Como era fácil de imaginar, la
presentación de los escritos de acusación de la Fiscalía y Abogacía del Estado
contra los líderes que participaron en la declaración unilateral de
independencia (DUI) en Cataluña, ahora hace un año, ha generado un auténtico sunami
político.
La partida no ha hecho más que
empezar y, sin embargo, los partidos de la oposición han entendido que era una
buena ocasión para erosionar al Gobierno. Quizás por eso, Pablo Casado considera
“indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a
desmarcarse de la Fiscalía, ha manifestado en su cuenta de Twitter.
Tampoco se han andado por las
ramas la gente de Ciudadanos que se han expresado de manera similar a los del
PP.
Por su parte, con la petición
de condenas para sus dirigentes, los independentistas han visto la oportunidad
de revitalizar el movimiento de Procés de nunca acabar que cada vez está más exhausto
y agotado.
Según el vicepresident del
Govern Pere Aragonés, “el Estado español es una vergüenza”. Y el president Quin
Torra ha anunciado que “el pueblo de Cataluña retira su apoyo a los
presupuestos de Pedro Sánchez”.
Es verdad que la Abogacía del
Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha modificado su
criterio respecto al mantenido cuando se presentó por un posible delito de
malversación. No hay porque negar que es muy posible que ese cambio haya sido
inducido por el Gobierno como un gesto hacia los partidos independentistas
pensando en la tramitación de los presupuestos. De ahí las duras críticas del
PP y ciudadanos y el desdén -según ellos por insuficiente- con que han recibido
el guiño los secesionistas.
Sea como sea, el caso es que
una vez más se ha hecho evidente la incapacidad manifiesta de oposición y
secesionistas para moverse en situaciones complejas como la que nos ocupa.
Este proceso está siendo una
larga partida de ajedrez. Ahora, con la presentación de los escritos de
acusación se abre la vista oral. Sin entrar en vericuetos legalísticos, es
importante remarcar que donde la Fiscalía ve rebelión, la Abogacía del Estado
ve sedición, una diferencia no menor. En estas circunstancias, habrá que ver,
en el juicio oral las pruebas que se aportan las declaraciones de los testigos (la
fiscalía prevé llamar a unas 250 personas a declarar) etcétera, y, en
consecuencia, como evoluciona la situación hasta llegar a las conclusiones
finales.
Además, los tipos de defensa
serán determinantes. No será lo mismo una defensa estrictamente jurídica que
una con claro contenido político que intente justificar la convocatoria de un
referéndum y la declaración de una DUI, intentando hacer valer el derecho de
autodeterminación, lo que tiene un tirón mediático a nivel internacional incuestionable.
En cualquier caso, es un error
y demuestra una inmadurez política enorme ligar el apoyo a los presupuestos
generales del Estado (PGE) con las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del
Estado. Los independentistas deberán explicar a la ciudadanía porque no votan a
favor de que el salario mínimo interprofesional (SMI) se establezca en 900
euros. La mayor subida que se ha llevada a cabo nunca en España. Porque
rechazan que las pensiones suban como el IPC y un 3% las mínimas y las no
contributivas. O que se revitalice el sistema de dependencia, tanto en el pago
a los cuidadores como en los pagos a las CCAA.
Y claro, tampoco votarán para
recuperar la totalidad del sistema de becas. O sea, más 500 millones de euros
para que los jóvenes puedan formarse sin discriminación por cuestiones de
capacidad económica.
Y con el voto en contra de los
independentistas el Gobierno no podrá introducir medidas para modular la subida
de los precios del alquiler. Ni Cataluña recibirá unos 2.300 millones de euros
más al aplicarse la resolución transitoria tercera del Estatut.
Si eso ocurre, es muy posible
que tengamos que ir a elecciones generales y entonces, a lo mejor, PP y
Ciudadanos logran una mayoría que les permite formar gobierno. Y si eso ocurre
que nadie dude que se aplicará el 155 sin ningún pudor. Tal vez, eso es lo que
en realidad anda buscando la gente del Procés, por aquello del cuando peor,
mejor.
En los meses de septiembre y
octubre de 2017 en Cataluña se produjeron unos hechos muy graves violentando la
ley e intentando burlar el Estado de derecho. Es prematuro emitir juicios de
valor y sería muy positivo que se dejará trabajar al Tribunal Supremo sin
presión porque es quien al final ha de dictar la sentencia que determinará la
culpabilidad o no de los hoy acusados. Después el Gobierno tiene la potestad de
indultar si lo considera oportuno. Negar esa posibilidad, si sirve para
normalizar la situación en Cataluña, es de una ceguera política alarmante.
Ahora bien, cada cosa en su momento.
Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies
05/11/18
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