19 de gener 2016

LA LLAVE DE LA GOBERNABILIDAD

La legislatura que acaba de concluir con un gobierno del PP y Mariano Rajoy al frente del mismo ha sido un auténtico desastre, ahí están los números para atestiguarlo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria  provocó la destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo, nada más y nada menos que dos de cada tres de los empleos destruidos entre 2008 y 2011. Eso hizo que la ciudadanía depositara su confianza en la derecha, pensando que ellos nos sacarían del atolladero. Sin embargo, la gestión económica de Rajoy y su gobierno ha sido penosa y eso explica, en buena medida, los resultados del 20-D.
A día de hoy todos los indicadores económicos son peores que los de 2011. Hay menos empleo, se pagan 40.000 millones menos en salarios, 700.000 parados han perdido la prestación y a todos los ciudadanos nos han subido los impuestos. Se han recortado la sanidad y la educación, las ayudas a los discapacitados, las becas y, también, se ha reducido le gasto I+D+i. Se ha generado un agujero de 300.000 millones de euros en deuda pública y han vaciado a marchas forzadas la hucha de las pensiones, todo eso, entre otras lindezas no menores.
En contrapartida, la compra de deuda por parte del BCE y la bajada del precio del petróleo han permitido que en España se vuelva a crecer y se cree algo de empleo. Si bien los salarios están estancados y los puestos de trabajo que se generan, en un porcentaje elevadísimo, son a precario.
Además, los populares, aprovechando su mayoría absoluta, han aplicado el rodillo parlamentario y han llevado a cabo reformas claramente retrogradas, como es el caso de la educación o re centralizadoras, despojando de buena parte de sus competencias a las autonomías y a los entes locales.
Tiene su lógica que con este bagaje el PSOE decidiera no dar soporte de ningún tipo para que Rajoy repita como presidente de ejecutivo. Ahora bien, no hay que olvidar que la política es el arte de lo posible, y esa decisión fue tomada más desde el estómago que tras una reflexión serena y un análisis de lo que necesita el país  y como se puede lograr.
El recado emitido por los electores el pasado 20-D fue meridianamente claro: no nos gusta lo que se ha hecho hasta ahora y no queremos que decida un solo partido; poneros de acuerdo para gobernar, resolver problemas y no seáis vosotros los que los ocasionéis.
Una vez asimilado ese mensaje hay algunas cosas que debemos dilucidar. Primero, no estamos ante una legislatura más. Hemos llegado a un punto de nuestro viaje como país en el que se requieren reformas de diferentes tipos  y a distintos niveles y eso solo es posible conseguirlo con grandes acuerdos.
En ese contexto, resulta absolutamente imprescindible llevar a cabo una regeneración democrática de las instituciones que no sea tan solo un cambio de nombres y caras. Hace falta un cambio de talante que acerque la política a los ciudadanos y que ésta sea comprensible para ellos. Asimismo, es preciso luchar decididamente contra la corrupción.
En segundo lugar, pero no por eso menos importante, es necesario recuperar el Estado del bienestar que se ha desballestado utilizando la crisis económica como pretexto. Hay que hacer frente a la pobreza y a la desigualdad que amenazan la cohesión social. La economía debe crecer de manera sostenida y sostenible. La ciudadanía espera acciones concretas que disminuyan la precarización del mercado laboral y que se creen puestos de trabajo de calidad. Asimismo, hay que poner en marcha una reforma fiscal equitativa, que acabe con la evasión y que no dé cuartel a la economía sumergida.
Es ineludible un gran acuerdo sobre educación.
Por otra parte, no se puede demorar por más tiempo la reforma del Estado de las autonomías. Ha llegado el momento de reformar la Constitución. Esa reforma, además de blindar determinados derechos sociales, debería afrontar, sin mayor dilación la cuestión territorial.
Es necesaria una mayor claridad y simplificación  competencial, se debe clarificar la solidaridad inter territorial. De igual manera, se hace imprescindible un nuevo acuerdo sobre financiación que tenga en cuenta el principio de ordinalidad y, a su vez, desarrollar un plan de inversiones con criterios claros y transparentes y ¿como ¿no? Llevar a cabo la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial.
Es verdad que los resultados obtenidos por el PSOE en estas últimas elecciones -90 diputados-, han sido los peores de la reciente historia de la democracia. No obstante, le colocan como árbitro de la situación y le otorgan la llave de la gobernabilidad. En esas circunstancias, Pedro Sánchez y su equipo pueden, por activa o por pasiva, permitir la investidura de Rajoy. También pueden explorar –ésta parece ser la preferida por Sánchez-, la posibilidad de   llegar a un acuerdo con Podemos, pero en ese caso, se necesitaría el concurso de otras fuerzas nacionalistas e, incluso, independentistas y no parece que vayan a estar por la labor.
En esta circunstancias, los socialistas deberían poner sobre la mesa una relación de medidas potente y buscar el dialogo, la negociación y el pacto sin,  a priori, excluir a nadie. De hecho, ni los acuerdos que se han trabado para escoger a Patxi López como presidente del Congreso, ni la deriva en que ha entrado la política en Cataluña, deberían predeterminar nada.
En estas circunstancias, una reedición de los pactos de la Moncloa en versión siglo XXI, con todas las diferencias que se quiera, no estaría nada mal. Al fin y al cabo, si entonces la situación del país era sumamente delicada, hoy, en otro contexto y con otros actores, no lo es menos.
Ir a nuevas elecciones, debería ser, solamente, la última de todas las soluciones posibles.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 18/01/16

