EL PP Y LA REALIDAD CAMBIANTE

 Solía ​​decir Pasqual Maragall que “para la derecha es un accidente que gobierne la izquierda”. Cierto. Por eso, desde que el PSOE ganó las elecciones generales, en el mes noviembre de 2019 y formó gobierno con Podemos, en el Partido Popular caló la idea que aquello no podía durar. Después, a las pocas semanas de la constitución del Ejecutivo de coalición llegó la pandemia y entonces los populares tuvieron la certeza de que el Gobierno de izquierdas naufragaría, viéndose obligado a convocar nuevas elecciones que llevarían a Pablo Casado a la Moncloa y devolverían a los populares a su estado natural, es decir, a tener los resortes del poder en sus manos. 

Sin embargo, el Gobierno de progreso resistió el envite. Como el resto de gobiernos, con la pandemia, tuvo aciertos y fracasos, pero surfeo el temporal que impuso la Covid 19 de forma homologable a otros ejecutivos de la UE.

Los populares han diseñado su labor de oposición en este mandato como algo muy efímero, quizás por su convencimiento de la legislatura no podía durar y que Pedro Sánchez tenía los días contados en la Moncloa.   Esa es la razón por la que han preparado, para los próximos días, una especie de feria ambulante que recorrerá varias ciudades de España, con la participación de todos los pesos pesados ​​peperos, incluidos Aznar y Rajoy que culminará con una convención en Valencia el fin de semana del 2 y 3 de octubre. Tan importante es para ellos el evento que el propio Casado lleva cuatro meses supervisando los preparativos. Es evidente que cada organización política es muy libre de llevar a cabo un cabo las iniciativas que consideren oportunas, si considera que con ellas avanza puestos en el tablero político. Lo que ocurre es que con su posicionamiento obstruccionista como primer partido de la oposición el PP bordea los límites de lo admisible. Ahí está, por ejemplo, 

Y esa es la cuestión, porque los árboles no les dejan ver el bosque. Obsesionados como están por volver a controlar el poder no atienden al aviso que les mandó el CIS con el barómetro de septiembre. Según ese estudio el PP retrocede de manera sustancial respecto a la encuesta de julio. El empuje proporcionado por la victoria de Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid se ha evaporado. El voto de los populares, de celebrarse hoy las elecciones generales, se situaría en un nivel similar al de abril, justo antes de la convocatoria avanzada en la comunidad madrileña. Los populares han perdido más de tres puntos en menos de tres meses y ven como el PSOE va poniendo tierra de por medio.   

En el ámbito económico la situación ya está como en la época pre pandemia, y según los estudios hechos públicos esta última semana, tanto del Banco de España, como de la OCDE, le dan aire al Gobierno.

El BCE ha mejorado las previsiones de crecimiento de la economía española. El supervisor espera que este año el producto interior bruto crezca un 6,3%, una décima más que el 6,2% que preveía hace tres meses. Para el año que viene la proyección también se eleva del 5,8% al 5,9%. Y respecto a 2023 se sube del 1,8% al 2%. Por lo que respecta a la OCDE el organismo considera que España es uno de los países que más rápido está inoculando a su economía el principal fármaco para la recuperación: Nuestro país es uno de los rincones del planeta que ha sido capaz de llegar a un mayor volumen de población. Ese éxito se traslada a las previsiones económicas de los principales organismos internacionales. En línea con la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha mejorado este martes las proyecciones para España respecto a su último informe de mayo. La institución con sede en París augura que el producto interior bruto (PIB) se expandirá este año un 6,8%, en lugar del 5,9% previsto en mayo, y un 6,6% en 2022 (tres décimas más).

Ciertamente no son nada malas las previsiones de esos organismos poco sospechosos de comulgar con las izquierdas. Por eso, no estaría de más que los populares revisaran sus posicionamientos e intentaran tener una mirada más realista de la situación.

