos meses no deja de ser la crónica de un fracaso. O pero aún: un fracaso inapelable de la izquierda.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/09/19

CALDEANDO EL AMBIENTE

A medida que se aproxima el día en que se ha de hacer público el fallo del juicio del procés, el pesimismo crece entre las huestes independentistas. Sólo los más radicales (como el president Quim Torra) hablan de sentencias absolutorias, pero ya nadie, ni moderados ni radicales, plantea llevar el tema a los Tribunales de Justicia Europeos, porque saben que allí las posibilidades de que sus recursos prosperen son prácticamente nulas.

De todos modos, hay que reconocer que uno de los muchos planteamientos que hacen los secesionistas con esta cuestión, es, por lo menos, curioso. Vienen a decir, si las sentencias no son totalmente absolutorias es porque el Estado español es represor y nosotros no queremos un Estado así, por lo tanto, el camino es la unilateralidad.  Pero también dicen. Si las sentencias absuelven a los líderes presos es porque hicieron bien y hemos de seguir perseverando en el derecho de autodeterminación para ser libres. Total, que la cuestión es marchar.

Es igual, sea cual sea el dictamen del Tribunal Supremo (TS), de no ser absolutorio los indepes lo entenderán, no como un castigo a unas personas que cometieron unos delitos tipificados en el Código penal, sino como un agravio a Cataluña. Es decir, será -desde su óptica- una condena a todo el país.

Días atrás el president Torra dio una conferencia en Madrid inaugurando así el curso político. Allí, en vez de tender puentes, que es lo que hubiera hecho cualquier político con un coeficiente intelectual medio, y buscar puntos de coincidencia, dinamitó los pocos que podían quedar. “Lo volveremos a hacer”, dijo entre otras lindezas y apostó por un activismo institucional “hasta conseguir la independencia”, “a pesar de las multas las inhabilitaciones y las amenazas”, en clara referencia al juicio que ha de afrontar por negarse a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral del Palau de la Generalitat. Pero es que el pasado martes, en el mensaje institucional difundido con motivo de la Diada volvió a la carga hablando “autodeterminación”, “pueblo oprimido”, “camino de la libertad” y milongas por el estilo. Con un interlocutor así, ¿quién se querrá sentar a dialogar? Y si alguien piensa que el problema que existe en Cataluña se puede arreglar sin diálogo, es que no ha entendido nada.

Más allá de las diatribas de Torra el hecho cierto es que el independentismo no tiene una estrategia para responder a un posible fallo condenatorio para los responsables de procés. Mientras que desde ERC proponen una convocatoria de elecciones en JxCat, lo descartan porque las encuestas no les auguran nada bueno en unos hipotéticos comicios. De ahí, las declaraciones, contra declaraciones y reproches de los últimos días entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Los secesionistas están buscando a la desesperada algo que les aglutine para no proyectar la lamentable imagen de división que estamos viendo en los últimos meses. Pero más allá del deseo de absolución las divergencias son mucho más profundas que las coincidencias.

En este contexto, el president del Parlament, Roger Torrent había puesto sobre la mesa la formación de un Govern de concentración con la entrada de los comunes, pero estos han rechazado la propuesta y ha quedado en agua de borrajas. Asimismo, hay quién apuesta por una huelga indefinida, pero estaría por ver que seguimiento tendría; en mi opinión muy escaso. Por lo que el fracaso sería estrepitoso. Tampoco ha faltado la idea de investir a Carles Puigdemont como president, acción descartada por el president del Parlament el republicano Torrent.

La cuestión de fondo es que, como ya han comprendido que la independencia es inviable, al menos en muchos años, ahora la lucha es por el poder, a ver quien logra la hegemonía independentista en Cataluña. Mientras, y a la espera de la sentencia, para tener al personal entretenido, van caldeando el ambiente, porque si fuera muy severa los podría volver a aglutinar, aunque fuera de forma temporal.

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 12/09/21

MALOS COMIENZOS Y PEORES PERSPECTIVAS

Hemos empezado mal el curso 2019-20120. Están sonando los tambores de una nueva recesión y aquí seguimos como si nada, con el Gobierno en funciones y las instituciones bloqueadas. Por el contrario, el banco central de Alemania, Bundesbank, admitió a finales del pasado agosto que el país se encamina a una recesión técnica -se considera así, cuando la economía retrocede durante dos trimestres consecutivos-.

