ACUERDO CON MATICES

La semana pasada, el 80% de los diputados que conforman el Parlament de Cataluña llegaron a un acuerdo para votar y aprobar una ley sobre una cuestión tan sensible como la lengua. Que una mayoria tan amplia sea capaz de sentarse a una mesa para negociar, llegar a un acuerdo y votar lo acordado es, sin duda, una buena noticia. No obstante, ensombrece el panorama que radicales de uno y otro signo no han hecho, ni tan siquiera, el esfuerzo de dialogar.

De todos modos, sería bueno que no nos dejásemos deslumbrar por las apariencias, porque la lectura que hacen unos y otros de la proposición de ley que llegó la Cámara catalana no tiene nada que ver. Mientras que para unos esta iniciativa legislativa es la fórmula más adecuada para esquivar la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a que al menos el 25% de las clases se han de impartir en castellano; otros considerando que así los dos idiomas cooficiales estarán presentes en los colegios de Cataluña.

Algo similar ha sucedido entre las entidades que desarrollan sus actividades en el ámbito de las lenguas, el mundo académico y los lingüistas. Unos piensan que este es el primer paso para que el uso del castellano acabe igualando al del catalán en las aulas y, en cambio, otros considerando que la nueva ley es una fórmula para burlar la resolución TSJC.

El acuerdo a que llegaron PSC, ERC Junts y En Comú Podem se producen después de dos meses de conflicto, provocado por el descuelgue de Junts de un primer pacto alcanzado en marzo, y que pensaron al castellano como lengua curricular , pero sin equipararla con el catalán. En opinión de, ERC, Junts y los comunes la nueva ley “blinda” el modelo actual, en el que la única lengua vehicular es el catalán. Sin embargo, para los socialistas el catalán sigue siendo el “centro de gravedad” del sistema y el castellano será lengua de aprendizaje, con lo que considera que se da cumplimiento a la sentencia. Por consiguiente, acuerdo con matices.

Las diferencias de interpretación del texto son, pues, considerables. Mientras que los partidos que conforman el Govern (ERC y Junts) considerando que la ley permite evitar el cumplimiento de la sentencia del 25%, los socialistas creen que así se acatará la misma, pero dando un mayor margen de actuación a cada centro.

Para la CUP esta ley se convierte al castellano, por primera vez, en cuarenta años, en lengua vehicular de “facto”.   Sin embargo, en opinión de Vox, PP y Ciudadanos la ley no atiende la interlocutoria del Tribunal Superior.  En consecuencia, la derecha ha aprovechado los cauces legales que brindan el sistema parlamentario para pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la Cámara. Eso supone que, cuando vence el plazo dado por el TSJC ─que será el 31 de mayo─ para aplicar el 25% de castellano en las escuelas, la nueva ley no permanecerá aún en vigor, lo que dificultará a la Generalitat poder argumentar ante el juez que su voluntad ―aunque no aplique la sentencia directamente― es regular el uso de las dos lenguas cooficiales en la escuela. Ante esa situación, el Govern ha decidido aprobar, de prisa y corriendo, un decreto ley, para detener, de ese modo, la posible acción judicial.

Es evidente que en esta ocasión se ha retorcido el lenguaje y se ha hecho un uso excesivo de la ambigüedad para que todas las partes puedan justificar su apoyo a la iniciativa legislativa. Quizás por eso, pocas veces un texto ha originado tanta controversia y puntos de vista tan diametralmente distintos entre sí, como este.

De todas maneras, hay algunas piezas que no encajan en este difícil rompecabezas. Por ejemplo, si la inmersión lingüística es tan fantástica como aseguran sus defensores a ultranza, cómo se explica que el uso del catalán a nivel social lleve años retrocediendo de manera sistemática. ¿Tendrá algo que ver la tensión política qué estamos viviendo? ¿No debería el Govern hacer una revisión en profundidad de sus políticas de soporte y promoción de la lengua y no centrarlo todo en la inmersión?

No son pocos los expertos que entienden que desde la Administración hay mucho camino por recorrer en torno a como la misma Administración Pública, la educación, la investigación; la cohesión social; la cultura; el sector audiovisual o los medios de comunicacion ; el campo digital y las tecnologías de la lengua; el ámbito socioeconómico y laboral; la salud y los servicios asistenciales; el ocio, el deporte y el mundo asociativo; sin olvidar las relaciones entre territorios de lengua catalana.   Pero eso sí, con inteligencia y mostrando empatía, no como se ha hecho con demasiada frecuencia, que ha sido con prepotencia o regando, de forma arbitraria, con dinero público a los que son amigos o de la misma cuerda ideológica.