Además, todo indica que las carpetas importantes el Gobierno las tiene bien enfocadas. Se instauró el IMV, los ERTE están funcionando de manera razonable, los indultos no han pasado factura, la cuestión catalana está sobre la mesa y se adivina un tiempo, por lo menos, de distensión, los fondo europeos han empezado a llegar, la retirada de Afganistán ha sido un éxito reconocido por la propia UE, la reforma del sistema de pensiones está bien encarrilada, el salario mínimo seguirá subiendo todo lo que queda de legislatura. Es cierto, sin embargo, que persiste la precariedad laboral, que el precio de la energía es indecente, que hay que regular el mercado de las viviendas de alquiler, que se debe acometer la reforma laboral y, sin duda, saldrán más piedras en el camino, pero el balance es netamente positivo.

Decía Winston Churchill “los gobiernos pueden perder en el parlamento todas las votaciones menos una, la de los presupuestos”, y justo en eso está en estos momentos el Gobierno de coalición, negociando, con las fuerzas políticas que quieren negociar, las cuentas para 2022, y si esas cuentas se aprueban que Pablo Casado vaya perdiendo toda esperanza de llegar a la Moncloa antes de 2023. La legislatura se va agotar y para entonces, aunque sea especular, es lógico pensar que los fondos de recuperación hayan empezado a hacer efecto, la economía funcione a buen ritmo y los problemas sociales estén, cuando menos, bien encauzados.

De todas formas, si algo hay cambiante en esta vida, ese algo es la realidad política. Por eso, la actual coyuntura podría dar un vuelco insospechado si las circunstancias en las que están los fugados de la justicia (Puigdemont y compañía) cambia. La situación del expresident tras su detención en Italia es complicada porque perdió su inmunidad como eurodiputado el pasado 30 de julio. El quid de la cuestión está en saber si la orden europea de detención está o no en vigor. Por lo tanto será la justicia italiana la que ha de decidir si inicia el proceso de extradición o admite su inmunidad. Veremos cómo evoluciona este asunto en las próximas semanas, pero lo que parece claro es la voluntad, tanto de Pedro Sánchez como de ERC de blindar el diálogo sobre el futuro de Cataluña y aislar la negociación de los Presupuestos de la crisis desatada en Cerdeña.

Es muy lamentable que los estrategas y responsables de márquetin del PP lo tengan que fiar su identificación como alternativa de Gobierno a un show mediático y no a su labor como líderes de la oposición. Por eso, resulta triste escribirlo, pero no hay un partido como el Partido Popular en nuestro entorno europeo, quizás lo más parecido sea la Liga Norte de Mateo Salvini en Italia.  Prefieren que se hunda España antes que tirar adelante gobernados por la izquierda. Por lo tanto, y, por lo que pueda ser, los populares deberían hacer una revisión profunda se su estrategia. Todos saldríamos ganado y ellos los primeros.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 27/09/2021

PREPARANDO LA SALIDA DEL "PROCÉS"

 

En Cataluña, el inicio del curso político coincide con la conmemoración de “l'onze de setembre, la Diada Nacional. Eso hace que la efervescencia nacionalista en el mes de septiembre acostumbre a llegar a su punto más álgido. Este año, sin embargo, las celebraciones han sido bastante descafeinadas. Tan solo unas 100.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron en la plaza Urquinaona en la convocatoria “oficial” del día once. Nada que ver con las de otras ocasiones, como aquella de hace unos años, cuando una cadena humana cubrió casi 400 quilómetros de territorio catalán. No obstante, en esta ocasión, a esa exaltación nacionalista han contribuido, también, el anuncio de la ampliación del aeropuerto de el Prat, después fallida, y la convocatoria de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat a lo que los talibanes del independentismo contestaron con exabruptos y desprecios, es decir, en su estilo.  

