ABSURDO Y CONTRAPRODUCENTE

En política, la geometría variable debe hacerse con el mismo esmero que se hace el encaje de bolillos. Utilizada en dosis adecuadas acostumbra a generar importantes beneficios. Sin embargo, usada sin mesura puede resultar perniciosa y ocasionar graves daños colaterales que pueden afectar seriamente a la salud democrática y la credibilidad de quien la utiliza. Y eso es lo que le ocurrió al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del pasado 20 M.

La exigua y, sobre todo, volátil mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez exige que desde Unidas Podemos, pero sobre todo desde el PSOE, por ser el grupo mayoritario, tengan que estar en permanente tensión, hacer cabriolas en el alambre y buscar alianzas a diestro y siniestro, para ganar las votaciones que plantean las iniciativas del Ejecutivo.

El martes 19 de mayo, en la Moncloa no tenían nada claro que Ciudadanos acabase votando la nueva prórroga del estado de alarma que se iba a presentar a votación en el Congreso al día siguiente, 20 de mayo. Por eso, los socialistas forzaron la máquina para que los grupos parlamentarios (PSOE, UP y EH Bildu) llegaran a un acuerdo y cubrir así el posible desaire de la formación naranja. Con la abstención de los independentistas vascos se cubría el expediente. Estos, por su parte, vieron la ocasión para colgarse la medalla de forzar la derogación integra de la reforma laboral del PP y otros logros para Navarra y Euskadi, como, por ejemplo, suavizar la regla de gasto y ampliar la capacidad de endeudamiento de esas comunidades y de sus entidades locales y forales.

El acuerdo puede gustar más o menos (a mí no me gusta nada, pero esa no es la cuestión). La cuestión es que el pacto se mantuvo en secreto hasta que el Ejecutivo logró el apoyo de PNV y Ciudadanos y, por lo tanto, los cinco votos de Bildu eran irrelevantes; pero es que además se hizo público una vez acabado el pleno. Después vino el culebrón, los dimes y diretes, donde dije digo, digo Diego, las rectificaciones y los desmentidos. En definitiva, todo el sainete que tanto daño hace a la credibilidad de la política.

El pacto, por desconocido e insólito, sacudió tanto a buena parte del Gobierno como a la mayoría de los barones del PSOE. El asunto no es menor porque lo que se ha puesto en cuestión es la fiabilidad del Gobierno y a sus principales apoyos parlamentarios, encabezados por Adriana Lastra y Pablo Echenique. En consecuencia, es necesario que alguien asuma responsabilidades, pida disculpas y haga las maletas. Y esto, que es muy duro, es conveniente para recuperar la imagen compacta de un Ejecutivo, en estos momentos, fragmentado y débil.

Afortunadamente, entre ese marasmo de confusión emergió la figura de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que poniendo sentido común forzó la rectificación del acuerdo, y eso llevó un poco de tranquilidad a las revueltas aguas de los agentes sociales, mientras que los empresarios amenazaban con dar por roto el diálogo social.

La vicepresidenta aprovechó que el día siguiente del fiasco, intervenía, mediante video conferencia, en un acto del Cercle d’Economía para marcar diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias y manifestar con rotundidad que con la derogación inmediata de la reforma laboral “Nos enfrentaríamos a la mayor recesión de nuestra historia. Con esa realidad, sería absurdo y contraproducente abrir un debate sobre esta materia”. En ese acto, también participaba el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, así el mensaje tenía doble recorrido: hacia dentro y hacia afuera.

En ese papel de apagafuegos, Calviño se puso en contacto con el líder de la patronal, Antonio Garamendi, para apaciguar los ánimos y que todo vuelva a la normalidad a la mayor brevedad posible. De momento, lo que la vicepresidenta ha conseguido es que no se dinamite el diálogo social que en la situación en que nos encontramos es más necesario que nunca. Por lo tanto, eso, per se, es todo un éxito.

El politólogo Fernando Vallespín en un artículo publicado en El País (20/05/20) afirma que: “…Calviño tiene el perfil de quien guiado por la ética de la responsabilidad sabe que los problemas no se resuelven aplicando las conclusiones de un seminario de teoría política…” Y añade:” …No es momento de confrontación ideológica sino de remangarse para sacar adelante la economía del país…” Perfecto.

