CON EL CORAZÓN "PARTÍO"

 

Me ha parecido oportuno parafrasear la célebre canción de Alejandro Sanz, “Corazón partío” para dar título a esta columna. Me ha motivado a ello el anuncio que hizo el ministro de Justicia, Julián Campo, la semana pasada, en el Congreso, cuando dijo que en los próximos días su departamento iniciaría la tramitación del indulto  de los políticos presos por el proceso secesionista catalán. A la vez informó que el Gobierno estudia cambios normativos sobre la tipificación penal del delito de rebelión. Pues bien, confieso que ese anuncio me ha sumido en un mar de dudas y me ha generado sentimientos encontrados, algunos, incluso, contradictorios.

No me ha extrañado que la derecha extrema y sus parientes políticos, la derecha montaraz, se hayan lanzado a la yugular del Ejecutivo; eso está en el guion de la política española, tal y como funciona a día de hoy. La obsesión de Vox y PP es derribar al Gobierno y, por tanto, de ellos no cabe esperar otra cosa: o lo consiguen y tenemos un cambio político muy profundo, o fracasen y se hunden en sus propias contradicciones. Ese es el sino de la derecha en nuestro país: el todo o nada

Pero lo que sorprende es la indiferencia e incluso el  desprecio con que  los propios interesados y sus correligionarios han acogido el anuncio del ministro. Para los independentistas “son cantos de sirena del Estado”, y en opinión de Albert Batet jefe de filas de JxCat en el Parlament, “no es la solución al conflicto político”. Y es que para los secesionistas más hiperventilados la única vía posible es una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Según Marcel Mauri, máximo dirigente de Omnium Cultural, con el presidente de la entidad, Jordi Cuixart en prisión, “un indulto no sirve para nada, más allá de la solución a la persona indultada”. Para ERC, siempre tan empáticos y predispuestos a los acuerdos, es un ”gesto” ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en cambio, en opinión de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, “la tramitación es una obligación legal que tiene el ministerio, por tanto no es nada más que lo que está obligado por ley”. No le falta razón a la dirigente de la ANC, pero no deja de ser curioso que ahora apelen a la ley cuando son ellos los que no se cansan de hablar de represión judicial, tribunales corruptos y no sé cuántas mandangas más. Además, olvidan que en la tramitación de una iniciativa, como en todo, es puede poner intensidad, entusiasmo y también celeridad. Pero también se puede llevar a cabo el trámite con desidia, dejadez y por imperativo legal. Estos muchachos son tan poco ilustrados que ni siquiera conocen aquel refrán castellano que dice, “no muerdas la mano del que te da de comer”, aquí sería suficiente cambiar el verbo comer, por el de perdonar o cualquier otro sinónimo…, pero en fin, tampoco le vamos a pedir peras al olmo.

De todas formas, el asunto no es menor porque el indulto es una medida de gracia por la que se libera al autor de un delito con condena firme de cumplir todas o algunas de las penas impuestas, pero no supone el perdón del delito. Mientras que la amnistía se otorga por razones políticas, especialmente en los cambios de régimen, y conlleva la extinción de la infracción.

En consecuencia, el problema de fondo es que, según el relato independentista, los líderes del procés no pueden aceptar el indulto porque no cometieron delito alguno y, por consiguiente, en su cosmos pluscuamperfecto aceptar el indulto sería sinónimo de haber cometido delito. O sea que violentaron la ley, y a partir de ahí, toda la fabulosa arquitectura que han forjado, basada en la más imposible de las quimeras y que han ido construyendo desde la ensoñación y la falsedad, se les derrumbaría como un castillo de naipes ante un estornudo.

La cuestión es si, ante esta situación de acoso por un lado y de desdén por otro, para el Gobierno de Sánchez realmente merece la pena sufrir el considerable desgaste político que, a buen seguro, la medida va a suponer.