En el horizonte político se empiezan a ver señales, bastante evidentes, del agotamiento del secesionismo. Entre el independentismo pragmático empieza a calar la idea de que la entelequia independentista ya no da más de sí y hay que volver a la realidad del autonomismo por dura que sea. Están buscando pista para aterrizar y conviene no poner obstáculos.

Un ejemplo claro es la reunión mantenida entre el presidente de la Comunidad de Valencia, Ximo Puig, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, a primeros de septiembre, ¿cuánto tiempo hacía que un presidente catalán no se reunía con un presidente de otra comunidad para hablar de cuestiones comunes relacionadas con el Estado? Tampoco es baladí la intervención de Aragonés tras ese encuentro. Allí habló de la mesa de diálogo con el Gobierno central, sin citar ni la autodeterminación ni la amnistía.

No cabe duda de que los poderes del Estado social y de derecho han funcionado. Asimismo, los indultos a los políticos independentistas presos, tan criticados por la derecha, han tenido, sin duda alguna, un efecto terapéutico muy positivo, a la vez que han ayudado a rebajar la tensión. Por eso, ahora toca hacer política, porque los cientos de miles de independentistas que elección tras elección han mostrado sus preferencias no van a desaparecer a golpe de decreto, y negar la realidad no tiene razón de ser.

Hay que ser conscientes de que en Cataluña se siente una gran insatisfacción política. En un principio, el argumento básico era el escaso reconocimiento de la identidad catalana por parte del resto de España. Después, la creación y desarrollo del estado de las autonomías alimentó la creencia de que el reparto fiscal autonómico es especialmente injusto para Cataluña e impide aprovechar los recursos que aquí se generan. Más tarde, con la crisis económica de la década anterior esa sensación aumentó de forma considerable. Solo faltó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en julio de 2010 para que se diera la tormenta perfecta y el independentismo pusiera el estatus quo en cuestión. 

De todas formas, la lista de supuestos “agravios” que utiliza el nacional-independentismo contrasta con el hecho incuestionable que nunca Cataluña había ejercido tanto autogobierno ni había gozado del reconocimiento de su especificidad lingüística y cultural con tanta plenitud como ahora.

En este contexto, estoy seguro que no desvelo ningún secreto si digo que nunca he votado a ERC y, por consiguiente, a Pere Aragonés. Tampoco descubriré nada si confieso que mis simpatías hacia Esquerra siempre fueron escasas, pero las pocas que les tenía se esfumaron por sus permanentes deslealtades en los dos tripartitos, primero el de Maragall y el de Montilla después. Más tarde, su posicionamiento en el “procés” acabó por dilapidar la poca filia que hacia los republicanos me pudiera quedar.

Escribo esto porque me parece importante para el tema que quiero destacar en esta columna: la actitud del president Aragonés ante el intento de Junts de boicotear la mesa de diálogo. Claro y concreto: No me lo esperaba. La determinación del president plantando cara al envite de los seguidores de Puigdemont, no dando su brazo a torcer y poniendo en valor la importancia del diálogo, cuando lo más cómodo para él hubiese sido retroceder y admitir la propuesta de sus socios de Govern, dice mucho de su cuajo político.

Como también dice mucho de su capacidad de encaje, escuchar del presidente Sánchez decir “que en la negociación no cabe ni la autodeterminación ni la amnistía”, y seguir determinado a continuar negociando.

La mesa de diálogo ha abierto una nueva grieta entre los socios de Govern, la enésima, pero también se empiezan a vislumbrar fisuras en la formación postconvergente. Quizás, por eso, y para cohesionar al personal la dirección de Junts no se ha andado por las ramas y ha pasado del desprecio inicial, al intento de sabotaje del diálogo, la negociación y el pacto. Primero pidiendo que Aragonés no asistiera a la mesa si no lo hacía Sánchez y después proponiendo nombres que sabía inaceptables. Para los de Puigdemont derribar al Gobierno de Sánchez se ha convertido en una prioridad. Saben que el diálogo más pronto o más tarde dará frutos y a ellos, partidarios del “cuanto peor mejor”, no les conviene.