13 de gener 2016

TRANSFUGUISMO INDEPENDENTISTA

Raúl Romeva, portavoz oficioso de los negociadores de Junts pel Sí con la CUP para lograr un pacto de legislatura, había dicho hasta la saciedad que la investidura de Artur Mas no era negociable. El propio Mas, cuando ya se agotaban los plazos para llevar a cabo esa investidura, manifestaba que la CUP podía forzar unas elecciones, pero no cambiar el presidente de la Generalitat.
Sin embargo, cuando todo indicaba que los catalanes seríamos convocados a unas nuevas elecciones, el presidente en funciones cambió de planteamientos y dando un giro copernicano, casi en tiempo de descuento,  anunció que daba un paso atrás y proponía como candidato a la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, alcalde de Girona y presidente de la Associaicó de Municipis Independentistes (AMI).
Con su renuncia y esa designación Artur Mas ha logrado cerrar un pacto con la CUP que ha de permitir tener un govern estable para llevar a cabo la ardua tarea de desarrollar unas estructuras de Estado  que permitan en su momento la “desconexión” de España. Poco importa que ese nuevo ejecutivo este asentado  en un  acuerdo parlamentario basado en el transfuguismo, aunque se haya disimulado con el eufemismo de que “2 diputados de la CUP se incorporan a Junts pel SÍ”. Un acuerdo vergonzante para los cuperos porque además de ceder diputados les desactiva, ya que se comprometen a no votar con la oposición. O sea que ríanse ustedes del estalinismo, cosa de niños comparado con este acuerdo. La oposición ya puede pretender la conquista del cielo que si la mayoría  dice que no la CUP dirá no sin pestañear. Y después dirán que quieren hacer la revolución y su socialismo es inmaculado.
Artur Mas ha hecho de la necesidad virtud. Sabía que de ir a unas nuevas elecciones, la reedición de Junts pel Sí sería poco menos que misión imposible. ERC  no está por la labor. En esas circunstancias presentarse ante el electorado sin el salvavidas de los republicanos podría haber significado una auténtica debacle para Convergencia.
Artur Mas es astuto, se ha retirado de la carrera por la presidencia cuando ha visto que pintaban bastos, pero no se va de la política. Ahora, se dedicará  a la refundación de su partido y muy probablemente su sucesor le premiara con alguna embajada volante para explicar por el mundo las excelencias del procès. Ver para creer.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 13/01/16

