CRISIS DE PRESTIGIO

La Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. Consiste en el ejercicio de la Jefatura del Estado por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Entre otras cosas porque todos ellos viven de la remuneración que perciben de los ciudadanos que conforman su reino. Por lo tanto, en la medida en que alguno de sus integrantes falta a sus obligaciones, la Monarquía puede empezar a perder legitimidad.

Por eso, el comunicado difundido por la Casa del Rey el pasado domingo, 15 de marzo, cuando no hacía ni veinticuatro horas que el Gobierno había decretado el estado de alarma, sonó a huero y oportunista. Huero porque en el mismo Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre ─cosa que jurídicamente no tiene ningún valor─ y le retiraba la asignación económica prevista en los presupuestos de la Jefatura del Estado ─algo que no ha de afectar demasiado al Rey emérito si se confirma que tiene importantes sumas de dinero fuera de España. Y oportunista porque hacer público ese comunicado en estas fechas, con la pandemia que estamos padeciendo, es al menos sospechoso. Sobre todo, porque también se ha sabido que hace un año un despacho de abogados británico se puso en contacto con La Zarzuela, para comunicar lo que ahora hemos sabido, y el Rey acudió, entonces, a un notario para renunciar expresamente a cualquier beneficio que pudiera corresponderle por las cuentas que Juan Carlos I tuviese presuntamente en paraísos fiscales. Por lo tanto, ¿a santo de qué ese comunicado ahora?

En La rebelión de las masas Ortega y Gasset nos dice que no se puede gobernar contra la opinión pública; se puede alargar la situación más o menos, pero a la larga se impone el dictamen de esta. El ejercicio del poder exige de muchos requisitos, entre ellos, el crédito y el tiempo son inexcusables. En consecuencia, cuando el crédito se agota el tiempo para ejercer el poder empieza a ser escaso.

La práctica de la Monarquía no se revalida de manera periódica en las urnas. Por eso es de vital importancia que los atributos a que se hace referencia al principio de este escrito sean percibidos por la ciudadanía con absoluta claridad. Sin embargo, desde hace demasiado tiempo la Dinastía que reina España aparece a menudo enfangada en asuntos poco claros.

Hace unos años fue el yerno del entonces Rey del Juan Carlos I. Iñaki Urdangarin, el que apareció envuelto en turbios asuntos de corrupción en el famoso caso Noós. Tan turbios que acabó con sus huesos en la cárcel. El papel de su esposa en todo el affaire, la Infanta Cristina que, aunque absuelta por la Justicia, nunca quedó claro a nivel de opinión pública. También por esa época saltó a los medios de comunicación la caza de elefantes en Botsuana por parte de Juna Carlos I, cuando aquí más fuerte estaba pegando la crisis económica. Eso por no referir los líos de faldas del ahora Rey emérito.

Todo esto viene a colación porque se ha hecho público recientemente que existen dos fundaciones en el extranjero, no declaradas en España, en las que Juan Carlos de Borbón aparece como beneficiario y su hijo Felipe en una de ellas, según dice el Monarca sin su conocimiento (?). Una de esas fundaciones habría recibido pagos de Arabia Saudí.

No entraré en martingalas jurídicas de si el Rey emérito puede ser o no juzgado. Eso lo dejo para los expertos. La cuestión es que la justicia española lleva tiempo trabajando en el caso. La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional están esperando, desde hace meses, que les llegue de la justicia suiza la documentación que acredita una presunta cuenta bancaria en el país helvético de Juan Carlos I. Según parece el celo de las autoridades de aquel país para estas cosas y la burocracia están retrasando la entrega de los papales solicitados.

Por otra parte, en septiembre de 2018, el juez Manuel García Castellón sobreseyó una pieza separada sobre las cintas de Corina Larsen y las supuestas cuentas suizas de Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, ahora, esta nueva vía de posible corrupción que se abre por las obras del AVE a la Meca podría dar pie a reabrir la causa de Corina y las grabaciones con el Rey que se tuvieron que archivar por falta de pruebas.

