LA REPÚBLICA NON NATA

 Bien entrada la noche del 25 de octubre de 2017 se reunía en el Palau de la Generalitat el Estado Mayor del independentismo. La situación era muy delicada y los nervios estaban a flor de piel. La aplicación del artículo 155 de la Constitución planeaba sobre Cataluña y había que tomar decisiones que, para bien o para mal, afectarían a todo el país durante mucho tiempo.

Con ese panorama tan poco esperanzador, el president Puigdemont abrió la reunión diciendo a los convocados: “Es necesario valorar si mañana (jueves 26) llegamos al Parlament con más gente o menos a favor de la Declaración de Independencia (DI), pienso que llegaremos con menos”. Con esa palabras empezaba un largo y tenso debate en el que participaron todos los allí presentes, desde el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, hasta el cantautor y entonces diputado, Lluís Llach, pasando por la portavoz de Esquerra, Marta Rovira, o el conseller de JxCat, Josep Rull. Para dar por terminada la reunión, el president Puigdemont dijo: “Disolveré el Parlament y convocaré elecciones” (…) “No pido que se comparta mi decisión, pido que se respete. Tengo la garantía de que si convoco elecciones no habrá 155. Tomo esta decisión para evitar el 155 y pido que respetéis mi decisión”.

Sin embargo, el guion que se había marcado el president cambió de la noche a la mañana. El tuit de Gabriel Rufián de “las 155 monedas de plata” y la convocatoria, por las redes sociales de una manifestación frente a la Generalitat, hecha presuntamente por ERC, hizo cambiar el punto de vista de Puigdemont. Por lo que los días 26 y 27 de octubre de 2017, se celebró un pleno en el Parlament que albergó un debate sobre una posible declaración secesionista; al final del mismo, se votó una propuesta de declaración unilateral de independencia, con el resultado de 70 votos a favor, 10 votos en contra y 2 votos en blanco. Los 53 diputados de Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron de la votación por no estar de acuerdo con ella. ​ Esa resolución fue presentada como la proclamación de la República. No obstante, la falta de votación de la declaración completa, así como su no publicación en el Diario Oficial de Cataluña, hace que la validez jurídica de la decisión sea más que cuestionable. Pero es que además, la bandera de España nunca dejó de ondear en el Palau de la Generalitat y el Govern, una vez acabada la sesión parlamentaria, marchó de fin de semana como si no hubiese ocurrido nada extraordinario.

Eso sí, Carles Puigdemont y alguno de sus corifeos aprovecharon el despiste de ese primer fin de semana de la “República non nata” para marchar a Bruselas y poner tierra por medio con la justicia española.

Estos días se cumplen cuatro años de aquellos lamentables hechos y, aún es la hora en que alguien salga a decir: “nos equivocamos”. Quizás porque eso es algo que solo lo pueden hacer los grandes estadistas y entre los líderes del “procés” no hay ninguno. Al contrario, no faltan los descerebrados que insisten en el “ho tornarem a fer”.

Con ese panorama, es necesario que algún personaje de solvencia contrastada dentro del secesionismo diga a la ciudadanía que la independencia jurídica, sociológica y económicamente es imposible. Los ciudadanos tienen derecho a saber que lo del “Estado propio” era un engaño. Ni el Consejo de Seguridad ni la Asamblea de naciones Unidas reconocerán nunca un Estado nuevo con los atributos que presenta Cataluña. Cualquier pretensión de ese tipo iría en contra del principio que rechaza la ruptura parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país plenamente democrático y la haría incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Tampoco en la Unión Europea una opción de esa naturaleza tendría recorrido. Por razones similares pero también por las propias normas jurídicas de la UE. Si Cataluña se independiza, Cataluña sale de la Unión. Aquella ocurrencia de Artur Mas de que seguiríamos dentro de la Unión porque conservaríamos la nacionalidad española no resiste el análisis más elemental. Dicho en Román paladino: es una tontería como una catedral.

Si por unos instantes nos olvidamos de los aspectos jurídico técnicos de la secesión y centramos la mirada en la cuestión económica., la situación no es, tampoco, nada esperanzadora para el secesionismo. Ante la incertidumbre que esa iniciativa generaría la economía catalana entraría de inmediato en recesión. El efecto frontera, el desastre de la cuentas públicas que la transición dejaría al descubierto, la desconfianza financiera internacional, las obligaciones que la situación haría recaer sobre el nuevo Estado, es decir, defensa, pensiones, deuda pública y un largo etcétera; así como la pérdida de respaldo europeo y la más que probable marcha a lugares más templados en términos políticos, jurídicos e institucionales de inversores, entidades financieras, emprendedores e incluso turismo, convertirían Cataluña en un páramo.

