SORTU

Resulta sorprendente como determinados personajes políticos utilizan la vara de medir al Tribunal Constitucional (TC), en función de si las sentencias que éste dicta, coinciden o no con sus criterios. Aquellos que jalearon la sentencia del TC cuando se hizo público el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña y pidieron respeto y acato para el alto tribunal, ahora, tras el fallo sobre Sortu, han salido en tropel, no tan sólo criticando la decisión, sino poniendo en tela de juicio su legitimidad.


De poco ha servido que el ministro de Justicia, Albert Ruiz Gallardón, manifestara “su discrepancia” junto al “máximo respeto” acerca de la sentencia. El ala más dura del PP, haciendo oídos sordos a la opinión del Gobierno arremetió con dureza contra el fallo judicial que legaliza el partido abertzale. Llegando a insinuar, de forma poco sibilina, una victoria de ETA sobre el Estado de derecho. Inaudito.

Ana Botella, Alcaldesa de Madrid, habló de “paso atrás” y “daño a la democracia”. Para el eurodiputado, vicesecretario del PP y ex ministro Mayor Oreja esa sentencia da “fuerza a ETA” y sostiene que la banda “nunca ha acariciado tanto poder”.

De todos modos, quien ha hecho las declaraciones más estentóreas ha sido la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, para quien “ha llegado el momento de plantearse por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son. A lo mejor hay que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo”, dijo sin inmutarse.

Es asombrosa la capacidad que tiene esta Señora para proponer cambios y prohibiciones cuando la realidad no es de su agrado. En los últimos tiempos nos ha deleitado con su propuesta de prohibir un partido de futbol para evitar una pitada. Doña Esperanza no se anda por las ramas y, también, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid para suprimir gastos. Sin embargo no se le ocurrió pensar que existe una cosa que se llama libertad de expresión o que para reducir gastos se pueden suprimir chanchullos como Gurtel o, en su momento, la estación de AVE en Guadalajara, cono todo lo que aquel pelotazo supuso.

Pero volvamos a lo que tiene enjundia: Días atrás el TC hizo pública una sentencia mediante la cual se legaliza al partido abertzale Sortu. La misma en su último fundamento jurídico contiene un conjunto de medidas que pueden conducir a la ilegalización de la organización política si ésta no respeta los principios democráticos o el pluralismo político. Conviene poner aquí de manifiesto que este catálogo de conducta fue aprobado por todos los magistrados del alto tribunal, si bien es cierto que tres de ellos anunciaron que harán uso del voto particular, por sus discrepancias y dos votaron en contra por ser reacios a la legalización.

En realidad, el quid de la cuestión consiste en discernir apriorísticamente si la intención de Sortu es actuar como un instrumento político y electoral al servicio de una banda terrorista, o bien sus promesas de pelear, por sus ideas, dentro del marco democrático respetando las reglas de juego son sinceras. Tiempo habrá para comprobarlo. El hecho cierto es que en todo este largo y difícil proceso, que se ha de seguir hasta la desaparición total de la banda terrorista, no se debe descartar algún intento involucionista. Y eso se puede originar tano en al cúpula dirigente, como en algún grupúsculo, más o menos marginal, opuesto a colgar las pistolas. Es verdad. El riesgo existe.

No obstante, vale la pena arriesgar. Las incertezas que nos plantea el futuro no las resolveremos aferrándonos al pasado. De volver a las andadas, el Estado de derecho tiene mecanismos suficientes para actuar en consecuencia. Pero, a lo que nos debemos ir acostumbrando es a que la izquierda abertzale no va a renunciar a sus planteamientos independentistas en Euskadi, como no lo va a hacer ERC, en Cataluña, y defender eso en democracia es tan legítimo como cualquier otra opción. Aunque no nos guste.



Bernardo Fernández

Publicado en la Voz de Barcelona 28/06/12