19 de desembre 2021

A FAVOR DE LAS LENGUAS


 Me siento orgulloso de formar parte de una sociedad bilingüe como es la catalana. Poder hablar dos idiomas, de forma indistinta, en el día a día, con absoluta normalidad, es un lujo intelectual y una riqueza cultural de la que pocos seres humanos pueden presumir. Por eso me parece una aberración que algunos descerebrados quieran imponer la primacía de una lengua sobre otra en un país como Cataluña porque tenemos la inmensa fortuna de tener dos idiomas oficiales. Sin embargo, para nuestra desgracia, las lenguas se han convertido en un arma arrojadiza de unos contra otros y de otros contra unos, y así se azuzan las más bajas pasiones.

 La polémica sobre la inmersión lingüística es recurrente en nuestro país. Cada equis tiempo surge algún motivo que reaviva el debate. Lo estamos viviendo estos días con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a un colegio de Canet de Mar a dar el 25% de las clases en castellano, a petición de los padres de un alumno.

 Da la sensación que hemos olvidado que el catalán, al igual que otras muchas cosas, fue duramente reprimido por la dictadura franquista en sus casi cuarenta años de existencia. Además de eso, se da la circunstancia de que es una lengua minoritaria y, por lo tanto, debe ser tratada con especial delicadeza para que no quede en algo puramente anecdótico.

 Así lo entendieron las fuerzas de izquierda (PSC y PSUC) en los comienzos de nuestra democracia, de tal manera que esa inquietud quedó plasmada en la ley de normalización lingüística que se aprobó en el Parlament en 1983. CiU que era partidaria de una doble red escolar (educar en catalán y castellano por separado), acabó sumándose al acuerdo, logrando, de ese modo, un amplio consenso sobre la cuestión.

 Más tarde, se aprobó la Ley 1/1998 de 7 de enero de Política Lingüística. El apartado II del marco jurídico de dice que El  Estatuto  de  Autonomía,  en  el  artículo  3,  dispone:  «1.  La  lengua  propia  de  Cataluña  es el  catalán.  2.  El  idioma  catalán  es  el  oficial  de  Cataluña,  así  como  también  lo  es  el castellano,  oficial  en  todo  el  Estado  español.  3.  La  Generalidad  garantizará  el  uso  normal  y oficial  de  los  dos  idiomas,  adoptará  las  medidas  necesarias  para  asegurar  su  conocimiento  y creará  las  condiciones  que  permitan  alcanzar  su  plena  igualdad  en  lo  que  se  refiere  a  los derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos  de  Cataluña… ».

 Así pues, en Cataluña se viene practicando la inmersión lingüística desde 1983. La inmersión es un sistema diseñado para garantizar la competencia en catalán y en castellano de todos los alumnos. Nació con la idea de que los hijos de los no nacidos en Cataluña, a partir de la lengua, tuviesen una integración social y cultural plena. Otra cosa es el uso y/o abuso indebido que en alguna ocasión se haya podido hacer de la norma 

 Ahora bien, desde que se puso en marcha la inmersión han ocurrido muchas cosas, como, por ejemplo, la globalización económica, social y cultural o la aparición de las redes sociales y, todo eso, está incidiendo en el uso, no solo del catalán, sino de todos los idiomas. Quizás, por eso, ha llegado el momento de abrir un debate sobre la efectividad real de la inmersión y si son necesarios cambios.

 La convivencia de lenguas en la democracia española, mal pese a algunos, es un éxito. Los conflictos son escasos, pero preocupantes porque ponen de manifiesto que alguna cosa falla en el sistema. En Cataluña existen más de 5.000 centros escolares y se pueden contar con los dedos de las manos los lugares en que ha habido roces significativos. De todas formas, es un mal síntoma que los jueces tengan que decidir sobre cuestiones que tiene que ver con la educación, pero es peor, todavía, buscar pingüe rentabilidad socio política exacerbando al personal con una materia tan sensible como la lengua.

 Lo que no es de recibo, y deberíamos rechazar todos, es convertir el uso de una lengua u otra en un campo de batalla. Es inadmisible que se presione a los dependientes de comercios, bares o restaurantes a que se dirijan a sus clientes en una lengua determinada. Como tampoco se puede admitir que algún que otro hiperventilado de las élites políticas y/o sociales ha llegado a criticar a la Generalitat por contratar a 600 profesionales de la sanidad provenientes de Andalucía porque no hablan catalán.