 “Ladran, luego cabalgamos”, diría Don Quijote. Lo importante de esta situación es que tanto el Gobierno como ERC, se han tomado muy en serio la mesa de diálogo. De hecho, tanto las dos delegaciones como los presidentes manifestaron su determinación de seguir adelante con la negociación, a pesar de las diferencias. Por eso acordaron continuar con citas periódicas, unas más discretas que otras, pero sin parar en ningún momento.

Esperemos que el “sin prisa, si pausa y sin plazos” acabe siendo una realidad. Sería la mejor noticia política para los todos los catalanes en muchos años.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 20/09/2021

LA HISTORIA SE REPITE

 No quiero ser repetitivo. Estos días todos los medios de comunicación han dedicado portadas, editoriales, artículos o tertulias, para todos los gustos, sore el fiasco de la remodelación del aeropuerto de El Prat. Por lo tanto, no insistiré.

Si voy a señalar, no obstante, algunas de las muchas oportunidades que como sociedad y país hemos perdido por tener gobiernos ineficaces que, enfrascados en el monotema de la independencia, no se han ocupado de la política de las cosas. Es decir, de aquello que de verdad interesa a la ciudadanía.

Veamos pues, unos cuantos ejemplos:

Hasta mediados de 2017 Barcelona era la ciudad preferida por la mayoría de los estados de la UE para acoger la Agencia Europea del Medicamento, EMA (las siglas en inglés). La agencia tenía que dejar Londres como consecuencia del Brexit y nuestra ciudad era la más atractiva, tanto en el nivel técnico como por la calidad de vida, además contaba con un edificio formidable ─la Torre Agbar─ donde recalar. La EMA da cobijo a 900 altos cargos y es un negocio redondo, de altísimo valor añadido, a su alrededor. Sin embargo, la inestabilidad social y la inseguridad política que había generado el independentismo con el 1-O, y que entonces estaba en pleno apogeo, desaconsejaron su traslado a Barcelona y finalmente fue Ámsterdam la ciudad que acabó acogiendo la sede de la Agencia.

De forma casi simultánea, más de 5.000 empresas, entre ellas algunas tan emblemáticas como La Caixa o el Banco de Sabadell empezaron a marchar de Cataluña, para instalar sus sedes centrales en lugares más tranquilos y evitar verse perjudicadas por la inestabilidad política y jurídica que aquí había generado el “procés”. A día de hoy, no ha vuelto prácticamente ninguna. Pero tampoco nadie se ha preocupado de tender la mano y hacer una oferta lo suficientemente atractiva a esas empresas para que, al menos, se planteen la posibilidad de volver.

El pasado mes de marzo el president, Pere Aragonés, con el argumento nihilista de no coincidir con el jefe del Estado, Felipe VI, no acudió a la celebración del 70 aniversario de Seat, desairando, de esa forma, a la cúpula de Volkswagen y dejando a trabajadores y ciudadanos de Cataluña sin quien debía ser su representante natural: el president del Govern.

Ahora, el infantilismo naif del Govern secesionista ha hecho que el Gobierno central suspenda la inversión de 1.700 millones de euros que el pasado, 2 de agosto, el vicepresidente de la Generalitat Jordi Puigneró y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pactaron para la ampliación del aeropuerto del Prat.

En este contexto, cuando es más necesario que nunca destensionar la situación, no ayuda nada, sino todo lo contrario, que personajes como Laura Borras (segunda autoridad del país) digan que “el dinero que el Estado no ha querido invertir en el aeropuerto de El Prat lo invertirá en Madrid”; eso es mezquindad política, impropia de un cargo de tan altísimo nivel

Estas son algunas de las oportunidades de crear riqueza que hemos perdido en los últimos nueve años, no las únicas, pero sí las más sonadas. Y explican en gran medida porque Madrid aporta más al PIB que Cataluña y pronto de seguir así las cosas lo hará Valencia, entonces nos sorprenderemos.