Ahora es el Gobierno el que debe arremangarse, aparcar discrepancias y recuperar la cohesión interna.  Ha de enviar mensajes claros de empatía y complicidad para recuperar la confianza que perdió al pactar (y de la manera que lo hizo) con los independentistas vascos. PNV, sindicatos y empresarios han de percibir señales claras de que hechos como el sucedido no volverán a ocurrir.

El fino jarrón de porcelana china que es el diálogo social ha quedado hecho añicos al caerse al suelo tras una maniobra imprudente. Por consiguiente, habrá que recuperar todas las piezas y recolocarlas del mejor modo posible para que la pieza vuelva a lucir en un lugar privilegiado de la estantería institucional del Ejecutivo.

Todo el mundo se puede equivocar. Ahora hay que demostrar que se ha aprendido la lección y que algo asÍ no volverá a ocurrir.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 26/05/20

AVISO PARA NAVEGANTES

Muy pocas cosas positivas nos ha dejado el proceso secesionista catalán. En mi opinión solo dos. Una, la desaparición de los dos partidos más corruptos que había en el escenario político catalán, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unió Democrática de Cataluña (UCD). Y dos, el procés ha supuesto el fin da la carrera política de bastantes personajes tóxicos que campaban a sus anchas como si Cataluña fuera la masía de la familia. Desde Artur Mas a Carles Puigdemont, pasando por Marta Rovira, Josep Rull o Jordi Turull, entre otros muchos, son políticos que han ido a la papelera de la historia, aunque algunos quizás solo temporalmente. De todas formas, no hay que hacerse muchas ilusiones porque los que les han sucedido ni son de mejor pasta ni tienen más capacidades.

El procés, aunque con distintas intensidades, ha sacudido a todos los partidos políticos clásicos. Unos han desaparecido como es el caso de los ya citados, CDC y UDC. Otros, como Iniciativa per Catalunya (ICV) se han diluido en el magma de coaliciones, plataformas y movimientos de los comunes. El PP, en cambio, ha subsistido por su fuerte implantación a nivel del Estado, pero en Cataluña ha quedado como una formación marginal.

Por el contrario, fuerzas emergentes como Ciudadanos o la CUP han sabido hacerse un lugar al sol. Mientras que ERC, ha mejorado sustancialmente su ubicación en el tablero, hasta el punto qué podría convertirse en la fuerza hegemónica en Cataluña de los próximos tiempos.

En este difícil contexto, los socialistas catalanes tuvieron que hacer su particular viacrucis. Después de muchos debates internos y fuertes convulsiones, entre 2014 y 2015 el partido sufrió una escisión con la marcha de un nutrido número de pesos pesados. Desde Ernest Maragall, hasta Montserrat Tura, Quim Nadal, Marina Geli o Toni Castells pusieron fin a sus largos años de militancia en el socialismo catalán. Tan dura fue la situación que muchos ya daban al PSC por amortizado.

Sin embargo, tras aquella tormentosa etapa, los socialistas, elección tras elección, han ido enderezando el rumbo. Después, impulsados por el viento favorable de la llegada a la secretaría general del PSOE, primero, y a la presidencia del Gobierno después de Pedro Sánchez, el PSC ha dejado atrás su época más turbulenta y está en disposición de lograr unos excelentes resultados en las próximas elecciones al Parlament. Comicios que por más que el president Torra se resista a convocar, se habrán de celebrar más pronto que tarde.

Esas buenas expectativas se mantendrán siempre y cuando los socialistas no se empeñen en cometer errores como el que estuvieron a punto de perpetrar la semana pasada con la alcaldía de Badalona. Desde el PSC querían pactar con la “cupaire” Dolors Sabater para repartirse la alcaldía de la cuarta ciudad más grande de Cataluña. Suerte que en el último momento Sabater se echó atrás.

La cuestión era relevar a Alex Pastor, alcalde del PSC, que tuvo que dimitir, al ser “cazado” por romper el confinamiento y conducir bebido. Parecía que todo estaba pactado y el grupo Guanyem y el PSC habían llegado a un acuerdo para repartirse la alcaldía entre Dolors Sabater y el socialista Rubén Guijarro, el tiempo que queda de mandato. Sin embargo, en el último momento la candidata pro “cupaire” se echó atrás, se rompió el pacto y contra todo pronóstico Xavier García Albiol (PP) era investido alcalde de Badalona.