Nadie puede cuestionar que, en una sociedad cada vez más globalizada como la que nos ha tocado vivir, es prácticamente imposible abrirse camino sin conocer idiomas (en especial el inglés). Por eso, ¿no parece lógico hacer una apuesta inteligente y seria por el trilingüismo? 

Permítanme que para terminar haga una comparativa y luego cada cual saque sus propias conclusiones. Quién considerando que ha difundido más y mejor el catalán en el mundo: un tipo como Joan Manuel Serrat empático, que evita la polémica, que ha hecho su obra bilingüe y que habla las dos lenguas con absoluta normalidad, o un personaje como Lluís Llach adusto ya menudo desabrido, alineado con el grupo Koiné y que advierte que cuando llegue la república el único idioma oficial en Cataluña será el catalán.

Yo lo tengo muy claro, porque nunca he creído en la utilidad de las imposiciones.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 30/05/2022

EL REY EMÉRITO SIN VERGÜENZA

 Considero que la república es la forma de Estado preferible para una sociedad del siglo XXI, desarrollada y compleja como la nuestra. Esa es una de las razones por las que nunca he sido monárquico. No obstante, admito que durante años sentí cierta simpatía por Juan Carlos I. Quizás era porque mi subconsciente asociaba la figura del Rey a la recuperación de la democracia en nuestro país.

Sin embargo, las cañas se volvieron lanzas, y a medida que se fueron conociendo las trapacerías económicas del rey Juan Carlos, aquella simpatía inicial se ha convirtió en desprecio y rechazo. 

La Fiscalía del tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación, que ha durado tres años, para intenta esclarecer los movimientos financieros, hechos por Juan Carlos de Borbón con absoluta opacidad, aprovechando su linaje. Ese trabajo nos ha permitido conocer algunos de los tejemanejes en paraísos fiscales del dinero que obtuvo el rey, cuyo monto y paradero se desconoce en su totalidad, aunque se deduce que supera los 77 millones de euros: los 65 millones de la donación saudí que se diluyeron en cuentas y mansiones de Corina Larsen, los casi dos millones que le regaló el sultán de Baréin y los más de 10 millones que tuvo en dos trusts (fideicomisos) en paraísos fiscales. 

Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva la investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran imposible perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación; las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021, así como la ausencia de pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra Juan Carlos de Borbón. O, dicho de otro modo, la ingeniería financiera, en esta ocasión, ha ganado la partida al sistema fiscal de un Estado social y de derecho.

Los dos decretos de archivo firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, constatan numerosas irregularidades cometidas por parte del anterior jefe de Estado, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y las conductas presuntamente delictivas que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) no son punibles por la regularización fiscal presentada por el abogado del emérito y que la Fiscalía da por buena.

Así pues, esa decisión pone fin a casi tres años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.

Como no puede ser de otra manera, me disgusta cómo se ha cerrado este affaire, pero no seré yo quien cuestione la actuación de la Fiscalía. Ahora bien, me pregunto si los fiscales actúan con la misma exquisitez cuando el investigado no es de la nobleza y proviene de la plebe.

 La actitud de Juan Carlos de Borbón ha puesto en cuestión a la Monarquía, porque es una Institución que requiere de una manera de hacer política muy sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

 Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder del rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI.

Ante esa situación decimonónica, parece que hay un consenso bastante amplio entre las fuerzas políticas sobre la conveniencia de ceñir la inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos que se produzcan en el ejercicio de su cargo. No solo la izquierda ve excesivo que el blindaje legal del jefe del Estado incluya sus actividades particulares, como ha puesto de manifiesto el escrito de la Fiscalía, citado más arriba, que descarta actuar contra Juan Carlos I. También Ciudadanos se muestra favorable a limitar ese privilegio, que, sin embargo, defienden PP y Vox. Pero quien podría poner en marcha la reforma, el PSOE, ha decidido aplazarla sin fecha.

Los socialistas han expresado en varias ocasiones su opinión de que la interpretación de la inviolabilidad penal de los actos del Rey es excesivamente amplia. Esa prerrogativa, según declaró Pedro Sánchez meses atrás “es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia”. No obstante, parece que en estos momentos hay otras cuestiones más prioritarias que ocupan las agendas de los políticos y los grupos parlamentarios.