Seamos realistas: (aunque el independentismo nos quiso embaucar con el eslogan “el mon ens mira”) el mundo ni nos mira ni nos espera. Así que o nos subimos al tren del desarrollo o el tren seguirá por las vías del progreso sin nosotros.

Pero volvamos al hilo conductor de esta columna: la cuestión fundamental que ha hecho descarrilar el proyecto de El Prat, ha sido el frikismo indepe. Hay que decir, también, para no pecar de sectarios que, la necesidad de que el Gobierno debe aprobar el plan de inversiones de Aena antes de que finalice este mes de septiembre, ha jugado su papel. Es evidente que sí. La entidad que preside Maurici Lucena no puede esperar a que en la Generalitat desojen la margarita. Gobernar es tomar decisiones, a veces impopulares y eso parece que Pere Aragonés no lo tiene claro.

De todas formas, observando detenidamente el paisaje político, algo me dice, que no todo está perdido, que es posible que se retomen las negociaciones y aún se esté a tiempo de recuperar la inversión.  Quizás esta vez nos salve la campana. Por si acaso crucemos los dedos.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 13/09/2021

PONER COTO A LA LOCURA

Hace ya casi diez años que empezó a visualizarse el proceso independentista catalán.  Un movimiento basado en el nacional-populismo que está dirigido, con mando a distancia, por las clases más pudientes del país, y que lo único que ha conseguido, hasta el momento, es que la situación socio política se deteriore de forma sistemática cada día que pasa.

Al principio nos lo que quisieron vender como “la revolució de les somrises” (la revolución de las sonrisas). Sin embargo, pronto se vio que aquello era una camama. Los jabatos del movimiento no se cortaban si tenían que repartir estopa, amenazar e insultar a sus, para ellos, enemigos, pero, eso sí, preferentemente ocultos en el anonimato, con la cara tapada o en la impunidad que facilitan las redes sociales.

El asunto alcanzó su máxima dimensión cuando aparecieron unos grupos denominados CDR (Comités de Defensa de la República) primero, y Tsunami Demcràtic después, qué si bien nadie sabía, ni sabe quién los dirige, es evidente que desde arriba les mueven los hilos, en forma de financiación, información, convocatorias, objetivos, etcétera.  

El punto álgido de la violencia más salvaje y gratuita llegó con la publicación de la sentencia a los líderes independentistas en otoño de 2019. Todos recordamos las concentraciones de aquellos días en la plaza Urquinaona de Barcelona, el acoso a las fuerzas de seguridad y a la delegación del Gobierno central en la calle Mallorca o a la consejería de los Mossos d’Esquadra en la calle Diputación junto a Paseo de Sant Joan. Tampoco olvidamos actos similares en la práctica totalidad de las ciudades de Cataluña. “Una violencia nunca vista” en opinión de los máximos responsables del orden público.

Es evidente que con el paso del tiempo la violencia sistémica ha ido menguando. No obstante, queda la sensación de que quemar contenedores, insultar a los que no piensan igual, a los que discrepan o amenazar a los cargos públicos sale gratis y hay barra libre para los que quieren lograr la independencia. Parece que para ellos el fin justifica los medios.

En este contexto, el hecho institucionalmente más grave, quizás, es la escasez de jueces y fiscales en Cataluña. Es cierto que es un mal endémico, pero diversas asociaciones judiciales coinciden en señalar que la deriva independentista ha acentuado el problema.

Otra cuestión no menor es el concepto que tiene el independentismo sobre el espacio público, es decir, el que es de todos y, por lo tanto, lo hemos de compartir. Para ellos, sin embargo, es propiedad privada. Por eso, durante años nos hemos hartado de ver pintadas, lazos amarillos, pancartas y cualquier otra cosa que sirviese para exaltar la causa en los lugares más inverosímiles. Tanto es así que al expresident Torra le costó el cargo no quitar una pancarta en favor de los políticos presos de la fachada de la Generalitat. Una institución que huelga decir, es de y para todos los catalanes. Pero es que, todavía hoy, no es nada difícil ver proclamas secesionistas en lugares institucionales.  

