DISLATE ABSOLUTO

El pasado jueves, El Consejo de Transición Nacional hizo entrega al Govern de su informe titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña. En él se detallan los medios legales para celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña. El comité de expertos recomienda la negociación entre Generalitat y el Gobierno para hallar la vía que permita celebrar la consulta. Los expertos ponen de manifiesto los múltiples riesgos jurídicos que conllevaría llevar adelante el proceso soberanista sin acuerdo con el Gobierno central. Sostienen que, si Artur Mas convocara unas elecciones plebiscitarias para comprobar el apoyo del independentismo, el Estado podría abortar la operación con el argumento de que las elecciones atentan contra la unidad de España.


También se podría utilizar el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía. Precisamente -señalan los expertos-, su indefinición permite su aplicación ya sea para suprimir la autonomía o para vaciarla de contenido con medidas como la disolución del parlamento autónomo. Además, los autores del documento opinan que, si Artur Mas convoca una consulta sin el consentimiento del Gobierno, podría dar con sus huesos en la cárcel.

Por otra parte, en el mes de enero la Generalidad solicitó su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013, haciendo una petición de 9.073 millones de euros, 3.703 millones más que los recibidos el año anterior. Pero ahora, y de forma simultánea a la presentación del informe sobre le futuro político de Cataluña, la Generalitat ha aumentado su petición en 325 millones de euros más.

Mientras tanto, en la Cataluña real tenemos casi 900.000 parados, el 57% de los jóvenes de entre 16 y 25 años sin ocupación, los servicios sanitarios bajo mínimos, los funcionarios con los sueldos congelados, casi un millar de barracones diseminados por toda la geografía para que los niños vayan a escuela, los servicios sociales en coma inducido y un larguísima retahíla de corruptelas como el caso Palau (muy similar al caso Bárcenas, con la diferencia de que aquí no se ha tirado de la manta, quizá porque nadie ha ido a la cárcel).

Con este paisaje de fondo, parece mucho más razonable dedicar los esfuerzos a paliar la situación de angustia de cientos de miles de ciudadanos que no a quemar energías tras quimeras inalcanzables. Si todo esto no es el dislate más absoluto que alguien me lo explique.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 31/07/13