La industria alemana del automóvil está siendo el sector más afectado. Las restricciones sobre los motores diésel y la caída de la reputación por los amaños hechos tiempo atrás con las emisiones de CO2 están pasando factura. A esto hay que añadir la guerra comercial entre EE. UU y China y el temor a un Brexit a la brava como el que pretende el inefable Boris Johnson. Estos factores, están haciendo mella en una economía que depende, quizás en exceso, de las exportaciones.

Para hacer frente a una posible recesión los bancos centrales de los países de la UE están preparando estímulos fiscales. Así, por ejemplo, el Gobierno de Ángela Merkel ya tiene casi lista una inyección de 50.000 millones de euros para combatir la pérdida de dinamismo de su economía.

Los expertos no tienen claro si lo que se avecina es algo pasajero o, por el contrario, una crisis de grandes proporciones. “Este año la zona del euro es el ejemplo perfecto de la ley de Murphy; todo lo que podría salir mal está saliendo mal” dicen en el último informe hecho público por el Bank off América. “En lugar de un verano tranquilo, estamos ante una tormenta perfecta con un aumento de la incertidumbre, con malos datos económicos, señales de deterioro e incertidumbres políticas a nivel nacional y mundial””, apostilla el referido informe del banco de inversión.

En este contexto España no puede ser una excepción. Si bien durante la primera parte del año nuestra economía mantenía un sólido crecimiento, de manera especial si se comparaba con el resto de Europa, desde hace unos meses ha empezado a dar señales de debilitamiento.  Como no puede ser de otra forma las exportaciones se resienten ante la desaceleración mundial. Y aunque el turismo ha registrado un leve aumento en la recaudación, no compensa la caída de la venta de bienes al extranjero.

Hay datos que son muy claros y ponen sobre el tapete lo delicada que empieza a ser la situación. En 2018 entraron en nuestro país, hasta el mes de agosto, casi 37.000 millones de euros para inversión directa. Este año, en el mismo periodo, han entrado 7.600 millones. Por el contrario, se ha incrementado notablemente la entrada de capital financiero, esto es, inversiones en bonos, acciones y otras operaciones financieras, que por muy lucrativas que puedan ser para quien las lleva a cabo dejan poco o nulo beneficio en la economía productiva de manera inmediata y tangible.

Las consecuencias de esta situación no se han hecho esperar. El mercado laboral ha empezado a acusar la incertidumbre y ofrece claros síntomas de ralentización. Este mes de agosto se han registrado la mayor pérdida de empleos, en ese período, desde 2008. En concreto, han sido 212.000 trabajadores los que han dejado de cotizar a la Seguridad Social.

Las perspectivas son poco halagüeñas; tal vez por eso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante el diseño de la nueva política monetaria y los retos del envejecimiento y la globalización, quiere que la voz de nuestro país esté presente allí donde se toman las decisiones, o sea, en el núcleo duro de la UE.   Además, ahora que se va a producir el relevo en la presidencia del Banco Central Europeo, es el momento de que se nos tenga en cuenta por nuestro peso específico y no como convidados de piedra como sucedió en 2008.

Todos somos conscientes de que la UE en la anterior crisis actuó tarde y mal. Los resultados están a la vista: una sociedad más débil, más fragmentada y con más diferencias. Hoy en día, son más los que tiene mucho más y más, también, los que tienen mucho menos. Otra situación como la de 2008 no la podremos resistir como sociedad, entre otras cosas porque aún no nos hemos recuperado. Esperemos que nuestros dirigentes no se acoquinen y actúen de forma adecuada y con diligencia, antes de que sea demasiado tarde.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/09/19

APRENDER DE LOS ERRORES AJENOS

Fuimos cientos de miles los ciudadanos que el pasado 28 de abril, tras conocer los resultados de las elecciones generales celebradas ese día, sentimos una gran satisfacción porque, después de unos años dando tumbos, el PSOE resurgía de sus cenizas, y revalidaba en las urnas lo que menos de un año antes había logrado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de otros partidos: la presidencia del Gobierno. Sin embargo, cuando cerca de la medianoche se conocieron los resultados definitivos de la jornada, muchos nos dimos cuenta de que con 123 diputados sería muy difícil gobernar.

