AQUELLOS POLVOS Y ESTOS LODOS

Tras la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del procés, que se hizo pública en octubre de 2019, Barcelona se convirtió, durante varias semanas, en algo muy parecido a una ciudad sin ley, y Cataluña, por extensión, era muy similar a una república bananera, donde, prácticamente, no funcionaba nada. 

Una desconocida organización a la que se llamó Tsunami Democràtic, de la que nadie sabía ni quien era, ni quine había detrás instigaba y provocaba todo tipo de desmanes. En aquellos días se bloqueó el aeropuerto, se cortaron carreteras, autopistas y vías férreas, se puso sitio a la sede del Gobierno central, se acosó a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, se rompieron escaparates, se saquearon tiendas y los contenedores de residuos iban arriba y abajo de las calles y ardían como si todo fuera un aquelarre sin fin.

Con ese paisaje tan poco estimulante, el ministro del Interior, entonces en funciones, Fernando Grande Marlaska,   al día siguiente de las manifestaciones en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona dijo que acabaría averiguando quién se ocultaba tras la marca Tsunami Democràtic. "Tenemos unos servicios de Inteligencia y de información realmente eficaces y no duden que terminaremos sabiendo quién está detrás", afirmó.

Pocos días después el ministro compareció para anunciar que se habían producido avances en la investigación y advirtió de que los hechos no quedarían impunes. "Han sido protagonizados por grupos minoritarios, muy organizados, con mando y estrategia", declaró Grande Marlaska.

Dado que algunos de los precursores de Tsunami Democràtic eran expertos en informática y tecnologías avanzadas, además de la planificación de las protestas, desarrollaron un sistema que permitía a la cúpula del 'procés' comunicarse en tiempo real con sus seguidores de un modo seguro, a la vez que crearon un canal de comunicación de masas en 'Telegram' para anunciar en secreto las diferentes acciones sin que las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran tiempo de anticiparlas o abortarlas.

Ahora, casi dos años y medio después, el asunto ha trascendido a la opinión pública. Desde El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya se ha admitido que se espió a líderes independentistas, pero se hizo de manera individualizada, no indiscriminada como se denuncia desde el Govern y siempre bajo control judicial, según fuentes próximas al servicio secreto español. Esas mismas fuentes cuestionan el rigor del estudio realizado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá), según el cual los móviles de más de 60 independentistas catalanes y vascos fueron infectados con el programa espía Pegasus, de la firma israelí NSO Group. Sin embargo, en ese estudio no se detalla quiénes fueron espiados y quiénes no. Fuentes próximas al CNI aseguran que muchos de los que figuran en la lista que se ha hecho pública jamás fueron objeto de investigación por parte del servicio secreto y que la cifra de afectados por sus pesquisas es muy inferior a la mencionada.

Lo que no se niega, desde los servicios de inteligencia, es que los líderes de asociaciones independentistas catalanas han sido objetivo informativo del CNI en los últimos años; y ello porque la ley reguladora del servicio secreto español (ley que fue votada en su momento por CiU), de cuya entrada en vigor se cumplen ahora dos décadas, le atribuye, entre otras misiones, la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”. Desde 2015, el servicio secreto dispone de una Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales dedicada a recabar información sobre movimientos separatistas y la vigente Directiva Nacional de Inteligencia, aprobada por el Gobierno, los incluye como uno de los objetivos informativos del CNI.

Quien puso el dedo en la llaga fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando dijo en el Congreso: “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?” Robles reiteró que “el Gobierno actúa, lo que no pueden decir algunos otros, con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad" y tras escudarse en la ley de secretos, que le impide hablar del organismo de inteligencia, emplazó a los independentistas a esperar a la constitución de la comisión de secretos oficiales, donde a su juicio, "saldrá todo y se darán todas las explicaciones” y remachó: "algunos que ahora dan lecciones tendrán que callarse".

Casi de manera simultánea, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tramitaba por procedimiento de urgencia el cambio de normativa para acceder a la comisión de secretos oficiales, con el objetivo de que partidos como ERC o Bildu accedan a la misma, pero los republicanos no se dan por satisfechos. Para ellos la solución es que rueden cabezas.

Veremos. En el horizonte hay muchos nubarrones, la situación entre Gobierno y ERC es tensa y no faltan ni los carroñeros de la política, ni los partidarios del cuanto peor mejor, que están desenado que la mayoría de la investidura se rompa, pero ya se sabe que en política el nunca jamás, con frecuencia se acaba convirtiendo en un tal vez quién sabe.   

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en El catalán 02/05/2022