23 de desembre 2023

SENTIDO COMÚN, POR FAVOR


 

El tiempo suele poner las cosas en su lugar. Por eso ahora, cuando ya han pasado seis años largos del aciago otoño de 2017, podemos ver con más nitidez, si cabe, el gran disparate que fue el procés.

Algunos pensaban que, tras el fiasco, los líderes independentistas habrían aprendido la lección y, sin renunciar a su ideología, estarían reconduciendo sus planteamientos a posiciones más pragmáticas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Constatamos, no sin cierta tristeza y mucha indignación, que esa gente son de la opinión de “sostenella y no enmendalla” y su soberbia y supremacismo no tienen límites.

Veamos algunos ejemplos que ilustran esta afirmación:

Hace poco más de una semana se publicó el último informe PISA; en el mismo se retrata el fracaso escolar en Cataluña. En un primer momento, el Govern señaló como motivo la sobrerrepresentación de alumnos extranjeros en la prueba. Pero el aluvión de críticas recibido, tanto de los partidos de la oposición como de la comunidad educativa forzó a que el Ejecutivo rectificase, aunque sin asumir ninguna responsabilidad ni plantear, hasta el momento, medidas de choque.

Esa falta de autocrítica ha molestado a las familias, hasta el punto que la AFFAC, la federación de asociaciones de familias de alumnos más grande de Cataluña, emitió un comunicado en el que “lamentan la falta de autocrítica y de propuestas concretas de la consejera d’Educación, Anna Simó”. Y consideran “intolerable” la utilización de los alumnos inmigrantes para justificar los malos resultados del sistema educativo catalán. Igualmente, consideran “indignante” la carta que Anna Simó ha enviado a las familias pidiendo que se hagan corresponsables del éxito educativo en Cataluña”.

Pero, por desgracia, ahí no acaba la estulticia de este Govern: La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas  no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el lunes 11 de diciembre en Madrid. La mencionada señora consideró innecesaria su participación en la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda, toda vez que “no es un órgano de debate”.

Otro de los motivos para justificar la ausencia es que la Generalitat y el Gobierno “ya tienen abierta una negociación para una financiación singular de Cataluña” que, según las mismas fuentes, empezará en el primer trimestre de 2024. Algo que posteriormente desmintió categóricamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero es que la consejera de la Generalitat y su gabinete deberían saber los catalanes merecemos estar siempre representados allí donde se hable de cosas que nos atañen.

Sin solución de continuidad, el consejero de Acción Climática, David Mascot, sorprendía a todo el mundo al anunciar algunas de las restricciones que sufrirá Cataluña, a partir de enero, de persistir la sequía. La prohibición más llamativa era la de no permitir a la gente ducharse en instalaciones deportivas. (?) Horas después, el propio Govern daba marcha atrás y matizaba algunos aspectos de esta restricción. Sobran los comentarios.

Pero hay mucho más: El mismo día que en el Congreso empezaba la tramitación de la ley de amnistía, el president Pere Aragonés publicaba, en el diario británico Financial Times, un artículo en el que pedía a Pedro Sánchez valentía para pactar un referéndum de autodeterminación, a la vez que dejaba claro que se aseguraría de que el PSOE cumple todos sus compromisos.

Tan inoportuno fue el artículo que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, poco sospechosa de españolismo, advirtió a Aragonès, de que la convocatoria de una eventual consulta de autodeterminación es un asunto “serio” que debe ir precedida de un debate “sereno”, ya que, en su opinión, “las prisas son malas consejeras en esta cuestión”.

Y seguimos: La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, con la elegancia y fina oratoria que la caracteriza, no se anduvo con rodeos y en su intervención en el pleno del Congreso y calificó al expresidente del Supremo Carlos Lesmes, al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, a Pablo Llarena, a la magistrada Carmen Lamela, y a la expresidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del Constitucional Concepción Espejel, todos ellos jueces que tuvieron que ver con la instrucción y sentencia de la causa a los líderes del procés,  como “personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas”; en mi opinión, sobran los calificativos hacia la diputada.

Pero quién volvió a tener una intervención que quedará en los anales del parlamentarismo fue Carles Puigdemont. En una interpelación en la Eurocámara, donde coincidió con Pedro Sánchez por primera vez. El expresident, en vez de tender la mano y ofrecerse a colaborar para superar la situación que estamos viviendo en Cataluña, advirtió al presidente de las consecuencias de incumplir sus promesas, “Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”, sin ningún género de dudas, con actitudes como las aquí descritas se tejen complicidades y se alcanzan acuerdos que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos.