Ahora, después de casi dos años viviendo en los Emiratos Árabes, Juan de Borbón, ex rey de España, ha vuelto este último fin de semana.  Ha venido —dicen—, a presenciar una regata en Sanxenxo, en la que participa el velero Bribón (no sé si el nombre del barco es una premonición o pura coincidencia), y a entrevistarse, más tarde, con su hijo Felipe y con la reina Sofía. Eso sí, no se ha hospedado en La Zarzuela y eso a los ciudadanos nos deja más tranquilos. El rey emérito se ha paseado sin vergüenza y sin rubor por donde le ha apetecido o su estado físico le ha permitido. Lo ha hecho entre   baños de masas y concentraciones en su contra, pero no ha contestado ni una sola pregunta de los periodistas. 

 El emérito fijó su residencia de manera libre y voluntaria en Abu Dabi; por lo tanto, puede ir y venir cuando le plazca. Pero que nadie crea que con el exilio se centrifugan responsabilidades. Estoy convencido que la mayoría de la ciudadanía española ya se ha formado una opinión sobre los trapicheos económicos y líos de faldas del que fue rey de España. Y aunque en opinión de la Fiscalía judicialmente su actitud no es punible, sigue faltando una explicación política y, sobre todo, una valoración moral de sus andanzas.

 De todas maneras, Juan Carlos I ya es historia. Que le vaya bonito.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 23/05/2022

LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

 Como, sin duda alguna, todos ustedes saben,  la expresión “Las cuentas del gran capitán” es muy utilizaba por la gente para referirse, de forma familiar y en sentido figurado, a las cuentas en donde constan partidas exorbitantes, o a aquellas que están hechas de modo arbitrario y sin la debida justificación.

 Pues bien, me parecido apropiado tomar prestada esa expresión para titular esta columna porque, durante cinco años (sí, han leído bien, cinco años), un decena de expertos economistas, bajo la supervisión del exconsejero de Economía y catedrático de Hacienda Pública, Toni Castells, han trabajado para elaborar un estudio que lleva por título: “Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios de la relación Cataluña España” y que ha sido publicado recientemente por el Institut d’Estudis per l’Autogovern.

El documento hace un recorrido por ocho escenarios diferentes sobre la financiación de Cataluña, que van desde mantener el actual sistema, hasta establecer modelos federales de diferente nivel, alcanzar un modelo foral como Navarra o el País Vasco o, el más extremo de todos, una supuesta independencia de Cataluña. Esa virtual secesión dotaría a la Administración de hasta 47.339 millones de euros, un 117,5% más de recursos de los que dispone actualmente. El informe, sin embargo, matiza la situación. Mientras que en los escenarios federales y forales sería necesario un acuerdo bilateral con el Estado y se mantendrían intactas las necesidades de gasto; en el caso de secesión, la Generalitat debería asumir todo el gasto que hoy hace el Estado en Cataluña, además de los denominados costes de transición, de los que el estudio avisa aunque sin analizarlos ni cuantificarlos.

Admito que me ha sorprendido que un estudio realizado por personas tan cualificadas como Guillem López Casasnovas, Maite Vilalta y Núria Bosch, entre otros, no trate con un mínimo de detalle los costes que supondrían para Cataluña la ruptura con el Estado. Por eso, con toda la modestia que soy capaz, quiero dejar aquí unos apuntes del coste económico que nos supondría la independencia.

Veamos, pues, algunas de las más que posibles efectos en caso de secesión.

Cataluña cuenta con algo menos de población que Suiza, un tamaño parecido al de Bélgica y un PIB similar al de Finlandia. Por lo tanto, sobre el papel, podría sobrevivir como Estado independiente, pero muchos analistas expertos advierten de que la ruptura tendría consecuencias dramáticas por un tiempo indefinido y podría condenar a Cataluña a un aislamiento económico y empobrecimiento sin precedentes. Según Credit Suisse, incluso sin considerar los riegos de la huida de capital o los costes de adaptación a una nueva moneda, el PIB catalán podría caer hasta un 20%. En la práctica, surgirían muchos problemas económicos porque la ruptura con el resto de España tendría serias repercusiones, especialmente a corto y medio plazo.

Para empezar, la secesión supondría la salida del euro y la pérdida del soporte del BCE. Es cierto, no obstante, que se podría seguir utilizando la moneda de la UE de manera unilateral. Es lo que hizo Kosovo cuando se independizó, pero las circunstancias de la provincia Serbia no son comparables a las de Cataluña, entre otras cosas, porque el PIB de Kosovo es cuarenta veces inferior al nuestro.

La escisión del Estado español supondría quedar fuera de la UE y eso significaría dejar de percibir los Fondos Estructurales, los de Inversión y los Nex Generation EU para la recuperación, así como cualquier otra ayuda que pueda llegar en el futuro.