No es mi intención ser apocalíptico ni pintar un panorama desolador. Me lleva a escribir de esta forma el simple análisis de la realidad que nos envuelve. La situación puede gustar más o menos (porque hay gustos hay colores), pero el hecho indiscutible es que jamás Cataluña había gozado de tanto autogobierno ni se había reconocido su especificidad lingüística y cultural tanto como ahora. Además es una falacia que ha hecho correr el nacional-independentismo que somos una comunidad maltratada. No existe ningún argumento razonable que sostenga esa afirmación. Otra cosa es que cada cual puede tener los sueños y entelequias que quiera.

De toda formas, por si hay quien piensa que exagero o cree que doy una visión caótica y totalmente negativa de un hipotético proceso secesionista, propongo al independentismo de buena fe que conteste con honestidad las siguientes preguntas: ¿Con el proceso independentista, Cataluña ha conseguido más autogobierno? ¿Cataluña tiene más o menos prestigio y/o reconocimiento a nivel nacional e internacional ahora o antes del órdago independentista? ¿Los catalanes hemos ganado más calidad de vida desde que se puso en marcha el “procés”? ¿Hemos mejorado la cohesión social? Tengo la convicción que si se responde a estas preguntas con honradez, el dilema de si nos interesa que Cataluña sea o no independiente, está resuelto.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 25/10/2021

GENERAR CONFIANZA

 El órdago independentista de 2017 provocó una crisis de confianza sin precedentes hacia la economía catalana. La inestabilidad política y la inseguridad jurídica que generó los planos del gobierno dieron lugar a una fuga masiva de sedes sociales de empresas de sectores estratégicos. Esa situación generó un deterioro inmediato del mercado laboral y sectores tan sensibles como el turismo, el comercio o la vivienda que acusaron el golpe.

Ante lo que pudiera suceder, empresas como Almirall, Naturhouse, la cadena hotelera Derby Hotels, la agroalimentaria Vall Companys, entre otras, abandonasen Cataluña para ubicar sus sedes principalmente en Madrid, pero también en otros lugares de España. Empezó a sí un éxito de sedes empresariales que llegó a su punto álgido tras el referéndum ilegal del 1-0. Se calcula que unas cinco mil empresas marcharon ya día de hoy prácticamente no ha regresado ninguna.

La repercusión internacional de esa crisis dañó la reputación de Cataluña y terminó afectando la marca Barcelona, ​​una de las mejores situaciones en el planeta. Cuatro años después, el mundo empresarial observa la evolución de la situación a la espera de que tanto la situación legal como la institucional vuelvan a la normalidad.

Tras la grave crisis del 2008 Cataluña encadenó tres años que invitaban al optimismo. La economía aceleró su ritmo de crecimiento gracias al vigor de la industria y la buena marcha del sector exterior, se batió el récord en exportaciones, la llegada de turistas fue masiva, así como la captación de capital extranjero. Eso hizo que se dibujara un futuro esperanzador. Esa alegría se trasladó al mercado laboral que, tras tocar fondo en 2013 con una tasa de paro del 24,3%, remontó hasta situar la tasa de paro en el 12,5%. según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2015. 

En ese mismo año se celebraron elecciones autonómicas planteadas como un plebiscito sobre la independencia y un año más tarde se llevó a cabo la consulta del 9-N. El nerviosismo se trasladó también al mercado laboral. En el mes de octubre de 2017 la tasa de parados en Cataluña creció el doble que, en el resto de España, alcanzando el mayor incremento desde 2008.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) después de ocho años batiendo récords la llegada de turistas cayó un 4,7% y las ventas del comercio minorista se redujeron un 3,9%, pero es que la compra de vivienda se desplomó un 40%. Es decir, todo un rosario de cifras negativas, la pregunta es obvia, ¿a cambio de qué?

