27 de novembre 2018

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN


Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 40 años desde que aprobamos la Constitución. En mi opinión es un buen momento para hacer un balance, aunque sea limitado, de lo que ha sido nuestra historia reciente e intentar predecir lo que puede ser nuestro futuro más o menos inmediato.
Para empezar, no podemos olvidar que hace 40 años veníamos de una negra dictadura, que el dictador murió en la cama y, por lo tanto, sus acólitos conservaban todos los resortes del poder. Además, no eran pocos los que tenían la voluntad de perpetuar a Franco y perpetuarse.
Pues bien, con aquellos mimbres se hicieron estos cestos. Esa Carta Magna, como toda obra humana, tiene luces y sombras y sin duda es perfectible. Esa Constitución ha sido el instrumento que nos ha permitido pasar de la dictadura a la democracia y, después, ha sido el eje vertebrador que ha hecho posible la etapa más prolongada de paz y progreso en nuestro país.
No obstante, de un tiempo para acá, se ha puesto de moda en algunos círculos de opinión criticar y minusvalorar tanto esa Ley de Leyes como las consecuencias que se han derivado de su vigencia.  Por eso, cuando leo u oigo ciertos comentarios denostando nuestra norma máxima de convivencia, me pregunto dónde andarían esos agoreros aquella noche gélida de enero cuando asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha o qué hicieron la noche de los transistores (noche del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando se produjo el fallido intento de golpe de Estado). Ahora es fácil criticar, pero la realidad de entonces no era nada halagüeña.
Es verdad que la España de 1978 poco o nada tiene que ver con la de 2018. Ciertamente, eso no es atribuible a la Constitución, pero es innegable que esa transformación se ha producido dentro del marco constitucional.
De hecho, nuestra Constitución, en buena medida, es la consecuencia de un pacto entre diferentes. Un acuerdo al que llegaron los representantes de la entonces vieja política: los franquistas, y los representantes de la nueva: los demócratas.
Para analizar con justicia lo sucedido en aquella época debemos conocer el contexto en el que los actores de entonces debían desenvolverse. Es verdad que había entusiasmo por consolidar las libertades, pero también había miedo porque se pudieran reproducir enfrentamientos civiles como sucedió en le pasado. El terrorismo mataba un día tras otro. Las condiciones económicas y sociales no daban pie a la esperanza: una inflación del 19,8%, aunque con algo menos de paro que ahora, pero, también, con menos coberturas y prestaciones y una renta per cápita anual que no llegaba ni a una cuarta parte de la actual.     
Tengo la convicción de que la mayoría de los que participaron en el debate para redactar una Constitución, tenían más en la cabeza la construcción de un Estado que la construcción de una nación. Estado democrático y valores correspondientes: libertad, democracia, garantía de derechos y justicia. Esos fueron los objetivos que hubieran podido, perfectamente, figurar en el frontispicio de los numerosos espacios que acogieron debates sobre el particular.
En aquel entonces, lo nacional no tenía demasiado predicamento, solía asociarse al Movimiento; quizás a excepción de algún círculo nacionalista en Euskadi o Cataluña, la identidad nacional era algo no marginal, pero sí secundario. Por eso, los términos identidad nacional y autonomía no supusieron ningún obstáculo insalvable ni en la ponencia ni en la comisión constitucional. Más bien los recelos llegaron desde fuera, pero no pasaron a mayores y se pudieron mantener los objetivos.
Es verdad que en estos 40 años de vigencia de nuestra Carta Magna han sucedido muchas cosas, la sociedad ha evolucionado y se precisan cambios. Pero hemos de ser conscientes de que España tiene un ADN dramático y transcendental. Por eso, los cambios que en otros lugares se ven como naturales y normales, aquí no lo son.
La crisis económica, la corrupción y el inmovilismo han resultado letales para el interés general.  Estamos viviendo una etapa en la que los ciudadanos han perdido buena parte de la confianza que habían depositado en la política y las instituciones. Y eso sucede porque en conjunto no se ha administrado de la mejor forma posible el legado de los constituyentes.
De todos modos, el problema más grave que tenemos hoy en día es el territorial. Un asunto que se arrastra desde hace 150 años. Y en los 6 últimos años ese problema se ha reproducido de forma sustancial en Cataluña.
En consecuencia, la reforma de la Constitución no puede esperar mucho más. Preciamos una reforma integradora, que no un proceso constituyente, como proponen algunos con pasmosa ligereza, a la vez que descalifican lo que ellos llaman el “régimen del 78”.
Lo más razonable sería explorar una reforma federal, el refuerzo de la protección de los derechos sociales, una reforma del proceso electoral y hacer del Senado una auténtica Cámara territorial, suprimiendo de ese modo, su innecesario cometido de Cámara de segunda lectura.
Si de verdad se quiere dar una solución duradera al problema territorial, hay que buscar un cauce para los ciudadanos de Cataluña que rechazan la ruptura que proponen los independentistas, pero tampoco están de acuerdo con el statu quo.
En este contexto, sería muy positivo el reconocimiento de la singularidad nacional catalana, sin que ello signifique privilegio alguno. Así como claridad y simplificación competencial, capacidad normativa fiscal y respeto al principio de ordinalidad, son algunas de las cuestiones que de manera inexcusable debería recoger esa reforma constitucional.
De todos modos, hemos de saber que reformar la Constitución no es la panacea para todos los males. Ahora bien, es la mejor manera de desmontar los argumentos de aquellos que pretenden desmantelarlo todo. Además, es, la mejor forma de regenerar la democracia. Desde luego, no es poco, pero vale la pena intentarlo.
Bernardo Fernández
Publicado en El catalán 26/11/18

