18 de juny 2012

INTERVENCIÓN DE FACTO

Tal y como se están desarrollando los acontecimientos en nuestro país, no resulta descabellado pensar que Mariano Rajoy pase a la historia como uno de los personajes que más pronto dilapidó el capital político que le otorgaron las urnas. Llegó al Gobierno con la promesa de bajar la prima de riesgo, crear empleo y recuperar la confianza en España. Pues bien, han pasado seis meses desde la toma de posesión y la prima de riesgo se ha disparado, se sigue destruyendo empleo a marchas forzadas y la confianza en España está por los suelos. La consecuencia es clara: El Ejecutivo ha tenido que pedir un rescate bancario.


A pesar de tener una cómoda mayoría y una oposición despistada, buscándose a sí misma, en menos de medio año el Presidente se ha desdicho prácticamente en todo. Un ejemplo: no hace ni quince días decía que la banca española no precisaba de ningún rescate. En estos meses, su obsesión ha sido calmar a los mercados para evitar una intervención. Pero la realidad acostumbra a ser tozuda y con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos de forma sostenida, el rescate se hizo inevitable.

Después de muchas dudas, desmentidos y bagatelas diversas, al Gobierno no le ha quedado más remedio que recurrir al fondo de ayuda europeo para pedir un rescate. Tras el órdago de Bankia no había mucho donde escoger.

La medida era necesaria para, primero, relajar la presión de los mercados, que se estaba convirtiendo en insoportable para la economía española y, después, par evitar la intervención de la cuarta economía de la eurozona. Ahora bien, eso significa que España deberá cumplir, a pies juntillas, las recomendaciones que haya hecho hasta el momento y haga en adelante Bruselas. No obstante, nos aseguran que las exigencias serán sensiblemente menores a las que se impusieron a Grecia, Portugal o Irlanda.

Muchas han sido las razones que nos han llevado a este punto de no retorno. Una de ellas, la pésima gestión de la reforma financiera que ha llevado a cabo el Gobierno. Otra, no menor, el fatal sistema de comunicación utilizado por el Ejecutivo y la falta de coordinación entre sus miembros. Pero es que nuestros dirigentes políticos han olvidado la interconectividad que existe entre el ámbito nacional y el europeo y eso ha mermado la ya maltrecha confianza de que gozaba nuestro país. Además, por si todo eso fuera poco, el presidente del Gobierno ha tardado mucho en empezar a hacer política europea y cunado comenzó lo hizo con desdén, tratando los eurobonos como un debate teórico.

A Mariano Rajoy le ha costado entender que esta crisis, más allá de la dimensión española, es fundamentalmente una crisis europea y una crisis de confianza. En estas circunstancias, la solidez y la estabilidad financiera son claves para que las reformas estructurales se puedan realizar con éxito. Y así nos luce el pelo. En cualquier caso, lo que a los ciudadanos de a pie nos debe preocupar es la manera como nos afectará a nosotros este rescate. Veamos.

Para empezar, estamos ante una intervención de facto y eso supone una pérdida de soberanía. En consecuencia, como ya se ha mencionado más arriba, de momento Bruselas nos ha hecho llegar recomendaciones, a partir de ahora lo que nos diga Europa, serán poco menos que dogmas de fe. Por tanto, el objetivo de reducción de déficit es irrenunciable y, por eso, los nuevos recortes no se harán esperar. Pero hay más: más pronto que tarde se va a poner en práctica el aplazamiento de la edad de jubilación y se va subir el IVA y aquellos impuestos y tasas que sean susceptibles de ser modificados al alza.

Tampoco nos debería extrañar que se empiece a hablar de congelar las pensiones o de profundizar aún más en la reforma laboral. De igual manera, y esto es lógico, las entidades que acudan al rescate, además de las auditorías ya encargadas deberán aceptar inspecciones de la UE, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea.

También es posible que aprovechando este tótum revolutum el ala más dura del Gobierno desentierre aquel viejo proyecto del PP que consiste en desmantelar buena parte del Estado autonómico, reasumiendo el Ejecutivo central, con la excusa de la presión externa, competencias que habían sido descentralizadas. De ese modo, las CCAA acabarán convirtiéndose en simples Diputaciones, con escaso contenido político.

Para el Ministro de Economía Luís de Guindos la razón que explica esta operación es tener entidades solventes para que puedan dar créditos a las pymes y a las familias españolas, para, de esa forma, estimular el consumo y generar crecimiento. Esperemos que sea así, puesto que ese dinero se ha de devolver con los intereses correspondientes y si no lo hacen los bancos lo deberán hacer sus avalistas, que no son otros que la sociedad española. O sea, nosotros.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 17/06/12

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