 De la misma manera, tampoco es admisible la actitud de un repartidor que no dejó un paquete en su destino porque el receptor le cantó el número de su Documento Nacional en catalán. Al igual que es reprobable la actitud de una familia en Lleida que se llevó el ataúd, en mitad del funeral, porque el párroco estaba haciendo la ceremonia en catalán.

 La realidad es tozuda y el hecho cierto es que en la Cataluña de hoy más de la mitad de los ciudadanos tenemos nuestros orígenes fuera del país y, por lo tanto, nuestra lengua materna no es el catalán y renunciar a eso es algo que pocos , muy pocos están, dispuestos a hacer. Aunque, como se demuestra en la vida cotidiana, hablar dos idiomas de forma indistinta, no supone, para la inmensa mayoría, ningún problema.  

 Otra cosa es la actuación torticera del Govern, haciendo de pirómano y bombero a la vez.  Porque mientras jalea al independentismo más recalcitrante y anima a los profesionales de la enseñanza a la desobediencia, el conseller Josep González Cambray aplica la resolución dictada por el TSJC. Eso ha hecho que se abriera una nueva grieta entre los socios del Ejecutivo y ya van unas cuantas. Otros han preferido banalizar el lenguaje con expresiones como “apartheid lingüístico”, han magnificado el problema y han hecho de la lengua un arma arrojadiza, para estar unos días en las portadas. Pero todo eso, si les parece, lo trataremos en una nueva entrega.

 De momento celebren las Fiestas de forma prudente que, merecido lo tenemos, sean razonablemente felices y, si les apetece, nos volvemos a encontrar en 2022. Para mí será un placer.


Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 16/12/2021

 

10 de desembre 2021

LA HISTORIA SE REPITE


 La noticia nos estremeció a todos. Fue la última madrugada de noviembre, en la plaza Tetuán de Barcelona. Una pareja y sus dos hijos (uno de tres y otro de un año) morían en un incendio que se produjo en una antigua oficina bancaria que estaba ocupada.

 La historia se repite. Todavía no hace un año que las llamas devoraron una nave al sur de Badalona. Allí malvivían más de un centenar de personas en condiciones de precariedad y pobreza. La falta de servicios básicos en un edificio que no estaba concebido para ser vivienda y el abandono del enclave marcaban el día a día en el interior de la instalación que estaba habitada desde hacía años por migrantes.

 Murieron cuatro personas y hubo más de 20 heridos, varios de ellos graves. Esa desgracia hizo que se pusiera el foco en una situación humanitaria crítica, pero que ya se conocía desde hacía tiempo. La ocupación ilegal del recinto era conocida por el consistorio que había puesto una mayor vigilancia sobre el lugar en los últimos meses. Allí vivía una población que oscilaba entre las 100 y 150 personas, la mayoría de origen subsahariano.

Se encontraban en situación irregular y se dedicaban al oficio de mantero, así como a la recolección de chatarra e incluso a la confección de muebles con palés. La pandemia agudizó su situación de pobreza. Sin acceso a agua o electricidad, se habían conectado a la toma general de luz.

En esta ocasión ha sido en pleno centro de Barcelona, junto a la escuela concertada, el Sagrat Cor y a solo 50 metros de la Consejería de Interior de la Generalitat. Era una antigua sucursal bancaria, donde vivían ocho personas: la familia fallecida y otras cuatro que se refugiaron en un patio hasta que les rescataron los bomberos.

La pareja llevaba un año viviendo en esta antigua oficina de Evobanco, que cerró en 2019, según explicaron los vecinos. Él era de origen paquistaní y ella, procedente de Rumanía, ambos de 40 años; sus dos hijos habían nacido en España. Vivían de recoger chatarra.

El ayuntamiento de Barcelona hizo público un informe según el cual en la ciudad viven unas 735 personas en locales y naves ocupadas, y sobre 340 en chabolas situadas en solares. Aquí hay que añadir un millar largo de personas que no tienen ni eso, viven al raso.  El pasado mes de octubre, la Guardia Urbana y personal del distrito del Eixample acudió a hacer una inspección en el local ocupado, en la que, según fuentes municipales, “no se detectó ninguna situación de peligro, ni riesgo estructural para hacer un desalojo de urgencia o una intervención de bomberos”.

