Desde la década de los 90, las
entidades financieras y sus empresas afines nos han estado advirtiendo, de
forma reiterada, de la inviabilidad del sistema público de pensiones. Resulta
que, uno de los mayores avances de la humanidad: el aumento de la esperanza de
vida de la población, que en poco más de un siglo se ha doblado, para el
neoliberalismo es una desgracia. Según nos han ido diciendo, el envejecimiento
de la población comportará la quiebra de la Seguridad Social. Por eso, han sugerido
la conveniencia de contratar un plan de pensiones privado, para no llegar a la
jubilación y encontrarse sin cobertura económica. Esos agoreros no tenían en
cuenta que, para una familia que se las ve y las desea para llegar a fin de mes,
pensar en otra cosa que no sea el ir tirando es una entelequia.
Solo nos faltó que el PP llegara al
poder. No se anduvieron por las ramas y aprobaron la ley reguladora del Factor
de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social, con la que se cambió el cálculo de las
revalorizaciones de las pensiones. Dicho y hecho. El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, liderado por Fátima Báñez aplicó la reforma, introdujo el
factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. A partir de entonces,
las pensiones crecerían un 0,25%.
Además, de manera más o menos
sibilina, se empezó a filtrar la idea de que la solución para nuestro sistema
de pensiones era aplicar el modelo conocido como de “mochila austriaca”.
Esa “mochila austriaca” es, en
esencia, un fondo de capitalización individual que se nutre de las aportaciones
de los empresarios de una parte del salario bruto de
cada trabajador. Ese dinero,
que lleva el nombre y apellidos de cada persona, se invierte y es gestionado
por una entidad financiera. Si llega el despido de ese obrero, no recibe indemnización sino
que se lleva consigo el dinero de esa "mochila" y puede hacerlo efectivo o
reservarlo para el futuro como complemento de su pensión. Es decir, con ese
método se rompen los dos grandes ejes vertebradores de nuestro sistema que son
el sistema de reparto y el principio de solidaridad intergeneracional.
Estábamos entonando el réquiem por el
fin de unas pensiones públicas decentes, cuando la izquierda alcanzó el poder y
se puso de manifiesto que las cosas se pueden (y deben) hacer de otra manera.
Uno de los temas estrella
comprometidos por el Gobierno de coalición fue la reforma del sistema público de
pensione para hacerlo viable. Y a eso se puso el ministro José Luís Escrivá. No
ha sido fácil. Escrivá se ha movido en un auténtico campo de minas. En el
primer año de legislatura, con la ley sobre pensiones del PP todavía en vigor,
“dio” una “paguilla” en el mes de febrero, para paliar la pérdida del poder
adquisitivo de los pensionistas. Al año siguiente las pensiones crecieron
conforme al IPC, 3,5%, y este año, con la nueva ley en funcionamiento, las
pensiones se han revalorizado un 8,5% tal como señala un IPC desbocado por la
inflación.
Pero Escrivá aún tenía que remachar
el clavo y sacar adelante la segunda parte del plan –la más delicada y
compleja— que no es otra que establecer una modalidad que, manteniendo los ejes
básicos de nuestro sistema, fuese sostenible.
Y el ministro ha logrado lo que para algunos puede ser la cuadratura del
círculo, pero que en realidad es aplicar aquel principio según el cual, “cuando
una cosa es justa se ha de hacer, cueste lo que cueste”.
Una de las cuestiones que el Gobierno
se había marcado como “irrenunciable” era el mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas. Por eso, Escrivá ha optado por la subida de
las cotizaciones sociales, en lugar de otras medidas como podía ser retrasar la
edad de jubilación a los 70 años, la reducción de las pensiones futuras o el
alargamiento a 30 años del cómputo para calcular el importe de la pensión en
lugar de los 25 actuales. A partir de ahora, para el cómputo de la pensión
coexistirán dos sistemas durante 20 años. Se mantendrá el cálculo actual de 25
años y se incorpora uno nuevo, de 29 años, de los que se podrán excluir los dos
peores ejercicios. Cada pensionista percibirá su prestación calculada con la
opción más ventajosa para él. Esta medida no es neutra, sino que supone un
coste para el sistema, pero que los trabajadores que hayan tenido recorridos más
irregulares puedan tener una mejor pensión.
Para mejorar los ingresos del
sistema, el Gobierno plantea una “cuota de solidaridad” que deberán pagar los
salarios superiores como complemento a la base máxima de cotización. El aumento
de los ingresos facilitará, asimismo, subir la cuantía de las pensiones
mínimas.
Esa reforma legislativa ha recibido
el plácet de los expertos de la CE y ha supuesto el desbloqueo inmediato de
10.000 millones de euros de los fondos de inversión Next Generation. Y mientras,
los órganos directivos de CC.OO y UGT se congratulaban por la dimensión
histórica de la iniciativa. Sin embargo, la patronal mostraba su “frontal
oposición” a la reforma del sistema de pensiones por
“regresiva” y “populista”.
Tampoco le han gustado las modificaciones
a Núñez Feijoo, en su opinión “son una chapuza”. Él prefiere la de Emmanuel Macron,
es decir, la reforma de las pensiones impuesta sin consenso que retrasa la
jubilación y ha provocado un fuerte rechazo social en Francia.
¡Qué le vamos a hacer! A menudo los intereses de las clases pudientes
y los de las clases medias y populares no son coincidentes. Pero no hay que preocuparse, con toda
seguridad, los señores de la CEOE, Feijoo y sus colegas se estarán costeando un
buen plan privado de pensiones. Algo que no se puede permitir gran parte de la
ciudadanía. De ahí, la gran importancia de esta resolución legislativa.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 27/03/2023