Lamentablemente los peores augurios de aquella noche del 28 de abril se hicieron realidad. Por eso, se fijó la fecha de la investidura el 22 de julio, dando así margen para la negociación. Pues bien, llegaron el 22, el 23, el 24 y el 25 y el acuerdo no fue posible ni para un Gobierno de coalición ni para un Gobierno a la portuguesa.   

Ahora, después de unos días de asueto, se han reiniciado las conversaciones. El tiempo apremia, el 23 de septiembre es la fecha tope, si para entonces no hay Ejecutivo el jefe del Estado convocará elecciones y el 10 de noviembre tendremos que volver a votar. Si eso ocurre, serán, desde 2015, las cuartas elecciones generales.

La culpa es muy negra y no la quiere nadie. Aunque en público ningún partido diga que quiere ir a unas nuevas elecciones, todos han hecho ya sus cálculos y tienen la maquinaria electoral a punto para empezar una hipotética nueva campaña. Cada uno tiene sus razones y todas son respetables, pero la cuestión es si las razones de partido, vistas con la perspectiva de la ciudadanía, son de suficiente peso y calado como para justificar la convocatoria del 10-N

En el PSOE hay una gran desconfianza hacia Unidas Podemos y muchos socialistas piensan que de entrar gente de Iglesias en el Gobierno daría lugar a un Ejecutivo dentro de otro. Por su parte los podemitas que en el último ciclo electoral obtuvieron unos resultados más que discretos ven la entrada en el Gobierno como su tabla de salvación. De esa forma, se convertirían en partido del sistema y ganarían tiempo para asentarse de aquí a los próximos comicios.

El PP, por su parte, entiende que unas nuevas elecciones le darían la posibilidad de reagrupar el voto de la derecha que tan fragmentado quedó en abril pasado. Y Ciudadanos ubicados definitivamente en el conservadurismo, parece que ha decidido esperar que la corrupción acabe de carcomer a los populares para ocupar el espacio de los de Pablo Casado. Porque para los de Rivera, aunque lo disimules, su auténtico adversario es el PP, su aspiración es liderar el bloque de la derecha.

Como todos sabemos, en las últimas semanas, Pedro Sánchez se ha reunido con agentes sociales y organizaciones progresistas como movimientos feministas, ecologistas y del tercer sector. De esos encuentros ha salido un documento con más de trescientas propuestas programáticas, entre ellas varias de Unidas Podemos que estos días se está presentando en sociedad y, muy probablemente, en la semana del 9 al 15 se ofrecerá a la formación morada como base para llegar a un acuerdo de legislatura con los de Pablo Iglesias. Si las conversaciones avanzan razonablemente bien, es posible que Sánchez proponga incorporar al próximo Gobierno algún independiente de la órbita de los podemitas.

En este contexto sería muy positivo que los actores de este interminable culebrón tuvieran en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo que, en 2016, cuando hubo repetición de elecciones, la participación cayó tres puntos. ¿Cuánto podría caer ahora? Nadie lo sabe, pero es fácil pensar que la abstención afectará más a la izquierda. El 28 de abril mucha gente fue a votar para frenar a la extrema derecha, hoy ese temor se ha diluido y es muy posible que el espectáculo de desunión que están dando las izquierdas tenga un efecto desmovilizador.

Dice un viejo luchador que las elecciones forzadas las carga el diablo, No le falta razón a ese viejo amigo, sino que se lo pregunten a Susana Díaz que las adelantó dos veces y en las dos perdió escaños, hasta perder la presidencia de la Junta. También, en su momento, nos convocó Artur Mas para lograr una mayoría suficiente y pasó de 62 a 50 diputados. Incluso Theresa May quiso reforzarse para negociar el Brexit, convocó elecciones y perdió la mayoría absoluta.

De todos modos, parece que Pedro Sánchez lo tiene claro: “ni coalición, ni elecciones, hay otra vía: programa común progresista”, ha declarado en una entrevista publicada el pasado domingo.

Celebro que el presidente en funciones tenga bien meditada la fórmula que él considere más adecuada para salir de este marasmo. No obstante, sería deseable que además de consultar a su equipo de asesores, pegara la oreja al suelo y escuchara a la gente de la calle. La noche del 28-A los ciudadanos se reunieron en la puerta de la sede socialista en la calle Ferraz y gritaban: “con Rivera no”. No sé qué gritarían ahora, pero estoy seguro de que no gritarían:” elecciones sí”.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/09/19

 

MEDIOCRIDAD GUBERNAMENTAL

Desde hace unos cuantos años en Cataluña vivimos gobernados por gente mediocre. Los individuos que nos gobiernan, por su falta de capacidad, están haciendo buenos a otros personajes, ineficaces y de poca talla política que nos gobernaron tiempo atrás. Aquellos tenían como denominador común la corrupción, pero al menos se esforzaban por aparentar que hacían algo y lo que hacían, con frecuencia, estaba razonablemente bien hecho.