Estoy convencido que todo sería mucho más llevadero si estos señores le pusieran un poco de sentido común a su actitud. Sin embargo, la impresión que saco de todo esto es que la mayoría de líderes independentistas —salvo algunas excepciones que seguro las hay— es que, como políticos, son unos ineptos que supuran incompetencia y supremacismo por todos los poros de su piel. Algo que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no merecemos.

Soy consciente de que esta columna levantará ampollas en determinados ambientes políticos. Lo siento. No pido que se comparta mi opinión, pero sí que se respete, porque estoy opinando de posicionamientos políticos evidentes, no de las personas, ahí no entro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 21/12/2023

17 de desembre 2023

DE ASLATAR LOS CIELOS AL GRUPO MIXTO


 

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. En pocas semanas, reunió más de 100 000 afilados, convirtiéndose en el tercer partido en número de militantes y en octubre alcanzaba el segundo lugar, con más de 200 000 inscritos. Diversos estudios demoscópicos lo situaban como el primer partido del país en intención directa de voto. Sin duda, algo muy difícil de conseguir.

Tanto Podemos como Ciudadanos sacudieron el tablero político nacional e hicieron saltar por los aires el imperfecto sistema bipartidista que venía imperando desde la Transición.  Sin embargo, la supervivencia política en nuestro país es muy difícil. Por eso ahora, cuando se van a cumplir 10 años de su constitución, los podemitas están más cerca de la irrelevancia que de asaltar los cielos. Llegaron con un discurso nuevo, directo y fresco, pero han acabado defraudando a gran parte de los que fueron sus votantes, con modos y maneras calcados de los viejos partidos.

Más acelerada, todavía, fue la descomposición de Ciudadanos que en estos momentos ya está fuera de todas las instituciones, a excepción de un reducido grupo de diputados en el Parlament de Cataluña y un par de eurodiputados que, casi con toda seguridad, no revalidarán sus respectivos escaños en las nuevas legislaturas de esas cámaras.

Ambas organizaciones, ideologías al margen, tuvieron la oportunidad de pactar para entrar en el Gobierno (Podemos en el 2015, Ciudadanos en el 2019), y llevar a la práctica las ideas que defendían para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, tanto a los unos como a los otros, les pudo la ambición desmedida, equivocaron la estrategia y cometieron graves errores de cálculo, obsesionados, como estaban, en dar el sorpasso. Pero las cosas se torcieron y Podemos acabó entrando en el Ejecutivo, en buena medida para salvar los muebles, cuando el partido ya era una sombra de lo que fue. 

Pero la vida sigue y los restos del naufragio de Ciudadanos los han recogido Vox y el PP, mientras que Sumar parece que, de momento, está siendo el reemplazo, más o menos natural de la formación morada. Tendremos ocasión de comprobar la solidez de ese proyecto en las elecciones autonómicas (Galicia y Euskadi) y europeas que se celebrarán en 2024.

Desde hacía tiempo era un secreto a voces que la cúpula de Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hacían caminos cada vez más divergentes.  No obstante, unos y otros supieron hacer de la necesidad virtud y, más por pragmatismo que por coincidencias políticas, concurrieron juntos a las elecciones de julio de este año. Sin embargo, dejar a Podemos sin ninguna cartera ministerial y a sus 5 diputados sin cargos relevantes en el grupo parlamentario ha precipitado los acontecimientos y ha hecho estallar la crisis que, más pronto que tarde, se hubiese producido por cualquier otro desencuentro. 

Ante esa situación, los de Ione Belarra decidieron la semana pasada abandonar la coalición y pasar al grupo mixto. Los podemitas sostienen que así la formación morada ganará visibilidad, algo que habían perdido, dentro de Sumar. Ahora bien, al Gobierno no le quedará otra que abrir un nuevo frente negociador, ahí Podemos tendrá la capacidad de tensar la cuerda en determinados temas, aunque, bien es verdad, que ya han anunciado que ellos no romperán la estabilidad parlamentaria.