Si alguna cosa nos enseñó la crisis financiera de 2007 es que los inversores huyen como de la peste cuando algo huele a inestabilidad. Por eso, si a raíz del 1-O de 2017 marcharon de Cataluña más de 5.000 empresas y cayeron en picado las inversiones, tanto del resto de España como extranjeras, hay que preguntarse qué ocurriría en caso de una independencia real.

La balanza comercial con el resto de comunidades autónomas es favorable a Cataluña. Pues bien, no hay que ser un lince para comprender que la mayoría de las transacciones comerciales por razones más que obvias quedarían estancadas, pero es que las que se llevasen a cabo estarían grabadas con aranceles, porque Cataluña habría dejado de pertenecer a una zona de libre circulación de mercancías, y eso haría mucho menos competitivas las exportaciones catalanas.

Dejo para una próxima entrega, cuestiones no menores como la más que previsible caída del turismo, el coste en defensa, el pago de la deuda, el pago de los funcionarios, de las pensiones y un larguísimo etcétera. Todo eso, sin tener en cuenta el coste de la ruptura emocional que supondría para el 53% de los ciudadanos catalanes que tenemos nuestras raíces o las de nuestros ancestros en otros puntos España, sencillamente porque eso es imposible de evaluar.

Nada más lejos de mi intención que enmendar la plana a las eruditas personalidades que han colaborado en la elaboración del mencionado estudio, “Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios de la relación Cataluña España”. No obstante, pienso que sería muy acertado que en próximos trabajos se recojan algunos de los apuntes que aquí he expuesto. En mi opinión ese tipo de documentos deben hacerse desde la más absoluta honradez, con total objetividad y el máximo rigor, sin perder de vista la realidad. De otra manera, se crean falsas expectativas y ya sabemos que eso acaba creando frustración en la ciudadanía y la sociedad catalana de engaños, falsas promesas y frustraciones tiene acumuladas muchas experiencias.

 

 

Bernardo Fernández

 Publicado en El Catalán 17/05/2022

SIN CULTURA DE GOBIERNO

 La situación política española, en las últimas semanas, ha rozado el esperpento. Ya se sabe que en los gobiernos de coalición, más pronto o más tarde, acaban surgiendo conflictos de intereses, sobre todo cuando hay elecciones a la vista, pero todo tiene sus límites y la actitud de Podemos por el caso de las escuchas es de juzgado de guardia.

 Nos guste o no, la actitud de ERC por el Catalangate tiene, desde la óptica independentista, toda la justificación. Al fin y al cabo, los republicanos forman parte de una mayoría —la de la investidura que es coyuntural— y eso les da un margen de maniobra que no puede tener Podemos porque forma parte del Gobierno. Sin embargo, ni el posicionamiento de la ministra Ione Belarra en el affaire de las escuchas telefónicas, ni el de Pablo Echenique, por el mismo asunto, como portavoz de su grupo parlamentario que da soporte al Ejecutivo, son de recibo.

 Belarra que, además de ministra, es secretaria general de Podemos, en su discurso ante el Consejo Ciudadano Estatal, órgano de dirección del partido, acusó a los socialistas de “tensar y poner en riesgo” el Ejecutivo y contratar a la titular de Defensa, Margarita Robles, tras una intervención de esta en la Cámara baja que, “nadie puede, ni debe, justificar el espionaje por motivos políticos”.

 Veamos: la línea de acción de Robles, puede gustar más o menos a su colega de Gobierno, pero hubiera sido todo un detalle de buena educación, respeto y consideración política decir a la ministra de Defensa lo que le tuvo que decir sobre sus declaraciones o sobre el sexo de los angeles, pero en privado. O para qué piensa la ministra de Derechos sociales que tiene los teléfonos del resto de compañeros de gabinete. No creo que se imagine que sean para que la inviten a una fiesta, ni siquiera para tomar unos vinos.

 En la misma línea de acoso se ha mostrado Pablo Echenique. Poco después de que Moncloa tratase de blindar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante las exigencias de dimisión de los partidos independentistas, en particular de ERC, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, cargó contra la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por "justificar" el espionaje a independentistas. Algo que "ha puesto en riesgo la mayoría de la legislatura". un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia".