Pese a que los servicios sociales municipales conocían el caso en el que había menores, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), de la Generalitat, no tenía ninguna constancia de ello. Según un portavoz del departamento de Derechos Sociales el Ayuntamiento no había informado del caso a la DGAIA, y este organismo no puede intervenir hasta que los servicios sociales básicos lo pidan. Por ley, los servicios sociales municipales tienen que elevar un informe a la DGAIA si perciben riesgo para el menor de edad.

Según el informe de 2016 sobre pobreza energética de la Agencia de Ciencias Ambientales (ACA), en torno al 11 % de los hogares de España (unas 5,1 millones de personas) se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Esta cifra se sitúa por encima de la media europea, que está en un 10,2 %, y representa un incremento del 22 % en los casi cuatro años transcurridos desde la publicación del informe anterior. Además de ese 11 % que no puede calentar su hogar de forma adecuada, un 21 % de los hogares españoles padece algún tipo de carencia relacionada con la pobreza energética (retrasos en los pagos, temperaturas inadecuadas, porcentaje excesivo de gastos asociados a facturas energéticas etcétera). En Catalunya, el 18,7 % de la población destina más de un 10 % de su renta disponible al gasto de energía, el 11,1 % acumula retrasos de pago y el 8,7 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

 La Ley 24/2013 del sector eléctrico —que es la ley que, en teoría, debería establecer la protección de las personas consumidoras vulnerables— constituye el marco jurídico por el que se rige la actividad del sector energético en España. En la práctica, esta ley considera la energía como un “servicio de interés económico general” y ha servido para profundizar la liberalización del mercado eléctrico. El hecho de que la electricidad deje de entenderse como un servicio público significa que la protección del mercado es prioritaria. Y, por lo tanto, a día de hoy, siguen siendo las empresas del oligopolio las que ostentan el privilegio de gestionar estos servicios, lucrándose con cifras millonarias y ejerciendo un control abusivo del mercado.

 Ante esta situación, la mayoría de los ayuntamientos del país están abordando la pobreza energética como si fuera un problema de ingresos y, en consecuencia, es asumido por los servicios sociales, que pagan recibos para evitar el corte de suministro. En realidad, esta estrategia es solo una prolongación de la pesadilla, ya que las facturas se vuelven a generar al mes siguiente.

 Tragedias como la de Badalona o la de la plaza de Tetuán ocurren con relativa frecuencia y no es descabellado pensar que seguirán sucediendo. Pero, eso sí, después de cada drama, siempre hay políticos a los que, con lágrimas de cocodrilo, les falta tiempo para lamentarse. Ahora bien, más allá de esa escenificación  y de la inestimable aportación de los municipios (dentro de sus limitadas posibilidades), ¿ustedes creen que nuestros gobernantes se preocupan por hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución que es el que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada?  Han acertado: NO.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/12/2021

01 de desembre 2021

MAYORÍA ESTÉRIL


 La enmienda a la totalidad de la CUP, a los presupuestos del Govern para 2022, puso Cataluña al borde del precipicio. Con su iniciativa los antisistema dinamitaron la teórica mayoría independentista en el Parlament (he escrito teórica mayoría porque en las democracias serias los votos que no obtienen representación no se cuentan, y si hacemos aquí esa lectura, el secesionismo tiene una representación del 48%). Todo esto, cuando no hace ni once meses que se celebraron las elecciones y poco más de seis que fue investido Pere Aragonés como president. Eso nos da una idea de la escasa estabilidad de la situación política catalana.

 Aragonés estaba empeñado en que la mayoría independentista del Parlament votase sus presupuestos. Por eso fue él quien se puso al frente de las negociaciones con la CUP para conseguir el voto de los anticapitalistas. Sin embargo, estos no cedieron en sus planteamientos. Esa situación puso de manifiesto la falta de perspicacia política de Pere Aragonés porque el president claudicó demasiado de prisa ante las exigencias de los antisistema y se quedó prácticamente sin nada en la cartera para seguir negociando.