No cuestionaré la legitimidad de la acción porque todo Ejecutivo, sea del color que sea, tiene la obligación de tramitar las peticiones de indulto que le lleguen. Ahora bien, como he escrito más arriba, esa iniciativa me deja con el corazón “partio” porque el raciocinio político me dice que el indulto, aunque ahora lo desprecien, puede, a medio plazo, favorecer  el dialogo y ser un elemento más para encauzar el negociación que tanta falta nos hace en Cataluña; pero por otra, como ciudadano de a pie, pienso que esos individuos que están en prisión cometieron unos delitos tipificados en el código penal y fueron juzgados y condenados por ello, por lo tanto, lo lógico es que cumplan su condena. Mucho más teniendo en cuenta que ni han mostrado arrepentimiento, ni están dispuestos a reconocer que se equivocaron, y no solo eso, es que encima, del “ho tornarem ha fer” han hecho un eslogan.

Y claro, buenos, sí, pero tontos, no.

 

Bernardo Fernández

Publicado en El Catalán 28/09/20

TAN REAL COMO LA VIDA MISMA

 

Reconozco que empiezo a estar harto de escribir casi siempre de lo mismo: la independencia de Cataluña, el procés y su mundo pequeño, estrecho y asfixiante.  También, sospecho que ustedes, apreciados lectores, están empezando a sentir hastío de tanto artículo, tanta columna y tanta tertulia sobre el monotema catalán. Por eso hoy me referiré a la visita que a principios de año hizo a nuestro país Philip Alston.

Es más que probable que el nombre de Philip Alston a ustedes no les diga nada. Sin embargo, si les  digo que es relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, es muy posible que haya logrado atraer su atención.

Pues bien, el informe que este señor hizo llegar al máximo organismo internacional sobre nuestro país, y que se hizo público el pasado mes de julio, debería sacar los colores a nuestros responsables políticos. Lo resume en tres principios básicos: en España hay una  falta grave de vivienda asequible, los impuestos son insuficientes para financiar la protección social y la burocracia impide, en muchas ocasiones, acceder a las prestaciones.

Alston sostiene que “el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que lo necesitan.” Se puede decir más alto, pero no más claro.

El documento contiene una serie de recomendaciones. La primera es la implantación de un ingreso mínimo vital; algo que ya se hizo en los inicios del verano, por lo que Alston se felicita y ha quedado recogido en el informe. Además subraya que “mientras unas comunidades tienen un sistema muy humano de ayuda para los más desfavorecidos, en otras lo han saboteado.”

Por lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está previsto que llegue a unas 800.000 personas, considera que deberá extenderse a más población teniendo en cuenta la devastación social que ha ocasionado la pandemia.

En opinión del relator los ricos han sido los grandes beneficiados de la crisis y los poderes públicos han fallado a los pobres. “Hay situaciones de gran pobreza muy extendidas (el 26,1% de la población es vulnerable, uno de los indicadores más altos de la UE), una alta tasa de desempleo y situación de desempleo juvenil crónico, con una crisis de vivienda de considerables proporciones, junto con programas de protección social a todas luces insuficientes, un sistema de educación segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a los pobres y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el bienestar de las personas,” expone en su escrito.

Philip Alston viajó por seis comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Galicia y País Vasco), las experiencias más duras estuvieron ligadas a la vivienda. Chabolas de plástico en Huelva para los temporeros, sin luz ni agua. Algo muy parecido a lo que vio en la Cañada Real de Madrid, “donde la polución está matando a los niños y los responsables políticos dicen que ya les han aconsejado que se marchen…”, desde luego, el ya ex relator ni se muerde la lengua, ni suaviza la pluma en su escrito y describe la realidad tal y como él la percibió.

Mención especial le merece la comunidad de Madrid, donde según sus datos, la pobreza severa se ha doblado en diez años (hasta el 7,8% en 2017), pese a ser la segunda comunidad con el PIB más alto. Por el contrario, su renta mínima de inserción es la más baja de todo el país y solo llega al 1,5% de la población.

En una entrevista concedida por Alston después de la publicación del informe se muestra muy contrariado “por la agenda neoliberal que llevan a la práctica las autoridades de Madrid, en la que las rebajas de impuestos son la clave para todo, sin estar interesados en abordar la situación de ese 20 o 30% de la población más desfavorecida.” Asimismo, quedó impactado porque el Gobierno de la comunidad quitó la subvención a Servicio Doméstico Activo, una asociación que se dedicaba a luchar contra los abusos a los empleados, “algo que también haría Donald Trump.”

