RELATIVA NORMALIDAD

 Hemos comenzado el año con los presupuestos del Govern, para 2022, aprobados. Hacía más de una década que la Generalitat funcionaba con presupuestos prorrogados o aprobados fuera de plazo. Las cuentas salieron adelante gracias a que en la votación final, se mantuvieron en el Parlamento el 23 de diciembre, los comunes se abstuvieron. De esa manera, la mayoría independentista quedó quebrada, aunque fuera temporalmente y, un renglón seguido, el presidente, Pere Aragonés, anuncióba que se vio desvinculado de la moción de confianza que había pactado con la CUP a cambio de que estos votaran su investidura.

 De manera casi simultánea a la aprobación de esos presupuestos, PSC, ERC y JUNTS llegan a un acuerdo para renovar 112 cargos institucionales caducados desde hace tiempo. Quizás no sea un gran acuerdo, pero dadas las circunstancias, sí es un buen acuerdo y, en cualquier caso, hace tres o cuatro años, un pacto de esas características, hubiera sido impensable. 

 Es cierto que alguno de los cargos que se han renovado un currículum que está lejos de ser el adecuado para las tareas que deberá desempeñar. Por ejemplo, para dirigir el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que es el organismo que ha de velar por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico, cultural y supervisar la neutralidad y honestidad de la información que se trasmita, se ha optado por Xevi Xirgo. Xirgo es periodista director de uno de los diarios con más subvenciones públicas,  El Punt Avui,  y autor de libros como:  Carles Puigdemont. La lluita a l'exili  y  Carles Puigdemont. M'explico. Él no ha ocultado nunca su ideología, ni su militancia independentista. Tampoco su amistad con Puigdemont, con quien coincidió en el diario gerundense  El Punt . En opinión de Xirgo la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central es poco menos que estéril, en sintonía con la doctrina Puigdemont. Da la sensación que ese nombramiento es consecuencia de una actitud algo frívola o, cuando menos, poco meditada porque, poner al frente de un organismo como el   CAC, a un personaje como Xevi Xirgo, es algo así como poner la zorra a guardar las gallinas . No parece lógico pensar que alguien con esa trayectoria vaya a enderezar el rumbo de una institución como la que nos ocupa. Pero demos tiempo al tiempo. 

Con todo, a nadie se le escapa que, en Cataluña, poco a poco, estamos volviendo a una relativa normalidad política. Y eso es posible porque ERC ha hecho una revisión crítica del otoño de 2017 y, a partir de ahí, está haciendo un giro gradual de regreso al autonomismo. En ese contexto, tiene especial importancia el borrador de la ponencia que han de debatir los republicanos en una Conferencia que celebrarán a mediados de marzo. En ese documento, entre otras cosas, se dice que: no se pone ningún límite temporal al objetivo de la independencia. A diferencia de la anterior ponencia, donde se dejaba claro que la unilateralidad seguía siendo una opción. Esta vez el borrador menciona esa posibilidad, aunque no concreta acciones específicas. Es decir, la unilateralidad sigue aparcada, en el mismo sitio donde se quedó en 2017. De esa forma, ERC asume de forma tácita que Cataluña es una autonomía y ahora hay gestionar y gobernar esa autonomía.

En el mencionado borrador también se dice que: “No renunciamos ni renunciaremos nunca a ningún instrumento democrático que nos permita decidir nuestro futuro colectivo para llegar a la república catalana”. El texto propone: “desde acciones de desobediencia política y social hasta acciones de desbordamiento democrático para hacer posible la autodeterminación”, y hacen bien porque nadie tiene por que renunciar a sus sueños.

No obstante, y más allá de determinadas ensoñaciones, los dirigentes de ERC saben de la importancia que tiene, ante la comunidad internacional, la mesa de diálogo y creen que, ante un eventual fracaso, el no haberse levantado de ese foro despertará simpatías internacionales que pueden favorecer sus convicciones más profundas.