De todas formas, de poco le servirá a Podemos ganar visibilidad si, a la vez, se convierte en un aliado fiel del Ejecutivo. Por consiguiente, es razonable pensar que, en más de una ocasión, tensen la cuerda, la pregunta es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Seguramente, la primera prueba de fuego la tendremos en la tramitación de la ley de amnistía, que habrá empezado su andadura parlamentaria este pasado martes. Es una ley orgánica y, por lo tanto, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, se precisa indefectiblemente del concurso de Podemos. Si bien es verdad que, en principio, en este asunto no deberían existir inconvenientes por parte de los de Belarra, dada su conocida posición y su afinidad con los independentistas.

Otra historia pueden ser las negociaciones que se han de llevar a cabo para aprobar los Presupuestos de 2024. Ahí la batalla puede ser agria. Es muy posible que cuando llegue esa oportunidad Podemos quiera marcar perfil propio y convertirse en le defensor incuestionable de los más desfavorecidos y eso pasará por marcar cuantas más diferencias mejor con Sumar. Su objetivo ha de ser que se visualice que son ellos quienes arrancan más concesiones al Gobierno.

Así pues, me permito sugerir que nos carguemos de paciencia y estoicismo porque los rifirrafes van a menudear, por los menos, hasta las elecciones europeas de junio, luego, en función de los resultados las posiciones se pueden modificar o, por el contrario, la batalla puede ser aún más cruenta. Asaltar los cielos ya no es una opción, pero luchar por la supervivencia, aunque sea en el grupo mixto, es una necesidad.

La política, como la vida, tiene estas cosas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 14/12/2023

09 de desembre 2023

LA DESFACHATEZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA


 

De manera habitual recibimos mucha información, a veces demasiada, Ahora mismo, cuestiones como la guerra en Ucrania, que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano, la compleja negociación para investir a Pedro Sánchez, las opiniones a favor o en contra de la futura Ley de amnistía o la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza, entre otros muchos temas, centran el interés de los medios y acaparan nuestra atención. Eso hace que, en ocasiones, otros asuntos de gran importancia nos pasen desapercibidos.

Es el caso del Informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia española. 18 meses después de que el Congreso se lo encargase, el Defensor del Pueblo presentó, el pasado mes de octubre, un Informe elaborado a partir de una encuesta hecha a más de 8.000 personas y de la cual se deduce que unos 440.000 niños y/o jóvenes fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia de nuestro país.

Resulta que hemos pasado de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia, reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso.

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un giro copernicano tras décadas de hermetismo sobre los abusos, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002; mientras que aquí fueron años de negación y encubrimiento por parte de la Iglesia española. Hasta hace dos años se afirmaba que se conocían “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello. Pero la investigación, sin condicionantes de algunos medios de comunicación, ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Todo eso, ha generado el caldo de cultivo adecuado para que el Defensor del Pueblo pudiese realizar su informe.

En principio, también deberíamos considerar como positivo que la propia Iglesia, por primera vez haya accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis), unas cifras nuevas que son las más altas conocidas hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

Para tratar el affaire con rigor y no faltar a la verdad es justo decir que el discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha ido variando con el tiempo:  la jerarquía eclesiástica ha pasado del negacionismo sin matices a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, dijo en cierta ocasión el actual presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella. En otra ocasión, tras una entrevista en Roma con el Papa, Omella admitió que las publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia. De ahí que, hace unos meses, encargasen a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. Declaraciones que contradicen las pronunciadas, en abril de 2019, por el entonces secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.

En opinión de un alto cargo eclesiástico, a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades [despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Aunque bien es verdad que pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una gran falta de transparencia.

Eran muchos los que habían puesto sus esperanzas en la convocatoria hecha por El Papa, el pasado mes de noviembre, a la CEE al completo. Así pues, unos 80 obispos se desplazaron hasta el Vaticano, convocados oficialmente para tratar el estado de los seminarios en España. Sin embargo, visto el carácter completamente excepcional de la convocatoria y la coincidencia en el tiempo con la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia española, existía la ilusión contenida de que Francisco quisiera sacar el tema a colación. Pero, lamentablemente, esas expectativas fueron solo un espejismo. En ningún momento el Papa puso el problema sobre la mesa. Tampoco se interesó por el informe que la CEE ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Ha sido un diálogo cordial y no un tirón de orejas” (…) “No ha habido ninguna mención a los abusos” (…) “Ni siquiera se ha tocado el asunto de forma colateral…”, resumió el cardenal Juan José Omella, en un encuentro con la prensa llevado a cabo tras concluir el encuentro.