19 de novembre 2018

CUMBRE INÚTIL


Si hiciéramos una relación con los errores que se han cometido en la política catalana en los últimos tiempos el listado sería largo. De todos ellos, podríamos atribuir al PSC unos cuantos.  Ahora bien. Lo que no se le puede negar a los socialistas catalanes es su capacidad para insistir, sin desfallecer, en dialogar y, a ser posible, pactar.
Fruto de esa perseverancia fue la convocatoria, por parte del president Quim Torra, de la Mesa para el Diálogo el pasado fin de semana. Esa iniciativa socialista, dicho sea de paso, es tan loable como inservible porque sentarse a la mesa con alguien que, a la primera de cambio, ya dice que su objetivo es negociar el derecho a la autodeterminación y bla, bla, bla, es como esperar que “llueva café en el campo” como cantaba Juan Luís Guerra a principios de los años 90.
El caso es que los socialistas han hecho bien, primero en insistir para que se convocara la reunión y después en asistir con los deberes hechos. Miquel Iceta puso sobre la mesa una reforma federal de la Constitución, un nuevo Estatuto y modelo de financiación, que ahora se denomina: “la hacienda federal”. Además de que Cataluña sea reconocida como nación (Igual ese reconocimiento es la solución a todos los problemas, vayan ustedes a saber).
Por su parte los comunes, tras constatar el fracaso de la unilateralidad propusieron un “pacto de claridad” que viene a ser un corta y pega de la ley hecha en Canadá para encauzar las demandas independentistas.
Y poco más dio de si la reunión. Los secesionistas empeñados en lo suyo que es lo de siempre y el PP, Ciudadanos y La Cup que no asistieron por motivos distintos, pero al final convergentes. La verdad es que se está mejor y más a gusto de fin de semana en la casita de la montaña, haciendo alguna escapada o yendo a Andalucía a echar una mano a los compañeros que allí están de campaña electoral que encerrado en un salón de la Generalitat escuchando monsergas.  Y es que algunos han olvidado que eso también forma parte de la política y va con el sueldo.
Inés Arrimadas intentó justificar su ausencia con el argumento de que con esas reuniones se hurta el debate en el parlamento. Falso. Esos encuentros no deberían ser inconveniente para que en el Parlament se hagan tantos plenos y debates como se tengan que hacer. Lo uno no quita lo otro.
De todos modos, la verdad es que el país está paralizado. Funciona por su propia inercia. Lejos quedan aquellos tiempos en que venían de todas partes a ver como se inventaba aquí y Cataluña era un referente.
Hoy la realidad es bien distinta. Las agencias de turismo sugieren a sus clientes que eviten acercarse a nosotros por la situación política. Las listas de espera en la sanidad ya son las más largas de todas las comunidades autónomas y tenemos el triste récord de tener más niños que nadie estudiando en barracones. A todo esto, hay que añadir que, hasta 30 entes u organismos públicos, como el Consejo de Garantías Estatutarias, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) o el consejo social de diferentes universidades están pendientes de renovación, en algunos casos de todos sus miembros.
Además, más de 3.000 empresas ya han trasladado su sede social de Cataluña a otros lugares con mayor seguridad jurídica y tranquilidad social. Algunas también la sede fiscal y de perseverar esta situación que nadie dude que se llevarán los centros de producción que, por cierto, es lo que sucedió en Quebec. No olvidemos que el capital no tiene patria.
La razón de ser de esta parálisis tiene sus raíces en el proceso independentista que venimos soportando desde hace seis años.
Por todo ello, y aunque la reunión de la Mesa por el diálogo fuera inútil, tan irresponsable es continuar con el mantra independentista de siempre, como no sentarse a dialogar siempre que se pueda, aunque se intuya que el esfuerzo será estéril.
En esta situación, adquiere plena vigencia aquel argumento de Antonio Machado dirigiéndose a los jóvenes en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid, a principios de los años 30, cuando les dijo: “haced política, porque si no hacéis política la harán otros y lo más probable es que la hagan en contra de vosotros”. Como siempre, inmenso Don Antonio.