A grandes rasgos, tan descarnada como se quiera pero tan real   como la vida misma,  esta es la situación en la que se encuentra nuestro país en lo que se refiere a servicios sociales y atención a los más desfavorecidos. Ante este estado de cosas podemos marear la perdiz tanto como los gobernantes quieran; ahora bien, más pronto o más tarde habrá que afrontar una reforma fiscal en profundidad para que paguen más los que más ganan y más tienen. Estamos lejos de la media de la zona euro donde los impuestos se sitúan en un 41,7% del PIB, mientras que aquí en 2018 nos quedamos en el 35% y la recaudación por el impuesto de sociedades cayó a la mitad en 10 años, hasta llegar a un 11% real. Además, según dicen los expertos la economía sumergida supera el 20%.

Es verdad que con la pandemia estamos en una situación muy delicada y la sociedad no está para fuertes sacudidas. Pero, en España, tenemos un Gobierno de coalición formado por dos partidos de izquierda, y si no aprovechan este momento histórico para dar un vuelco a la situación y nos ponernos a la altura de los países de la UE, fiscal y socialmente más avanzados, cuando lo vamos a hacer, ¿cuándo gobierne la derecha? No seamos ingenuos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 23/09/20

CORRUPTOS Y CHAPUCEROS

 

Toda la corrupción es mala, pero no del mismo modo. Resulta difícil definir la gravedad de los affaires tipificados como corruptos. No obstante, yo los enmarcaría en cuatro parámetros: grado de sofisticación de la trama, cantidades sustraídas, nivel de los investigados y perjuicios a la sociedad. Los casos más graves son los diseñados para lograr dinero a partir de las ventajas que se obtienen al ostentar cargos de representación o responsabilidad pública porque, por lo común, es necesaria la participación de varios miembros de la Administración, y para ello es necesario que estén todos convenientemente situados y predispuestos. Quien no recuerda casos como la Púnica, la Gürtel, el caso Palau o los ERE de Andalucía; sin un entramado minuciosamente diseñado esos affaires hubieran sido literalmente imposibles.

Faltaría a la verdad y no sería objetivo si solo pusiera el foco en las tropelías del PP. Todos los partidos tienen episodios oscuros en sus trayectorias que quisieran eliminar. Y suelen tener capítulos más opacos cuando más poder han tocado y más responsabilidades han desempeñado. Al fin y al cabo, una organización política es obra de unos seres humanos con todas sus grandezas y todas sus miserias, que, por cierto, no son pocas.

Ahora bien, si analizamos los despilfarros de los recursos públicos de los últimos treinta años, da la sensación que la corrupción se haya instalado en el ADN de los populares de manera congénita. De hecho, el PP es el único partido en Europa condenado por corrupción. Por algo será.

En el Partido Popular, desde hace años, sienten el aliento de la justicia en el cogote. Los populares nunca han sido un modelo a la hora de gestionar, no lo han sido a la hora de administrar los recursos propios, y mucho menos cuando les ha tocado gestionar recursos públicos. Para ellos bordear los límites de la legalidad en cuestiones económicas y transgredirlos, ha sido una constante a lo largo de su historia.

Estos últimos días hemos sabido por los medios de comunicación de un nuevo caso de presunta corrupción a cargo, como no, de importantes cargos del Partido Popular, cuando estaban en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. El caso Kitchen, la investigación sobre el entramado parapolicial dirigido desde el Ministerio del Interior para arrebatar al extesorero del PP, Luís Bárcenas, documentos comprometedores sobre las finanzas del partido. No quiero frivolizar con cuestiones tan sensibles, pero, además de muy grave, me parece una monumental chapuza y de una ingenuidad pasmosa pensar que con tanto colaborador y tanta persona fisgando en el asunto, más tarde o más pronto alguien no iba a filtrar algo.

