Comprendo
que, en ocasiones, resulta muy difícil para los políticos decir cosas que
atraigan la atención de la ciudadanía, sobre todo cuando juegan en campo
contrario. Eso es así, en especial, para los que militan en el campo
constitucionalista.
Supongo que algo
así le sucedió a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, al decir en una
entrevista que le hicieron días atrás en Catalunya Radio, que se mostraba
partidaria de aprobar un indulto para
los políticos independentistas encausados por organizar el
referéndum ilegalizado. “Si lo piden, yo soy partidaria de aprobarlo. Pero lo deben
pedir primero”. Manifestó la delegada.
Es lo mismo
que dijo Miquel Iceta en la campaña del 21 D, aunque después tuvo que matizar y
explayarse en explicaciones diversas ante el desencanto que generó entre muchos
de sus potenciales votantes. Hay quien sostiene que en ese envite el PSC perdió
un par de escaños.
Seamos
claros: la matraca de los lazos amarillos no es tanto por la libertad de lo
presos como por mantener tensionada a la tropa. Es decir, si no hubiera presos
buscarían el enfrentamiento por otros motivos. La cuestión es que nadie se
relaje y la moral siga alta.
Ahora bien,
admitiendo que los hechos ocurridos en Cataluña hace un año son muy graves: un
pronunciamiento (6 y 7 de septiembre), la convocatoria de un referéndum ilegal
(1 de octubre) y la declaración en sede parlamentaria de la república catalana
(27 de octubre); el juez podría haber aplicado otras medidas cautelares tan
efectivas como lo es la prisión preventiva. Y en el supuesto que, como hicieron
otros, todos o alguno de ellos, hubiese decidido fugarse, no olvidemos que a
enemigo que huye, puente de plata. Pero como dice la ministra de política
Territorial, Maritxell Batet, “es muy difícil hacer política con políticos en
la prisión”. De todos modos, las decisiones judiciales se acatan y se respetan,
tanto si gustan como si no.
En cualquier
caso, estamos asistiendo a un debate baladí, por prematuro e hipotético. La
legalidad en este sentido es clara: primero se debe producir el juicio y debe
salir una sentencia. Una vez haya concluido el proceso judicial el encausado podrá
solicitar el indulto al Gobierno de turno.
Seamos
prudentes. Dejemos que los tribunales hagan su trabajo y los políticos el suyo.
Pese a las alharacas y las soflamas de algunos las cosas se están moviendo. Los
hay que necesitan al personal tensionado de manera continua. Muchos han hecho
del procés su modus vivendi y, por tanto, esta feria tiene que seguir cuanto
más tiempo mejo. Volver a la normalidad del autonomismo para ellos serían un
fracaso histórico.
Sin embargo,
los signos de cansancio, fraccionamiento y desazón se empiezan a percibir entre
el personal secesionista. Ya son muchos los que piensas que la única vía de
salida es una solución pactada con el Estado.
En este
contexto, la comisión bilateral que se reunió antes de vacaciones es un
ejemplo. Los contactos discretos entre la ministra Maritxell Batet y Elsa
Artadi son otro. La moción que el diputado Carles Campuzano del PDeCAT, había
pactado con el PSOE y presentó, aunque acabó retirando por órdenes de la
superioridad, hablaba de emprender un diálogo “sin impedimentos” pero
“dentro del ordenamiento jurídico vigente”. Es otra muestra de como se están
abriendo caminos que hasta ahora permanecían cerrados a cal y canto.
De
todos modos, todo es posible. Ni se debe cantar victoria, ni certificar el acta
de defunción del fin del diálogo. Lo más importante, en estos momentos, es
tener mucha cautela, mucha inteligencia política y evitar que la euforia nos
haga poner el carro delante de los bueyes.
Cada
cosa a su tiempo.
Bernardo
Fernández
Publicado
en El Catalán 25/09/18
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