06 de gener 2016

SAINETE INDEPENDENTISTA

Las chicas y chicos de la CUP dijeron hasta la saciedad, durante la campaña electoral y tras las elecciones del 27 S, que no investirían a Artur Mas  Después, han estado mareando la perdiz durante 3 meses,  hasta que se reunieron en asamblea el pasado domingo 27 de diciembre, y entonces les temblaron las piernas o les superó la responsabilidad y no dieron el visto bueno a la Investidura de  Mas, pero tampoco dijeron no, es decir, ni lo uno ni lo otro.
Ese día, tras largas horas de debates los “cupaires”  votaron de forma secreta la investidura o no del presidente en funciones y se produjo un empate a 1515 votos entre los   partidarios a la investidura y los contrarios. Un resultado técnicamente posible y, sin embargo, prácticamente muy improbable.
Algunos de los líderes más mediáticos de la formación, como Antonio Baños y otros, salieron a intentar explicar el insólito resultado de la votación.  Uno de los argumentos esgrimidos fue que en todo este proceso las matemáticas son diabólicas. Razonamiento profundo sin duda. Eso sí, la comparecencia ante la prensa fue al más puro estilo Rajoy o sea: sin admitir preguntas de los medios allí reunidos.
De todos modos, ha quedado claro que los antisistema independentistas aprenden rápido. Por eso, tras un largo proceso de consulta a las asambleas de base a lo largo de todo el territorio catalán, el pasado domingo, 3 de enero, se reunió el consejo político y el grupo de acción parlamentaria –un total de 68 personas-, y después de analizar y debatir las decisiones de los diferentes conclaves territoriales acordaron decir no a la investidura de Mas y forzar unas nuevas elecciones a celebrar en marzo, a menos de que Junts pel Sí proponga otro candidato. En esta ocasión, se convocó una rueda de prensa para informar de la decisión tomada y en la misma sí que se admitieron intervenciones y preguntas de los asistentes.
Algunas cosas son evidentes tras este larguísimo proceso de negociación. Una, se ha puesto de manifiesto la ineficacia del asambleísmo que se había presentado como el mejor de todos los medios y, sin embargo, se ha demostrado incapaz e inútil ya que la participación de las bases no es posible ni en la política diaria ni en la parlamentaria.
Otra, la deplorable imagen de un político liberal-conservador sometido por 10 diputados antisistema. Resulta difícil de explicar por su  incoherencia, por su oportunismo y por el estupor que genera el afán por mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque eso suponga ir acumulando desprestigio a marchas forzadas.
Sea como sea, debe quedar meridianamente claro que, el máximo responsable de todo este triste desaguisado que estamos padeciendo en Cataluña, no es otro que Artur Mas. Él es el máximo responsable porque ha sido quien ha autorizado a Juntos pe Sí (la organización con la que se presentó a las elecciones al 27 S) a que ofreciera  a la CUP un plan social de choque contra la pobreza que supera los 270 millones de euros que sabe de sobras no se podrá cumplir. Y no podrá cumplir porque, las arcas de la Generalitat están exhaustas y en muchos casos son medidas contrarias a las iniciativas políticas que han llevado a cabo los gobiernos de Mas en el nefasto quinquenio de su mandato.
Pero es que la imposibilidad de llevar a cabo ese plan de choque no era sólo política, también era técnica. La Generalitat funciona con unos presupuestos prorrogados y eso impide aumentar el gasto. Claro que, tal y como están las cosas, no se debería haber descartado un plantar cara al Estado y desbordar los topes de déficit. Si bien entonces, lo más plausible  hubiera sido que el FLA dejara de suministrar liquidez a Cataluña y ya hemos visto el drama de las farmacias, de los centros de salud y de los proveedores del gobierno catalán en su conjunto cuando el dinero no llega. Además, la deuda catalana supera el 130% de su PIB (está próxima a los 70.000 millones de euros en el primer semestre) y nos corresponde casi el 20% de la deuda de España que está sobre el billón de euros.  
En definitiva, Artur Mas lo ha intentado todo  para seguir siendo presidente, incluso prometer  a sabiendas de que no podría cumplir. Y ni Cataluña ni los catalanes nos lo merecemos ni tenemos porque soportar tanta falacia y tantos  insultos a la inteligencia. 
Por tanto, seamos serios y recuperemos autoestima, precisamente, porque no somos independentistas. Es evidente que, entre otras cosas, con el “prestigioso” currículo que como país nos han elaborado y esos números tan atractivos sobre la mesa, nadie va apostar un ochavo por el “procés”.  Éste está muerto, aunque todavía ha de dar muchos coletazos. Ha llegado el momento de levantar la mirada y pensar en cosas importantes, como por ejemplo un frente amplio de los no independentistas y no inmovilistas  para las próximas elecciones autonómicas.
Estemos atentos: el sainete independentista está pronto a concluir.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 05/01/16

APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En una iniciativa inédita hasta la fecha, en materia financiera, una veintena de entidades empresariales catalanas hicieron público, días at...