ACUERDO CON MATICES

La semana pasada, el 80% de los diputados que conforman el Parlament de Cataluña llegaron a un acuerdo para votar y aprobar una ley sobre una cuestión tan sensible como la lengua. Que una mayoria tan amplia sea capaz de sentarse a una mesa para negociar, llegar a un acuerdo y votar lo acordado es, sin duda, una buena noticia. No obstante, ensombrece el panorama que radicales de uno y otro signo no han hecho, ni tan siquiera, el esfuerzo de dialogar.

De todos modos, sería bueno que no nos dejásemos deslumbrar por las apariencias, porque la lectura que hacen unos y otros de la proposición de ley que llegó la Cámara catalana no tiene nada que ver. Mientras que para unos esta iniciativa legislativa es la fórmula más adecuada para esquivar la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a que al menos el 25% de las clases se han de impartir en castellano; otros considerando que así los dos idiomas cooficiales estarán presentes en los colegios de Cataluña.

Algo similar ha sucedido entre las entidades que desarrollan sus actividades en el ámbito de las lenguas, el mundo académico y los lingüistas. Unos piensan que este es el primer paso para que el uso del castellano acabe igualando al del catalán en las aulas y, en cambio, otros considerando que la nueva ley es una fórmula para burlar la resolución TSJC.

El acuerdo a que llegaron PSC, ERC Junts y En Comú Podem se producen después de dos meses de conflicto, provocado por el descuelgue de Junts de un primer pacto alcanzado en marzo, y que pensaron al castellano como lengua curricular , pero sin equipararla con el catalán. En opinión de, ERC, Junts y los comunes la nueva ley “blinda” el modelo actual, en el que la única lengua vehicular es el catalán. Sin embargo, para los socialistas el catalán sigue siendo el “centro de gravedad” del sistema y el castellano será lengua de aprendizaje, con lo que considera que se da cumplimiento a la sentencia. Por consiguiente, acuerdo con matices.

Las diferencias de interpretación del texto son, pues, considerables. Mientras que los partidos que conforman el Govern (ERC y Junts) considerando que la ley permite evitar el cumplimiento de la sentencia del 25%, los socialistas creen que así se acatará la misma, pero dando un mayor margen de actuación a cada centro.

Para la CUP esta ley se convierte al castellano, por primera vez, en cuarenta años, en lengua vehicular de “facto”.   Sin embargo, en opinión de Vox, PP y Ciudadanos la ley no atiende la interlocutoria del Tribunal Superior.  En consecuencia, la derecha ha aprovechado los cauces legales que brindan el sistema parlamentario para pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la Cámara. Eso supone que, cuando vence el plazo dado por el TSJC ─que será el 31 de mayo─ para aplicar el 25% de castellano en las escuelas, la nueva ley no permanecerá aún en vigor, lo que dificultará a la Generalitat poder argumentar ante el juez que su voluntad ―aunque no aplique la sentencia directamente― es regular el uso de las dos lenguas cooficiales en la escuela. Ante esa situación, el Govern ha decidido aprobar, de prisa y corriendo, un decreto ley, para detener, de ese modo, la posible acción judicial.

Es evidente que en esta ocasión se ha retorcido el lenguaje y se ha hecho un uso excesivo de la ambigüedad para que todas las partes puedan justificar su apoyo a la iniciativa legislativa. Quizás por eso, pocas veces un texto ha originado tanta controversia y puntos de vista tan diametralmente distintos entre sí, como este.

De todas maneras, hay algunas piezas que no encajan en este difícil rompecabezas. Por ejemplo, si la inmersión lingüística es tan fantástica como aseguran sus defensores a ultranza, cómo se explica que el uso del catalán a nivel social lleve años retrocediendo de manera sistemática. ¿Tendrá algo que ver la tensión política qué estamos viviendo? ¿No debería el Govern hacer una revisión en profundidad de sus políticas de soporte y promoción de la lengua y no centrarlo todo en la inmersión?

No son pocos los expertos que entienden que desde la Administración hay mucho camino por recorrer en torno a como la misma Administración Pública, la educación, la investigación; la cohesión social; la cultura; el sector audiovisual o los medios de comunicacion ; el campo digital y las tecnologías de la lengua; el ámbito socioeconómico y laboral; la salud y los servicios asistenciales; el ocio, el deporte y el mundo asociativo; sin olvidar las relaciones entre territorios de lengua catalana.   Pero eso sí, con inteligencia y mostrando empatía, no como se ha hecho con demasiada frecuencia, que ha sido con prepotencia o regando, de forma arbitraria, con dinero público a los que son amigos o de la misma cuerda ideológica.

Nadie puede cuestionar que, en una sociedad cada vez más globalizada como la que nos ha tocado vivir, es prácticamente imposible abrirse camino sin conocer idiomas (en especial el inglés). Por eso, ¿no parece lógico hacer una apuesta inteligente y seria por el trilingüismo? 

Permítanme que para terminar haga una comparativa y luego cada cual saque sus propias conclusiones. Quién considerando que ha difundido más y mejor el catalán en el mundo: un tipo como Joan Manuel Serrat empático, que evita la polémica, que ha hecho su obra bilingüe y que habla las dos lenguas con absoluta normalidad, o un personaje como Lluís Llach adusto ya menudo desabrido, alineado con el grupo Koiné y que advierte que cuando llegue la república el único idioma oficial en Cataluña será el catalán.

Yo lo tengo muy claro, porque nunca he creído en la utilidad de las imposiciones.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 30/05/2022