Esta vez ha sido un tal Francisco Martínez, secretario de Estado de seguridad entre 2013 y 2016, el hombre gris del tejemaneje, el que ha tirado de la manta: la cuestión es que ha tardado ocho años en decidirse, seguramente lo ha hecho cuando ya se ha convencido de que nadie acudiría en su rescate. Difícil lo tiene Martínez ahora que los populares han perdido casi todos los resortes del poder y bastante trabajo tienen con mantenerse a flote y no sucumbir en el intento.

No voy a hacer leña del árbol caído. Los medios de comunicación ya están exprimiendo de manera adecuada el caso Kitchen y no voy a insistir. Me parece oportuno esperar y ver cómo evoluciona la situación porque el affaire se investiga de forma simultánea en dos juzgados de la Audiencia Nacional. Por un lado, el Juzgado Central de instrucción al frente del cual está el magistrado José de la Mata y por otro, el Juzgado Central de instrucción número 6 con el juez García Castellón al frente, que está llevando la investigación como una más de las 25 piezas del macrosumario de los trapicheos del excomisario José Manuel Villarejo.

Ante esta investigación, a priori, tan exhaustiva, me parce prudente esperar porque lo que ha salido hasta el momento me parece que no es más que la punta del iceberg y lo mejor está por llegar.

Como se decía en los cómics de mi juventud: continuará…

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/09/20

 

EL ETERNO VIAJE AL CENTRO

 En el arco parlamentario español casi nunca ha existido un partido de centro derecha al estilo de las formaciones políticas europeas. Con la democracia recuperada parecía que la UCD podría desempeñar ese papel, pero UCD, más que un partido político, fue un cúmulo de intereses y proyectos personales, por eso duró, como dice el gran Sabina, “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.”  Años después, el PP de José María Aznar, ganó las elecciones de1996 y, forzado por la aritmética parlamentaria, jugó ese papel durante un tiempo. Sin embargo, tras la victoria en los comicios del año 2000 con una holgada mayoría absoluta, los populares se derechizaron. Más tarde, con Mariano Rajoy en la Moncloa, siguieron practicando el capitalismo de amiguetes en lo económico que había institucionalizado Aznar, pero en lo ideológico se abrieron al ultraliberalismo, y el incipiente centro derecha en España pasó a mejor vida.

Tras el cataclismo que les produjo la moción de censura, era lógico pensar que aprovecharían la situación para hacer un reset en su trayectoria y culminar el eterno viaje al centro que los populares tienen pendiente desde que AP mutó al PP. Craso error. Por lo visto son de los de facella y no enmendadla

La cuestión es que, hace poco más de dos años, Pablo Casado alcanzó la cúspide del PP y uno de sus primeros movimientos fue nombrar como jefe de gabinete a Javier Fernández Lasquetty, patrono de la fundación FAES. De esa forma, el aznarismo volvía a la calle Génova por la puerta grande. A las pocas semanas Soraya Sáenz de Santamaría dejaba la política y tras ella el grueso de los dirigentes marianistas pasaba a la trastienda de la política. La operación limpieza continuó con la elaboración de las listas para las elecciones generales de abril de 2019. Tan solo diez de los 52 cabezas de lista repitieron. Casado ignoró las resoluciones de los congresos regionales e impuso a Teresa Madalla en Asturias y a la atleta Ruth Beitia en Cantabria, aunque está dimitió a los pocos días. Tampoco le tembló el pulso, pocas semanas antes de las elecciones en Euskadi, para cambiar al candidato Antonio Alonso, hombre moderado y abierto al diálogo, por Carlos Iturgaiz, más afín al propio Casado y miembro de la vieja guardia en los tiempos de Aznar. Para muchos aquello fue la descapitalización del partido y la pérdida de uno de sus mejores argumentos: la experiencia en la gestión.

Pero aún no había acabado su renovación y colocó a Cayetana Álvarez de Toledo de cabeza de lista por Barcelona y luego de portavoz del grupo parlamentario; y a Isabel Díaz Ayuso de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en contra de la opinión de buena parte del partido. Sin embargo, la jugada le salió bien en ambos casos. Eso lo llevó a acuñar el eslogan la derecha “sin complejos.”