A nivel interno, los republicanos tienen claro que para ser el partido hegemónico de Cataluña y lograr el poder institucional que, en otro tiempo, tuvo CiU, deben presentarse como una fuerza moderada y abierta. Esa es la razón por la que Oriol Junqueras pregona la idea de abrir el espacio independentista a otras sensibilidades de izquierdas. Algo que no es nuevo. De hecho, lo empezó a poner en práctica Josep-Lluís Carod-Rovira y su equipo, a principios de este siglo. Existe, por lo tanto, un trabajo de reflexión teórica que ha llevado al partido a esa mutación.

La aprobación de los presupuestos dentro de plazo y los pactos para renovar cargos caducados han puesto de manifiesto que en el Parlament no hay mayorías monolíticas, ni el rodillo parlamentario funciona de manera automática. Aquí, igual que ocurre en las democracias consolidadas, los grupos políticos han de dialogar, negociar y pactar.

Más arriba he escrito relativa normalidad porque en la política catalana suceden cosas muy extrañas. Como ciudadano de a pie me resulta imposible entender cuestiones tan poco virtuosas como las “licencias por edad” que se practican en el Parlament y que hemos conocido ahora, la patética remodelación en los Mossos que desprende aroma de purga política o alguna que otra mordida que se empieza a vislumbrar en el horizonte, pero de esos affaires trataremos en próximas entregas.

De momento, seamos razonablemente optimistas. A nadie se le puede pedir que renuncie a sus ideales. Sin embargo, si podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes que tengan los pies en el suelo, si lo conseguimos, habremos logrado mucho porque es condición indispensable para recuperar la normalidad política, aunque sea relativa.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 24/01/2022

EL PAPEL DE LA UE EN LA POSPANDEMIA

 La magnitud de la pandemia generada por la Covid-19 ha hecho que Europa esté soportando la peor crisis desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sufrimos la mayor amenaza a la salud pública desde 1918, y eso nos obliga a replantear, tanto a nivel colectivo como individual, muchos de nuestros posicionamientos.

Antes esa situación, los líderes europeos entendieron, con sus más y sus menos, que la crisis socio económica que siguió el virus era de tal magnitud que sería imposible salir, si no se dio una respuesta conjunta.

Ahora, cuando ya empezamos a ver la luz al final del túnel y tenemos la secreta esperanza de que pronto la pandemia será un mal sueño, se hace más necesario que nunca el diseño de una política basada lógica, razonable, inteligente que favorezca la inversión y el crecimiento económico. Para que eso sea posible, es imprescindible el consenso entre los 27 Gobiernos de la UE. Si no se logra, nos veremos abocados a repetir los errores que en la crisis anterior propiciaron la austeridad extrema. Algo que no puede volver a suceder como si nada hubiera ocurrido. La compra masiva de vacunas y los fondos de recuperación nos marcan el camino, ahora hace falta que los responsables aprendan la lección.

Con las vacunas se han salvado millones de vidas; con el plan de recuperación NextGenerationEU  se está a la altura de las circunstancias; pues ese instrumento temporal de recuperación, dotado con más de 800 000 millones de euros,  ha de permitir reparar los daños económicos y sociales causados ​​por la pandemia. Y han de servir para que la Europa posterior a la Covid-19 sea más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros.