“la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que además debe aparentarlo”, dice un conocido adagio. No sé si el día que lo explicaron en la escuela, el entonces niño Juan Carlos de Borbón no asistió a clase o, quizás, con el tiempo se le ha olvidado, pero hay cosas que son imperdonables. Considero que como sociedad nos hemos de marcar unas prioridades. Desde luego lo primero es la salud y entre todos hemos de ganar a la pandemia. Después, deberemos recuperar, lo más rápido posible, el pulso económico que teníamos los primeros días de marzo y todo lo que eso conlleva. Más tarde, deberíamos empezar a replantearnos el modelo de Estado que más nos conviene bien entrados en el siglo XXI.

Madurez para eso y mucho más la hemos demostrado de sobras.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 24/03/20

CUESTIÓN DE ESTADO

Con la llegada del coronavirus a nuestro país, una vez más, se ha puesto de manifiesto que en Cataluña estamos gobernados por un puñado de descerebrados iluminados que no tienen la más remota idea de lo que es ni la conciencia política, ni la conciencia cívica, ni el bien común. Para esta gente la solidaridad es el sálvese quien pueda y/o ande yo caliente y ríase la gente.

No me voy a entretener en desmenuzar aquí las barbaridades y sin sentidos que desde el Govern de la Generalitat y sus acólitos han dicho estos últimos días contra las medidas que está tomando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a cuenta del maldito Covid-19.  Acreditados columnistas lo han hecho ya con gran sobriedad y acierto No insistiré en ello. Su falta de principios y escrúpulos ha quedado demostrada. Quiero centrar este escrito en la vertiente más política, económica y social que conlleva la situación que estamos viviendo y el estado de alarma establecido por el Gobierno central para hacer frente a la pandemia y las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado martes, 17 de marzo.

De todas formas, permitan que para empezar dé un pequeño rodeo y haga referencia a un interesante artículo publicado en El País (17/03/20) bajo el título “Estado de alarma y lealtad”, por Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia. En esa columna, él ilustre personaje nos recuerda que “la sujeción de las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y locales a las órdenes de la autoridad competente del Estado queda definida en la Ley Orgánica 4/1981 sobre estados de alarma, excepción y sitio (LOAES) que fue votada favorablemente por todos los diputados del PNV y CiU en la sesión del Pleno del Congreso del 21 de abril de 1981”. No estaría de más que algunos parlanchines de mollera débil y escasa formación política se informaran antes de lanzar sus bravatas a los cuatro vientos y así nos evitaríamos algún cabreo innecesario del personal por mala información.

Pero vayamos al meollo del asunto: Pedro Sánchez es plenamente consciente de lo que lleva implícito el estado de alarma y que la economía va directa al pozo de la recesión. Ante esta situación, el Gobierno ha echado el resto y va a mover casi el 20% de nuestro PIB en avales públicos y préstamos para empresas. Una parte considerable de ese dinero se dedicará a reforzar la sanidad y a proteger a los trabajadores más vulnerables y a las familias. Habrá también, diversos tipos de ayudas, moratorias para hipotecas y coberturas de riesgo.

Son medidas que están en la línea de lo que se está haciendo en Alemania, que ha puesto sobre la mesa un 15% de su PIB y Francia un 12%.

Solo el tiempo nos puede decir si estás iniciativas son las que se necesitan o se hubiesen tenido que tomar otras. Ya veremos, pero, tal y como estamos, cualquier cosa es preferible a la inacción.

Para algunos, con una deuda publica que ronda el 100% hay cosas que no se deben hacer y no les faltan razones. Ese es uno de los motivos que genera la preocupación por lo que pueda suceder con la prima de riesgo, que ya ha empezado a experimentar subidas en casi todos los países de nuestro entorno y, por supuesto, en el nuestro.

En un principio Christine Lagarde se mostró esquiva a que el Banco central europeo se movilizara para acudir al recate de los más afectados. Sin embargo, en un Consejo de Gobierno de urgencia se dio luz verde para que el BCE vuelva a la senda que marcó Mario Draghi inyectando 750.000 millones de euros en activos públicos y privados, dando así aire a las primas de riesgo de los países del sur que estaban subiendo de manera alarmante. Con esta iniciativa los Gobiernos se aseguran financiación para sus planes de estímulo. Además, se espera que con esta inyección los mercados entiendan que, esto no es la selva, y no se va a permitir ni una desbandada de la prima de riesgo ni el beneficio desmadrado de los especuladores y los fondos buitre, al estilo 2008.