Pero quien quizás haya sido más duro, en todo este asunto de las escuchas, aunque su resonancia mediática haya sido menor, ha sido Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. En la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la comisión Constitucional del Congreso, fue Asens quien le propinó “el peor rapapolvo”, según comentaron después miembros de la oposición. En opinión de Asens, “estamos ante un escándalo mayúsculo, muy grave y el mayor de los últimos años”, que ataques de ese calado provengan de la oposición se pueden considerar más o menos normales, pero que vengan de los socios de gobierno dan que pensar. Ante este estado de cosas queda claro que con amigos como estos ni Pedro Sánchez ni el PSOE necesita enemigos.  

El 14 de julio de 2015 Pablo Echenique publicó un sustancioso artículo en El País, titulado “Ahora, la gente común”, en aquella columna, entre otras cosas decía: “Desde hace más de un año soy activista a tiempo completo. Es decir, dedico mis días a buscar y ejecutar iniciativas que espero que conduzcan a que todos vivamos un poco mejor…” O sea, dediquése a eso que el resto de los mortales llamamos política, y gracias a eso nos enseñaron a todos el camino para “vivir un poco mejor”. Claro, los que se dedicaban a hacer política antes que él, eran todos, sin excepción, una panda de aprovechados. “La casta” en su argot.  Menos mal que comenzaron ellos para salvarnos del fuego eterno. Sean por siempre cargados.  

A pesar de todo y, aunque desde el minuto uno de la legislatura, casi toda la oposición está pidiendo que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones porque, en su opinión, esto no se aguanta, todo indica que este Ejecutivo va a agotar su mandato

Es verdad que los socios de Gobierno se tiran los platos a la cabeza cada dos por tres, y parece que el socio minoritario de la coalición se lo pasa pipa haciendo de oposición y pidiendo dimisiones a las primeras de cambio. Sin embargo, la realidad es que estamos ante el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia recuperada, que tenemos el Congreso de los Diputados más fragmentado, hasta el momento, con 28 organizaciones políticas. Un Ejecutivo que casi no había tomado posesión y ya tuvo que  enfrentarse a una pandemia , y cuando ésta aún no estaba del todo vencida  estalló una guerra en el patio trasero de Europa . Y, a pesar de todo eso, ha sacado adelante leyes de gestión de la pandemia, dos Presupuestos Generales, el Ingreso Mínimo Vital, una reforma laboral  que está marcando records históricos en creación de empleo e incrementando los contratos indefinidos como nunca antes se había logrado, una compleja Ley de Cambio Climático,  la subida del salario mínimo interprofesional , el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin olvidar todos los acuerdos alcanzados entre Gobierno, sindicatos y patronal.

No obstante, el volumen sonoro en torno a la acción de Gobierno es excesivo, y es que más allá del ruido generado por aquellos que anhelan la caída del Ejecutivo, es una evidencia de que en democracia una buena gestión no es suficiente para revalidar un gobierno.

Quizás el problema es que en Podemos aún no tienen cultura de Gobierno, pero la situación no está para juegos florales. Está en juego el futuro. Por eso, sería bueno que tomaran conciencia de la dimensión de la situación y, sin renunciar a nada, cerrasen filas e hiciesen frente común entre los miembros del Ejecutivo. No solo se puede discrepar, si no que se debe discrepar, pero sin perder ni las formas ni la compostura.

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 16/05/2022

QUEDARON QUE QUEDARÍAN

El posibilismo político hace extraños compañeros de viaje. Es el caso de PSOE y ERC. En ERC nunca han visto con buenos ojos al PSOE. Para ellos, el socialismo español es la versión más o menos “light” de la derecha pura y dura. Sin embargo, saben que para avanzar en eso que llaman “las libertades nacionales” solo el PSOE, a nivel estatal, les puede dar cuartelillo.

 En la otra orilla, los republicanos tampoco son demasiado bien vistos ni por los cuadros ni por las bases del socialismo. Quizás fue Rodríguez Zapatero quien hizo los intentos más serios para tender puentes sólidos de complicidad entre ambos partidos, pero la falta de empatía y la acritud de Carod Rovira y los suyos dinamitaron cualquier posibilidad de una entente duradera, más allá de los acuerdos por necesidades del guia politica. 

 Ahora, la coyuntura política hace que el PSOE necesite a ERC, como el aire que respira, para agotar la legislatura, y viceversa. Hasta el momento, el Gobierno de Sánchez ha salvado la papeleta, cuando ERC les ha dado la espalda, con la suerte y la geometría variable. En lo que llevamos de año han sido dos veces. La primera, en febrero con la reforma laboral y la segunda, hace apenas quince días, con el decreto de medidas para la reactivación económica. Pero en el Ejecutivo saben que no se puede caminar de manera sistemática por el filo de la navaja, el riesgo es demasiado elevado.