A pesar de esas evidencias los partidos independentistas quisieron quitar importancia a la realidad y minimizaron la marcha de empresas reduciendo el problema a una cuestión burocrática. Sin embargo, la vedad es mucho más prosaica y el hecho cierto es que un tercio de los grupos empresariales que han trasladado su sede social también se han llevado su domicilio fiscal y eso hace probable que los centros de decisión estratégicos acaben marchando de Barcelona. 

Para Andreu Mas-Colell, consejero de Economía con Artur Mas, que estaba en la sala de máquinas cuando se puso en marcha el proceso    secesionista, era necesario que Cataluña contase con más centros de decisión. Por eso se quejó amargamente cuando pasamos de tener once cajas de ahorro a dos grandes bancos; entidades que con el affaire también marcharon de aquí. A eso, algunos lo llaman “visión de la jugada”.

En opinión del prestigioso catedrático de Política Económica Antón Costas, “cuando la sede corporativa y el consejero delegado de la empresa se desplazan, las decisiones cambian de forma radical. Se contratan servicios complementarios, auditores o ingenieros más cercanos al nuevo domicilio, a la vez que los ascensos en la nueva compañía siguen una lógica de proximidad”. Un criterio muy similar es el del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, García Montalvo para el que “los centros de decisión atraen a los equipos de investigación, los nuevos productos…, y poco a poco la parte de valor añadido va hacia los cuarteles generales.

El único precedente que tenemos para hacer algún tipo de comparación es Quebec que entre 1980 y 1995 sufrió la marcha de unas 700 empresas, perdió su primacía empresarial, cedió su liderazgo económico y entre altos profesionales y gentes de talento vio como dejaban el país unas 600.000 personas. No sé si con esos datos sobre la mesa el independentismo sigue empeñado en emular la vía quebequesa.

Ahora, tras el fracaso incuestionable de la unilateralidad el sentido común dice que el Govern debería esforzarse en tender puentes y hacer propuestas atractivas para que las empresas que trasladaron sus sedes se vean tentadas a volver. Se podría empezar con un plan de incentivos fiscales, pero será insuficiente. No podemos olvidar que las empresas que marcharon lo hicieron por la inseguridad política y jurídica que generó el procés.

En consecuencia, no resultará fácil disolver la incertidumbre porque lo que ocurrió una vez (intento de secesión) puede volver a suceder. Por consiguiente, sería deseable que se produzca un viraje   —explícito o implícito, aunque mejor lo segundo— de los partidos que defendieron la DUI hacia posiciones de seguridad jurídica y lealtad institucional. ERC ya ha dado algún paso, pero todavía tímido e insuficiente, Sin embargo, Junts sigue instalado en la confrontación y en el camino de lo imposible y así será muy difícil recuperar la normalidad. Mucho más si siguen ocupando la mitad del Govern.

El camino para recuperar la normalidad política será largo, complejo   y lleno de trampas. Habrá, pues, que armarse de paciencia y preparase para una larga travesía. No hay recetas mágicas ni soluciones parciales.

Además de todo eso, se han de dar las condiciones para generar confianza, y la cuestión es si el ejecutivo catalán está dispuesto a facilitar ese estado de cosas. Me gustaría equivocarme, pero sinceramente tengo dudas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 11/10/2021

LA SOCIALDEMOCARCAI COMO SOLUCIÓN

 

Después de dieciséis años a la sombra de Ángela Merkel el SPD ganó, por la mínima, las elecciones al Bundestag (parlamento alemán) celebradas el pasado 26 de septiembre.

Si el líder de los socialistas alemanes, Olaf Sholz logra formar gobierno, será, junto a los de Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal y España, el séptimo de la UE con alma socialdemócrata; además de los de Luxemburgo, Países Bajos y la República Checa que tienen participación socialista, aunque de forma minoritaria. 

Cuando nos sacudió la crisis de 2008 la UE estaba controlada por conservadores y liberales. Entonces los halcones recetaron medidas como recortar la sanidad, la educación o las pensiones, es decir, adelgazar el estado para salir del brete. Pronto se vio que aquella no era la solución y, aunque ya en 2010 fueron muchas las voces que se alzaron a favor de la solidaridad federal, los máximos responsables europeos hicieron caso omiso y, por lo tanto, los argumentos de los discrepantes cayeron en el olvido.