“Lo peor está por llegar”, dijo Pedro Sánchez en la intervención que llevó a cabo en el Pleno del Congreso del pasado 18 de marzo. Una sesión plenaria totalmente atípica porque no llegaban a cincuenta las personas allí presentes contando diputados, ministros, personal de servicio y fotógrafos.

En estos momentos lo más importante es la salud de la ciudadanía. Por eso, el presidente habló de emergencia sanitaria y se comprometió a crear una comisión que con rigor analice los errores y el estado de la sanidad pública una vez haya pasado la pandemia. Sánchez también anunció que pedirá al resto de partidos unos Presupuestos de “reconstrucción social”, cuando hayamos superado la crisis.

De manera deliberada he titulado este artículo de forma quizás un poco demasiado presuntuosa:” Cuestión de Estado”, pero lo he hecho conscientemente. A ver si tengo algo de suerte y algunos de esos que van despotricando por ahí, se dan cuenta que esto no va ni de autonomías, ni de ideologías, ni de color de piel, ni de religión, ni de nada que se le parezca. Por eso, estando unidos, siendo solidarios y cumpliendo las normas que nos dicen saldremos adelante. Aprovechar la situación, para sacra pingües beneficios, del tipo que sea, es una bajeza, sencillamente, inadmisible.

Ahora, nos toca resistir para vencer.

Bernardo Fernández

Publicado en el Catalán 21/03/20

DEBATES NOMINALES

Se ha convertido en un clásico: el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) lanza una idea sobre la articulación territorial del Estado y, en la España más jacobina, en la que se auto incluyen algunos líderes socialistas, eso suena a debacle ideológica, abren la caja de los truenos y se monta la Marimorena. Sin embargo, propuestas en ese ámbito, es algo que los socialistas catalanes vienen haciendo casi desde el minuto uno de su fundación, un ya muy lejano mes de julio de 1978

Eso es lo que sucedió a mediados del pasado mes de diciembre cuando el PSC hizo su XIV Congreso. En la ponencia política, al final del primer párrafo dice: “…reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional es nuestra manera de entender la unidad y la igualdad en la diversidad…” Yo no sé si este texto es tan perverso como para rasgarse las vestiduras, pero, en fin, cada cual es muy libre para hacer de su capa un sayo.

Sin embargo, para una buena parte de los expertos constitucionalistas la tesis de que España es una nación de naciones es perfectamente compatible con el artículo 2 de la Constitución que proclama “la indisoluble unidad de la Nación española…”

Obsérvese que, en nuestra Carta Magna, España tiene sentido tanto jurídico-político como cultural, mientras que a las naciones (solo) culturales que forman parte de la nación española se las denomina “nacionalidades”. Por lo tanto, España es una nación de nacionalidades (y regiones) o, si lo prefieren, una nación jurídico-político-cultural formada por naciones culturales. Dicho de otro modo, nación de naciones. (Disculpen este pequeño galimatías lingüístico).

Me parece importante resaltar aquí que ningún secesionista utiliza la expresión “España, nación de naciones”. Son los defensores de la unidad de nuestro país los que utilizan esa fórmula. No obstante, no debe confundirse la unidad política con la identidad nacional, porque la unidad política del Estado es de todo punto compatible con la pluralidad de identidades nacionales. Y eso es igual de válido, tanto para el conjunto de la nación jurídico-política como en el seno de las naciones culturales que la conforman.

Ahora bien, no todo el mundo es de la misma opinión. El catedrático en Derecho Constitucional y articulista, Francesc de Carreras, una de las cabezas mejor amuebladas de los comentaristas políticos de Cataluña, en un áspero artículo publicado en El País (17/1219) bajo el título “Las cuentas (y los cuentos) de Iceta”, sostiene que, “el argumentario de Iceta”, es decir del PSC, “además de equivocado es una frivolidad imprudente y sin fundamento”, para Carreras “nación y nacionalidad tienen significados distintos y tienen consecuencias distintas”. Y finaliza su columna con una tremenda diatriba: “Las cuentas de Iceta, además de equivocadas, son una frivolidad imprudente y sin fundamento. Siempre, pero más en esta materia y en estos tiempos, ello es una perturbación inoportuna. En términos constitucionales España es, pues, una nación integrada por nacionalidades y regiones no es una nación de naciones ni un Estado plurinacional, tal como aprobó el congreso del PSC …” Considero que aquí los comentarios están de más

Me ha parecido oportuno sacar ahora este tema a colación porque el frenazo que nos ha impuesto la pandemia del Covid-19 puede ser un buen momento para ver cómo, con demasiada frecuencia, se utilizan los medios de comunicación para desatar tormentas en un vaso de agua que, a los pocos días, quedan en nada. Pero ya se ha generado crispación y después cuesta mucho volver a la normalidad.