Cataluña nunca ha sido El Dorado, pero aquí el ascensor social ha funcionado de manera más o menos aceptable. Sin embargo, todo empezó a cambiar en el verano de 2012. Entonces, Artur Mas tuvo una entrevista con Mariano Rajoy en la que le pidió un sistema de financiación similar al de Euskadi o Navarra para Cataluña, a lo que Rajoy se opuso. Como consecuencia Mas puso el Govern -que es de todos- al servicio del independentismo, que por muy legítimo que sea es de una parte.

Y en esas estamos. Llevamos siete años desde que empezó la matraca del procés y, desde entonces, salvo para unos cuantos que han hecho del secesionismo su modus vivendi, todo ha ido de mal en peor para la gran mayoría de ciudadanos. Desde la economía a la cohesión social. Desde la imagen de Cataluña en el exterior hasta la fuga de empresas a territorios social y políticamente más estables, con garantías jurídicas y fiscales.

Pero es que no son sólo las grandes cuestiones o los enunciados grandielocuentes. Es que la deriva política está afectando el día a día, en asuntos tan básicos como la sanidad o los servicios sociales.

Es el caso de la sanidad. El tiempo de espera para una operación quirúrgica viene a ser de 73 días, 74 para hacer una prueba diagnóstica y casi 100 para que visita un especialista. Pero podemos estar tranquilos, este verano han cerrado 1.900 camas. Como todo el mundo sabe las enfermedades también hacen vacaciones.

Si echamos un vistazo a los servicios sociales, la cosa no está mucho mejor. Uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde 2006 que se aprobó la Ley de Dependencia han muerto en Cataluña más de 36.000 personas sin que les llegase la ayuda que les correspondía, habiéndose agotado los plazos que la normativa estipula.

Por otra parte, la tasa de pobreza de la población se sitúa en el 21,3%.  Por lo que respecta a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se aprobó a bombo y platillo en el Parlament, desde 2017 sólo se han concedido 13.100, un pírrico 21% del total de personas que lo solicitaron. Y 375.000 personas viven en Cataluña en pobreza severa.

“Todo es culpa de Madrid que nos maltrata”, pensarán algunos. Pues no. El Govern de la Generalitat funciona con los presupuestos prorrogado de 2017 y los de 2019 ni siquiera los ha presentado al Parlament y la Cámara catalana en quince meses sólo ha aprobado una ley.

Si con estos datos aún no tenemos claro cual es el nivel de nuestros gobernantes autonómicos será suficiente con prestar un poco de atención a las actividades, declaraciones y contra declaraciones que día sí, día también llevan a cabo nuestros mandatarios.

Así, por ejemplo, la consejera de Agricultura aún no ha tenido tiempo para recibir a los afectados por los incendios del pasado mes de julio. El que fuera jefe de Gabinete del president fugado sostiene que la bomba de la Guerra Civil encontrada en el mar, frente a la Barceloneta, es una conspiración de la Guardia Civil.

El vicepresident del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonés ha impulsado al Govern para que lleve al Estado ante los tribunales por bloquear los anticipos, que cifra en unos 1.317 millones de euros, a cuenta del sistema de financiación. El consejero ignora o ha querido ignorar, malévolamente, que el Abogado del Estado ha enviado un informe al ministerio de Hacienda, según el cual un Gobierno en funciones no está facultado para desbloquear esos fondos. Por lo que sería una ilegalidad dar dinero a las autonomías en la situación actual.

De igual manera, parece que Pere Aragonés desconoce que si estamos como estamos es porque el grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, al igual que el de sus socios en el Govern JxCat, impidieron con sus votos la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Con los PGE aprobados, otro gallo nos cantaría.

No obstante, la cereza del pastel de los disparates la ha puesto, una vez más, el president supremacista Quim Torra, al decir que el papel de España en la II Guerra Mundial fue enviar a miles de soldaos de la División Azul a luchar al lado de Hitler. Este individuo, además de un mediocre es un impresentable.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 30/08/19