Siempre resulta difícil identificar las causas originales de una crisis. Por eso, para entender la situación en que nos encontramos, deberíamos remontarnos 10 años atrás, cuando los países tomaron la decisión de integrarse en el euro, la situación era muy diferente, con Alemania débil y en medio de un largo proceso de reestructuración tras la reunificación —en aquel entonces, era el paciente enfermo de Europa— y el resto, gozando de la bonanza generada por el euro. Esa situación generó una divergencia cíclica entre Alemania y el resto de Europa que ahora está resultando fundamental para entender la gestión de la crisis. Mientras una gran parte de la zona euro trata de recuperarse del pinchazo de las burbujas bancaria e inmobiliaria, Alemania goza de una posición económica, fiscal y exterior muy solida, ya que no tenía ningún desequilibrio cuando llego la crisis y por tanto se ha podido beneficiar sin restricciones de las políticas expansivas adoptadas.
Esta circunstancia y las divergencia económica entre los Estados miembros ha generado una concentración excesiva de poder en manos alemanas, donde el objetivo político está enfocado la prevención de la próxima crisis y no tanto a la resolución de la crisis actual. La tremenda debilidad no solo económica sino también política de los otros países grandes europeos; como España, hace tiempo que no tiene a nadie que tenga capacidad de influir en los momentos críticos; Italia está lastrada, todavía, por el efecto Berlusconi y ahora se encuentra en un periodo de interregno; Francia, a su vez, tiene una economía muy debilitada y un presidente que no acaba de encontrar su lugar y, aunque se opone a la austeridad, no presenta ninguna alternativa creíble. Esta situación ha hecho posible que el poder de decisión europeo quedase en manos de una coalición germano-holandesa-finlandesa que se rige por necesidades electorales cortoplacistas y una visión muy restrictiva del futuro común europeo. En estas circunstancias, es evidente que la zona euro necesita una estructura institucional fuerte para que el todo sea mayor que la suma de las partes
Un ejemplo que pone de manifiesto la fragilidad institucional es la resolución de la reciente crisis financiera chipriota. Es cierto que Chipre tiene —o tenía— un sistema bancario exagerado y especializado en prácticas ligadas a la ingeniería fiscal. El objetivo era reducir el tamaño del sistema bancario y adoptar la metodología más o menos estándar en estos casos: cuando un banco es insolvente, los accionistas sufren primero, luego los bonistas, y en última instancia los depositantes. Los contribuyentes sólo como último recurso, o en caso de necesidad sistémica. Hasta aquí la teoría.
Pero ahora llega la práctica. Hace un par de meses, el presidente del Eurogrupo, afirmó que a partir de ahora los bancos se tendrán que arreglar ellos solos, pero rescató el banco SNS Reaal (entidad financiera de origen holandés) con dinero público. Es decir, a los depositantes holandeses se les ahorró una quita, sin embargo a los chipriotas no. La decisión de limitar la deuda chipriota al 100% del PIB en 2020 es absolutamente aleatoria, y se podía haber dado un rescate mayor que hubiera aligerado la quita a los depositantes. ¿Por qué la teoría se ha aplicado de una manera en Holanda —y en el resto de la eurozona— y muy poco tiempo después de otra manera en Chipre? ¿Por qué no se usó el MEDE (organismo intergubernamental creado para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona euro) para recapitalizar directamente los bancos chipriotas, y romper así el vínculo entre bancos y deuda pública? Curiosamente, Luxemburgo, otro país cuya economía tiene una fuerte concentración financiera, se manifestó semanas atrás en contra de la nacionalización de los problemas bancarios, y a favor del uso del MEDE. No es de extrañar que, con tanta cacofonía, los inversores no se fíen de nada de lo que dicen los gobernantes europeos.
Ciertamente, la nacionalidad rusa de muchos de los grandes depositantes de los bancos chipriotas influyó. Es evidente que existía el deseo de dar una lección a los mercados, para que mejoren la vigilancia de los bancos y así evitar que se repita la crisis. Asimismo, el deseo de no cargar a las generaciones futuras chipriotas con un problema generado por sus antepasados ha tenido un peso específico. No obstante, la estrategia del Gobierno chipriota ha sido de dudoso acierto.
Pero también hubieron razones menos claras: el deseo del FMI (Fondo Monetario Internacional) de restaurar su credibilidad tras las dudas suscitadas por Grecia; el deseo del BCE (Banco Central Europeo) de evitar perdidas; la campaña electoral alemana, donde el caso chipriota se había convertido en una punta de lanza de la estrategia del SPD (Partido Socialista Alemán) contra Merkel; y el deseo de aplicar —claramente a destiempo— la nueva metodología europea de resolución de instituciones bancarias, que algunos ven como el embrión de la futura unión bancaria europea. Y, sobre todo, la falta de un sistema institucional de contrapesos que neutralice toda esta serie de intereses especiales.
En este contexto, y con 27 millones de puestos de trabajo destruidos desde que empezó la crisis, ahora hace 6 años, y 1,6 billones de euros de dinero público esfumados por el sumidero de las entidades financieras, se reunió los pasados días 27 y 28 de junio el Consejo Europeo. Ciertamente, no es que se puedan tirar cohetes de alegría por los acuerdos alcanzados, pero parece existir una clara voluntad para concretar un giro social y a los países del sur, aunque insuficientes, los nuevos aires no les vendrán nada mal.
Sobre el tapete se han puesto nuevas políticas para luchar contra el paro juvenil. Seis millones de menores de 25 años sin trabajo es algo inasumible, que le salen al conjunto de la Unión Europea por más de 150.000 millones de euros (el 1,2% del PIB).
Asimismo, otro de los grandes temas a debate en esa cumbre, y de especial importancia para España, era abrir el grifo del crédito a las pymes. La verdad es que más allá de los grandes titulares, el tema ha quedado para octubre; será entonces cuando los expertos deberán presentar una propuesta (que será necesariamente compleja) pues, con toda probabilidad se recurrirá a la ingeniería financiera, para que los bancos vuelvan a dar crédito compartiendo riesgos con el BCE y la Comisión.
Es evidente que la zona euro necesita una estructura institucional fuerte para que el todo sea mayor que la suma de las partes. Para hacer frente a las incertidumbres, para evitar que la tiranía de las minorías electorales regionales se adueñen de las decisiones, para contrarrestar la asimetría económica y política actual. De no hacerlo, las reticencias a todo lo que sea alemán irán en aumento, como irá en aumento la desafección hacia el euro. Las consecuencias pueden muy ser graves.
Hemos de ser conscientes que el euro es, ante todo, una institución política, no simplemente económica, y no podrá dar sus frutos sin solidaridad política, visión de futuro y fortaleza institucional.
Bernardo Fernández
Publicado en La Voz de Barcelona 04/07/13
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