De todas formas, sería conveniente que hiciéramos un uso muy medido de las palabras, porque no acaba de quedar claro que se quiere decir cuando se dice que Cataluña es una nación y no se añade nada más. Con toda seguridad no es lo mismo para un independentista, para un militante socialista o para una persona que vota a Vox -pongamos por caso-. Por eso, sería bueno que antes de lanzarnos al debate, dibujáramos con absoluta nitidez las líneas del terreno de juego. O sea, dejar claro si lo que queremos es hablar de nación política, cultural, de patria o preferimos apelar a conceptos étnicos. Porque si no definimos, previamente, sobre que queremos discutir nos perderemos en una jungla de conceptos y vaguedades.

Para muchos teóricos de la política la verdad de un concepto no está en él mismo sino es sus consecuencias. A mi juicio, en vez de perdernos en debates nominales, es mucho más interesante saber a priori que pude suponer aplicar un nombre a algo. ¿En qué nos beneficia o perjudica decir que Cataluña es una nación? Definamos primero con claridad el concepto y la trascendencia que pueda tener; es decir, ¿vamos a tener más derechos, más competencias o mejor financiación si somos nación? Porque si no somos capaces de especificar cuáles son las ventajas o inconvenientes de nuestra propuesta nos quedaremos en la ambigüedad y la indefinición y, para eso, no vale la pena meterse en ese jardín.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/03/20

EL ENDÉMICO PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen las sociedades urbanas desde casi siempre. Afecta de manera especial a la gente joven. Sin un empleo digno, estable, razonablemente bien remunerado y un techo bajo el que vivir de forma decente, resulta muy complicado plantearse un proyecto de futuro.

La conflictividad viene de lejos. En abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas de Barcelona como Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras el final de la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno, para encarar la cuestión, han sido fracasos de solemnidad. En mi opinión, el problema no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo, ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden en él mismo.

Veamos, por ejemplo, como está la situación en Barcelona. Aquí la oferta de vivienda es a todas luces insuficiente. Con este panorama, limitar el precio de los alquileres sin aumentar la demanda no hará que haya más oferta disponible. Al contrario, es muy posible que buena parte de los propietarios retiren activos del mercado, y eso agravaría las cosas.

Es verdad que resulta lento y costoso recuperar una vivienda cuando los arrendadores incumplen sus obligaciones. Lo mismo sucede cuando un domicilio es ocupado de forma ilegal. Eso hace que no sean pocos los propietarios que se resistan a poner más vivienda de alquiler en el mercado. Por lo tanto, sería bueno que se articularan medidas razonables que dieran seguridad jurídica -que no quiere decir abusiva­- a los arrendadores.

Por otra parte, los fondos de inversión están haciendo un flaco favor en el mercado de la vivienda de alquiler y hay que evitar los desmanes porque cuando clavan sus garras en un edificio los inquilinos pueden echarse a temblar. Pero, hasta el momento, poseen el 4% del total. Por consiguiente, su incidencia en el precio global es poco significativa. Eso no significa que no haya que tenerlos en cuenta y marcarlos muy de cerca porque ya sabemos que a sus gestores lo único que les interesa es la rentabilidad.

Con este paisaje de fondo, los poderes públicos no deberían retardar por más tiempo su entrada en escena de forma decidida para empezar a poner el problema en vías de solución. Para ello, es ineludible la participación leal y franca de todas las administraciones implicadas.

Se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Tan necesarias como las decisiones políticas son las decisiones técnicas, máxime cuando es una evidencia que el dinero público es más bien escaso.