 El caso Pegasus ha encrespado   mucho los ánimos, tanto entre los socios de investidura como en la coalición que forma el Gobierno. La reconstrucción acumula ya muchas tensiones, quizás excesivas, pero ninguno de los socios quiere romper. La intención de unos y otros es completar la legislatura. Ninguna de las partes, contempla una ruptura abrupta en un momento de serias dificultades para el Gobierno. Sin embargo, en ocasiones, da la sensación de que los miembros del Ejecutivo del partido más pequeño se lo pasan mejor haciendo de oposición que gobernando. Ante esa situación, no nos ha de extrañar que en la derecha no sean pocos los que ya imaginan a Feijoo esperando un autobús con destino a la Moncloa.

 ERC, mal le pese, no puede romper con los socialistas, a no ser que quiera quedar a merced de Junts y el talibanismo indepe que acecha por las esquinas. Y, por si la situación no era suficientemente delicada, solo faltaba el affaire Pegasus para quebrar, un poco más si cabe, la débil confianza que existía entre PSOE y ERC. Si los republicanos rompen con la mayoría de la investidura se descolgarían de lo que se supone que son las fuerzas progresistas en el Congreso. Además, admito que su apuesta por el diálogo con el Gobierno central ha fracasado, y eso sería tanto como caer en los planteamientos de Junts.

 Por otra parte, los republicanos saben que la sociedad catalana no está para verbenas políticas. Más de diez años de proceso, la crisis de la pospandemia y los efectos de la guerra de Ucrania han generado tal desasosiego en el ánimo de ciudadanía que hace que no quiera experimentos ni con gaseosa.

 No le quiero quitar hierro al asunto, pero es innegable que el tema de las escuchas viene a complicar —y mucho— la situación. No obstante, no hay que perder de vista que el CNI admitió haber llevado a cabo 18 seguimientos con autorización judicial; uno de ellos al actual presidente de la Generalitat. Ahora bien, hay que saber que ese espionaje telefónico se llevó a cabo, en otoño de 2019, tras los disturbios que se producen por la sentencia del tribunal Supremo a los líderes del proceso. Se da la circunstancia que eEn el caso de Aragonés, el móvil interceptado no sería el institucional, sino un segundo dispositivo utilizado para contactar con grupos violentos como los CDR (Comités de Defensa de la República). En aquellas fechas Pere Aragonés era vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, a la vez que coordinador general de ERC desde septiembre de 2019.

 Por otra parte, según hizo público, el pasado 2 de mayo, en un excelente artículo publicado en el semanario El Triangle su director Jaume Reixach, en el que relataba que: “El 26 de octubre de 2017 la Policía Nacional confiscó 36 cajas con documentación sensible a las puertas de una incineradora y es así como se pudo saber que decenas de personas habían sido objeto de seguimiento y de espionaje por motivos políticos por parte de los Mossos d'Esquadra, sin ningún mandato judicial que los avalara” . Me ha parecido oportuno reproducir aquí las afirmaciones de Reixach por si alguien se quiere rasgar las vestiduras, ante las aberraciones del pérfido Estado español, aunque conviene que no olvide que en todas partes cuecen habas. Ah,   por cierto, de ese espionaje llevado a cabo por la policía catalana, es la hora que alguien dé alguna explicación.

 La cuestión es que pronto hará un año que se concedieron los indultos y, desde entonces, no se ha avanzado, prácticamente en nada. Desde luego, será imposible hacerlo, o casi, mientras los independentistas no se retiren de su aspiración de amnistía y referéndum de autodeterminación de los temas a tratar. Quizás ha llegado el momento en el que el Gobierno sea audaz, mueva ficha y ponga encima de la mesa la posibilidad de reformar el tipo penal de los delitos de sedición y rebelión. A cambio, ¿qué reivindicación están dispuestos a retirar a los independentistas?

 En el acto de clausura de las jornadas del Círculo de Economía, coincidieron unos breves instantes los presidentes Sánchez y Aragonés y, aunque no ha trascendido nada de lo que hablaron, parece que “quedaron que quedarían” .

 Hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días, pero unos y otros no pueden obviar que, si se deja escapar esta oportunidad, pasará mucho tiempo hasta que se vuelva a dar una conexión de fuerzas tan favorable, al menos en teoría, para solventar el problema catalán. Además hay otra cuestión que nadie debería echar en saco roto. La extrema derecha está llamando a las puertas de Europa y en España la extrema derecha ya ha comenzado a sentarse en algún gobierno autonómico. Si la izquierda sigue en esta deriva, los de Vox no tardarán en formar parte del consejo de ministros.