De todas formas, el súmmum del aquelarre independentista faltón y maleducado tiene su campo de juego preferido en redes sociales como Facebook o Twitter, ahí se pueden expresar a sus anchas. La impunidad les hace arrogantes e impunes. O eso piensan ellos.

Desde luego, quién esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aún me duelen aquellos gritos de “a por ellos”, de un grupo de exaltados en un pueblo del sur despidiendo a una compañía de guardias civiles que venían en octubre del 17 a poner un poco de orden por aquí.  No es lo mismo una manifestación censurable, pero espontanea que todo un proceso constante y organizado para denigrar y despreciar al que no piensa igual.

De todas formas, ha de quedar claro que el barriobajerismo de cualquier lugar siempre es deleznable; sea quien sea el que lo practique y el motivo que lo origina. Pero lo que estamos viviendo en Cataluña, tiene, o parece tener, cobertura institucional, sino sería imposible que tuviese el auge que tiene.

De todas formas, la palma de oro de las barrabasadas institucionales la ha ganado esta semana la inefable Laura Borrás. La Molt Honorable presidenta del Parlament ha aprobado conceder la Medalla de Honor de la cámara catalana, en la categoría de oro, a los 3.300 “represaliados” de la consulta ilegal del 1 de octubre. Si eso es lo que hace nuestra cámara legislativa a instancias de su presidenta, la segunda autoridad del país, ¿qué podemos esperar de los que se supone menos cualificados?

Con este ambiente, la cohesión social y la convivencia empiezan a ser imposibles. Por eso, o paramos esta locura o esto se nos va a Norris y Cataluña acabará despeñada por el barranquillo de la intransigencia y la intolerancia.

Un final demasiado triste para una tierra que siempre se ha considerado de acogida…, y todo por un grupo de descerebrados.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en el Catalán 06/09/2021

 

DEMOS UNA OPORTUNIDAD AL DIÁLOGO

 En un discurso pronunciado en las Cortes republicanas, en mayo de 1932, el intelectual José Ortega y Gasset dijo que “el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar”. Han pasado casi noventa años y, lamentablemente, la historia está dando la razón al autor de “La España invertebrada”

Ahora, dentro de pocos días, se constituirá la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. Confieso que soy bastante escéptico con los resultados que de esa negociación se puedan lograr. No obstante, entiendo que es la única manera razonable y lógica para resolver, al menos por una larga temporada, el encaje de Cataluña en España. Porque, que nadie se llame a engaño, esa es la cuestión, no la autodeterminación que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, y eso lo saben tirios y troyanos. Pero es que, además, de los siete millones y medio de ciudadanos que vivimos en Cataluña, los que están por la independencia no llegan al millón y medio, como quedó demostrado en las últimas elecciones autonómicas. Otra cosa es que algunos se empeñen en entelequias imposibles y “facin volar coloms” (“hagan volar palomas”) como decimos por aquí.

De igual manera ha de quedar claro que la amnistía no puede tener recorrido en las negociaciones puesto que la misma tiene efectos retroactivos, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por ese mismo motivo es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron el delito, y no sobre individuos concretos.

Además, la amnistía suele suponer un nuevo planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios sociales o de regímenes y, en ocasiones, se asocia al perdón de presos políticos.

Debería ser innecesario decirlo, pero ha de quedar claro que no estamos, ni por asomo, en un cambio de régimen.  Eso no significa que los independentistas no puedan plantear el tema, faltaría más. Ahora bien, han de saber que su aspiración es inviable.