No obstante, siendo, esa iniciativa, acertada y necesaria no son suficientes. La UE debe salir de la zona de confort en la que tantos años se ha mantenido. Desde principiosdel siglo XXI se han comenzado a producir cambios estructurales en el sistema internacional que han terminado sustituyendo el orden liberal, en que se basaba el equilibrio entre las grandes potencias. La progresiva desoccidentalización del mundo y el auge de China, el aumento de la desigualdad causada por la aceleración de la interdependencia económica, la automatización y la dureza de la crisis financiera, nos han llevado a un cuestionamiento de la híperglobalización, ha persistente el rechazo al libre comercio y la inmigración, a la vez que ha dado lugar al auge de los partidos antisistema. Este terremoto político apareció el Brexit, el auge de los partidos eurófobos y la elección de Donald Trump, el primer presidente norteamericano que mejorará a la UE un rival comercial y no un aliado geopolítico. Y, por si eso fuera poco, la pandemia, además de atestar un duro golpe a las economías europeas, ha acelerado estos cambios globales, reforzando la rivalidad entre China y Estados Unidos, agudizando la crisis de las instituciones de cooperación internacional e incluso, en algunos lugares, socavando el apoyo a la democracia liberal. Aquel mundo en el que tan comodo estaba la UE esta dejando de existir. Ante el auge de los nacionalismos y el retorno de la realpolitik , la Unión tiene que reposicionarse y consolidar una posición autónoma en la escena internacional. Además, debe trabajar para sostener y liderar un renovado multilateralismo que evite una súbita involución de la globalización y que permita reescribir las reglas en los alcances en los que una cierta gobernanza global es imprescindible: salud, comercio, finanzas, sostenibilidad y lucha contra los paraísos fiscales.

La Unión necesita, como ha subrayado, en reiteradas ocasiones, el Alto Representante Josep Borrell, “aprender a utilizar el lenguaje del poder”, enseñando los dientes cuando haga falta y estando preparada para adoptar medidas que no gusten a los demás (algo a lo que está poco acostumbrada), como por ejemplo gravar a las empresas digitales (estadounidenses) o a las importaciones producidas con alto contenido en carbono (chinas). Para conseguirlo, urge una mayor cohesión interna que cierre las fracturas entre sus Estados miembros y vaya definiendo un “interés europeo” (hoy demasiado difuminado). También tiene que consolidar una única voz en el mundo (que no es lo mismo que una voz común, que es lo que tiene ahora). Pero, sobre todo, debe proteger su soberanía y desarrollar autonomía estratégica, es decir, tiene que dotarse de instrumentos para no tener que plegarse a las demandas de otras potencias como paso previo a la proyección del propio poder hacia afuera.

Hace apenas dos meses vimos  la virulenta agresión de Bielorrusia contra Polonia, canalizada a través de un flujo migratorio artificial, orquestado por el régimen de Alexandre Lukashenko, con el apoyo de Moscú que busca, desde hace tiempo, violar las fronteras europeas y, de paso, en esta ocasión, desestabilizar al Gobierno de Varsovia. Ese ataque puso de manifiesto que la UE debe protegerse de amenazas de carácter muy diverso que van, desde el tradicional ataque bélico, hasta el ciberataque, entre otros muchos.

Pues bien, sin solución de continuidad, ya hace días que estamos asistiendo a la presión militar de Rusia en la frontera con Ucrania y vemos como Moscú incrementa la presión sobre Kiev de manera obscena, casi ocho años después de la anexión de Crimea. Esa situación ha desatado los temores tanto de Estados Unidos como de Europa. Por eso, el pasado día 10 de enero se reunían en Ginebra delegaciones de Rusia y EE UU y dos días después era Bruselas la sede de una reunión entre delegaciones de la OTAN y Rusia. Sin embargo, los representantes de la Unión no han sido convocados ni como observadores y, aunque, ninguno de los dos encuentros ha rebajado la tensión, la delegación del Kremlin prometió que no planea intervenir en la antigua república soviética. No obstante, el jefe de la delegación rusa, Serguéi Riabkov, advirtió a la Administración estadounidense, “que no buscar un acercamiento a Rusia, que pasa por reducir la presencia de la OTAN en el este de Europa, supone un gran error en perjuicio de la seguridad europea”.