 En cambio, los cupaires han demostrado ser alumnos aventajados en el aprendizaje de los mecanismos de la política parlamentaria. Recurrieron al filibusterismo para forzar al president a aceptar sus demandas, y cuando ya tenían satisfechas casi todas sus demandas se escudaron en su asamblea parlamentaria para decidir su posición Al final, menos de 300 militantes de ese partido decidieron que la enmienda siguiera viva, poniendo así en jaque al Govern de Cataluña.

 Ante esa situación y, a pesar de la mano tendida del PSC, el president prefirió negociar con en Comú-Podem para evitar tener que ir a unas nuevas elecciones, pero, claro, ni en la vida ni en la política, las cosas son gratis. A cambio del soporte de los comunes los republicanos han tenido que levantar el veto que Ernest Maragall puso a los presupuestos de Ada Colau en el Ayuntamiento; luego el edil tuvo que rectificar, cambiar de opinión y tragarse uno de los sapos más grandes de toda su trayectoria política. Y es posible que eso signifique, más pronto que tarde, el final de su carrera, como ya ha empezado a rumorearse en diversos ambientes.

 En opinión de Junts el pacto con los comunes es un fracaso del independentismo. No han querido tener en cuenta que el acuerdo con la CUP ponía en riesgo los Juegos Olímpicos de Invierno, el Hard Rock o el Circuíto de Montmeló que son, en estos momentos, algunas de las joyas de la corona para el sector empresarial que les es más afín.

 La situación es tan tensa entre los dos socios del Govern que la intervención del diputado Joan Canadell, el día que se aprobó la tramitación presupuestaria, parecía más propia de un grupo de la oposición que de uno de los grupos que dan soporte al Ejecutivo catalán. Eso hizo que Pere Aragonés expresara sus quejas al vicepresident Puigneró (algo que pudo ver todo el mundo porque el pleno se retransmitía por televisión), y poco después el president y la mayoría de consellers de ERC abandonasen el hemiciclo.

 De todas formas la realidad es tozuda y acaba imponiéndose. Con la tramitación de los presupuestos la mayoría independentista se ha demostrado estéril. Ante esta situación se me ocurre una pregunta: ¿Para qué sirve esa mayoría independentista, si los partidos que la conforman no se ponen de acuerdo en temas capitales para Cataluña como son la ampliación del aeropuerto del Prat, la mesa de diálogo con el Gobierno central o los presupuestos para 2022?

 En cualquier caso, me permito sugerir aquí que no cunda el pánico en el sector independentista pensando que el procés se ha terminado. El movimiento independentista catalán tuvo su punto álgido en el otoño de 2017, desde entonces languidece de forma lenta pero constante. La descomposición que hemos visto de la mayoría en le Parlament no es un hecho aislado, ocurrirá cada vez con más frecuencia y, probablemente, cada vez con mayor virulencia.  

De todas formas, a trancas y barrancas el independentismo seguirá funcionando más o menos cohesionado en el Parlament.  El 23 de diciembre con o sin apoyo de la CUP tendremos presupuestos y eso dará aire al Govern y un buen margen de maniobra.

 Que la situación está cambiando es evidente. Ahora bien, creo que es prematuro pensar ya en un tripartito de izquierdas, como han sostenido algunos en los últimos días. Las razones son variadas, pero voy a señalar dos. La primera es que, a día de hoy, el PSC es el partido a batir por ERC. Hace tiempo que los republicanos trabajan para convertirse en el partido hegemónico de Cataluña, como un día lo fue Convergencia. Pero son los socialistas los que ocupan el espacio sociológico que ellos necesitan para ser la primera formación política en nuestro país, y están constatando que ese asalto es muy complicado.  De ahí su inquina hacia los socialdemócratas catalanes.

 La otra, son los recelos que los republicanos despiertan en los socialistas por las continuas deslealtades y salidas de tono de los de ERC tuvieron en los dos tripartitos (de Maragall y de Montilla). La animadversión de los unos hacia los otros y el recelo que los otros despiertan en los unos (sobre todo en las bases menos catalanistas) hace que el pacto PSC ERC sea extremadamente difícil.

 No obstante, es bien vedad que, en política, cosas más raras se han visto.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 29/11/2021

DEL SOCIALISMO A LA SOCIALDEMOCRACIA

En el siglo XIX, la socialdemocracia fue una tendencia revolucionaria difícil de diferenciar del comunismo. Pretendía acabar con la división...