 

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 05/09/2022

EL CULO Y LAS TÉMPORAS

 Las más que presuntas escuchas a líderes independentistas catalanes, por parte del CNI ha levantado una tormenta política de consecuencias impredecibles a día de hoy.

 De momento, ERC, como ya hizo con la reforma laboral, votó en contra del plan de medidas anticrisis del Gobierno. En esta ocasión, los republicanos han puesto, por delante de los intereses de la clase trabajadora y las clases medias, un puritanismo naif. Menos mal que en última instancia Bildu votó a favor del decreto del Ejecutivo y esos votos, junto con los de los otros grupos parlamentarios, que habitualmente dan soporte al Ejecutivo central, hacían innecesarios los votos de los republicanos catalanes. Aquí, hay que hacer mención especial a los diputados del PDeCAT que en el más puro estilo de la desparecida Convergencia daban soporte al Gobierno; mientras que ERC se hacía la foto del No a las medidas de mejoras sociales junto a PP, Ciudadanos y Vox. Está por ver si esta actitud habrá sido una rabieta más o menos pasajera que se puede reconducir o, por el contrario, es el principio del fin de la legislatura.

 No voy a negar a los republicanos el derecho que tienen para enojarse al saber que, con toda probabilidad, han sido espiados por los servicios de inteligencia del Estado. No obstante, eso no justifica que, en su afán por devolver el golpe, nos castiguen a todos para castigar al Gobierno de Sánchez. Winston Churchill solía decir que: “un político piensa en las próximas elecciones y un estadista en la próxima generación”. Pues bien, si utilizamos esta sentencia como vara de medir, pronto llegaremos a la conclusión que los líderes de ERC pueden ser políticos pero no hombres de Estado. Porque si el decreto de ayudas urgentes que se votaba el pasado jueves en el Congreso no hubiera salido adelante, un paquete de iniciativas que movilizarán unos de 16.000 millones de euros de recursos públicos se hubiera ido por el sumidero.

 Con la aprobación del plan anticrisis tendremos:

 Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital se revalorizará un 15%. Quien ya esté recibiendo esta ayuda no tendrá que hacer nada para ver actualizada la cuantía ya que será automática.

Tope al precio del alquiler

Aquellas personas que tengan que renovar su contrato de alquiler hasta el 30 de junio han de saber que el precio del mismo no podrá subir por encima de un 2%. En caso de que el contrato de arrendamiento contemple una subida acorde al IPC habrá que negociar con el propietario y si no se llega a un acuerdo, la subida tendrá que ajustarse al tope del 2%.

Prohibición de despedir

El incremento de los precios de la energía no podrá ser una justificación ni motivo para despedir a un empleado si la empresa en cuestión ha solicitado ayudas del plan anticrisis o acude a los ERTE.

Bono social eléctrico

Se amplía el bono social eléctrico, para que según cálculos del Gobierno llegue a las 600.000 familias.

Ayudas para refugiados ucranianos

Se contempla una serie de ayudas destinadas a mujeres y niños llegados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rebaja en el combustible

El plan de choque fija una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio. También se incluye un fondo de 450 millones de euros para ayudas directas a empresas de transporte de mercancías y pasajeros.

Rebajas fiscales en la electricidad

Tanto la rebaja del IVA al 10% en la factura eléctrica, como la suspensión del 7% del impuesto a la generación y la reducción del 0,5% del impuesto especial de la electricidad son medidas que se prorrogan hasta julio.

Nueva línea ICO

Se aprueba una nueva línea de créditos ICO de 10.000 millones de euros con los que se busca simplificar la concesión de ayudas a autónomos y empresas hasta final de año y con un plazo ampliado de carencia a los 12 meses que en los sectores más perjudicados podría aumentarse otros 6 meses.

Nueva partida

Se contempla una partida de 362 millones para agricultura y ganadería, 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad; y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva.

 Desde luego el tema de las escuchas es un asunto peliagudo y poliédrico. Ocasiones tendremos para tratarlo en profundidad, pero soy de la opinión que lo primero es antes. Es decir, no entiendo la posición de ERC. Porque si como dicen quieren ensanchar su base social para tener más penetración social y músculo electoral, me parece que votar contra los derechos de los trabajadores, contra medidas que favorecen a pequeños empresarios, autónomos, clases medias y populares, no es la mejor manera de generar empatía con los ciudadanos.  Pero, en fin, ellos sabrán lo que hacen.