El problema de fondo es que Rusia no está dispuesta a permitir que Ucrania se una a la OTAN, mientras que los supuestos aliados occidentales pretenden que Kiev pueda decidir libremente con quien colabora, ya que consideran que Ucrania es, algo así, como el patio trasero de Europa. Por eso, Josep Borrell vuelve a tener razón cuando dice que: “cualquier discusión sobre seguridad europea debe involucrar a la UE y a Ucrania”. Lamentablemente, ahora se pone manifiesto que la opinión de los Veintisiete no siempre ha sido coincidente; y con ese panorama resulta difícil actuar como bloque y ser creíbles porque, con demasiada frecuencia, los intereses particulares han primado sobre los del colectivo.

Esta situación nos demuestra que, por desgracia, sigue en plena vigencia aquel antiguo adagio romano que dice: “si quieres la paz, prepara la guerra”. 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 17/01/2022

ACUERDO HISTÓRICO

 Una de las propuestas estrella, para esta legislatura, del Gobierno de coalición, era la reforma y/o derogación de la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo en 2012. Pues bien, el pasado 28 de diciembre el Consejo de Ministros ratificó el acuerdo que habían alcanzado, días antes, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los agentes sociales (patronal y sindicatos). El 30 salía publicado en el BOE, como real decreto-ley y antes del 7 de febrero deberá ser convalidado por el Congreso de los diputados y si no decaerá.

El mercado laboral es una de las cuestiones que más ha preocupado a todos los Gobiernos desde la Transición. Desde el principio de la democracia ha sufrido casi medio centenar de retoques. Cosméticos unos y más profundos otros. El acuerdo alcanzado, el pasado 23 de diciembre, por el Gobierno, la patronal y los sindicatos constituye la primera reforma laboral de gran calado que se aprobará con consenso de las partes implicadas en más de cuatro décadas. En España se han aprobado cuatro grandes reformas. La de 1980, en la que salió adelante el Estatuto de los Trabajadores, que es la columna vertebral de nuestro sistema laboral. Cuatro años después, en 1984, se introdujo la temporalidad en una reforma del Gobierno de Felipe González. A principio de 1994, los socialistas aprobaron otro cambio que afectaba a los despidos, la movilidad y la negociación colectiva. Hubo que esperar casi dos décadas para la reforma laboral del PP. En 2012, solo dos meses después de alcanzar el poder, Mariano Rajoy, con la crisis financiera en plena ebullición, aprobó una de las reformas laborales más profundas desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores. Tutelados por Bruselas y con el déficit público disparado, el PP abarató el despido de 45 a 33 días por año trabajado y a 20 días en algunos casos. Flexibilizó los despidos colectivos (ERE) simplificando los trámites, otorgó más poder a las empresas en la negociación de los convenios colectivos y eliminó la ultraactividad. La idea de fondo era desarrollar un marco para contener los salarios en la búsqueda de una devaluación salarial con la que ganar la competitividad perdida durante los años del bum inmobiliario. Las consecuencias de esa reforma están a la vista de todos; si bien es verdad que se han creado puestos de trabajo con relativa facilidad, también es cierto que se ha extendido la precariedad y han empeorado las condiciones laborales de los trabajadores, porque las empresas han tenido mucha más capacidad de maniobra.

Por eso, ahora toca enmendar los errores que cometió la derecha y, además, hacerlo con el mayor consenso posible. Porque ninguna de estas grandes reformas se aprobó con el acuerdo de los agentes sociales. 40 años después de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores, se ha logrado redactar un texto en el que han participado los sindicatos (CC OO y UGT), la patronal y el Gobierno, liderado por Yolanda Díaz. Como opinan los líderes sindicales: “Por primera vez, una reforma laboral de calado no será para recortar, para precarizar el empleo, para abaratar el despido, sino que rema en la dirección contraria”.