Los socialistas catalanes nunca agradecerán bastante a Sabater el favor que les ha hecho al no firmar el acuerdo. Ciertamente, el PSC ha perdido una alcaldía. Retener la vara de mando de Badalona de la mano de los que insultan, asaltan sedes y de alguien a quien ya se reprobó, habría sido un error que el socialismo no se podía permitir.

Para formar los dos tripartitos de izquierdas, primero con Pasqual Maragall y después con José Montilla, como presidentes, los socialistas tuvieron que aliarse con ICV y ERC. Entonces ya supieron de las deslealtades de los republicanos y lo que es gobernar con quien quiere reventar el sistema, cargarse la Constitución y llegar a la independencia desde la unilateralidad. De hecho, no han dejado de intentarlo, lo que pasa es que no han tenido ni fuerza, ni inteligencia política, ni el respaldo social suficiente. Ahora bien, que nadie dude que ERC en cuanto pueda volverá a las andadas.

Por eso, si el PSC aspira a desempeñar un papel de centralidad en la política catalana en los próximos años, es preciso que haga llegar a la ciudadanía la sensación de que es un partido de orden en el que se puede confiar, que respeta, protege y defiende la legalidad. Ese ha de ser el primer paso, condición sine qua non, para recuperar aquellos nichos de votos que les pertenecían casi en exclusiva y que con el tiempo por motivos diversos se fueron perdiendo o quedando en casa, pero que en 2017 volvieron a aflorar. Sin embargo, en esa ocasión para dar soporte a Inés Arrimadas que logró, no lo olvidemos, los mejores resultados que se han obtenido jamás en unas elecciones al Parlament por una fuerza no nacionalista.

En las elecciones que se empiezan a adivinar en el horizonte los socialistas catalanes pueden obtener unos resultados excelentes. La situación que estamos viviendo da pie a ello. En política marcar la posición nunca es superfluo. Por eso es fundamental que la dirección del PSC tome nota, demuestre seriedad y asuma que con frivolidades no se va a ninguna parte.

En estas circunstancias, no estaría demás un comunicado admitiendo el error, pedir disculpas y garantizar que hechos como el de Badalona no volverán a ocurrir. Con coherencia y sensatez se puede aspirar a todo. Incluso a ser decisivos a la hora de gobernar la Generalitat.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/05/20

  

DEL CORONAVIRUS A LA MISERIA

Da miedo pensar cómo será el día de después, una vez que se haya controlado la propagación del coronavirus. Como siempre ocurre en este tipo de situaciones, la crisis económica está golpeando con especial virulencia en los sectores más débiles. De hecho, ya estamos viendo como en lo que eufemísticamente llaman economía “informal” -economía sumergida habíamos dicho siempre-, la dureza de la situación se está ensañando con extrema crueldad. No me refiero a los que la controlan y obtienen pingües beneficios, claro está, sino a los que no tienen más remedio que bordear la legalidad para subsistir. Me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que, cuando entremos en la nueva normalidad, van a ser muchos los que lo van a pasar muy mal y se van a quedar atrás.

Según el plan estratégico de la Agencia Tributaria publicado el pasado 28 de enero, la economía sumergida supone en nuestro país un 11,2% del PIB (unos 145.000 millones de euros anuales). Si a esta cifra se le suman aquellas actividades que nunca se podrán regularizar, como, por ejemplo, el contrabando, el movimiento ilegal de dinero sube al 17%. En opinión del catedrático de Economía José Ignacio Castillo de la Universidad de Sevilla la economía sumergida en España ronda el 22% del PIB.

Sea cual sea el porcentaje real, el hecho cierto es que más de 2 millones de personas trabajan en nuestro país lejos de lo que establece la legalidad. Es decir, gente que trabaja en negro y que ahora, con el descalabro que ha generado la pandemia, ni pueden acogerse a un ERTE, ni pueden acceder a las ayudas que el Gobierno ha puesto a disposición de pymes y autónomos. En el mejor de los casos, podrán solicitar la renta mínima garantizada que el Ejecutivo se ha comprometido a hacer efectiva a finales de este mes de mayo. No obstante, esa ayuda no llegará a todos, los inmigrantes en situación irregular ni siquiera tendrán esa opción.