Otra cosa sería que, en la hipótesis de que las negociaciones alcanzaran pactos positivos que sirviesen para volver a la normalidad política en Cataluña, el Gobierno central echase mano de medidas de gracia, como los indultos u otras para dar carpetazo al asunto para unos cuantos años. Obviamente cuantos más mejor.

En este complejo contexto, sería deseable, aunque sé que es prácticamente imposible, que agoreros y plañideras evitasen caldear el ambiente. Ni Marta Rovira, secretaria general de ERC, autoexiliada en Suiza, es quién para decir a Pedro Sánchez y el Gobierno de España si han de estar o no en la mesa de negociación, como tampoco lo es Elisenda Paluzie, lideresa de la ANC exigiendo al Govern que proclame la independencia después del 11 S. También el president, Pere Aragonés, se ha sumado al coro que pide la presencia de Sánchez en la negociación. Sin embargo, él no asistió a la reunión de presidentes autonómicos celebrada semanas atrás en Salamanca. “Consejos vendo que para mí no tengo”, dice el refranero.

Tampoco ayuda el filibusterismo mesiánico de Oriol Junqueras que un día dice apostar por el diálogo y al siguiente ataca a la justicia española por al affaire de Clara Ponsatí con la justicia escocesa. Cuando, de hecho, ha sido la Fiscalía de aquel país la que ha dado una colleja a la eurodiputada que ha quebrado la confianza que en ella habían depositado al no haber informado de su cambio de domicilio.

Ante una situación tan delicada como la que estamos viviendo, en la que todo está cogido con alfileres, los negociadores que han de sentarse a la mesa de diálogo harían bien en aislarse tanto como les sea posible del ruido mediático, ir ligeros de equipaje y con los menos apriorismos posibles. No podemos perder de vista que, tanto el nacionalismo español más casposo, como el independentismo hiperventilado, suspiran porque la mesa de dialogo sea un fracaso. Unos y otros son partidarios del “cuanto peor mejor”, y es que una vez más se pone de manifiesto que los nacionalismos, español y catalán, que, en apariencia, parecen tan diferentes, en realidad son como dos gotas de agua.

Ciertamente, los republicanos deberán remar contra corriente porque ni sus socios en el Govern, Junts, ni la CUP están por la labor. Todo lo contrario, en los postconvergentes predomina la línea dura y son partidarios de la voladura de los pocos puentes que aún quedan, mientras que los antisistema prefieren la confrontación directa con el Estado.  Además, el calendario no ayuda porque el president Aragonés se comprometió a someterse a una moción de confianza, a cambio del soporte de la CUP a la investidura. Y eso ocurrirá cuando tengamos unas elecciones municipales convocadas y unas generales en el horizonte.

Sea como sea, en política, como en casi todas las actividades de la vida, existen vasos comunicantes y a nadie se le escapa que, aunque son compartimentos estancos distintos, un buen arranque de la mesa de diálogo podría allanar el camino en la Comisión bilateral Estado-Generalitat donde hay un buen puñado de traspasos para negociar y facilitar, a la vez, una entente entre el Gobierno central y ERC para aprobar los presupuestos de 2022. Y esa es una de las cuestiones que más pone de los nervios al PP. 

Como he comentado más arriba, tengo serias dudas de que de la mesa de negociación salgan resultados tangibles, al menos en los primeros meses. Ahora bien, considero que sería un error garrafal que una de las partes se levantara y diese por finalizada la partida. Si eso llega a ocurrir el catalanismo político que es, en esencia, diálogo, negociación y pacto quedaría definitivamente secuestrado por el radicalismo indepe, y la idea de que España es un mal absoluto pasaría a ser un eje vertebrador del ideario secesionista como ya apuntan los sectores más hiperventilados.

Por eso, y para evitar que lleguemos a una situación que podría ser dramática, pienso que todos, absolutamente todos, tenemos el derecho y la obligación de dar una oportunidad al diálogo. No hacerlo sería un error imperdonable de consecuencias imprevisibles.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 06/09/2021