El objetivo a medio plazo debería ser lograr un parque de vivienda de alquiler con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

La cuestión ha de plantarse no sólo a nivel de ciudad, que también, sino y, sobre todo, a nivel metropolitano; es decir, teniendo en cuenta la Barcelona real. Pero eso, significa, a su vez, repensar la red de transporte público, a todas luces insuficiente tal y como está hoy planificada. De igual manera, se deberían reforzar los centros de atención primaria (CAPs), así como ofertar una enseñanza pública de calidad y asequible.  En este contexto, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades policéntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

No es mi intención señalar a nadie porque no es ese el objetivo de este escrito. Sin embargo, la cuestión de la vivienda es de tal envergadura que los egos personales y la lucha partidista deberían quedar al margen para poder remar todos en la misma dirección

Estamos ante un asunto que no tiene una solución ni sencilla ni rápida. No obstante, los políticos que nos gobiernan tienen la obligación de encarar el asunto con inteligencia y determinación. Al fin y al cabo, para eso los escogimos: para que resuelvan problemas, no para que eternicen los que ya tenemos ni para que nos creen otros nuevos.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 09/03/20

PERPIÑAN, LA MANTEQUILLA Y PUIGDEMONT

Durante el tardofranquismo fueron muchos los ciudadanos españoles que viajaron a Perpiñán para ver películas y comprar libros que en nuestro país estaban prohibidos.

“El último tango en París” dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada en los principales papeles por Marlon Brando y María Schneider fue, con toda probabilidad el filme que más éxito cosechó.

La escena de la violación anal de la mujer por el personaje masculino, utilizando un poco de mantequilla como lubricante, y los desnudos femeninos enfocados frontalmente causaron un fuerte impacto en la sociedad de la época. Quizás por eso, la película pasó a la historia del cine como un hito de la ruptura de los moldes preestablecidos.

El pasado fin de semana, más de cuarenta años después, Perpiñán ha vuelto a ser noticia, sobre todo en Cataluña, pero en esta ocasión el motivo no ha tenido que ver ni con el arte ni con nada que se le parezca. Al contrario, la razón del interés que ha suscitado la bonita ciudad francesa ha sido el acto político organizado por el Consell de la República; ese órgano amorfo creado por Carles Puigdemont que aspira a convertir en el partido que aglutine a la mayoría independentista para arrinconar a ERC, sus auténticos adversarios, pero mientras eso no ocurre a él le sirve para dirigir a distancia la política catalana.

Lo bueno y mejor del independentismo más radical acudió a la cita. Allí todos juntos vivieron otro día histórico, retransmitido, naturalmente por TV3, “la nsotra”, la de todos (la de todos los que piensan como ellos).

El acto fue el pistoletazo que marcó el inicio de la precampaña electoral en Cataluña. Ciertamente, fue un baño de masas para Puigdemont porque asistieron más de cien mil personas. Sin embargo, se puso de manifiesto el cisma que existe entre el secesionismo catalán puesto que la representación de ERC fue escasa y de segundo nivel.

Además del expresident fugado hablaron personajes como Toni Comín y Clara Ponsatí. No voy a hacerles el favor de comentar aquí sus discursos, porque sencillamente fueron además de insultantes vomitivos, pero si quiero apuntar algún detalle. Por ejemplo, Puigdemont llamó a “la lucha definitiva” y Ponsatí felicitó a los descerebrados que en octubre ocuparon el aeropuerto y les invitó a proseguir en sus desmanes. Es fácil incitar a la bulla y al alboroto cuando se está a miles de quilómetros y se cobran nóminas de escándalo; total, si zurran la badana los que recibirán serán los que están aquí. El problema es que algunos se lo creen y pasa lo que pasa.

También se visionaron unos videos de Marta Rovira y Oriol Junqueras muchos más pragmáticos y posibilistas pero que tuvieron poco éxito entre la exaltada parroquia que, por cierto, no tuvo reparos a la hora de comer churros españoles que unos avispados comerciantes vendían en la concentración.

 Al día siguiente Puigdemont encabezó una comitiva que fue al cementerio de Colliure y allí, sobre la tumba de Antonio Machado depositaron una estelada. Pero poco después llegaron al lugar miembros el colectivo Juan de Mairena que al ver el símbolo independentista sobre el poeta lo quitaron y afearon al expresident fugado y a su sequito su intento de patrimonializarlo todo. Por fortuna el incidente no pasó a mayores, pero pone de manifiesto la bajeza y falta de respeto de Carles Puigdemont y algunos de sus seguidores.