La economía sumergida es un mal endémico de nuestro sistema de producción y está extendida en todo el engranaje, desde la agricultura o la industria hasta la construcción. Tampoco se libran de esa lacra otras actividades que podemos denominar complementarias como, por ejemplo, los montajes, las mudanzas o la recogida de chatarra. Pero el nivel más bajo de las personas que trabajan en negro está en las empleadas de hogar, cuidadores de personas mayores y/o dependientes, venta ambulante (top manta incluido) o las limpiadoras de apartamentos turísticos y hoteles conocidas coloquialmente como “kellys” y el último eslabón de esta lamentable cadena, la prostitución.

La frontera entre la economía formal y la sumergida es muy difusa. Por eso, es muy corriente encontrar trabajadores que transitan de un lado a otro de la frontera en función de las circunstancias. Las consecuencias son evidentes: no tienen una relación laboral estable y, por consiguiente, no han cotizado lo suficiente para tener una prestación por desempleo.

Hay quien opina que toda crisis es una oportunidad. Lo siento, pero yo soy bastante escéptico en este terreno. Considero que aquellos que sostienen que cuanto menos Estado mejor; ahora, con la experiencia de la pandemia, deben entender que hemos de ir en dirección contraria. Necesitamos más Estado que nunca y, a su vez, el Estado necesita medios. Por lo tanto, todos hemos de contribuir y, como es lógico, más los que más tienen. En ese contexto, hay que fortalecer, más que nunca, los medios de lucha contra la corrupción en sus múltiples manifestaciones.

Estamos viendo como se ha desarbolado la sanidad pública. Concretamente, en Cataluña, con la excusa de los recortes en la época de Govern de Artur Mas se eliminaron 1.100 camas hospitalarias y se suprimieron 2.100 puestos de trabajo de personal sanitario, pero esa situación aún no se ha revertido, con lo bien que nos hubieran ido ahora esas camas y esos profesionales.

De todas formas, lo prioritario en esta nueva normalidad debería ser, primero, que nadie se quede atrás ni por condición social, ni por coyuntura laboral y, segundo, que aprendamos todos la lección para que, hechos como los que estamos viviendo, no vuelvan a suceder jamás. Sería imperdonable.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 12/05/20

GEOMETRÍA VARIABLE EN EL HORIZONTE

El pleno del Congreso celebrado el pasado, 6 de mayo, dejó sobre la mesa unos cuantos “avisos” que los dirigentes políticos no deberían echar en saco roto.

El primer “recado” puso de manifiesto la importancia que tiene en política manejar el ritmo y los tiempos. Algo para lo que Pablo Casado ha mostrado su más absoluta incompetencia. Desde el minuto cero de esta legislatura el líder de los populares anda buscando el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. Por eso y, seguramente mal aconsejado por FAES, pensó que había llegado el momento de echarle un pulso al presidente del Gobierno, a cuenta de la nueva prórroga del estado de alarma, y hacer que besara la lona. Sin embrago, a Casado le salió el tiro por la culata y lo que se puso en evidencia fue que los 89 diputados del primer grupo de la oposición no son imprescindibles. Desde el Ejecutivo habían maniobrado con habilidad y lograron el soporte de PNV y Ciudadanos con lo que la abstención de los populares y el voto negativo de los seudo republicanos catalanes quedaban neutralizados.

En esta ocasión, han sido los propios barones del PP los que han puesto en evidencia a su líder. Su falta de reflejos y su lentitud para maniobrar se pusieron de manifiesto cuando Alberto Núñez Feijoo hizo saber, antes del pleno, que había hablado con la vicepresidenta Carmen Calvo y comprendía que “El Gobierno necesita tiempo”, toda una declaración progubernamental. De igual manera, Juan Manuel Moreno Montilla, presidente de la Junta de Andalucía, veía “razonable”, tras la reunión telemática de los presidentes de CCAA con el presidente del Gobierno central, prolongar el estado de alarma hasta finales de mayo. Además, varios juristas de reconocido prestigio ya habían advertido que no existen mecanismos legislativos alternativos al estado de alarma para ordenar la restricción de movimientos. De ese modo, Casado demostró su poca cintura política y su tozudez por facella y no enmendadla.