Bernardo Fernández
Publicado en e noticies 19/11/18




05 de novembre 2018

PRIMERO JUSTICIA, DESPUÉS CLEMENCIA


Como era fácil de imaginar, la presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña, ahora hace un año, ha generado un auténtico sunami político.
La partida no ha hecho más que empezar y, sin embargo, los partidos de la oposición han entendido que era una buena ocasión para erosionar al Gobierno. Quizás por eso, Pablo Casado considera “indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía, ha manifestado en su cuenta de Twitter.
Tampoco se han andado por las ramas la gente de Ciudadanos que se han expresado de manera similar a los del PP.
Por su parte, con la petición de condenas para sus dirigentes, los independentistas han visto la oportunidad de revitalizar el movimiento de Procés de nunca acabar que cada vez está más exhausto y agotado.
Según el vicepresident del Govern Pere Aragonés, “el Estado español es una vergüenza”. Y el president Quin Torra ha anunciado que “el pueblo de Cataluña retira su apoyo a los presupuestos de Pedro Sánchez”.
Es verdad que la Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha modificado su criterio respecto al mantenido cuando se presentó por un posible delito de malversación. No hay porque negar que es muy posible que ese cambio haya sido inducido por el Gobierno como un gesto hacia los partidos independentistas pensando en la tramitación de los presupuestos. De ahí las duras críticas del PP y ciudadanos y el desdén -según ellos por insuficiente- con que han recibido el guiño los secesionistas.
Sea como sea, el caso es que una vez más se ha hecho evidente la incapacidad manifiesta de oposición y secesionistas para moverse en situaciones complejas como la que nos ocupa.
Este proceso está siendo una larga partida de ajedrez. Ahora, con la presentación de los escritos de acusación se abre la vista oral. Sin entrar en vericuetos legalísticos, es importante remarcar que donde la Fiscalía ve rebelión, la Abogacía del Estado ve sedición, una diferencia no menor. En estas circunstancias, habrá que ver, en el juicio oral las pruebas que se aportan las declaraciones de los testigos (la fiscalía prevé llamar a unas 250 personas a declarar) etcétera, y, en consecuencia, como evoluciona la situación hasta llegar a las conclusiones finales.
Además, los tipos de defensa serán determinantes. No será lo mismo una defensa estrictamente jurídica que una con claro contenido político que intente justificar la convocatoria de un referéndum y la declaración de una DUI, intentando hacer valer el derecho de autodeterminación, lo que tiene un tirón mediático a nivel internacional incuestionable.
En cualquier caso, es un error y demuestra una inmadurez política enorme ligar el apoyo a los presupuestos generales del Estado (PGE) con las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Los independentistas deberán explicar a la ciudadanía porque no votan a favor de que el salario mínimo interprofesional (SMI) se establezca en 900 euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España. Porque rechazan que las pensiones suban como el IPC y un 3% las mínimas y las no contributivas. O que se revitalice el sistema de dependencia, tanto en el pago a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
Y claro, tampoco votarán para recuperar la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de capacidad económica.
Y con el voto en contra de los independentistas el Gobierno no podrá introducir medidas para modular la subida de los precios del alquiler. Ni Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Si eso ocurre, es muy posible que tengamos que ir a elecciones generales y entonces, a lo mejor, PP y Ciudadanos logran una mayoría que les permite formar gobierno. Y si eso ocurre que nadie dude que se aplicará el 155 sin ningún pudor. Tal vez, eso es lo que en realidad anda buscando la gente del Procés, por aquello del cuando peor, mejor.
En los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña se produjeron unos hechos muy graves violentando la ley e intentando burlar el Estado de derecho. Es prematuro emitir juicios de valor y sería muy positivo que se dejará trabajar al Tribunal Supremo sin presión porque es quien al final ha de dictar la sentencia que determinará la culpabilidad o no de los hoy acusados. Después el Gobierno tiene la potestad de indultar si lo considera oportuno. Negar esa posibilidad, si sirve para normalizar la situación en Cataluña, es de una ceguera política alarmante. Ahora bien, cada cosa en su momento.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 05/11/18

UNIVERSIDADES PÚBLICAS, LA INCUESTIONABLE EQUIDISTANCIA

De todos los desbarajustes, ataques indiscriminados y absurdos a la convivencia que se están perpetrando en las últimas semanas a la con...