De nuevo, la cúpula eclesiástica se ha puesto de perfil. La desfachatez de la CEE resulta pasmosa y muy preocupante porque más que aportar luz al escabroso problema y buscar soluciones, intentan escurrir el bulto y tirar pelotas fuera. Por eso sería muy interesante que monseñor Omella se lo explicase personalmente a los afectados. A ver ellos que opinan.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/12/2023

03 de desembre 2023

LA INFLACIÓN Y EL PODER ADQUISITIVO

Cuando el miércoles, 22 de noviembre, los miembros del Gobierno llegaron al palacio de la Moncloa encontraron sobre la mesa del Consejo de Ministros una carta personalizada del presidente del Ejecutivo. En la misma, Pedro Sánchez les instaba a actuar “con unidad, solvencia y determinación en el afán compartido de contribuir al avance social, la convivencia, la estabilidad institucional y el diálogo entre diferentes”. Y es que nadie ignora que esta legislatura recién inaugurada va ser difícil como pocas. En ese contexto, tan destructivos pueden ser los ataques de los adversarios como el teórico fuego “amigo”.

Con esa realidad como telón de fondo, Sánchez ha querido mandar un mensaje de sensatez y solvencia política y, para eso, nada mejor que poner a trabajar a todo el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales para 2024.

Y es precisamente, en esa iniciativa, donde el presidente del Ejecutivo puede encontrar el impulso necesario para pasar página, dejar atrás el complicado proceso de investidura y encarar aquellas cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a la ciudadanía. Porque resulta que, entre otros impuestos, el IBI subirá sobre un 18% en la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña y la factura del agua un 11,5% en Barcelona y otros municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, ni los salarios ni las pensiones alcanzarán, ni de lejos, esos porcentajes de aumento. Por lo tanto, es evidente que las clases medias y populares van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

Por si eso fuera poco, un informe del Banco Central Europeo alerta de que las medidas de protección, en nuestro país, a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania han resultado insuficientes para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Han sido precisamente esas personas las que más han sufrido el impacto de la inflación. La pérdida de capacidad de compra de ese segmento de la población se sitúa por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la pérdida experimentada por las familias más adineradas, que, incluso, se han beneficiado de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja del IVA o los subsidios a los combustibles.

Dicho de otro modo, las políticas de protección para las más débiles puestas en funcionamiento en nuestro país no tuvieron el efecto reparador deseado. Por consiguiente, es lógico pensar que  la inflación haya incidido en incrementar la desigualdad de la renta en España, uno de los países europeos que, pese a los avances de los últimos años, sigue manteniendo importantes niveles de desigualdad de renta y personas en riesgo de pobreza.

Las políticas de contingencia puestas en práctica por el Gobierno, en línea con política monetaria del Banco Central Europeo, eran necesarias pero han sido insuficientes.  No podemos pasar página y olvidar los negativos efectos distributivos de esta crisis y la necesidad de seguir insistiendo en los apoyos para las personas más vulnerables. Diversos estudios señalan como en nuestra economía, cuando llegan las vacas flacas la desigualdad crece rápidamente, pero, sin embargo, cuando vuelve la bonanza, la recuperación se produce con mucha más lentitud. En estas dos últimas crisis superpuestas (pandemia y guerra de Ucrania), la inflación ha castigado particularmente a los que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido suficientes para mitigar ese efecto.

Con esta situación, como paisaje de fondo, el nuevo Gobierno debería considerar la conveniencia de reexaminar la decisión de retirar todas las medidas de apoyo. Quizá sería conveniente mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la inflación, donde efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis de 2008. Es evidente que nuestra situación fiscal no está para muchas alegrías. No obstante, tenemos, en el marco de esta nueva legislatura, el tiempo suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar al sector público de los recursos necesarios para desarrollar  políticas que beneficien a todos los ciudadanos, pero, en especial, a los más desfavorecidos.

Ese sería el mejor argumento para poder digerir algunas cuestiones que, hasta el momento, han resultado, políticamente, muy indigestas.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíces 30/11/2023

 

DEL SOCIALISMO A LA SOCIALDEMOCRACIA

En el siglo XIX, la socialdemocracia fue una tendencia revolucionaria difícil de diferenciar del comunismo. Pretendía acabar con la división...