La otra cara de la moneda fue Inés Arrimadas. Resulta razonable pensar que la líder de Ciudadanos ha decidido hacer de la necesidad virtud y, ante la etapa de irrelevancia en que está sumido su partido a raíz de los malos resultados obtenidos en las elecciones generales del 10-N, Arrimadas dio un golpe de timón apoyando al Gobierno, descolocó al PP y, posiblemente lo más importante, ha perdido lastre por la derecha. En efecto, el exportavoz del grupo parlamentario, Juan Carlos Girauta, después de mostrar su sorpresa por el “giro estratégico de su partido”, no tardó ni 24 horas en darse de baja. Algo similar ocurrió con Carina Mejías, un camaleón de la política que proveniente del PP de Aznar, ha desempeñado un montón de cargos a costa de las arcas públicas. “A enemigo que huye puente de plata” debió pensar la lideresa del partido naranja, aunque enseguida se esforzó en aclarar que “el voto de Ciudadanos era un voto a favor de los españoles, no del Gobierno” …Ya, como si en política fuese lícito hacer otra cosa que no sea trabajar por el bien de los ciudadanos. En fin.

Los que no dan puntada sin hilo son los del PNV. Los nacionalistas vascos a la chita callando van a la suya y arañando competencias y contraprestaciones económicas de aquí y de allá. No le irían mal a Quim Torra, president de la Generalitat de Cataluña, unas cuantas lecciones, aunque fueran a distancia, de su colega el lendakari Iñigo Urkullu, de cómo sacar partido de cualquier situación.

No es casualidad que, en esta ocasión, el Gobierno ha incluido en la cuarta prórroga del estado de alarma la posibilidad de que se celebren elecciones en el País Vasco y Galicia. De esa forma, Urkullu podrá convocar elecciones en julio y evita hacerlo en octubre cuando, con toda probabilidad, todo irá bastante peor. Por extensión, Núñez Feijoo puede hacer los mismo. No estaría de más que Quim Torra siguiera el ejemplo de los presidentes vasco y gallego.

En ERC tuvieron un ataque de cuernos por el soporte de Ciudadanos al Gobierno. Los seudorepublicanos pensaban que o ellos o el caos y resultó que ni lo uno ni lo otro. Por eso, Oriol Junqueras salió en tromba desde la cárcel de Lladoners, amenazando con poner fin a la legislatura y dejar caer a Pedro Sánchez si la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern de Cataluña no se reunía en breve. Y, la verdad, ante la intransigencia de los actuales inquilinos de la Generalitat no le veo mucho recorrido a esa negociación.

De ahí que en diversas ocasiones haya salido la vicepresidenta, Carmen Calvo diciendo que “no hay cambio de alianzas. Somos de izquierdas y hablamos con ERC”, hace bien Calvo, pero, por si dos no se entienden, no está de más contar con un tercero por lo que pueda pasar.

En conclusión, no nos debería extrañar que más pronto que tarde veamos al Gobierno utilizar la geometría variable, que tan útil fue años atrás, para sacar adelante iniciativas legislativas.  De hecho, sería una señal inequívoca de madurez y normalidad democrática.

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 12/05/20

3%: LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

En 1963 se publicaba por primera vez “El cuento de nunca acabar”, un relato (cuento, si se prefiere) que desde su primera página nos permite conocer y disfrutar el rico pensamiento y particular mundo calidoscópico, lleno de suaves matices y policromáticas tonalidades, de la inigualable Carmen Martín Gaite. Martín Gaite, nacida en Salamanca en 1925 y fallecida en Madrid en 2000, ha sido una de las plumas más brillantes de las letras hispánicas de la segunda mitad del siglo XX.