El cese, este pasado mes de agosto de Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria obedece, más a una estrategia para tranquilizar al sector moderado de la formación y a la intención de blanquear la marca que a discrepancias de fondo entre Cayetana y el líder del PP.

De todas formas, lo tiene complicado el Partido Popular con la derecha extrema desatada que le está comiendo espacios, por un lado y Ciudadanos que se ha lanzado a ocupar el centro que ellos han dejado vacío, por otro. Ante esta situación, Pablo Casado haría bien en sacar conclusiones de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Euskadi y Galicia este mes de julio, y ver que le conviene más si el frentismo que han practicado en el País Vasco con Carlos Iturgaiz como punta de lanza, o el talante templado y sin aspavientos utilizado por Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Los resultados de los populares están a la vista.

Pero volvamos al hilo conductor de esta breve reflexión: el viaje al centro. El máximo representante de esa supuesta derecha “sin complejos,” Pablo Casado, se reunió días atrás con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el resultado del encuentro, no por esperado fue menos decepcionante. Casado anunció que no dará su plácet a la renovación de los órganos constitucionales (Poder Judicial, Tribunal Constitucional, RTVE o Defensor del Pueblo) mientras Unidas Podemos siga en el Gobierno porque, en su opinión, los podemitas están en contra del orden constitucional. Inaudito. Pero es que tampoco está por colaborar para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) adelante que, ante la situación de emergencia social y política que ha generado la pandemia, son más necesarios que nunca.

El tiempo apremia. El 15 de octubre debe presentarse en Bruselas el programa de reformas para optar al fondo de recuperación económica europeo. La cantidad a que puede optar España son 140.000 millones de euros. Con ese soporte, se podrá relanzar la economía y dar un paso de gigante en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la utilización de nuevas tecnologías o la aceleración de la transición energética, solo por poner algunos ejemplos.

Ahora bien, para conseguirlo es necesario hacer las cosas bien y con rigor. Ahí el primer partido de la oposición tiene un rol muy importante que jugar; pero no vale ni ponerse de perfil, ni practicar el obstruccionismo ni frivolizar con el futuro de las personas.

En estas circunstancias, si el Partido Popular quiere, de verdad, ser un partido de centro, moderado y moderno, ahora tiene la gran oportunidad de culminar su viaje y demostrarlo. Si no lo hace es posible que pase mucho tiempo hasta que se le presente otra ocasión como está y quizás para entonces ya hayan caído en la irrelevancia.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/09/20

 

EN CAÍDA LIBRE

 

Ya ven, apreciados lectores, cómo está el patio. No quiero ser profeta de catástrofes, pero en Cataluña llevamos casi diez años sin saber muy bien a dónde vamos como país. Ante esta situación de desgobierno, o como sociedad nos arremangamos y ponemos coto a tanto desmán y tanto marasmo político, o la Cataluña que hemos hecho entre todos y de la que, con virtudes y defectos, nos podemos sentir razonablemente satisfechos, se nos va por el sumidero de la historia. Claro y concreto: en las circunstancias que nos ha tocado vivir, es una evidencia que casi todo lo malo que nos ocurre, decir todo sería una exageración, es por la incapacidad de la gente que nos gobierna, los líderes independentistas.

Veamos unas cuantas situaciones que retratan a la perfección el calvario que como ciudadanos estamos padeciendo. En julio saltó la noticia, no por esperada menos dolorosa: Madrid nos había superado en la aportación al PIB español en el bienio 2018/2019. Mientras los madrileños aportaron un 19,3%, los catalanes nos quedábamos en un 19% del total. Nuestra generación de riqueza en ese periodo fue de unos 3200 millones de euros menos que la comunidad capitalina. Ellos crecieron un 2,5% y nosotros un raquítico 1,8%, pero es que la media de crecimiento en el Estado fue de un 2% y Cataluña fue la novena comunidad en ese ranquin.