Ahora, con el coronavirus y la recesión que ha venido aparejada, los puntos de vista han variado sustancialmente. En esta ocasión los líderes de Europa han entendido que, o salimos todos de la pandemia de una manera equilibrada o aquí no se salva nadie. Por eso, con ciertos titubeos al principio, protagonizados por Holanda, Austria o Dinamarca, se han acabado poniendo en práctica políticas que si no son directamente socialdemócratas se parecen mucho.

Me estoy refiriendo al presupuesto a largo plazo de la UE, junto con los Next Generation, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Un total de 2,018 billones de euros que han de ayudar a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, para lograr una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. El nuevo presupuesto aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar la capacidad de la Unión para hacer frente a necesidades imprevistas. Se trata de un presupuesto expansivo preparado, no solo para las necesidades actuales, sino también para las incertidumbres del futuro.

Una de las virtudes de la socialdemocracia es la capacidad de reformulación que ha tenido para adaptarse a los tiempos cambiantes. Ahora, debemos suponer que la coincidencia de diversos ejecutivos del mismo sesgo ideológico en el seno de la UE, pueda facilitar un impulso de las doctrinas socialdemócratas dentro de la Unión, más allá de las estrategias que como organización se deban tomar. Me estoy refiriendo a la ineludible reforma fiscal, la protección del clima, la transformación verde de la economía o el posicionamiento de Europa ante China.

Más allá de esos grandes planteamientos difícilmente abarcables por un solo país, la situación política europea favorece afrontar, ahora más que nunca, un proyecto socialdemócrata remozado que debería tener como uno de sus ejes vertebradores la redistribución de renta y riqueza. Está comprobado que la posición que una persona ocupa en la distribución de la renta viene determinada en un porcentaje muy elevado por el azar (el medio en el que nace y los avatares fuera de control del individuo). En España ese porcentaje podría superar el 50%.

Para avanzar en términos de equidad se deben regular y supervisar los mercados de bienes y servicios para evitar situaciones de poder de mercado, porque entonces se producen situaciones de abusos sobre clientes, proveedores, competidores y empleados.

En el mercado de trabajo, se hace necesario redefinir los derechos laborales en el marco productivo que están configurando las nuevas tecnologías. En este nuevo contexto hay que estudiar a fondo y con detenimiento la cantidad de contratos existentes en nuestro país. Ahí se impone una reducción y/o simplificación. Como también hay que pensar en desarrollar programas de FP que contribuyan de manera eficaz a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Un programa socialdemócrata del siglo XXI será incompleto si no pone en práctica iniciativas que den cobijo y estimulen a los emprendedores, mediante políticas adecuadas en una economía digital en un mundo globalizado.

A nadie se le escapa que para llevar a cabo el proyecto socialdemócrata es necesario un sistema fiscal, que además de ser progresivo, genere suficientes recursos, antagónico por lo tanto con los planteamientos de la de la derecha española, que postula la bajada de impuestos como un fin en sí mismo. El sistema en su conjunto necesita ser reordenado y varias de las figuras existentes precisan algunas modificaciones, tanto en la definición de su base imponible como en sus tipos (¿está tan justificado como se pretende gravar con distinto tipo las rentas de capital y las del trabajo? ¿Y el tipo reducido del IVA de servicios como lo está en la alta restauración?). En cambio, pocas dudas respecto a defender un impuesto de sucesiones progresivo. Es una obviedad que en España esa figura impositiva está mal diseñada y así es imposible mejorar la igualdad de oportunidades. El mejor diseño del impuesto debería incluir un tratamiento específico de la herencia de las empresas familiares, pero no su injustificada exención. Hay fórmulas para ello.

También se deberá considerar la creación de nuevas figuras impositivas como respuesta a la economía digital globalizada, para contribuir a una economía más verde, a la vez que se establecen mecanismos eficaces para gravar las transacciones financieras. Y, en cualquier caso, mejorar la calidad y gobernanza de la gestión tributaria, que en España no cumple con requisitos mínimos de eficacia y respeto del Estado de derecho.

En definitiva, el proyecto socialdemócrata, aunque pendiente de una mayor profundización y de perfilar varios aspectos, que aquí por falta de espacio no se pueden explicitar, es una alternativa realista, más justa y socialmente más integradora. Y es, en mi opinión, la forma más razonable mediante la que Europa puede evolucionar para conseguir las más altas cotas de desarrollo, bienestar y justicia social. Ahora tenemos la oportunidad. Sería irresponsable desaprovechar esta ocasión que nos brinda la historia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 04/10/2021