Me ha parecido oportuno parafrasear el título del relato de la excelente escritora castellana para dar nombre a esta columna. Pero aquí se acaba todo paralelismo y/o similitud entre Martín Gaite y su obra con esos sátrapas nacionalistas reconvertidos al independentismo más irredento; no tanto por ideología, sino para mantenerse aferrados al pesebre que tantas satisfacciones les da cuando cobran la sustanciosa nómina por los servicios, de adhesión inquebrantable, prestados.

Lo que ocurre es que, en un sistema democrático como el nuestro, aunque esos indocumentados digan que es de baja calidad y no se respetan los derechos fundamentales, más tarde o más pronto, la verdad acaba saliendo a la luz.

Eso es lo que sucedió con el caso 3%: la historia de nunca acabar. Fue en un pleno del Parlament en febrero de 2005, siendo president Pasqual Maragall quien dijo que CiU tenía un problema que se llamaba 3%. El rifirrafe que se montó fue tremendo, pero no se pudo probar nada y el asunto quedó en el baúl de los recuerdos.

En julio de 2014, de manera totalmente inesperada, Jordi Pujol hizo un comunicado en el que admitía haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”, procedente de la herencia de su padre Florenci Pujol. De todas formas, la sospecha generalizada fue que ese dinero y seguramente mucho más, procedía de las mordidas de su época de presidente.

Después, en 2015 y a raíz de diversos casos de presunta corrupción municipal, el asunto fue reabierto en un juzgado de primera instancia de El Vendrell, como consecuencia de una demanda presentada por una regidora de ERC de Torredembarra (Tarragona).

A partir de ahí, el asunto cogió vuelo jurídico, pasó a la Audiencia Nacional y, desde entonces, el goteo de procesados ha sido constante. Hace un par de semanas se hacía público un auto del titular del juzgado número 5 de la mencionada Audiencia Nacional según el cual “se acuerda abrir una pieza separada para investigar a Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías, todo ellos ex altos cargos de la Generalitat, por la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)”. Junto a los exconsejeros citados aparecen también encartados otros ocho cargos de segundo nivel.

Sostiene el juez en su auto que “las donaciones que los investigados hicieron al partido, eran actos de afloramiento de dinero de delitos realizaos por personas próximas a CDC, siguiendo un plan superior trazado por jerarcas del partido”.

A menudo, llueve sobre mojado. Hace unos días, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena que acreditó la financiación irregular de CDC, entre, al menos, los años 1999 y 2009.  Es la sentencia definitiva del Caso Palau y se entiende probado que Convergencia cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial, a cambio de adjudicación de obra pública. La sala considera totalmente verosímil el relato estructurado por la fiscalía sobre el cobro de mordidas.

Se da la circunstancia que Artur Mas fue secretario general de CDC desde el año 2000 hasta 2012. Por lo tanto, resulta tan urgente como imprescindible que salga a dar explicaciones. De igual manera, sería deseable que los herederos políticos del pujolismo que hasta el momento han recogido buena parte de su cosecha electoral, es decir, el PDeCAT, diera también alguna explicación sobre al affaire. Sin embargo, hasta la fecha todos sus dirigentes guardan un tan encubridor como sospechoso silencio.

Ciertamente, en teoría, nada o casi nada tiene que ver CDC con el PDeCAT, pero si hurgamos en el historial político de los afiliados al nuevo partido, encontraremos que más del 90% provienen de la antigua Convergencia y en sus órganos de dirección y representación pública han encontrado acomodo; tanto los que ya tuvieron responsabilidades con Jordi Pujol, primero, pero, sobre todo, los que las tuvieron con Artur Mas, después.

Y es que todo eso fue posible porque de forma paralela a CDC se montó un entramado de empresas y/o fundaciones que hicieron viable el tránsito del dinero por las cloacas de la Administración. Al frente de esas redes de corrupción institucionalizada había personas con nombre y apellidos.

En consecuencia, nosotros, como miembros de una sociedad avanzada madura y compleja y que mantenemos las instituciones con nuestros impuestos queremos saber quiénes lo hicieron y quiénes les dieron soporte desde la sombra, para poder hacer, durante tanto tiempo, tanto daño.

En definitiva, menos mandangas identitarias, menos patrioterismo demodé y menos moralina politiquera, pero mucha más responsabilidad política, y compromiso ético y sensatez social. De verdad, no solo de boquilla.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/05/20