LA CATALUÑA REAL

Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto social en Cataluña se ha reducido desde 2009 en un 19,96 %. Es decir, la sanidad, la educación y los servicios y políticas sociales han perdido 4.134 millones de euros durante los años de la crisis económica. Cataluña tiene el triste honor de ser la comunidad autónoma que más ha recortado en políticas sociales.

Las cifras son descorazonadoras. El gasto en sanidad ha caído un 27,5 %, entre 2009 y 2015. O sea, 3.328 millones de euros. En educación el recorte fue de un 12 %, lo que equivale a 781 millones de euros. Y para servicios sociales en estos años han llegado 25 millones de euros menos.

Estas cifras significan que el gasto social por habitante en 2017 fue de 2.227 euros, 560 menos que antes de la crisis. Sobran las palabras.

Por otra parte, la actividad legislativa y el necesario y democrático control al Govern han desaparecido.  En el mes de julio se suspendió un pleno del Parlament por un desacuerdo, llamado Puigdemont entre los grupos independentistas, y no está previsto celebrar ningún pleno hasta octubre. Asimismo, la mayoría secesionista ha negado la creación de una comisión de investigación para averiguar si los Mossos d’Esquadra espiaron a determinados políticos, periodistas y abogados contrarios al procés.  Pese a que según el artículo 67.3 del reglamento de la Cámara catalana se debe crear una comisión cuando lo soliciten una tercera parte de los diputados —65 de 135— o tres grupos parlamentarios. Ni así. Lo pidieron Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y el PP y los independentistas hicieron como si oyeran llover.

Por si todo esto fuera poco, en los despachos y en los centros de poder se está librando una sórdida batalla, entre JuntsxCat y ERC, por el control de TV3 y Catalunya Ràdio. Mientras que los trabajadores lamentan la existencia de “acuerdos privados para repartirse TV3” y sigue pendiente la reforma de la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pactada hace más de un año.

Con este panorama de fondo y -supongo que, como dicen ellos- para normalizar el país, noventa altos cargos, exdiputados y personal eventual del Govern cesados con el 155 han sido recolocados en la Administración pública catalana. En su mayoría personas vinculadas a los partidos independentistas de la coalición en el poder, que han hecho del procés su modus vivendi. Prácticamente todos han recuperado el mismo lugar de trabajo u ocupaciones parecidas, aunque hay casos de cambios significativos de responsabilidad o de ascensos.

Los más relevantes son los de los exconsejeros de Cultura y de Agricultura, Lluís Puig y Meritxell Serret, que han sido nombrados, respectivamente, director del Programa para el Desarrollo de Proyectos Culturales de Ámbito Internacional y delegada del Govern ante la Unión Europea. Puig y Serret huyeron a Bélgica en octubre del año pasado para evitar su procesamiento en España.

Con estos datos sobre la mesa, el president Torra, en vez de ir al Parlament y debatir con el resto de grupo parlamentarios, prefiere dar conferencias para sus acólitos, compararse con Martin Luther King, proponer “marchas por las libertades”, decir que no aceptará las sentencias a los políticos presos si no son absolutorias e insultar con desfachatez, llamando fascistas, a los que no piensan como él. Tal y como hizo en el acto realizado en el Teatre Nacional de Cataluña, el pasado 4 de septiembre.

De todos modos, le guste o no a Quim Torra, la Cataluña real es la de los recortes para los ciudadanos de a pie, la de falta de los más elementales sistemas de control democrático y de control al gobierno. Sin embargo, lo que no falta es uno de los principios fundamentales de un régimen autocrático que se precie: la colocación (en este caso recolocación) de los leales a la causa.

Lo demás son mandangas para tener al personal entretenido.

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 05/09/18