Considero que la república es la forma de Estado preferible para una sociedad del siglo XXI, desarrollada y compleja como la nuestra. Esa es una de las razones por las que nunca he sido monárquico. No obstante, admito que durante años sentí cierta simpatía por Juan Carlos I. Quizás era porque mi subconsciente asociaba la figura del Rey a la recuperación de la democracia en nuestro país.
Sin embargo, las cañas se volvieron lanzas, y a medida que se fueron conociendo las trapacerías económicas del rey Juan Carlos, aquella simpatía inicial se ha convirtió en desprecio y rechazo.
La Fiscalía del
tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación, que ha durado tres años,
para intenta esclarecer los movimientos financieros, hechos por Juan Carlos de
Borbón con absoluta opacidad, aprovechando su linaje. Ese trabajo nos ha
permitido conocer algunos de los tejemanejes en paraísos fiscales del dinero
que obtuvo el rey, cuyo monto y paradero se desconoce en su totalidad, aunque
se deduce que supera los 77 millones de euros: los 65 millones de la donación
saudí que se diluyeron en cuentas y mansiones de Corina Larsen, los casi dos
millones que le regaló el sultán de Baréin y los más de 10 millones que tuvo en dos trusts (fideicomisos)
en paraísos fiscales.
Ahora la Fiscalía del Tribunal
Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de
Estado entre 1975 y 2014. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores
Delgado, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía
abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva la
investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades
fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las
investigaciones consideran imposible perseguir presuntas irregularidades
cometidas por el rey emérito antes de su abdicación; las dos propuestas de
regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021,
así como la ausencia de pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle
al Tribunal Supremo que actúe contra Juan Carlos de Borbón. O, dicho de otro
modo, la ingeniería financiera, en esta ocasión, ha ganado la partida al
sistema fiscal de un Estado social y de derecho.
Los dos decretos de
archivo firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón,
constatan numerosas irregularidades cometidas por parte del anterior jefe de
Estado, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas
están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014,
cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3
de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y las conductas presuntamente
delictivas que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no
declaradas de inicio a la Hacienda española) no son punibles por la
regularización fiscal presentada por el abogado del emérito y que la Fiscalía
da por buena.
Así pues, esa decisión pone fin a
casi tres años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la del
Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con
negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos
I.
Como no puede ser
de otra manera, me disgusta cómo se ha cerrado este affaire, pero no seré yo quien
cuestione la actuación de la Fiscalía. Ahora bien, me pregunto si los fiscales
actúan con la misma exquisitez cuando el investigado no es de la nobleza y
proviene de la plebe.
Ante esa situación decimonónica, parece
que hay un consenso bastante amplio entre las fuerzas políticas sobre la
conveniencia de ceñir la inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos que se
produzcan en el ejercicio de su cargo. No solo la izquierda ve excesivo que el blindaje
legal del jefe del Estado incluya sus actividades particulares, como ha puesto
de manifiesto el escrito de la Fiscalía, citado más arriba, que descarta actuar contra Juan Carlos I. También
Ciudadanos se muestra favorable a limitar ese privilegio, que, sin embargo,
defienden PP y Vox. Pero quien podría poner en marcha la reforma, el PSOE, ha
decidido aplazarla sin fecha.
Los socialistas han expresado en
varias ocasiones su opinión de que la interpretación de la inviolabilidad penal
de los actos del Rey es excesivamente amplia. Esa prerrogativa, según declaró Pedro
Sánchez meses atrás “es producto de
otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática
consolidada con más de 40 años de historia”. No obstante, parece que en estos
momentos hay otras cuestiones más prioritarias que ocupan las agendas de los políticos
y los grupos parlamentarios.
Ahora, después de casi dos años viviendo en los Emiratos
Árabes, Juan de Borbón, ex rey de España, ha vuelto este último fin de
semana. Ha venido —dicen—, a presenciar
una regata en Sanxenxo, en la que participa el velero Bribón (no sé si el
nombre del barco es una premonición o pura coincidencia), y a entrevistarse, más
tarde, con su hijo Felipe y con la reina Sofía. Eso sí, no se ha hospedado en
La Zarzuela y eso a los ciudadanos nos deja más tranquilos. El rey emérito se
ha paseado sin vergüenza y sin rubor por donde le ha apetecido o su estado
físico le ha permitido. Lo ha hecho entre baños de masas y concentraciones en su contra,
pero no ha contestado ni una sola pregunta de los periodistas.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 23/05/2022
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada