FINANCIAICIÓN AUTONÓMICA A LA CARTA

Alguien que desconozca la situación de polaridad y crispación política que estamos viviendo en nuestro país, se quedaría estupefacto al saber que el primer partido de la oposición (PP) desprecia 21.000 millones de euros de los cuales el 70% llegarán a las comunidades autónomas que ellos gobiernan. La cuestión es que el Ejecutivo propone un nuevo sistema de financiación autonómica que ha trabajado con uno de sus socios y no lo ha negociado con los populares. Ese hipotético ciudadano, tampoco entendería que otro partido (Junts) rechace que a su comunidad lleguen unos 4.700 millones más de euros porque el pacto no es una réplica del concierto Vasco, como ellos pretendían.

Así está la política en España. Por eso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró el pasado 14 de enero fue especialmente áspero. Catorce comunidades, incluidas dos socialistas, de las quince que asistían se mostraron contrarias a la propuesta; tan solo Cataluña se alineó con los planteamientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los actores políticos y expertos en economía que han alumbrado el pacto han trabajado con la idea de que el acuerdo sea extrapolable a otras comunidades. De todas formas, las autonomías que lo deseen se podrán acoger al nuevo sistema de financiación, mientras que las que lo prefieran podrán quedarse con el sistema vigente; es decir, el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa una financiación a la carta. 

Es evidente que cuando, en un principio, se utilizó la expresión “financiación singular”, nadie quería ningunear a nadie ni escamotar nada, simplemente se buscó un título de impacto y fácil de retener. Como dice al conocido adagio oriental “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”, esa es la cuestión: desatascar un asunto der vital importancia para todos los ciudadanos porque con esos recursos se financian servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales y que lleva encallado desde 2014; algo que el PP de Mariano Rajoy, con una mayoría absolutísima, no hizo  

Los motivos a ese rechazo hay que buscarlos más en el momento político en que estamos viviendo, en cómo se ha elaborado el nuevo sistema y quien anunció la buena nueva y no tanto en el modelo de reparto en sí. Y es que hasta el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Ángel de la Fuente que ha puesto en duda diversos aspectos del nuevo sistema, reconoce que este  reparto de los recursos será más equitativo que el anterior, pero claro, la derecha, que está obsesionada con derribar al Gobierno, no puede admitir que los de Pedro Sánchez hagan algo bien, que lo hayan consensuado con ERC y, además, lo anunciase a principios de enero el presidente de esa formación, Oriol Junqueras, que es algo así como el anticristo del nacionalismo español.

No obstante, si hacemos números, veremos qué Hacienda, a través de varias modificaciones tributarias de calado, pone sobre la mesa unos recursos de 21.000 millones de euros anuales a repartir entre las comunidades de régimen común. El propósito es inyectar liquidez a las arcas de las autonomías; así todas las comunidades aumentarán su financiación en términos absolutos. No obstante, la situación se complica cuando cambia la posición relativa de cada territorio.

En términos absolutos, será Andalucía la que reciba más dinero, un montante de casi 5.000 millones de euros. Sin embargo, Cataluña percibirá 507 euros más por habitante, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana, con 496 euros, y por Murcia, con 468 euros adicionales. También registran incrementos significativos Baleares (450 euros extra), Madrid (409 euros) y Andalucía (367 euros).

Esta lluvia de millones es posible por el aumento de la participación de las comunidades en el IRPF y el IVA y eso permite elevar de manera sustancial la capacidad de gasto de la mayoría de los territorios. No obstante, no todas las autonomías participan del reparto en las mismas condiciones. Algunas como Cantabria, La Rioja, Extremadura o Castilla y León ―beneficiadas por el sistema vigente― no obtienen ninguna ganancia. El nuevo modelo no prevé mejoras para ellas. Para evitar agravios comparativos, Hacienda ha previsto unas compensaciones específicas que corrijan la más que posible pérdida de ingresos. El Gobierno calcula que esas compensaciones se aplicarán a Cantabria y Extremadura, pero no a Castilla y León y La Rioja porque, a pesar de todo es muy probable que aumenten, aunque no demasiado, el volumen de sus recursos.

Con todo, la ministra, María Jesús Montero, se ha querido curar en salud y ha ofrecido a todas las CCAA la posibilidad de llevar a cabo reuniones bilaterales para perfeccionar el modelo. Asimismo, el trámite parlamentario que ha de permitir aprobar una ley que haga que ese nuevo modelo sea una realidad, será largo y ahí los partidos podrán presentar las enmiendas que consideren que mejoran el texto y se conjugan con sus intereses. La geometría parlamentaria a la que ha de recurrir el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas hace, más que posible, que los grupos puedan plantear exigencias que en otras circunstancias serían impensables. Así es la política.

Y para cerrar el círculo, siempre quedará la posibilidad a aquellas autonomías que con el nuevo sistema se consideren infra financiadas quedarse con el modelo actual. Es decir, el Ejecutivo ha decidido pasar del café para todos —tan denostado por algunos— a la financiación a la carta.

La situación está complicada. Núñez Feijóo ha instado al presidente a que retire la propuesta y ponga el contador de la negociación a cero, algo que todo el mundo sabe que no va suceder, y es que en el PP piensan que utilizar la financiación autonómica para atacar al Gobierno en los comicios que se avecinan (Aragón, Castilla León y Andalucía), les puede dar pingües beneficios electorales. Por consiguiente, parece que la negociación que ofrecía la ministra Montero tendrá que esperar.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 19/01/2026