 Pido disculpas si me confundo, pero tengo la sensación que los de Junqueras, confunden el culo con las témporas. La cuestión es que eso les ocurre con demasiada frecuencia.

 

  Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 02/05/2022

AQUELLOS POLVOS Y ESTOS LODOS

Tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés, que se hizo pública en octubre de 2019, Barcelona se convirtió, durante varias semanas, en algo muy parecido a una ciudad sin ley, y Cataluña, por extensión, era muy similar a una república bananera, donde, prácticamente, no funcionaba nada. 

Una desconocida organización a la que se llamó Tsunami Democràtic, de la que nadie sabía ni quien era, ni quine había detrás instigaba y provocaba todo tipo de desmanes. En aquellos días se bloqueó el aeropuerto, se cortaron carreteras, autopistas y vías férreas, se puso sitio a la sede del Gobierno central, se acosó a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, se rompieron escaparates, se saquearon tiendas y los contenedores de residuos iban arriba y abajo de las calles y ardían como si todo fuera un aquelarre sin fin.

Con ese paisaje tan poco estimulante, el ministro del Interior, entonces en funciones, Fernando Grande Marlaska,   al día siguiente de las manifestaciones en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona dijo que acabaría averiguando quién se ocultaba tras la marca Tsunami Democràtic. "Tenemos unos servicios de Inteligencia y de información realmente eficaces y no duden que terminaremos sabiendo quién está detrás", afirmó.

Pocos días después el ministro compareció para anunciar que se habían producido avances en la investigación y advirtió de que los hechos no quedarían impunes. "Han sido protagonizados por grupos minoritarios, muy organizados, con mando y estrategia", declaró Grande Marlaska.

Dado que algunos de los precursores de Tsunami Democràtic eran expertos en informática y tecnologías avanzadas, además de la planificación de las protestas, desarrollaron un sistema que permitía a la cúpula del 'procés' comunicarse en tiempo real con sus seguidores de un modo seguro, a la vez que crearon un canal de comunicación de masas en 'Telegram' para anunciar en secreto las diferentes acciones sin que las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran tiempo de anticiparlas o abortarlas.

Ahora, casi dos años y medio después, el asunto ha trascendido a la opinión pública. Desde El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya se ha admitido que se espió a líderes independentistas, pero se hizo de manera individualizada, no indiscriminada como se denuncia desde el Govern y siempre bajo control judicial, según fuentes próximas al servicio secreto español. Esas mismas fuentes cuestionan el rigor del estudio realizado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), según el cual los móviles de más de 60 independentistas catalanes y vascos fueron infectados con el programa espía Pegasus, de la firma israelí NSO Group. Sin embargo, en ese estudio no se detalla quiénes fueron espiados y quiénes no. Fuentes próximas al CNI aseguran que muchos de los que figuran en la lista que se ha hecho pública jamás fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto y que la cifra de afectados por sus pesquisas es muy inferior a la mencionada.

Lo que no se niega, desde los servicios de inteligencia, es que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo informativo del CNI en los últimos años; y ello porque la ley reguladora del servicio secreto español (ley que fue votada en su momento por CiU), de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, le atribuye, entre otras misiones, la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. Desde 2015, el servicio secreto dispone de una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales dedicada a recabar información sobre movimientos separatistas y la vigente Directiva Nacional de Inteligencia, aprobada por el Gobierno, los incluye como uno de los objetivos informativos del CNI.

Quien puso el dedo en la llaga fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando dijo en el Congreso: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?” Robles reiteró que “el Gobierno actúa, lo que no pueden decir algunos otros, con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad" y tras escudarse en la ley de secretos, que le impide hablar del organismo de inteligencia, emplazó a los independentistas a esperar a la constitución de la comisión de secretos oficiales, donde a su juicio, "saldrá todo y se darán todas las explicaciones” y remachó: "algunos que ahora dan lecciones tendrán que callarse".

Casi de manera simultánea, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tramitaba por procedimiento de urgencia el cambio de normativa para acceder a la comisión de secretos oficiales, con el objetivo de que partidos como ERC o Bildu accedan a la misma, pero los republicanos no se dan por satisfechos. Para ellos la solución es que rueden cabezas.

Veremos. En el horizonte hay muchos nubarrones, la situación entre Gobierno y ERC es tensa y no faltan ni los carroñeros de la política, ni los partidarios del cuanto peor mejor, que están desenado que la mayoría de la investidura se rompa, pero ya se sabe que en política el nunca jamás, con frecuencia se acaba convirtiendo en un tal vez quién sabe.   

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 02/05/2022