El objetivo principal del nuevo marco legislativo es reducir sustancialmente la temporalidad del mercado de trabajo en España (26,02%); algo que, desde hace tiempo, se viene pidiendo desde Bruselas. Aunque también servirá para corregir desequilibrios dentro de la negociación colectiva y dotar de mayor flexibilidad a las empresas en apuros. Asimismo, se revierten los asuntos más controvertidos de la reforma laboral del PP de 2012.  De igual manera, se equilibra la balanza entre empresarios y trabajadores dentro de la negociación colectiva. Se ponen límites a la preponderancia de los convenios de empresa y no se limita la ultraactividad, lo que en la práctica viene a significar que la vigencia del convenio se mantendrá todo el tiempo que dura la negociación de un nuevo convenio.

Con este acuerdo, es la primera vez que la CEOE deja de ser la correa de transmisión de la derecha. En esta ocasión la patronal ha demostrado tener más cintura y más sentido práctico que el PP. Los empresarios han sabido situar la lógica y el sentido común por delante del beneficio desmedido y las ideologías. En breve se iniciará el trámite parlamentario para convertir el acuerdo en Ley, y ahí, los teóricos socios del Gobierno deberían ser muy cuidadosos porque según las enmiendas que se introduzcan, la patronal podría descolgarse en el último momento y eso haría que, si la derecha llega al poder, el pacto fuera mucho más débil y reversible. Además daría aire a un PP en horas bajas.

 

Una vez más Pablo Casado ha puesto de manifiesto su falta de perspicacia política; no ha dado opciones a los moderados de su partido. En pleno debate interno, cuando el texto del acuerdo sobre la reforma aún no había sido publicado en el BOE y cuando algún miembro de la Ejecutiva popular habían recomendado a su líder “leer la letra pequeña” antes de decidir el sentido final del voto del PP, Casado dijo no. El líder de los populares apareció públicamente y avanzó que su partido votaría negativamente, derogaría la reforma en cuanto él llegase al Gobierno y hasta podría recurrirla en el Tribunal Constitucional por no haber sido tramitada como proyecto de ley en las Cortes sino como un decreto.

 Es lamentable que populares y republicanos catalanes coincidan de nuevo (como ya han hecho en más de una ocasión) al decir que ese acuerdo “es humo”. Del PP no cabe esperar nada. Sin embargo, sorprende que ERC quiera enmendar la plana a sindicatos y patronal. Para los republicanos dar soporte en la tramitación parlamentaria pasa porque se dé prevalencia a los convenios sectoriales autonómicos sobre los estatales, y que se devuelva a Cataluña la competencia para autorizar de manera previa los expedientes de regulación de empleo. Se trata de una potestad que la reforma del PP, de 2012, arrebató a las comunidades autónomas (algo que votaron los postconvegergentes ahora en Junts) y que el texto preparado por el equipo de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, en principio, no contempla.

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que estamos ante un acuerdo histórico. Se ha hecho una reforma profunda que no supone ni la derogación total de la anterior ni el inmovilismo que querían algunos. Si se ha llegado a ese pacto, ha sido gracias al realismo perseverante de los sindicatos y a la sensatez de la representación de la patronal que así se desmarca de los voceros catastrofistas de la derecha política. También ha sido encomiable el papel del Gobierno, que ha estado tejiendo durante meses un dificilísimo equilibro y ha conseguido superar las diferencias de los partidos de la coalición para alumbrar una reforma imprescindible. Ahora es fundamental que los partidos que dan soporte al Gobierno se dejen de veleidades y falsos protagonismos para que la tramitación en el Congreso sea fluida y sin sorpresas, pues, de su aprobación depende, en buena medida, que Bruselas de vía libre a los fondos europeos en 2022. Y sabiendo cómo son de miopes, políticamente hablando, algunos personajes que cobran su sueldo en la carrera de San Jerónimo, hay que andarse con ojo, no vaya a ser que se les vaya la mano, con su afán de mantener las esencias patrias y la líen parda.

 

Bernardo Fernández.

Publicado en e notícies 10/01/2022