La entrevista entre el
presidente Pedro Sánchez y Pere Aragonés, celebrada el pasado viernes, llegó en
un momento en el que la estabilidad política de nuestro país está en
entredicho. Ante esa situación, ese encuentro, ha sido una oportunidad para que
las instituciones que los dos mandatarios encabezan, hagan los esfuerzos que
sean necesarios para restablecer dos cuestiones que son imprescindibles para
que las sociedades avancen: confianza y seguridad.
La guerra en Ucrania, la
inflación disparada y una derecha crecida, porque empieza a disparase en las
encuestas, hacen que vivamos unos tiempos turbulentos.
Después de diez meses sin
reunirse, y tras la tormenta del catalangate, los dos presidentes se han vuelto
a encontrar. Ese encuentro, le interesaba tanto a Sánchez como a Aragonés y a
Aragonés tanto como a Sánchez. Aunque es cierto que ambos presidentes corren
riesgos si las negociaciones no llegan a buen puerto. El primero porque en
determinados puntos de España, los acuerdos con Cataluña no siempre son bien
entendidos. Con demasiada frecuencia se piensa que aquello que se pacta con los
representantes catalanes, ha de ser otorgado inmediatamente en otros lugares.
De hecho, al president andaluz, Moreno Bonilla, le ha faltado tiempo para decir
que no permitirá tratos de favor para nadie, y lo que consiga Cataluña, él lo
quiere para Andalucía.
De igual manera, Aragonés
arriesga porque si la negociación con el Gobierno central naufraga, a sus
socios-adversarios de JuntsxCat les faltará tiempo para reprochárselo y
recordar que ellos ya lo habían advertido y hay que volver a plantear la
unilateralidad y el enfrentamiento con el Estado, como única vía para lograr
sus objetivos.
Aragonés insistió ante Sánchez
en la desjudialización de la política, concepto, a mi entender, bastante
impreciso. De todos modos, estoy convencido que los independentistas son
demócratas antes que nada y ellos saben que las democracias se basan en la
separación de poderes; por lo tanto, no sería de recibo que el Gobierno
intentase orientar las tareas del poder judicial. Otra cosa es que el Ejecutivo,
en uso de sus competencias, llegado el momento, pueda poner en práctica medidas
de gracia como hizo con los líderes del procés.
En este contexto, el
independentismo pragmático debería darse un baño de realismo y cerrar las
carpetas de la amnistía y la autodeterminación, si lo que verdaderamente quiere
es negociar y obtener beneficios tangibles para la ciudadanía catalana.
Los independentistas saben, de
sobras, que la amnistía es una medida excepcional que suele suponer un nuevo
planteamiento sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por
esa razón, las leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de
fuertes cambios sociales o de regímenes políticos y es evidente que no estamos,
ni por asomo, en un cambio de régimen ni nada que se le parezca.
Por lo que respecta a la
autodeterminación, baste con recordar que el 26 de noviembre de 2020 el
Parlamento europeo votó, por amplísima mayoría, una resolución según la cual la
autodeterminación y la independencia son improcedentes dentro del ámbito
comunitario. La consecuencia es obvia: la independencia de Cataluña no es
compatible con la pertenencia a la UE. En cambio, donde sí hay camino por
recorrer es en la reforma del delito de sedición (la Asamblea del Consejo de
Europa ya ha pedido que se revise por considerar que es anacrónico), pero para conseguirlo
hay que lograr una mayoría parlamentaria que, ahora mismo, no se tiene.
En definitiva, pocas
conclusiones concretas salieron de la reunión de la Moncloa del pasado día 15,
tampoco se esperaban. Lo que si acordaron los presidentes es que la mesa de
diálogo se reúna la última semana de este mes de julio. Sería deseable que en
esa reunión estuviera representado todo el Govern y no solo una parte; aunque
si tenemos en cuenta que para Junts la mesa de diálogo son “cantos de sirena
envenenados”, como dijeron en el cónclave que llevaron a cabo este fin de
semana en La Fraga de l´Hospitalet, las posibilidades de sumar a los
neoconvergentes a la negociación son nulas.
Se avecinan tiempos
socialmente muy difíciles. En este contexto, avanzar en el restablecimiento de
la confianza y llegar a acuerdos en forma de traspasos competenciales,
inversiones, programas de colaboración y un largo etcétera, es fundamental. Por
eso, es imprescindible que se reemprendan los trabajos de la Comisión Bilateral
tal y como acordaron los presidentes. Asimismo, a la vez, Sánchez pidió a
Aragonés que se convoque en una mesa de diálogo a todos los partidos catalanes
para tener una visión más poliédrica de la situación y que todo el mundo pueda
opinar.
Todo esto solo será posible si
se consigue la estabilidad del Gobierno de coalición y progreso. Condición sine
qua non para que no se tengan que convocar elecciones anticipadas es que,
primero, se dé luz verde a la tramitación de los presupuestos para 2023 y,
después, se aprueben. De no ser así, Pedro Sánchez se vería forzado a convocar
elecciones y, tal como está la situación sociopolítica, y cómo anda de subida
la derecha no sería de extrañar que le dieran la vuelta a la tortilla.
Por consiguiente, es el
momento de consolidar la mayoría de la investidura para que este país pueda
seguir avanzando. La cuestión es que quien tiene la llave para que esto siga
adelante, o no, es ERC.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
18/07/2022
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