Me ha comentado un conocido, habitualmente muy bien informado, que mientras la película El último tango en París estuvo en la cartelera la venta de mantequilla aumentó de manera considerable. En política como en la vida, las cosas nunca ocurren porque sí. Por eso, es muy probable que las intereses que han traído Carles Puigdemont nada tengan que ver ni con el tango ni con los productos lácteos, pero sí con las elecciones en Cataluña y ahí él marca la agenda, porque será Puigdemont quien decida la fecha electoral y Quim Torra quien firmará la convocatoria y, como es lógico, intentará que sea cuando peor la vaya a Junqueras.

La batalla por conseguir la hegemonía independentista no ha hecho más que empezar.

Bernardo Fernández

Publicado en el Catalán 03/03/20

LARGO ME LO FIAIS

Entre todo el marasmo de negatividad y desconfianza que nos invade, en casi todos los ámbitos de la vida, nos ha llegado una buena noticia: la mesa de negociación entre los Gobiernos de España y la Generalitat ya se ha constituido y empezado a funcionar. Quedémonos con eso, porque profetas de la catástrofe y boicoteadores, de aquí y de allí, no han faltado. El primero Quim Torra. El president de la Generalitat se ha pasado por el arco de triunfo el acuerdo alcanzado por PSOE y ERC el pasado 3 de enero.

Entonces, ambos partidos establecieron que esa mesa de negociación estaría compuesta por miembros de ambos Ejecutivos. El Gobierno de España ha cumplido a rajatabla. Sin embargo, la parte catalana ha enviado una delegación variopinta compuesta por diputados, entre ellos un imputado por organizar presuntamente el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, una concejal y un alto cargo de la Administración.

Con esa actitud, Torra y los suyos ponen de manifiesto el poco interés que tienen por la negociación, falta de respeto hacia la otra parte, hacia la ciudadanía que representan y una frivolidad institucional muy preocupante.

Más allá de esas cuestiones previas que para algunos pueden parecer bagatelas, vamos a fijarnos en lo fundamental. Hubiera sido deseable que la representación catalana dejase de hablar, al menos durante unas horas, de autodeterminación, amnistía y represión. Pues no, la misma mañana de la reunión se podían escuchar declaraciones ofensivas hacia la otra parte de personas que pocas horas después iban a estar sentadas en la mesa de negociación. No sé si será porque en Cataluña ya soplan aires electorales y hay que vender el producto, pero convendrán conmigo que ha de ser difícil sentarse a dialogar con alguien que acaba de decir en un medio de comunicación que el Gobierno del que formas parte alimenta la represión y permite la tortura.

De todas formas, como ya he escrito en reiteradas ocasiones, “la política es el arte de lo posible” y, menos de veinticuatro horas después de que se constituyese la mesa de negociación, ERC se abstenía en la votación sobre el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado iniciaban su andadura en el Congreso de los Diputados.

Por lo que respecta a los resultados del primer encuentro en la mesa de diálogo, ciertamente, había pocas expectativas. No dejaba de ser una toma de contacto. No obstante, las dos partes, tras un comunicado conjunto, admitieron el buen clima y el sentido positivo que había presidido la reunión. Los negociadores acordaron que se reunirán todos los meses de forma alternativa en Madrid y Barcelona, aunque, en principio, ya no asistirán ni presidentes ni vicepresidentes.

También, se dejó claro que los posibles pactos y/o acuerdos a que se pueda llegar “estarán en el marco de la seguridad jurídica”. Dicho en román paladino dentro del Estatuto y la Constitución. Ya sabemos que a algunos eso de decir Constitución, España o cosas por el estilo le produce urticaria. Tanto da. Como dice un conocido adagio chino, “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que cuenta es que cace ratones… Pues eso.

No le quiero echar agua al vino, pero me parece que, como dice Don Juan en el Barbero de Sevilla de Tirso de Molina o en Don Juan Tenorio de José Zorrilla, “largo me lo fiais”. A mi modo de ver, esta expresión, un tanto arcaica y en desuso encaja a la perfección en la situación que nos ocupa, y a muchos nos preocupa, porque con frecuencia los proyectos a largo plazo pueden olvidarse con facilidad y desvanecerse con los vaivenes del destino, que diría el poeta.

En cualquier caso, démosle una oportunidad a la esperanza. Vale la pena.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 28/02/20