Alguna cosa no funciona en nuestra
sociedad. Perdón: debí escribir, muchas cosas no funcionan. Pero me refiero, en
concreto, a nuestro sistema económico.
Esta semana hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida publicada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese estudio, el
porcentaje de población en riesgo de exclusión social en 2023 alcanzó el 26,5%,
cinco décimas por encima que en 2022 y tres décimas más que antes de la
pandemia. Además, el porcentaje de personas que presentan una situación de
carencia material y social grave también aumentó en más de un punto, hasta
alcanzar al 9% de los encuestados. Es decir, la peor cifra desde 2014, cuando
comenzaron a elaborarse estas informes.
Esa encuesta viene a ratificar un
estudio publicado por OXFAM Intermón, el pasado mes de enero, con el título
“Desigualdad, S.A., Filial España”, en 2022, más de la mitad del valor de la
riqueza en España se concentraba en manos de apenas un 10% de la población; y
un 22%, en las del 1% más rico. Mientras, los hogares que conforman el 50% más
pobre apenas concentraban el 7% de la riqueza total del país y han visto cómo
se ha reducido el valor de su riqueza neta promedio.
En los últimos 20 años, la brecha
entre quienes más y menos tienen se ha hecho más grande: la diferencia entre el
valor de la riqueza de un hogar situado en el 50% más pobre y otro del 10% más
rico se ha duplicado. Una de las causas principales de esta desigualdad es el
creciente porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que generan las rentas
de capital, concentradas en unas pocas personas, frente a las rentas del
trabajo.
Ante esta preocupante tendencia,
debemos añadir la evolución de la riqueza financiera: el peso de los activos
financieros sobre la riqueza bruta casi se ha doblado en los últimos 20 años, y
el 79,2% del valor de los mismos está en manos del 10% más rico de la
población.
Es especialmente relevante señalar
que casi la mitad de las 50 grandes empresas españolas tienen una vinculación
significativa (vía propiedad o por su presencia en los órganos directivos) de
personas que están en el 1% más rico.
Eso significa que una enorme
concentración de poder corporativo está acentuando la desigualdad en el
conjunto de la economía mundial y España no es una excepción. No obstante, esas
brechas tienen solución: Podemos lograr unas sociedades más equitativas si
desde los gobiernos se regula para redistribuir de manera drástica el poder de
las principales fortunas y de las grandes empresas hacia el resto de la
población y reinventamos eficazmente el sector privado como un actor que
contribuya más y mejor al bien común y no a generar una riqueza cada vez mayor
para unos pocos.
Pocos días después de hacerse público
el estudio “Desigualdad, S.A., Filial España”, conocíamos un informe según el
cual la gran banca española ganó más que nunca en 2023: superó los 26.000
millones de beneficios, un 26% más. Casi la mitad cosechados en España, gracias
al repunte de los ingresos por las alzas de tipos del BCE
Los grandes bancos españoles cerraron
un 2023 de record. Entre las cinco entidades principales —Banco Santander,
BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter— ganaron 26.088 millones de euros,
un 25,96% más. Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la
que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del
Banco Central Europeo (BCE) en el último año y
medio en su lucha contra la inflación. Así como a una contención de costes
generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes
que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos.
De los seis grupos financieros que
cotizan en el Ibex, tan solo Unicaja presentó unas cuentas con unos beneficios
inferiores en un 4% al ejercicio anterior. De las ganancias anotadas por los
cinco grandes, se cosecharon en España 11.428 millones de euros. Es decir, el
beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del
total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno impuso un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego
prorrogado por un tercero y con la idea de hacerlo permanente.
Que las grandes entidades financieras
y empresas tengan beneficios es tan deseable como necesario porque esa es su
razón de ser. Ahora bien, la cuestión es dónde ponemos el listón para
diferenciar los beneficios empresariales lícitos y decentes de los abusivos e
indecentes.
Si queremos revertir esta situación
es ineludible avanzar hacia una gobernanza democrática de las empresas y un
reparto equitativo de beneficios... Abrir la cultura empresarial de nuestro
país hacia modelos inclusivos abordando una reforma empresarial que atienda al
artículo 129 de la Constitución, que defiende, como principio, la participación
de las personas trabajadoras en las grandes empresas. Asimismo, hay que modificar
la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de
los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de
nombramientos y retribuciones. Sin
olvidar la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la
empresa, a través de distintos esquemas de reparto.
En definitiva, se trata de introducir
un modelo de gobernanza empresarial basado en el bien común y romper, a la vez,
la priorización cortoplacista de maximizar la retribución financiera a los accionistas.
Soy consciente de que para muchos
esto viene a ser un brindis al sol, y quizás no les falte algo de razón, pero
en algún momento tendrán que empezar a cambiar las cosas. Y tal vez ese momento
es ahora, ¿por qué no?
Bernardo Fernández
Publicado en E notícies 02/03/2024
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