Estos números, fríos pero elocuentes, son la consecuencia de la hibernación a que el procés ha sometido a la economía. Mientras en Cataluña la inversión en 2019 caía un 11,7%, respecto al ejercicio anterior, en Madrid aumentaba un 125%. Huelga decir que todo esto está en conexión directa con la decisión de muchas empresas que en otoño de 2017 empezaron a trasladar sus sedes fuera de Cataluña para evitar la inestabilidad política y la incerteza jurídica generadas por el secesionismo.

Por si todo esto no fuera suficientemente claro y preocupante, el president Quim Torra y el Govern de la Generalitat, que nos deberían representar a todos y defender nuestros intereses, están empeñados en dinamitar los puentes, cavar fosas y levantar muros para separar Cataluña del resto de España.

A principios de agosto, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez convocó a una reunión informal, que presidió el Rey Felipe VI, a todos los presidentes autonómicos; pues bien, asistieron todos menos uno: Quim Torra.  Su argumento para no asistir fue que él se quedaba a trabajar para los catalanes. Sobran los comentarios.

El problema es que esa autoexclusión es un menosprecio para los catalanes que nos quedamos sin representación en un encuentro que debía servir para establecer criterios y métodos para desarrollar un plan que permita acceder a los fondos de reconstrucción europeos. En política existe una máxima según la cual el espacio que tú no ocupas lo ocupa otro y, por lo general, lo hace en contra tuya. No estaría de más que Torra y sus acólitos aprendieran unas cuentas normas básicas que están en el manual (nunca escrito) del buen gestor público.

Pero, por si no teníamos bastante con todas estas bagatelas, en pleno periodo de vacaciones la mayoría Independentista forzó la máquina para convocar un pleno extraordinario del Parlament para pronunciarse sobre la salida de España de Juan Carlos I y sobre sus presuntos tejemanejes. Como era de suponer, aquello más que un pleno fue un aquelarre. Sin embargo, de la corrupción sistémica de Convergencia y el 3% silencio casi absoluto, algún que otro comentario con sordina y poco más.

La cuestión es que en ese pleno se aprobaron una serie de barbaridades e improperios como la expresión “Monarquía delincuente” o la frase “el único camino para a superar este régimen monárquico es constituir una república catalana”, tampoco se anduvieron por las ramas y se acusó directamente al Rey de haber “participado en la represión del pueblo catalán”.

Ante tales despropósitos el secretario general del Parlament, Xavier Muro puso sentido común y se negó a publicar en el Boletín Oficial del Parlament partes concretas de las resoluciones aprobadas en el pleno por las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar. De esa forma, Muro trataba de preservar la legalidad de la actuación de la Cámara y, a la vez, su propia piel, pues le Tribunal Constitucional ya ha advertido en más de una ocasión que las salidas de tono no quedarán impunes.

Sin embargo, Torra inmune al desaliento y ofuscado por su obsesión enfermiza anti española intentó forzar la dimisión del secretario general del Parlament. Por suerte, en este affaire se ha impuesto el seny y nadie, más allá de cuatro incondicionales, ha dado apoyo a la iniciativa del president y Xavier Muro sigue en su puesto. No obstante, situaciones como la referida ponen de relieve que el independentismo en su radicalidad no tiene límites y como se está tensado la cuerda, por lo que no es difícil adivinar que un día podemos tener un serio disgusto.  

Pero aquí no acaba la cosa. ¿No querían caldo? Pues ahí van dos tazas. La guerra fratricida, entre los posconvergentes por ver quién se queda con el espacio electoral más amplio posible, ha estallado por la propiedad de la marca JxCat.

De forma simultánea nos enteramos que el gasto social en los años de procés ha caído un 8%, mientras que en le resto de comunidades en le mismo periodo ha crecido un 13%. Por consiguiente, se produce un decalaje en ese aparado entre Cataluña y el resto de un 21%. Tan solo la comunidad de Castilla La Mancha, en el año 2011, estando presidida por María Dolores de Cospedal puso en práctica unos recortes tan drásticos.

En el Govern de Cataluña, ERC está desde 2015, pero la tendencia que puso en práctica Artur Mas. de recortar gasto social no se ha revertido.

En definitiva, seguimos en caída libre… y encima Messi se va. Es evidente que las desgracias nunca vienen solas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 02/09/20